LEGALIZAR LA TORTURA ES INMORAL - washington post
El gobierno de Bush asegura al país, y al mundo, que está acatando leyes estadounidenses e internacionales que prohíben la tortura y el maltrato a los prisioneros. Pero, rompiendo con una práctica de transparencia que duró décadas, el tema ha sido clasificado como secreto y el presidente se niega a revelar las técnicas de interrogatorio que utiliza para interrogar a detenidos extranjeros en las cárceles norteamericanas de Bahía Guantánamo, Iraq y Afganistán. Esta es una materia de graves consecuencias, porque el uso de algunos de esos métodos que han sido reportados en la prensa es considerado tanto por expertos independientes como por algunos de los juristas del Pentágono como ilegal. La administración ha respondido que sus abogados civiles han garantizado que sus métodos son legítimos -pero se ha negado a revelar, o incluso a entregar al Congreso memoranda y opiniones en su apoyo.Esta semana, gracias otra vez a la prensa independiente, hemos comenzado a enterarnos de la inquietante verdad sobre las opiniones jurídicas que el Pentágono y el departamento de Justicia quieren mantener secretas. De acuerdo a las copias filtradas a varios periódicos, constituyen un conjunto inmoral y repugnante de justificación de la tortura. En un escrito preparado el año pasado bajo la dirección del jurista jefe del departamento de Estado, y primero publicadas en el Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos fue autorizado para ignorar las leyes nacionales e internacionales y ordenar la tortura de prisioneros extranjeros. Además, a los interrogadores que siguieron órdenes presidenciales se les declaró inmunes ante la justicia. La tortura misma fue re-definida cuidadosamente, de modo que las técnicas para infligir dolor físico y padecimientos mentales pudiesen ser consideradas legales. Todo esto fue hecho como un preludio a la designación de 24 técnicas de interrogatorio de detenidos extranjeros -las mismas técnicas que se utilizan ahora, que el presidente dice que son humanas pero se niega a revelar.
No hay ninguna justificación, ni legal ni moral de las declaraciones hechas por los protegidos políticos de Bush en los departamentos de Justicia y Defensa. Su lógica es la lógica de los regímenes criminales, de las dictaduras que hay en el mundo que aprueban la tortura con la justificación de la "seguridad nacional". Durante décadas el gobierno de Estados Unidos ha proseguido campañas diplomáticas contra esos gobiernos parias -desde las juntas militares en Argentina y Chile hasta las actuales teocracias de países musulmanes como Argelia y Uzbekistán- que afirman que la tortura se justifica por la lucha contra el terrorismo. Que funcionarios estadounidenses subscriban oficialmente los principios defendidos alguna vez por Augusto Pinochet constituyen una vergüenza para la democracia norteamericana, incluso si fuera verdad, como sostiene el gobierno, que sus teorías no se han puesto todavía en práctica. Incluso en el papel, los razonamientos de la administración proveerán de una buena excusa a los dictadores, especialmente a aquellos que son aliados del gobierno de Bush, para seguir torturando y matando a los detenidos.
Quizás los abogados del presidente no tienen interés en el impacto global de sus medidas -pero deberían preocuparse de cómo van a ser tratados los soldados y civiles norteamericanos en países extranjeros. Antes de que la administración de Bush asumiera el poder, las técnicas de interrogatorio del ejército -que eran secretas- establecían una prueba simple y sensata: No debe utilizarse ninguna técnica que, si la practicara un enemigo con un estadounidense sería considerada como una violación de leyes nacionales o internacionales. Ahora, imagine que un gobierno hostil obligara a un estadounidense a ingerir drogas o a soportar severas tensiones mentales que pueden provocarle daños irreversibles; o a soportar dolores que puedan causarle "paro cardíaco, deterioro de funciones corporales, o incluso la muerte". ¿Qué pasaría si el interrogador extranjero de un estadounidense "sabe que sus acciones le provocarán dolores severos" pero prosigue porque causar dolor no es su objetivo principal? ¿Qué pasaría si un líder extranjero decidiera que la tortura y muerte de un estadounidense se justifica por la seguridad de su país? ¿Lo aceptarían los estadounidenses como un acto legítimo, o incluso moralmente aceptable? Según Bush, lo harían.
9 junio 2004
©washington post ©traducción mQh
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