abu ghraib sin resolver
Al mismo tiempo que juraba que los maltratos de Abu Ghraib no se volverían a cometer, Bush construyó un universo judicial paralelo y secreto donde los maltratos son todavía posibles, según disponga el presidente. Un editorial del New York Times.
Cuando estalló el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, el gobierno de Bush adoptó una pose de honrada indignación. Aseguró al mundo que el problema se limitaba a sólo un pabellón de una prisión, que Estados Unidos nunca aprobaría las atrocidades que vimos en esas terribles fotos, que castigaría a los responsables de las torturas -sin considerar su rango- y que se comprometía a respetar las Convenciones de Ginebra y los derechos de los prisioneros.
Nada de esto es verdad. El Ejército ha enjuiciado a unos pocos soldados de bajo rango y reprendido a uno o dos oficiales de la Reserva, pero ha exonerado a los generales de alta jerarquía. Ningún personero político ha sido responsabilizado de las políticas adoptadas por Washington que condujeron a los maltratos en Abu Ghraib y en otros centros de detención operados por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia en Iraq y Afganistán, y en Bahía Guantánamo, Cuba, donde el maltrato de los prisioneros era sistemático. Y nos hemos enterado que el respeto de las Convenciones de Ginebra por parte del gobierno, convenciones que algunos funcionarios de alto rango desdeñan abiertamente como una molestia anticuada, es altamente condicional.
Tim Golden, del Times, ha documentado esta semana el modo en que el gobierno de Bush creó en secreto un universo judicial paralelo -e inconstitucional- para Guantánamo. La Casa Blanca estaba tan resuelta a suspender los derechos y procesos normales a los cientos de hombres capturados en Afganistán -ninguno de ellos miembros importantes de Al Qaeda y la mayoría de ellos sin representar ninguna amenaza en absoluto- que ocultó los detalles incluso al ministro de Asuntos Exteriores, Colin Powell, y nunca se preocupó de consultar con el Congreso.
El Washington Post y el Times también informaron esta semana que durante los 18 meses en que la CIA, de la que se sabe que ocultó a prisioneros a la Cruz Roja en Iraq, sacó en secreto a decenas de civiles no iraquíes de las cárceles de Iraq para llevarlos a destinaciones no conocidas -otra evidente violación de las Convenciones de Ginebra. Para justificar la operación después de los hechos, las mismas oficinas jurídicas que produjeron el infame documento sobre cómo pretender que la tortura es legal, redactaron una nueva opinión diciendo que el presidente tiene derecho a decidir qué prisioneros pueden acogerse a las Convenciones de Ginebra y cuáles no.
Esto ocurrió en secreto, al mismo tiempo que funcionarios del gobierno estaban declarando en las audiencias del Senado sobre Abu Ghraib acerca del respeto del presidente de las Convenciones de Ginebra y de los valores constitucionales norteamericanos a la hora de tratar a los prisioneros.
La brecha entre las declaraciones públicas del gobierno y las conductas privadas es enorme. En mayo, el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo que los civiles capturados en Iraq serían tratados de acuerdo a las convenciones. Y Stephen Cambone, el subsecretariio de Rumsfeld para inteligencia, ofreció en el mejor de los casos una respuesta engañosa cuando declaró bajo juramento que "suponía" que el presidente Bush consultaría sobre el tema si se presentaba la ocasión. No sólo se ha presentado esa ocasión, sino además se ha tomado la decisión de negar a ciertos prisioneros las garantías de las Convenciones de Ginebra.
El problema ha sido apenas discutido por Bush o el senador John Kerry, pero el país necesita respuestas y responsabilidades públicas. Si el senador Kerry gana la próxima semana, esperamos que haga de este problema una importante prioridad. Si gana Bush, será labor del Congreso cumplir con sus funciones de control. De momento, sus antecedentes no son buenos. El senador John Warner, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, trató de investigar Abu Ghraib a pesar de las tácticas obstruccionistas de la Casa Blanca. La cercanía de las elecciones le hizo perder la paciencia al senador Warner; esperamos que la recupere el próximo año.
28 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Cuando estalló el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, el gobierno de Bush adoptó una pose de honrada indignación. Aseguró al mundo que el problema se limitaba a sólo un pabellón de una prisión, que Estados Unidos nunca aprobaría las atrocidades que vimos en esas terribles fotos, que castigaría a los responsables de las torturas -sin considerar su rango- y que se comprometía a respetar las Convenciones de Ginebra y los derechos de los prisioneros.Nada de esto es verdad. El Ejército ha enjuiciado a unos pocos soldados de bajo rango y reprendido a uno o dos oficiales de la Reserva, pero ha exonerado a los generales de alta jerarquía. Ningún personero político ha sido responsabilizado de las políticas adoptadas por Washington que condujeron a los maltratos en Abu Ghraib y en otros centros de detención operados por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia en Iraq y Afganistán, y en Bahía Guantánamo, Cuba, donde el maltrato de los prisioneros era sistemático. Y nos hemos enterado que el respeto de las Convenciones de Ginebra por parte del gobierno, convenciones que algunos funcionarios de alto rango desdeñan abiertamente como una molestia anticuada, es altamente condicional.
Tim Golden, del Times, ha documentado esta semana el modo en que el gobierno de Bush creó en secreto un universo judicial paralelo -e inconstitucional- para Guantánamo. La Casa Blanca estaba tan resuelta a suspender los derechos y procesos normales a los cientos de hombres capturados en Afganistán -ninguno de ellos miembros importantes de Al Qaeda y la mayoría de ellos sin representar ninguna amenaza en absoluto- que ocultó los detalles incluso al ministro de Asuntos Exteriores, Colin Powell, y nunca se preocupó de consultar con el Congreso.
El Washington Post y el Times también informaron esta semana que durante los 18 meses en que la CIA, de la que se sabe que ocultó a prisioneros a la Cruz Roja en Iraq, sacó en secreto a decenas de civiles no iraquíes de las cárceles de Iraq para llevarlos a destinaciones no conocidas -otra evidente violación de las Convenciones de Ginebra. Para justificar la operación después de los hechos, las mismas oficinas jurídicas que produjeron el infame documento sobre cómo pretender que la tortura es legal, redactaron una nueva opinión diciendo que el presidente tiene derecho a decidir qué prisioneros pueden acogerse a las Convenciones de Ginebra y cuáles no.
Esto ocurrió en secreto, al mismo tiempo que funcionarios del gobierno estaban declarando en las audiencias del Senado sobre Abu Ghraib acerca del respeto del presidente de las Convenciones de Ginebra y de los valores constitucionales norteamericanos a la hora de tratar a los prisioneros.
La brecha entre las declaraciones públicas del gobierno y las conductas privadas es enorme. En mayo, el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, dijo que los civiles capturados en Iraq serían tratados de acuerdo a las convenciones. Y Stephen Cambone, el subsecretariio de Rumsfeld para inteligencia, ofreció en el mejor de los casos una respuesta engañosa cuando declaró bajo juramento que "suponía" que el presidente Bush consultaría sobre el tema si se presentaba la ocasión. No sólo se ha presentado esa ocasión, sino además se ha tomado la decisión de negar a ciertos prisioneros las garantías de las Convenciones de Ginebra.
El problema ha sido apenas discutido por Bush o el senador John Kerry, pero el país necesita respuestas y responsabilidades públicas. Si el senador Kerry gana la próxima semana, esperamos que haga de este problema una importante prioridad. Si gana Bush, será labor del Congreso cumplir con sus funciones de control. De momento, sus antecedentes no son buenos. El senador John Warner, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, trató de investigar Abu Ghraib a pesar de las tácticas obstruccionistas de la Casa Blanca. La cercanía de las elecciones le hizo perder la paciencia al senador Warner; esperamos que la recupere el próximo año.
28 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
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