PIDEN INVESTIGAR A HALLUBURTON POR CONTRATOS FUERA DE LICITACIÓN Y SOBREFACTURACIONES - erik eckholm
La compañía del vice-presidente norteamericano Dick Cheney, activa en Iraq y los Balcanes, ha recibido millonarios contratos fuera de licitación. Ahora está acusada de sobre-facturar al gobierno. Cheney fue uno de los más ardientes partidarios de la guerra contra Iraq.
Una funcionaria civil de alto rango encargada de las contrataciones para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército acusa al Ejército de otorgar a la Halliburton Company importantes contratos de trabajo en Iraq y en los Balcanes sin respetar las reglas que aseguran una competencia honesta y precios justos para el gobierno. Ha pedido que se realice una investigación de alto nivel de lo que describe como amenazas a la "integridad del programa federal de contrataciones".
La funcionaria, Bunnatine H. Greenhouse, dijo que en al menos un caso ella fue testigo de que oficiales del Ejército permitieron inapropiadamente que representantes de Halliburton participaran en una reunión en la que se discutían los términos de un contrato que la compañía aún no había recibido.
Sus acusaciones constituyen el primer informe extenso de discusiones que han enturbiado a la burocracia militar a raíz de contratos con esa compañía.
En una carta del 21 de octubre al secretario del Ejército interino, Greenhouse dijo que tras sus repetidas preguntas sobre los contratos con Halliburton, fue excluida de decisiones importantes para asignar fondos y se puso en cuestión su función laboral. En respuesta, oficiales del Ejército han referido sus acusaciones a la oficina de investigaciones del Pentágono y prometieron de momento conservarla en su posición.
Greenhouse, 62, es una veterana en el aprovisionamiento de los militares y sirve en el Cuerpo de Ingenieros como la principal asistente responsable de los contratos -la funcionaria de la mayor jerarquía que supervisa los contratos de la agencia. También es la principal encargada de revisar el respeto de las reglas del Pentágono que tienen por objetivo protegerlo de influencias externas y fomentar la competencia.
Los contratos otorgados a Halliburton, un conglomerado con sede en Houston y encabezado por Dick Chener antes de que fuera nombrado vice-presidente, han provocado controversias y acusaciones de favoritismo debido que algunos contratos le fueron otorgados fuera de licitación. Las operaciones de la compañía en Iraq, por trabajos de un valor superior de 10 billones de dólares, también han estado acosadas por acusaciones de sobre-facturación y despilfarro y han sido un tema de la campaña presidencial.
El Pentágono ha afirmado que cuando empezó la invasión de Iraq, Halliburton era la única compañía capaz de proveer servicios con la rapidez y confidencialidad requeridas. Pero auditores del Pentágono cuestionaron más tarde las prácticas de facturación de la compañía y encontraron ejemplos de gastos imprudentes y facturas injustificadas.
Halliburton ha negado repetidas veces las acusaciones, diciendo que se ha desempeñado bien en una zona de guerra y que muchos de sus críticos tienen motivaciones políticas.
Los abogados de Greenhouse enviaron la carta en su nombre al secretario interino del Ejército, Les Brownlee, pidiendo una investigación de alto nivel de lo que la carta describe como amenazas para la "integridad del programa federal de contrataciones".
Enviaron copias a varios comités del Congreso, y un miembro del staff del Congreso hizo llegar una copia al Times. Partes de la carta fueron citadas el domingo en un suplemento del Times.
En una respuesta datada el 22 de octubre, Robert Fano, abogado del departamento del Ejército, dijo que el secretario interino había referido su carta al inspector general del Pentágono "para su revisión y acción apropiadas" y que había instruido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército "suspender toda medida laboral adversa" contra Greenhouse.
Algunos de los contratos que Greenhouse dice que ella cuestionó, incluyendo un acuerdo fuera de licitación con la subsidiaria de Halliburton, Kellog Brown & Root KBR a principios de 2003 para reparaciones en la industria del petróleo en Iraq que fue inicialmente tasada en 7 billones de dólares en cinco años, ya han provocado debates en el Congreso y en los medios de comunicación. En la tormenta que se provocó, el contrato fue más tarde reducido a un año y se llamó a licitación, como había recomendado Greenhouse al principio.
Otra decisión, tomada esta primavera para extender por 11 meses adiciones sin licitación un contrato con KBR para proporcionar servicios logísticos en los Balcanes, ha recibido menos atención. En este caso, dijo Greenhouse, donde las operaciones han durado ya cuatro años, los alegatos de emergencia o de que KBR era el único proveedor disponible, no son sostenibles. Con la extensión, la compañía se asegurará 165 millones de dólares.
Kohn dijo que Greenhouse "no buscaba de ningún modo" indemnizaciones económicas a través de la ley federal de denuncias, que ofrece substanciales sumas de dinero a funcionarios que denuncian casos de fraude. Debido a la posición de su cargo ejecutivo, tampoco puede ser despedida fácilmente, aunque sí puede ser transferida a un cargo de menos responsabilidad.
"El proceso de contrataciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se ha quebrantado y ella cree que no puede continuar su trabajo en esas condiciones", dijo en una conferencia telefónica Michael D. Khon, un socio de Kohn, Kohn & Colapinto, que representan a Greenhouse y firmaron la carta del 21 de octubre.
Greenhouse dijo que ella no cederá entrevistas sin permiso de su empleador, por temor a represalias, dijo Kohn.
"Empleados del gobierno de Estados Unidos han tomado decisiones impropias que favorecieron los intereses de KBR", dijo en la carta, y Greenhouse "tuvo que soportar repetidas veces interferencias en su trabajo" como supervisora jefe.
En el caso del contrato petrolero de 2003, a KBR se le otorgó un contrato secreto meses antes de que se diseñaran planes para reparar instalaciones petrolíferas. Una vez que comenzó la invasión, se relata en la carta, se consideró a la empresa como la única compañía que estaba en posición de llevar a cabo el plan.
Greenhouse dice que ella argumentó hasta el cansancio que los contratos fuera de licitación no podían otorgarse por períodos superiores a un año. En lugar de eso, a la compañía se le otorgó un contrato de cinco años por un valor de 7 billones de dólares.
Cuando elaboraban el contrato final, dice Greenhouse, oficiales del Ejército se reunieron el 26 de febrero de 2003 para discutir las tareas y costes, y se invitó a participar en la reunión a representantes de KBR. "Finalmente las discusiones giraron sobre asuntos que estaban fuera del rango de información a la que podía tener acceso una compañía como KBR" antes de que el contrato hubiera sido redactado completamente, concluyó Greenhouse en la carta.
Tras protestar los funcionarios de la compañía abandonaron la reunión, pero "la línea entre funcionarios de gobierno y la KBR se había enturbiado tanto que originó un conflicto de intereses", dice la carta.
La compañía obtuvo 2.4 billones por ese contrato durante el primer año, antes de que el Pentágono lo redujera y llamara a licitación para el proyecto. La compañía ganó una parte del proyecto en esa licitación.
En otro caso, a fines de 2003, cuando los auditores del Pentágono descubrieron que Halliburton había sobre-facturado al gobierno por un valor de 61 millones de dólares en concepto de combustibles, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió una inusual renuncia [de derechos] calificando de razonable el precio. Greenhouse dice en la carta que los oficiales la excluyeron deliberadamente de la decisión y obligaron a uno de sus subordinados a firmar el documento.
25 de octubre de 2004
29 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Una funcionaria civil de alto rango encargada de las contrataciones para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército acusa al Ejército de otorgar a la Halliburton Company importantes contratos de trabajo en Iraq y en los Balcanes sin respetar las reglas que aseguran una competencia honesta y precios justos para el gobierno. Ha pedido que se realice una investigación de alto nivel de lo que describe como amenazas a la "integridad del programa federal de contrataciones".La funcionaria, Bunnatine H. Greenhouse, dijo que en al menos un caso ella fue testigo de que oficiales del Ejército permitieron inapropiadamente que representantes de Halliburton participaran en una reunión en la que se discutían los términos de un contrato que la compañía aún no había recibido.
Sus acusaciones constituyen el primer informe extenso de discusiones que han enturbiado a la burocracia militar a raíz de contratos con esa compañía.
En una carta del 21 de octubre al secretario del Ejército interino, Greenhouse dijo que tras sus repetidas preguntas sobre los contratos con Halliburton, fue excluida de decisiones importantes para asignar fondos y se puso en cuestión su función laboral. En respuesta, oficiales del Ejército han referido sus acusaciones a la oficina de investigaciones del Pentágono y prometieron de momento conservarla en su posición.
Greenhouse, 62, es una veterana en el aprovisionamiento de los militares y sirve en el Cuerpo de Ingenieros como la principal asistente responsable de los contratos -la funcionaria de la mayor jerarquía que supervisa los contratos de la agencia. También es la principal encargada de revisar el respeto de las reglas del Pentágono que tienen por objetivo protegerlo de influencias externas y fomentar la competencia.
Los contratos otorgados a Halliburton, un conglomerado con sede en Houston y encabezado por Dick Chener antes de que fuera nombrado vice-presidente, han provocado controversias y acusaciones de favoritismo debido que algunos contratos le fueron otorgados fuera de licitación. Las operaciones de la compañía en Iraq, por trabajos de un valor superior de 10 billones de dólares, también han estado acosadas por acusaciones de sobre-facturación y despilfarro y han sido un tema de la campaña presidencial.
El Pentágono ha afirmado que cuando empezó la invasión de Iraq, Halliburton era la única compañía capaz de proveer servicios con la rapidez y confidencialidad requeridas. Pero auditores del Pentágono cuestionaron más tarde las prácticas de facturación de la compañía y encontraron ejemplos de gastos imprudentes y facturas injustificadas.
Halliburton ha negado repetidas veces las acusaciones, diciendo que se ha desempeñado bien en una zona de guerra y que muchos de sus críticos tienen motivaciones políticas.
Los abogados de Greenhouse enviaron la carta en su nombre al secretario interino del Ejército, Les Brownlee, pidiendo una investigación de alto nivel de lo que la carta describe como amenazas para la "integridad del programa federal de contrataciones".
Enviaron copias a varios comités del Congreso, y un miembro del staff del Congreso hizo llegar una copia al Times. Partes de la carta fueron citadas el domingo en un suplemento del Times.
En una respuesta datada el 22 de octubre, Robert Fano, abogado del departamento del Ejército, dijo que el secretario interino había referido su carta al inspector general del Pentágono "para su revisión y acción apropiadas" y que había instruido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército "suspender toda medida laboral adversa" contra Greenhouse.
Algunos de los contratos que Greenhouse dice que ella cuestionó, incluyendo un acuerdo fuera de licitación con la subsidiaria de Halliburton, Kellog Brown & Root KBR a principios de 2003 para reparaciones en la industria del petróleo en Iraq que fue inicialmente tasada en 7 billones de dólares en cinco años, ya han provocado debates en el Congreso y en los medios de comunicación. En la tormenta que se provocó, el contrato fue más tarde reducido a un año y se llamó a licitación, como había recomendado Greenhouse al principio.
Otra decisión, tomada esta primavera para extender por 11 meses adiciones sin licitación un contrato con KBR para proporcionar servicios logísticos en los Balcanes, ha recibido menos atención. En este caso, dijo Greenhouse, donde las operaciones han durado ya cuatro años, los alegatos de emergencia o de que KBR era el único proveedor disponible, no son sostenibles. Con la extensión, la compañía se asegurará 165 millones de dólares.
Kohn dijo que Greenhouse "no buscaba de ningún modo" indemnizaciones económicas a través de la ley federal de denuncias, que ofrece substanciales sumas de dinero a funcionarios que denuncian casos de fraude. Debido a la posición de su cargo ejecutivo, tampoco puede ser despedida fácilmente, aunque sí puede ser transferida a un cargo de menos responsabilidad.
"El proceso de contrataciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se ha quebrantado y ella cree que no puede continuar su trabajo en esas condiciones", dijo en una conferencia telefónica Michael D. Khon, un socio de Kohn, Kohn & Colapinto, que representan a Greenhouse y firmaron la carta del 21 de octubre.
Greenhouse dijo que ella no cederá entrevistas sin permiso de su empleador, por temor a represalias, dijo Kohn.
"Empleados del gobierno de Estados Unidos han tomado decisiones impropias que favorecieron los intereses de KBR", dijo en la carta, y Greenhouse "tuvo que soportar repetidas veces interferencias en su trabajo" como supervisora jefe.
En el caso del contrato petrolero de 2003, a KBR se le otorgó un contrato secreto meses antes de que se diseñaran planes para reparar instalaciones petrolíferas. Una vez que comenzó la invasión, se relata en la carta, se consideró a la empresa como la única compañía que estaba en posición de llevar a cabo el plan.
Greenhouse dice que ella argumentó hasta el cansancio que los contratos fuera de licitación no podían otorgarse por períodos superiores a un año. En lugar de eso, a la compañía se le otorgó un contrato de cinco años por un valor de 7 billones de dólares.
Cuando elaboraban el contrato final, dice Greenhouse, oficiales del Ejército se reunieron el 26 de febrero de 2003 para discutir las tareas y costes, y se invitó a participar en la reunión a representantes de KBR. "Finalmente las discusiones giraron sobre asuntos que estaban fuera del rango de información a la que podía tener acceso una compañía como KBR" antes de que el contrato hubiera sido redactado completamente, concluyó Greenhouse en la carta.
Tras protestar los funcionarios de la compañía abandonaron la reunión, pero "la línea entre funcionarios de gobierno y la KBR se había enturbiado tanto que originó un conflicto de intereses", dice la carta.
La compañía obtuvo 2.4 billones por ese contrato durante el primer año, antes de que el Pentágono lo redujera y llamara a licitación para el proyecto. La compañía ganó una parte del proyecto en esa licitación.
En otro caso, a fines de 2003, cuando los auditores del Pentágono descubrieron que Halliburton había sobre-facturado al gobierno por un valor de 61 millones de dólares en concepto de combustibles, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió una inusual renuncia [de derechos] calificando de razonable el precio. Greenhouse dice en la carta que los oficiales la excluyeron deliberadamente de la decisión y obligaron a uno de sus subordinados a firmar el documento.
25 de octubre de 2004
29 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
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