disuelta corte suprema ecuatoriana
El gobierno del presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez descartó el domingo disolver la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) como lo exigen sectores de oposición y aseguró que la reorganización de ese organismo por el Congreso fue legal.
Quito, Ecuador. "La resolución adoptada por el Congreso Nacional es constitucional y legal", dijo a la prensa el ex diputado Víctor Hugo Sicouret, afín a Gutiérrez, al anunciar la posición del gobierno sobre la reestructuración de la Función Judicial.
Agregó que los magistrados de la anterior CSJ, disuelta por el Congreso la semana pasada y reemplazada por una nueva, estaban en prórroga del período para el cual habían sido designados en 1997, que venció en enero del 2003.
"Por eso, el Congreso los suspendió en sus funciones", justificó Sicouret.
Los magistrados de la nueva CSJ pertenecen a sectores afines al gobierno como el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el PRIAN del multimillonario Alvaro Noboa y el Movimiento Popular Democrático (MPD, izquierda).
Sicouret afirmó que la elección de la nueva Corte se rigió por la Ley Orgánica de la Función Judicial y señaló que es el Congreso el organismo que nomina a los magistrados. "Eso fue precisamente lo que se hizo", indicó.
Esa posición implica un implícito rechazo a la propuesta del alcalde de Guayaquil (suroeste), Jaime Nebot para que el legislativo disuelva la nueva Corte y mediante una Ley especial, designe otra que no incluya magistrados de las anteriores.
La iniciativa de Nebot fue apoyada especialmente por los sectores empresariales, donde ha surgido un movimiento de resistencia que amenaza con una huelga nacional para exigir el restablecimiento de la institucionalidad.
El promotor del movimiento, Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, afirmó que lo actuado por el Congreso significó una ruptura del sistema democrático y coincidió con el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) en que Gutiérrez es "un dictador".
Febres Cordero dijo que Gutiérrez suma poderes en una acción hegemónica con "la cual se quiere cubrir las espaldas" para cuando abandone el poder en enero del 2007.
El presidente, a su vez, acusa a Febres Cordero de liderar "la oligarquía corrupta".
Gutiérrez informó a los empresarios que no retrocederá en su objetivo de "despolitizar" los tribunales del país que, en sus propias palabras, "han estado en poder del Partido Social Cristiano" (PSC, derecha), que dirige Febres Cordero.
El mandatario insistió en que en enero enviará al legislativo una reforma política que contemplará la designación de magistrados mediante colegios electorales y reiteró que la nueva Corte es provisoria.
"Vamos a convocar una consulta popular el próximo año para despolitizar las cortes de justicia, los tribunales y otros organismos de control del Estado", dijo.
Los diarios Hoy (Quito) y Expreso (Guayaquil), revelan el domingo que el abogado del gobierno, José Guerrero, estudia la posibilidad de demandar a quienes se oponen a las reformas.
"Mañana, el presidente Gutiérrez decidirá si plantea un juicio penal en contra de todos quienes, a su criterio, han incitado a la alteración del orden público", indica Hoy, que afirma que Guerrero evalúa si las acciones de la oposición "constituyen delitos".
"Con esta actitud, el régimen confirma que estamos viviendo un estado de dictadura", dijo Peñaherrera a la prensa. "No nos van a amedrentar con amenazas ni persecuciones", afirmó.
Añadió que los empresarios "se mantendrán en una franca lucha de defensa de la Constitución", en tanto que Eduardo Maruri, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil indicó: "insistimos en que deseamos tranquilidad y paz para poder producir".
Los indígenas, que se han mantenido al margen del conflicto, anunciaron que estudian iniciar la próxima semana marchas y protestas contra el gobierno.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, indicó que a su criterio Ecuador está sin CSJ, "porque los primeros magistrados fueron cesados y los otros fueron elegidos inconstitucionalmente".
Anunció que entre el 20 y 23 de diciembre el congreso de la CONAIE definirá acciones, aunque adelantó que lo más seguro es que se apoye una huelga nacional y se decrete "una desobediencia de las cortes".
13 de diciembre de 2004
©mi punto
Quito, Ecuador. "La resolución adoptada por el Congreso Nacional es constitucional y legal", dijo a la prensa el ex diputado Víctor Hugo Sicouret, afín a Gutiérrez, al anunciar la posición del gobierno sobre la reestructuración de la Función Judicial. Agregó que los magistrados de la anterior CSJ, disuelta por el Congreso la semana pasada y reemplazada por una nueva, estaban en prórroga del período para el cual habían sido designados en 1997, que venció en enero del 2003.
"Por eso, el Congreso los suspendió en sus funciones", justificó Sicouret.
Los magistrados de la nueva CSJ pertenecen a sectores afines al gobierno como el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el PRIAN del multimillonario Alvaro Noboa y el Movimiento Popular Democrático (MPD, izquierda).
Sicouret afirmó que la elección de la nueva Corte se rigió por la Ley Orgánica de la Función Judicial y señaló que es el Congreso el organismo que nomina a los magistrados. "Eso fue precisamente lo que se hizo", indicó.
Esa posición implica un implícito rechazo a la propuesta del alcalde de Guayaquil (suroeste), Jaime Nebot para que el legislativo disuelva la nueva Corte y mediante una Ley especial, designe otra que no incluya magistrados de las anteriores.
La iniciativa de Nebot fue apoyada especialmente por los sectores empresariales, donde ha surgido un movimiento de resistencia que amenaza con una huelga nacional para exigir el restablecimiento de la institucionalidad.
El promotor del movimiento, Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, afirmó que lo actuado por el Congreso significó una ruptura del sistema democrático y coincidió con el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) en que Gutiérrez es "un dictador".
Febres Cordero dijo que Gutiérrez suma poderes en una acción hegemónica con "la cual se quiere cubrir las espaldas" para cuando abandone el poder en enero del 2007.
El presidente, a su vez, acusa a Febres Cordero de liderar "la oligarquía corrupta".
Gutiérrez informó a los empresarios que no retrocederá en su objetivo de "despolitizar" los tribunales del país que, en sus propias palabras, "han estado en poder del Partido Social Cristiano" (PSC, derecha), que dirige Febres Cordero.
El mandatario insistió en que en enero enviará al legislativo una reforma política que contemplará la designación de magistrados mediante colegios electorales y reiteró que la nueva Corte es provisoria.
"Vamos a convocar una consulta popular el próximo año para despolitizar las cortes de justicia, los tribunales y otros organismos de control del Estado", dijo.
Los diarios Hoy (Quito) y Expreso (Guayaquil), revelan el domingo que el abogado del gobierno, José Guerrero, estudia la posibilidad de demandar a quienes se oponen a las reformas.
"Mañana, el presidente Gutiérrez decidirá si plantea un juicio penal en contra de todos quienes, a su criterio, han incitado a la alteración del orden público", indica Hoy, que afirma que Guerrero evalúa si las acciones de la oposición "constituyen delitos".
"Con esta actitud, el régimen confirma que estamos viviendo un estado de dictadura", dijo Peñaherrera a la prensa. "No nos van a amedrentar con amenazas ni persecuciones", afirmó.
Añadió que los empresarios "se mantendrán en una franca lucha de defensa de la Constitución", en tanto que Eduardo Maruri, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil indicó: "insistimos en que deseamos tranquilidad y paz para poder producir".
Los indígenas, que se han mantenido al margen del conflicto, anunciaron que estudian iniciar la próxima semana marchas y protestas contra el gobierno.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, indicó que a su criterio Ecuador está sin CSJ, "porque los primeros magistrados fueron cesados y los otros fueron elegidos inconstitucionalmente".
Anunció que entre el 20 y 23 de diciembre el congreso de la CONAIE definirá acciones, aunque adelantó que lo más seguro es que se apoye una huelga nacional y se decrete "una desobediencia de las cortes".
13 de diciembre de 2004
©mi punto
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