OPTANDO POR LA LIBERTAD
Mientras el New York Times apoya abiertamente la candidatura de John Kerry, un editorial de Washington Post cree que es más probable que el senador respete más que Bush las libertades civiles y el Congreso, y las leyes en general.
Después del 11 de septiembre de 2001, las herramientas legales a disposición del presidente Bush eran anticuadas y no cubrían las nuevas realidades de este tipo diferente de guerra. Tenía que hacer opciones difíciles en el balance entre las libertades civiles y la necesidad de erradicar las células terroristas en casa y en el extranjero. Las críticas que han desencadenado esas opciones no han sido siempre justas. Pero demasiado a menudo Bush ha ido demasiado lejos, tanto en los cambios en su política exterior como en el modo en que tratado de implementarlos.
Excepto para obtener la aprobación de la Ley Patriótica, Bush no ha buscado la aprobación del Congreso y ha preferido usar los amplios poderes de guerra que le otorga su función ejecutiva para tomar decisiones por sí mismo, y controvertidas. Y no ha desistido de esas decisiones sino hasta el momento en que ha sido obligado a hacerlo por los tribunales -y con ello, irónicamente, ha creado precedentes históricos que obstaculizarán la capacidad de futuros presidentes para tomar decisiones agresivas que garanticen la seguridad [del país] en situaciones de emergencia. Al hacer así, ha perjudicado tanto la causa de la libertad como la de una presidencia fuerte.
El gobierno de Bush no tenía razones para detener a ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos sin posibilidad de un proceso debido ni acceso a abogados. Tampoco las tenía para detener a cientos de milicianos enemigos extranjeros en la Bahía de Guantánamo, Cuba, sin crear ningún medio formal para separar a inocentes de terroristas peligrosos. Ni fue sensato instalar tribunales para juzgar crímenes de guerra en casa sin buscar la confirmación del Congreso de normas designadas para relajar algunos derechos característicos de los juicios justos. En todas estas situaciones, el gobierno tuvo preocupaciones graves y legítimas. Si se hubiese mostrado dispuesto a buscar la colaboración del Congreso, habría conseguido lo que necesitaba -probablemente con algunas exigencias en lo que se refiere a la imparcialidad y a la supervisión. Pero Bush se ha mostrado tan alérgico a cualquier forma de rendición de cuentas en estos asuntos, tan insistente en las prerrogativas del ejecutivo para determinar sus propias reglas y tan entregado al secreto que ha creado una especie de sistema judicial alternativo, que ha dañado la imagen de Estados Unidos a los ojos del mundo y ha buscado la intervención judicial que finalmente recibió.
Aunque la Corte Suprema insiste ahora en que hay normas razonables que deben regular las detenciones en la guerra contra el terrorismo, los instintos de Bush en este terreno siguen inquietando. Con un segundo mandato, probablemente no se limitará a obtener una re-autorización de la Ley Patriótica -que, en términos generales, es razonable- sino que buscará una agresiva extensión de ella.
El enfoque del senador John F. Kerry a las libertades civiles es algo más convincente, porque ha tratado de apelar a todos los lados en la discusión, tratando de mantener sus opciones abiertas. Votó a favor de la Ley Patriótica, por ejemplo, aunque dijo que tenía problemas con artículos específicos. Sin embargo, su postura es más cuidadosa de las libertades civiles que la de Bush. Kerry apoyaría las atribuciones presidenciales de detener a ciudadanos como combatientes enemigos pero no sin un proceso razonable, según su campaña. El senador John Edwards ha dicho que un gobierno demócrata revisaría los planes para instalar tribunales militares en Guantánamo basándose en el modelo de las cortes marciales -una idea que sería atractiva si pudieran superarse algunos problemas prácticos. Es probable que Kerry analice con más escepticismo la creciente vigilancia doméstica y las atribuciones para deportar [a extranjeros]. Y es mucho más probable que, a diferencia de Bush, busque la aprobación del Congreso para medidas agresivas que cualquier presidente deberá tomar en la lucha contra el terrorismo. Todo presidente razonable necesitará usar plenamente sus poderes, pero eso no significa ignorar sus costes para la libertad.
18 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
Después del 11 de septiembre de 2001, las herramientas legales a disposición del presidente Bush eran anticuadas y no cubrían las nuevas realidades de este tipo diferente de guerra. Tenía que hacer opciones difíciles en el balance entre las libertades civiles y la necesidad de erradicar las células terroristas en casa y en el extranjero. Las críticas que han desencadenado esas opciones no han sido siempre justas. Pero demasiado a menudo Bush ha ido demasiado lejos, tanto en los cambios en su política exterior como en el modo en que tratado de implementarlos.Excepto para obtener la aprobación de la Ley Patriótica, Bush no ha buscado la aprobación del Congreso y ha preferido usar los amplios poderes de guerra que le otorga su función ejecutiva para tomar decisiones por sí mismo, y controvertidas. Y no ha desistido de esas decisiones sino hasta el momento en que ha sido obligado a hacerlo por los tribunales -y con ello, irónicamente, ha creado precedentes históricos que obstaculizarán la capacidad de futuros presidentes para tomar decisiones agresivas que garanticen la seguridad [del país] en situaciones de emergencia. Al hacer así, ha perjudicado tanto la causa de la libertad como la de una presidencia fuerte.
El gobierno de Bush no tenía razones para detener a ciudadanos estadounidenses como combatientes enemigos sin posibilidad de un proceso debido ni acceso a abogados. Tampoco las tenía para detener a cientos de milicianos enemigos extranjeros en la Bahía de Guantánamo, Cuba, sin crear ningún medio formal para separar a inocentes de terroristas peligrosos. Ni fue sensato instalar tribunales para juzgar crímenes de guerra en casa sin buscar la confirmación del Congreso de normas designadas para relajar algunos derechos característicos de los juicios justos. En todas estas situaciones, el gobierno tuvo preocupaciones graves y legítimas. Si se hubiese mostrado dispuesto a buscar la colaboración del Congreso, habría conseguido lo que necesitaba -probablemente con algunas exigencias en lo que se refiere a la imparcialidad y a la supervisión. Pero Bush se ha mostrado tan alérgico a cualquier forma de rendición de cuentas en estos asuntos, tan insistente en las prerrogativas del ejecutivo para determinar sus propias reglas y tan entregado al secreto que ha creado una especie de sistema judicial alternativo, que ha dañado la imagen de Estados Unidos a los ojos del mundo y ha buscado la intervención judicial que finalmente recibió.
Aunque la Corte Suprema insiste ahora en que hay normas razonables que deben regular las detenciones en la guerra contra el terrorismo, los instintos de Bush en este terreno siguen inquietando. Con un segundo mandato, probablemente no se limitará a obtener una re-autorización de la Ley Patriótica -que, en términos generales, es razonable- sino que buscará una agresiva extensión de ella.
El enfoque del senador John F. Kerry a las libertades civiles es algo más convincente, porque ha tratado de apelar a todos los lados en la discusión, tratando de mantener sus opciones abiertas. Votó a favor de la Ley Patriótica, por ejemplo, aunque dijo que tenía problemas con artículos específicos. Sin embargo, su postura es más cuidadosa de las libertades civiles que la de Bush. Kerry apoyaría las atribuciones presidenciales de detener a ciudadanos como combatientes enemigos pero no sin un proceso razonable, según su campaña. El senador John Edwards ha dicho que un gobierno demócrata revisaría los planes para instalar tribunales militares en Guantánamo basándose en el modelo de las cortes marciales -una idea que sería atractiva si pudieran superarse algunos problemas prácticos. Es probable que Kerry analice con más escepticismo la creciente vigilancia doméstica y las atribuciones para deportar [a extranjeros]. Y es mucho más probable que, a diferencia de Bush, busque la aprobación del Congreso para medidas agresivas que cualquier presidente deberá tomar en la lucha contra el terrorismo. Todo presidente razonable necesitará usar plenamente sus poderes, pero eso no significa ignorar sus costes para la libertad.
18 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
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