el salvador ajusta cuentas con pandillas
[Chris Kraul] Deportados de Estados Unidos alimentan la violencia de las pandillas callejeras.
Ilopango, El Salvador. Minutos después de que comandos encapuchados asaltaran su diminuta choza a mitad de la noche y lo llevaran a empujones a la cárcel, Juan Carlos Díaz estaba sonriendo.
¿Había en realidad matado a sangre fría a un controlador de autobuses ante la presencia de 25 horrorizados pasajeros, como decía la policía? El chico de 18 años, que abandonó la escuela secundaria, sonrió antes de responder. "No estuve ni cerca".
Pero sí reconoció que cuatro meses antes se había unido a la pandilla M-18 y se miró con orgullo el número 18 de 45 centímetros de alto tatuado en su pecho y abdomen. "Para mí", dijo, "ese número lo es todo".
Ese símbolo ha atraído a unos 30.000 salvadoreños hacia la M-18 y la pandilla rival, Mara Salvatrucha, ejércitos gemelos cuyo reinado de terror ha dejado a este país -tanto en áreas urbanas como rurales- paralizado por el temor. Las pandillas causan un promedio de cinco víctimas de homicidio al día.
La noche de octubre que Díaz fue arrestado, pelotones de policía fuertemente armados agarraron a otros 15 miembros de la pandilla, todos sospechosos de asesinatos, en este laberíntico barrio casi en las afueras de la capital, San Salvador. Las redadas eran parte de la Operación Mano Firme, una polémica campaña anti-pandilla -elogiada por una destrozada opinión pública pero criticada por activistas de derechos humanos- que otorga a la policía salvadoreña amplios poderes para combatir la creciente y sádica violencia.
Funcionarios de gobierno, incluyendo a Rodrigo Ávila, vice-ministro de Seguridad Ciudadana, responsabilizan de la violencia al menos en parte a la deportación de casi 12.000 salvadoreños con antecedentes criminales de Estados Unidos desde 1998. Muchos de los antiguos miembros, muchos de ellos endurecidos por la experiencia de la prisión, de pandillas de Los Angeles y otras ciudades estadounidenses que fueron enviados de vuelta aquí, son inmigrantes ilegales.
"Las deportaciones están en el centro del problema", dijo Ávila. "Las pandillas locales copian ahora toda la cultura pandillera de Los Angeles, el modo en que hablan, la ropa que usan y una absoluta crueldad".
Muchos deportados simplemente se unen a pandillas similares al llegar, llegando a menudo a roles de liderazgo porque son generalmente los más violentos de entre ellos, dijo en una entrevista el jefe de la policía civil, Ricardo Meneses.
Miembros de las pandillas deportados tienen pocas opciones excepto unirse a una pandilla, dice Eric Henríquez, 37, un antiguo miembro de M-18 de Los Angeles Este que fue deportado aquí en 1998. Henríquez, que ahora dirige Homies United, un grupo que proporciona asesoría de rehabilitación a miembros de las bandas. La mayoría de sus clientes llegaron aquí sin dinero, ni grupo de apoyo, ni perspectivas de trabajo y con un español insuficiente.
"Normalmente han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son arrojados aquí en una cultura extraña y se enfrentan inmediatamente a la discriminación", dijo Henríquez. Los empleadores ven sus tatuajes y les cierran las puertas. Aquí te puedes morir de hambre. Así que empiezas a buscar una red en que apoyarte".
Los crímenes violentos han aumentado a tales niveles que los métodos de las pandillas se parecen a los de los carteles mexicanos de la droga. Para entregar una amenaza a Ávila en octubre, un grupo de maleantes enfatizó el punto violando al azar a una adolescente y obligando a su madre a llamar al funcionario, un incidente que Ávila comentó en una entrevista.
La brutalidad de los crímenes de las pandillas es cada vez más horrible. Las víctimas de homicidios, incluyendo a muchas mujeres y adolescentes, son a menudo encontradas tan mutiladas que el sacerdote español José María Morataya, que dirige una centro de rehabilitación y formación laboral en San Salvador para ex pandilleros llamado Polígono Don Bosco, cree que algunos pandilleros realizan rituales satánicos.
En septiembre, los pandilleros de la M-18 atacaron a una chica en San Salvador y la acuchillaron en el cuello y en el abdomen antes de decapitarla, informó la policía. Las rivalidades entre las pandillas estuvieron en el origen del asesinato de una madre de 16 años el año pasado. Los pandilleros también mataron y desmembraron a su hija de cinco meses.La mayoría de los asesinatos de las pandillas son cometidos por miembros que se vengan de sus rivales, sus novias y familiares por atreverse a si sea a poner un pie en su territorio, o simplemente por pertenecer a la pandilla enemiga. Pero salvadoreños de a pie son rutinariamente alcanzados por el poder de las pandillas.
Las pandillas someten a extorsiones a residentes y hombres de negocios a cambio de protección y rechazar una demanda de las pandillas puede significar una sentencia de muerte, como le sucedió a la supuesta víctima de Díaz, un empleado de 21 años de una compañía de autobuses, Yamil Hernández, que se negó a entregar los beneficios del día.
"Era una buena persona. Nunca bebía. Todo lo que quería hacer era trabajar", dijo la abuela de la víctima, María Eulalia Hernández, que fue entrevistada en un barrio vecino al día siguiente de la detención de Díaz.
Su nieto, un luchador de la secundaria, se había mantenido alejado de las pandillas y estaba ahorrando dinero para ir a la universidad o pagar los cursos para llegar a ser un chef. Dijo que la familia tenía demasiado miedo de las pandillas como para entablar una denuncia criminal tras el asesinato. De hecho, el hermano de la víctima, Luis, 18, huyó a Estados Unidos en octubre ser amenazado de muerte por las pandillas.
La mayoría de los salvadoreños, asqueados por la espiral de violencia instigada por las pandillas, que controlan más de la mitad de las calles de la capital, dirán que la Operación Mano Firme está dando sus frutos. El presidente Tony Saca, que asumió el cargo en junio, ganó la aprobación de un 80 por ciento por su postura dura.
El gobierno dice que los homicidios descendieron en un 14 por ciento este año y fuertes reducciones de los robos de automóviles y secuestros.
"Ante de Mano Firme, los taxis ni siquiera pasaban por aquí. Era demasiado peligroso. Pero ahora no se ven las pandillas", dijo Rafael Guardado, un mecánico que vive en el barrio de San José, de Ilopango, un área donde el gobierno de las pandillas fue soberano en el pasado. "Está funcionando y deberían hacer la operación todavía más dura. Que también participe el ejército en las patrullas".
Pero muchos académicos y defensores de derechos humanos son profundamente críticos de la campaña, diciendo que sólo reprime y no se aboca a la raíz social del problema: la desintegración familiar, el desempleo y un legado de violencia tras décadas de una guerra civil que terminó con un acuerdo de paz en 1992.
La Operación Mano Firme no ha eliminado a los pandilleros, dicen los críticos; sólo los ha obligado a entrar en la clandestinidad.
"Las pandillas son un problema que no será resuelto hasta que los líderes no encuentren un modo de proporcionar educación y trabajo, esto es, un futuro, a la juventud", dice Marcela Smutt, coordinara de proyectos y experta en pandillas en el despacho del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en San Salvador.
Dagoberto Gutiérrez, un abogado del medio ambiente y antiguo comandante rebelde en la guerra civil de El Salvador, dice que la violencia de las pandillas era un desarrollo previsible de la desintegración familiar causada por el éxodo a Estados Unidos de un 20 por ciento de la población como refugiados económicos y políticos en los últimos 25 años. Muchos jóvenes aquí carecen de figuras masculinas de autoridad, viven a menudo sólo con la madre, una tía o abuela, cuando no en la calle, dice.
"El problema necesita una política inteligente que resuelva sus causas sociales, porque es la sociedad la que produce el problema de las pandillas", dice Gutiérrez.
La gran mayoría de los miembros de las pandillas provienen de hogares rotos, han abandonado la escuela, no pueden encontrar trabajo o viven en la calle, dice Smutt, de Naciones Unidas.
En las pandillas encuentran la sensación de pertenencia a algo, que no encuentran en ninguna otra parte.
Ávila, el funcionario del ministerio de seguridad, está de acuerdo en que la fuerza de las pandillas se deriva del sentido de solidaridad que ofrecen a los jóvenes.
"El problema es que las pandillas se están organizando. Ser miembro tiene mucho que ver con motivos e impulsos sociales", dice Ávila.
"Un ladrón común sabe que está haciendo algo malo. Con las pandillas, es diferente. No es el dinero el motivo, sino el modo de vida".
Las quejas de los activistas de derechos humanos de que las redadas policiales privan a los sospechosos de sus derechos civiles han tenido impacto.
En agosto, el gobierno se vio obligado a modificar sus leyes anti-pandillas obligando a la policía a obtener órdenes de detención antes de capturar a sospechosos.
Durante la primera fase de la Operación Mano Firme el año pasado, la policía arrestaba a sospechosos simplemente por parecer pandilleros debido a sus tatuajes o atuendos. Como resultado, dentro de 72 horas el 95 por ciento de los detenidos fueran dejados en libertad por los jueces por falta de méritos. Ahora, sólo el 28 por ciento es dejado en libertad antes de ser acusado formalmente, dijo el jefe de policía Meneses.
La policía dice que tienen un caso sólido contra Juan Carlos Portillo, 23, pandillero de la Salvatrucha que fue deportado de Los Angeles hace tres años.
Era uno de los 16 detenidos por los agentes de unidades especiales, acusado de ser el pistolero en el asesinato por venganza del guardia de prisiones Mario Santos Carpio el 6 de octubre.
"No fui yo. Tengo una familia a la que sostener", dijo Portillo. "Esto es el resultado de una mala investigación".
Interrogado sobre por qué fue deportado de Los Angeles, Portillo sonrió y dijo: "Allá me volví un poco loco".
14 de diciembre de 2004
©los angeles times
©traducción mQh
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Ilopango, El Salvador. Minutos después de que comandos encapuchados asaltaran su diminuta choza a mitad de la noche y lo llevaran a empujones a la cárcel, Juan Carlos Díaz estaba sonriendo.¿Había en realidad matado a sangre fría a un controlador de autobuses ante la presencia de 25 horrorizados pasajeros, como decía la policía? El chico de 18 años, que abandonó la escuela secundaria, sonrió antes de responder. "No estuve ni cerca".
Pero sí reconoció que cuatro meses antes se había unido a la pandilla M-18 y se miró con orgullo el número 18 de 45 centímetros de alto tatuado en su pecho y abdomen. "Para mí", dijo, "ese número lo es todo".
Ese símbolo ha atraído a unos 30.000 salvadoreños hacia la M-18 y la pandilla rival, Mara Salvatrucha, ejércitos gemelos cuyo reinado de terror ha dejado a este país -tanto en áreas urbanas como rurales- paralizado por el temor. Las pandillas causan un promedio de cinco víctimas de homicidio al día.
La noche de octubre que Díaz fue arrestado, pelotones de policía fuertemente armados agarraron a otros 15 miembros de la pandilla, todos sospechosos de asesinatos, en este laberíntico barrio casi en las afueras de la capital, San Salvador. Las redadas eran parte de la Operación Mano Firme, una polémica campaña anti-pandilla -elogiada por una destrozada opinión pública pero criticada por activistas de derechos humanos- que otorga a la policía salvadoreña amplios poderes para combatir la creciente y sádica violencia.
Funcionarios de gobierno, incluyendo a Rodrigo Ávila, vice-ministro de Seguridad Ciudadana, responsabilizan de la violencia al menos en parte a la deportación de casi 12.000 salvadoreños con antecedentes criminales de Estados Unidos desde 1998. Muchos de los antiguos miembros, muchos de ellos endurecidos por la experiencia de la prisión, de pandillas de Los Angeles y otras ciudades estadounidenses que fueron enviados de vuelta aquí, son inmigrantes ilegales.
"Las deportaciones están en el centro del problema", dijo Ávila. "Las pandillas locales copian ahora toda la cultura pandillera de Los Angeles, el modo en que hablan, la ropa que usan y una absoluta crueldad".
Muchos deportados simplemente se unen a pandillas similares al llegar, llegando a menudo a roles de liderazgo porque son generalmente los más violentos de entre ellos, dijo en una entrevista el jefe de la policía civil, Ricardo Meneses.
Miembros de las pandillas deportados tienen pocas opciones excepto unirse a una pandilla, dice Eric Henríquez, 37, un antiguo miembro de M-18 de Los Angeles Este que fue deportado aquí en 1998. Henríquez, que ahora dirige Homies United, un grupo que proporciona asesoría de rehabilitación a miembros de las bandas. La mayoría de sus clientes llegaron aquí sin dinero, ni grupo de apoyo, ni perspectivas de trabajo y con un español insuficiente.
"Normalmente han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son arrojados aquí en una cultura extraña y se enfrentan inmediatamente a la discriminación", dijo Henríquez. Los empleadores ven sus tatuajes y les cierran las puertas. Aquí te puedes morir de hambre. Así que empiezas a buscar una red en que apoyarte".
Los crímenes violentos han aumentado a tales niveles que los métodos de las pandillas se parecen a los de los carteles mexicanos de la droga. Para entregar una amenaza a Ávila en octubre, un grupo de maleantes enfatizó el punto violando al azar a una adolescente y obligando a su madre a llamar al funcionario, un incidente que Ávila comentó en una entrevista.
La brutalidad de los crímenes de las pandillas es cada vez más horrible. Las víctimas de homicidios, incluyendo a muchas mujeres y adolescentes, son a menudo encontradas tan mutiladas que el sacerdote español José María Morataya, que dirige una centro de rehabilitación y formación laboral en San Salvador para ex pandilleros llamado Polígono Don Bosco, cree que algunos pandilleros realizan rituales satánicos.
En septiembre, los pandilleros de la M-18 atacaron a una chica en San Salvador y la acuchillaron en el cuello y en el abdomen antes de decapitarla, informó la policía. Las rivalidades entre las pandillas estuvieron en el origen del asesinato de una madre de 16 años el año pasado. Los pandilleros también mataron y desmembraron a su hija de cinco meses.La mayoría de los asesinatos de las pandillas son cometidos por miembros que se vengan de sus rivales, sus novias y familiares por atreverse a si sea a poner un pie en su territorio, o simplemente por pertenecer a la pandilla enemiga. Pero salvadoreños de a pie son rutinariamente alcanzados por el poder de las pandillas.
Las pandillas someten a extorsiones a residentes y hombres de negocios a cambio de protección y rechazar una demanda de las pandillas puede significar una sentencia de muerte, como le sucedió a la supuesta víctima de Díaz, un empleado de 21 años de una compañía de autobuses, Yamil Hernández, que se negó a entregar los beneficios del día.
"Era una buena persona. Nunca bebía. Todo lo que quería hacer era trabajar", dijo la abuela de la víctima, María Eulalia Hernández, que fue entrevistada en un barrio vecino al día siguiente de la detención de Díaz.
Su nieto, un luchador de la secundaria, se había mantenido alejado de las pandillas y estaba ahorrando dinero para ir a la universidad o pagar los cursos para llegar a ser un chef. Dijo que la familia tenía demasiado miedo de las pandillas como para entablar una denuncia criminal tras el asesinato. De hecho, el hermano de la víctima, Luis, 18, huyó a Estados Unidos en octubre ser amenazado de muerte por las pandillas.
La mayoría de los salvadoreños, asqueados por la espiral de violencia instigada por las pandillas, que controlan más de la mitad de las calles de la capital, dirán que la Operación Mano Firme está dando sus frutos. El presidente Tony Saca, que asumió el cargo en junio, ganó la aprobación de un 80 por ciento por su postura dura.
El gobierno dice que los homicidios descendieron en un 14 por ciento este año y fuertes reducciones de los robos de automóviles y secuestros.
"Ante de Mano Firme, los taxis ni siquiera pasaban por aquí. Era demasiado peligroso. Pero ahora no se ven las pandillas", dijo Rafael Guardado, un mecánico que vive en el barrio de San José, de Ilopango, un área donde el gobierno de las pandillas fue soberano en el pasado. "Está funcionando y deberían hacer la operación todavía más dura. Que también participe el ejército en las patrullas".
Pero muchos académicos y defensores de derechos humanos son profundamente críticos de la campaña, diciendo que sólo reprime y no se aboca a la raíz social del problema: la desintegración familiar, el desempleo y un legado de violencia tras décadas de una guerra civil que terminó con un acuerdo de paz en 1992.
La Operación Mano Firme no ha eliminado a los pandilleros, dicen los críticos; sólo los ha obligado a entrar en la clandestinidad.
"Las pandillas son un problema que no será resuelto hasta que los líderes no encuentren un modo de proporcionar educación y trabajo, esto es, un futuro, a la juventud", dice Marcela Smutt, coordinara de proyectos y experta en pandillas en el despacho del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en San Salvador.
Dagoberto Gutiérrez, un abogado del medio ambiente y antiguo comandante rebelde en la guerra civil de El Salvador, dice que la violencia de las pandillas era un desarrollo previsible de la desintegración familiar causada por el éxodo a Estados Unidos de un 20 por ciento de la población como refugiados económicos y políticos en los últimos 25 años. Muchos jóvenes aquí carecen de figuras masculinas de autoridad, viven a menudo sólo con la madre, una tía o abuela, cuando no en la calle, dice.
"El problema necesita una política inteligente que resuelva sus causas sociales, porque es la sociedad la que produce el problema de las pandillas", dice Gutiérrez.
La gran mayoría de los miembros de las pandillas provienen de hogares rotos, han abandonado la escuela, no pueden encontrar trabajo o viven en la calle, dice Smutt, de Naciones Unidas.
En las pandillas encuentran la sensación de pertenencia a algo, que no encuentran en ninguna otra parte.
Ávila, el funcionario del ministerio de seguridad, está de acuerdo en que la fuerza de las pandillas se deriva del sentido de solidaridad que ofrecen a los jóvenes.
"El problema es que las pandillas se están organizando. Ser miembro tiene mucho que ver con motivos e impulsos sociales", dice Ávila.
"Un ladrón común sabe que está haciendo algo malo. Con las pandillas, es diferente. No es el dinero el motivo, sino el modo de vida".
Las quejas de los activistas de derechos humanos de que las redadas policiales privan a los sospechosos de sus derechos civiles han tenido impacto.
En agosto, el gobierno se vio obligado a modificar sus leyes anti-pandillas obligando a la policía a obtener órdenes de detención antes de capturar a sospechosos.
Durante la primera fase de la Operación Mano Firme el año pasado, la policía arrestaba a sospechosos simplemente por parecer pandilleros debido a sus tatuajes o atuendos. Como resultado, dentro de 72 horas el 95 por ciento de los detenidos fueran dejados en libertad por los jueces por falta de méritos. Ahora, sólo el 28 por ciento es dejado en libertad antes de ser acusado formalmente, dijo el jefe de policía Meneses.
La policía dice que tienen un caso sólido contra Juan Carlos Portillo, 23, pandillero de la Salvatrucha que fue deportado de Los Angeles hace tres años.
Era uno de los 16 detenidos por los agentes de unidades especiales, acusado de ser el pistolero en el asesinato por venganza del guardia de prisiones Mario Santos Carpio el 6 de octubre.
"No fui yo. Tengo una familia a la que sostener", dijo Portillo. "Esto es el resultado de una mala investigación".
Interrogado sobre por qué fue deportado de Los Angeles, Portillo sonrió y dijo: "Allá me volví un poco loco".
14 de diciembre de 2004
©los angeles times
©traducción mQh
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