ayuntamientos se oponen a deportación
Holanda. Los planes de la ministro de Inmigración, Rita Verdonk, de deportar durante los tres próximos años a 26.000 solicitantes de asilo rechazados están encontrando obstáculos, pues los municipios designados para la instalación de los centros de detención están batallando contra la decisión del gobierno.Después del reciente rechazo de los consejos municipales de Dokkum y Eindhoven a establecer un centro de detención en su área, ahora también ha sido abandonada la construcción de un centro de deportación en Crailo. El periódico De Volkskrant informó el miércoles de la negativa de la ministra Verdonk a satisfacer las condiciones que plantearon los consejos municipales de Laren e Hilversum para la creación del centro de deportación, por lo que el centro deberá instalarse en otro sitio. Pero este rechazo significa que el gobierno no ha conseguido establecer ninguno de los tres centros de expulsión que tenía previstos. La política de deportaciones del gobierno se encuentra cada vez con más problemas, según el Volkskrant del jueves. Los centros de expulsión desempeñan un papel crucial en los planes de deportación, pero ahora hay serias dudas de que el gobierno pueda llevar a cabo sus planes de abrir su primer centro de deportaciones este verano, como tenía planeado. Para ponerse al día con el retraso administrativo con que cargaba la oficina de Inmigración, el gobierno decidió a principios de este año conceder permisos residencia a 2.300 solicitantes que llevaban años esperando una resolución que no llegaba. El resto de solicitantes de largo término - 26.000 - tendrían que salir del país, y a pesar de las protestas y críticas de miembros parlamentarios, y de la resistencia de la asociación de municipios holandeses (VNG), la cámara de diputados preparó el plan en febrero.
Los consejos municipales de Hilversum y Laren sí estaban dispuestos a colaborar en el establecimiento de un centro de deportaciones, pero pidieron casi 20 oficiales de policía más. Estos municipios demandaron también fondos para la educación de los solicitantes de asilo de edades infantiles. Pero un portavoz del ministerio de Justicia - que incluye al servicio de Inmigración y Naturalización - declaró que los consejos municipales estaban pidiendo demasiado y que no existía base suficiente para continuar las conversaciones. La inesperada decisión de terminar con las conversaciones con Laren e Hilversum se produce a pesar del hecho de que el ministerio de Justicia el lunes estaba componiendo un texto para informar a los consejos municipales de estas localidades que se escucharía parte de sus demandas. Los alcaldes de Laren e Hilversum rechazaron comentar el cambio radical de postura del gobierno. Pero Jan Nagel, jefe de Leefbaar Hilversum (extrema derecha) - partido con mayor representación en el ayuntamiento de Hilversum - dijo el lunes que no esperaba que la municipalidad abandonase sus demandas. Declaró que las condiciones para la creación del centro de deportaciones fueron determinadas por el alcalde, Ernst Bakker, en consultas con los líderes de los distintos partidos. Nagel también ha dicho que las demandas le parecen razonables. Entre tanto, la autoridad central encargada de la instalación de los centros de deporatción, COA, ha dicho que le tienen muy decepcionado la marcha de las cosas. COA es capaz de convertir con rapidez centros de alojamineto de solicitantes de asilo en centros de expulsión. Pero la experiencia ha enseñado que los consejos municipales necesitan mucho más tiempo para poder crear un centro de solicitantes de asilo, especialmente si la población local se resiste al establecimiento. El consejo de empleados del COA ha pedido a la dirección que sea flexible con el personal que se niegue a trabajar en un centro de deportaciones. Un gran número de trabajadores del COA podrían perder en breve sus trabajos o ser trasladados, debido al número cada vez menor de solicitantes de asilo. Debido a un endurecimiento de la legislación, el número de peticiones de asilo presentadas al Estado holandés ha descendido de 43.560 en 2000 a sólo 13.402 el año pasado. Al consejo de trabajadores del COA también le preocupa que los que rechacen en principio trabajar en un centro de deportaciones sean trasladados o despedidos.
©expatica news ©traducción mQh
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Victoriano de Ojo en Granada. -