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LA FARSA DE GUANTÁNAMO


Uno de los editoriales de hoy de Los Angeles Times comenta las graves violaciones del sistema jurídico estadounidense en que incurre el gobierno de Bush en los juicios de los llamados ‘combatientes enemigos'. El gobierno también viola abiertamente la resolución de junio de la Corte Suprema, según la cual esos acusados tienen derecho a ser procesados debidamente. Bush conduce a Estados Unidos derechamente a la creación de un estado fascista.
La administración Bush está ignorando, si no desafiando abiertamente la resolución de la Corte Suprema estadounidense de que todos los acusados de actos terroristas deben poder impugnar su encarcelamiento. La primera ronda de sesiones de los tribunales militares de los detenidos, la semana pasada en la Bahía de Guantánamo, tuvieron más de una farsa de Mel Brooks o de un tribunal improvisado al estilo del antiguo dictador de Uganda, Idi Amin, que de justicia, militar o no. Parecía realmente que las sesiones fueron presididas por un canguro. Entretanto, dos ciudadanos estadounidenses se encuentran todavía en cárceles militares, aislados de sus abogados y a meses, sino a años de distancia de los juicios que según la Corte Suprema deben recibir.
Se supone que el sistema de justicia penal estadounidense, incluyendo a su hijastro militar, garantiza un debido proceso, imparcialidad y corrección. Después de todo, son los mismos principios que las tropas norteamericanas están tratando de implantar en Iraq y Afganistán, y muriendo en ello. Pero los chapuceras vistas preliminares para los primeros cuatro detenidos -de cerca de 600-violan los principios básicos de justicia.
Los tribunales son una invención ad hoc, autorizados por el presidente Bush hace tres años cuando rechazó el sistema militar establecido de cortes marciales y los tribunales penales federales, que hubiesen funcionado de manera más fluida. Como resultado, los oficiales militares tienen pocos precedentes que seguir y la semana pasada parecieron confundidos acerca de qué reglas o procedimientos legales aplicar.
Los miembros de estos tribunales -el jurado, de hecho- son militares profesionales nombrados por el Pentágono. El principal funcionario del tribunal es un juez retirado del Ejército, el único miembro del panel con alguna formación jurídica. Es a la vez juez y miembro del jurado, resolviendo sobre mociones y votando con los otros cinco comisionados.
En un tribunal penal, el jurado lego juzga los hechos y el juez las cuestiones legales. Aquí, sin embargo, los miembros del tribunal deciden sobre ambas materias. No obstante, los cinco miembros legos del jurado estaban claramente confundidos la semana pasada cuando se les pidió que definieran conceptos tales como debido proceso y duda razonable.
Los naipes también fueron amañados contra los detenidos de otros modos. Los fiscales del gobierno cuentan con oficinas espaciosas y su propia plantilla para preparar las vistas. Los abogados de la defensa han sido confinados a una sola habitación. Durante la semana les retiraron la única mesa de conferencias con la que contaban. Los intérpretes árabes eran tan incompetentes que las vistas parecieron un juego de ‘teléfono', donde con cada repetición el mensaje se hace cada vez más estúpido. Sin embargo, este juego gira sobre el futuro de esos hombres.
Dada la confusión, los oficiales deben creer que se justifica limitar a los reporteros al papel escrito, que puede mancharse y apergaminarse. De los juicios, no se contará nunca con registros fotográficos, ni de video ni de audio. Desde la perspectiva de gobierno, mientras menos sepan los ciudadanos de estos torpes juicios, menos se interesarán en ellos.
Los dos ciudadanos estadounidenses que Bush ha calificado de combatientes enemigos, Yaser Hamdi y José Padilla, ni siquiera cuentan con eso. Años después de sus detenciones, siguen en un centro de detención militar, a menudo en confinamiento solitario. Incluso después de la resolución de la Corte Suprema de que tienen derecho a juicio, los abogados del gobierno impugnan ignominiosamente todo recurso presentado en tribunales inferiores por los abogados que aún conservan las familias de los detenidos. Y sin embargo el gobierno no ha acusado formalmente ni a Hamdi ni a Padilla.
La Corte Suprema fue clara en su resolución de junio pasado: los acusados de terrorismo tienen derecho al menos a un debido proceso mínimo. No tiene precedentes que los abogados del gobierno insistan en lo contrario. Su posición probablemente no asustará a los terroristas, pero arroja una capa de humo sobre las exuberantes alabanzas de las libertades estadounidenses que decoran la Convención Nacional de los republicanos.

3 de septiembre de 2004
©losangelestimes©traducción mQh
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