chile desmantela dictadura
[Larry Rohter] 1 Chile empieza a desmantelar dictadura 15 años después de Pinochet. 2 Pinochet a juicio. 3 Se inicia proceso por asesinato de Víctor Jara en Chile.
Santiago, Chile. El general Augusto Pinochet, bajo investigación por acusaciones de corrupción y cada vez más débil, ya no es un factor que cuenta en la política chilena de hoy. Pero es sólo ahora, casi quince años después de que se viera obligado a dejar el poder, que las estructuras de gobierno autoritario que dejó como legado para obstaculizar a sus sucesores civiles están siendo desmanteladas.
Gracias a un acuerdo entre la coalición encabezada por los socialistas ahora en el gobierno y la oposición de derechas, el Congreso aprobará una reforma constitucional que reforzará la autoridad civil y reducirá la capacidad de los militares de interferir en el gobierno del país. Entre otras casos, el paquete de reformas restaura la atribución presidencial para cesar a jefes militares y anula las sillas en el Senado reservadas para antiguos jefes militares nombrados.
"Existía la voluntad política, pero nunca tuvimos votos suficientes en el Congreso para eliminar esos enclaves autoritarios", dijo en una entrevista aquí el ministro del Interior, José Miguel Insulza, el principal arquitecto de las reformas. "Pero finalmente ha llegado el momento en que se logró un consenso para modificar de manera substancial todos los poderes decretados que podían infringir sobre los derechos de los ciudadanos y restringir las libertades públicas".
La actual Constitución, escrita por y para el general Pinochet, data de 1980, cuando fue aprobada en un plebiscito que los grupos de derechos humanos condenaron por estar amañados. En un esfuerzo por conservar la primacía de los militares aun en el caso de un retorno a un gobierno civil, garantizaba una presencia permanente de las fuerzas armadas en el Congreso y colocaba obstáculos a reformas futuras exigiendo mayorías de hasta dos tercios para enmendar la Constitución.
La Constitución también estableció un Consejo de Seguridad Nacional que en teoría puede reunirse y actuar sin el consentimiento del presidente y otorgaba a las fuerzas armadas un amplio papel de árbitros como "avales de la institucionalidad". Esa autoridad potencialmente intrusa será ahora retirada de la Constitución, y los poderes del Consejo de Seguridad Nacional serán limitados.
Por ejemplo, el Consejo, cuatro de cuyos siete miembros son oficiales militares, ya no tendrán voz en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Además, el paquete de reformas, que ya ha sido aprobado por el Senado y se espera que sea aprobado por la Cámara Baja, desmilitariza a la policía nacional, conocida como Carabineros, al transferir su control del ministerio de Defensa al de Interior.
En sus proyectos para debilitar la capacidad de sus sucesores civiles para deshacer su sistema autoritario, el general Pinochet también instaló un inusual sistema electoral "binominal" que prácticamente garantiza a la minoría una sobre-representación en el Congreso. El sistema sigue en vigor, pero con el paquete de reformas será retirado de la Constitución y ha sido redefinido como un reglamento ordinario, lo que en teoría hará más fácil que sea suspendido o modificado en el futuro.
Pero algunos analistas no creen que las reformas propuestas vayan demasiado lejos. A través del sistema electoral de Pinochet, "la derecha preserva su derecho de veto", se quejó Felipe Portales, autor del libro Chile: Una democracia bajo tutela', y crítico de los militares. "La era de un tutelaje militar formal puede estar terminando, pero gran parte de la legislación básica que dejó la dictadura sigue en vigor, lo que hace difícil que reformar los códigos laborales, sanitarios, fiscales, de la seguridad social y educacional".
El antiguo presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que gobernó durante seis años con las manos atadas por los límites impuestos por el general Pinochet, es otro declarado detractor. Ha pedido que la Constitución sea desechada completamente y convocar a una asamblea constitucional para redactar una nueva, peor la propuesta ha sido considerada conflictiva y cuenta con poco apoyo.
"Esta Constitución es Pinochet, y tiene un montón de aspectos que no han sido tratados y que no pertenecen en una Constitución democrática", dijo Carlos Hunneus, director del Centro para de Estudios de la Realidad Contemporánea. "Necesitamos una arquitectura constitucional que no tenga nada que ver con Pinochet, pero convocar una asamblea constitucional sería abrir una caja de Pandora".
Debido a las restricciones en vigor, ganar el consentimiento de la derechista Unión Demócrata Independiente UDI era esencial para el paquete de reformas. Ese partido ha sido siempre un decidido partidario de Pinochet, pero con las elecciones presidenciales a apenas un año y el general Pinochet ahora caído en desgracia después de las revelaciones de que había guardado 8 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero, la derecha está ansiosas por distanciarse todo lo posible de su antiguo héroe.
Mientras alega que "alguna gente nunca olvidará el hecho de la Constitución se originó en el régimen militar", Hernán Larraín, miembro de la UDI y presidente del Senado, reconoció que sus aspectos autoritarios han sido "la piedra del zapato para el consenso". Agregó: "Ahora la hemos sacado, y el tema está cerrado. Las reglas del juego son claras".
Sin embargo, todavía persisten algunos vestigios de los privilegios militares en la legislación -más que en la Constitución- y no está claro cómo ni cuándo serán anulados. Una ley de la era de Pinochet, por ejemplo, garantiza a las fuerzas armadas un porcentaje fijo de los beneficios de la compañía estatal del cobre, el principal producto de exportación del país.
El senador Larraín dijo que esa ley presentaba ventajas, como hacer más fácil la planificación presupuestaria. Insulza rechazó esa idea. "Creo que es necesario cambiarla", dijo. "Pero también creo que no hay tiempo de hacerlo en lo que queda de período del gobierno".
16 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
PINOCHET A JUICIO
Aunque todavía es posible que el antiguo dictador eluda su juicio por asesinato, es más posible que esta vez el dictador deba enfrentarse a la justicia. Gracias a una resolución de un tribunal chileno es lunes, se acerca el día en que el general Augusto Pinochet, el antiguo dictador militar, sea procesado por crímenes cometidos hace décadas. Pinochet es ahora un hombre muy viejo, pero sentir una comprensible compasión por él estaría fuera de lugar. Este juicio debió haber empezado hace años.
El largo retraso se debe enteramente a los esfuerzos de Pinochet por eludir su responsabilidad legal. Los cargos tienen que ver con uno de los más escalofriantes crímenes de su gobierno de casi 17 años: una conspiración internacional para perseguir y asesinar a los opositores a las dictaduras militares de América Latina durante los años setenta. La trama se puso en movimiento en los días en que Henry Kissinger manejaba la política exterior estadounidense para Richard Nixon, y Estados Unidos hizo poco para desalentarla, incluso aunque uno de esos asesinatos fue cometido en las calles de Washington.
Pinochet ha mostrado una actitud de desprecio hacia las formalidades legales desde hace mucho tiempo. Su régimen empezó en 1973 con una revuelta militar contra el gobierno elegido constitucionalmente al que había jurado servir. Desde el comienzo hubo detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones sumarias y secretas. Decenas de miles de personas acusadas de simpatizar con el gobierno derrocado fueron detenidas y torturadas sistemáticamente. Luego, en un acto final de desprecio, el régimen de Pinochet se otorgó amnistía a sí mismo por la mayoría de los actos de terrorismo de estado y dejó como legado una constitución diseñada para debilitar a la nueva democracia.
En los últimos años, la democracia chilena se ha liberado a sí misma de muchos de esos grilletes. En 2000, la Corte Suprema chilena le despojó de la inmunidad personal de la que Pinochet gozaba como senador vitalicio. Se permitieron procesos criminales por casos de desaparecidos que seguían abiertos cuando expiró la ley de amnistía. Los asesinatos cometidos en el extranjero, como en este caso, pueden ser ahora juzgados.
El último truco de Pinochet -declararse a sí mismo incapacitado para ser procesado debido a su edad y enfermedad- empezó a desmoronarse después de una impresionante aparición en una entrevista televisada en Miami el año pasado. Esta semana se derrumbó aun más. Todavía es posible que el juicio se retrase, pero ahora hay posibilidades de que Pinochet deba finalmente enfrentarse a la justicia.
16 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
SE INICIA PROCESO POR ASESINATO DE VÍCTOR JARA EN CHILE
Santiago, Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del teniente coronel retirado del Ejército, Mario Manríquez, como autor del asesinato del compositor Víctor Jara, y además le negó la libertad bajo fianza por haber diligencias judiciales pendientes.
El jueves pasado, el juez Juan Carlos Urrutia encausó al ex uniformado al considerar que existen fundadas presunciones de que participó en los hechos o facilitó el crimen del artista, pues era el oficial de mayor graduación en un Estadio Chile convertido en 1973 en campo de prisioneros.
Jara (militante comunista y partidario del gobierno de la Unidad Popular) fue detenido el 12 de septiembre de ese año y fue interrogado por militares en el recinto deportivo hasta el 15 de ese mes, cuando fue fusilado por un pelotón de soldados.
La decisión del tribunal revocó lo dispuesto por el juez Urrutia, quien luego de procesar al militar en retiro le otorgó la libertad provisional. Por esta razón, deberá permanecer detenido en el Batallón de Telecomunicaciones del Ejército, en Santiago. Manríquez es el primer encausado por este emblemático crimen.
"Nos parece que esta es una resolución que se ajusta al mérito del proceso. Desgraciadamente, los antecedentes de la causa demuestran la responsabilidad del señor Manríquez en los hechos en que ha sido procesado", dijo el abogado querellante Nelson Caucoto.
En el texto de procesamiento del magistrado Urrutia, se establece que al cantautor se le fusiló en el mismo Estadio Chile y que previamente fue sometido a brutales golpizas que pusieron en peligro su vida. El jurista afirmó que los culatazos redujeron las manos de Jara (quien también era guitarrista) a una sola llaga.
En el proceso se afirma que el intérprete de Te recuerdo Amanda' recibió múltiples disparos, presumiblemente con armas automáticas, y que su cadáver fue arrojado con los cuerpos de otras cinco personas en los alrededores del Cementerio Metropolitano de Santiago, cerca de una línea férrea.
De acuerdo al testimonio de la viuda del artista, la británica Joan Jara, los restos fueron reconocidos por un joven comunista quien le dio aviso de lo ocurrido. Esta muerte causó indignación internacional y nunca se le perdonó a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
El año pasado, en el marco de la conmemoración del trigésimo aniversario del golpe militar, el nombre del Estadio Chile fue cambiado por el de Estadio Víctor Jara.
16 de diciembre de 2004
©tvazteca
Santiago, Chile. El general Augusto Pinochet, bajo investigación por acusaciones de corrupción y cada vez más débil, ya no es un factor que cuenta en la política chilena de hoy. Pero es sólo ahora, casi quince años después de que se viera obligado a dejar el poder, que las estructuras de gobierno autoritario que dejó como legado para obstaculizar a sus sucesores civiles están siendo desmanteladas.Gracias a un acuerdo entre la coalición encabezada por los socialistas ahora en el gobierno y la oposición de derechas, el Congreso aprobará una reforma constitucional que reforzará la autoridad civil y reducirá la capacidad de los militares de interferir en el gobierno del país. Entre otras casos, el paquete de reformas restaura la atribución presidencial para cesar a jefes militares y anula las sillas en el Senado reservadas para antiguos jefes militares nombrados.
"Existía la voluntad política, pero nunca tuvimos votos suficientes en el Congreso para eliminar esos enclaves autoritarios", dijo en una entrevista aquí el ministro del Interior, José Miguel Insulza, el principal arquitecto de las reformas. "Pero finalmente ha llegado el momento en que se logró un consenso para modificar de manera substancial todos los poderes decretados que podían infringir sobre los derechos de los ciudadanos y restringir las libertades públicas".
La actual Constitución, escrita por y para el general Pinochet, data de 1980, cuando fue aprobada en un plebiscito que los grupos de derechos humanos condenaron por estar amañados. En un esfuerzo por conservar la primacía de los militares aun en el caso de un retorno a un gobierno civil, garantizaba una presencia permanente de las fuerzas armadas en el Congreso y colocaba obstáculos a reformas futuras exigiendo mayorías de hasta dos tercios para enmendar la Constitución.
La Constitución también estableció un Consejo de Seguridad Nacional que en teoría puede reunirse y actuar sin el consentimiento del presidente y otorgaba a las fuerzas armadas un amplio papel de árbitros como "avales de la institucionalidad". Esa autoridad potencialmente intrusa será ahora retirada de la Constitución, y los poderes del Consejo de Seguridad Nacional serán limitados.
Por ejemplo, el Consejo, cuatro de cuyos siete miembros son oficiales militares, ya no tendrán voz en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Además, el paquete de reformas, que ya ha sido aprobado por el Senado y se espera que sea aprobado por la Cámara Baja, desmilitariza a la policía nacional, conocida como Carabineros, al transferir su control del ministerio de Defensa al de Interior.
En sus proyectos para debilitar la capacidad de sus sucesores civiles para deshacer su sistema autoritario, el general Pinochet también instaló un inusual sistema electoral "binominal" que prácticamente garantiza a la minoría una sobre-representación en el Congreso. El sistema sigue en vigor, pero con el paquete de reformas será retirado de la Constitución y ha sido redefinido como un reglamento ordinario, lo que en teoría hará más fácil que sea suspendido o modificado en el futuro.
Pero algunos analistas no creen que las reformas propuestas vayan demasiado lejos. A través del sistema electoral de Pinochet, "la derecha preserva su derecho de veto", se quejó Felipe Portales, autor del libro Chile: Una democracia bajo tutela', y crítico de los militares. "La era de un tutelaje militar formal puede estar terminando, pero gran parte de la legislación básica que dejó la dictadura sigue en vigor, lo que hace difícil que reformar los códigos laborales, sanitarios, fiscales, de la seguridad social y educacional".
El antiguo presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que gobernó durante seis años con las manos atadas por los límites impuestos por el general Pinochet, es otro declarado detractor. Ha pedido que la Constitución sea desechada completamente y convocar a una asamblea constitucional para redactar una nueva, peor la propuesta ha sido considerada conflictiva y cuenta con poco apoyo.
"Esta Constitución es Pinochet, y tiene un montón de aspectos que no han sido tratados y que no pertenecen en una Constitución democrática", dijo Carlos Hunneus, director del Centro para de Estudios de la Realidad Contemporánea. "Necesitamos una arquitectura constitucional que no tenga nada que ver con Pinochet, pero convocar una asamblea constitucional sería abrir una caja de Pandora".
Debido a las restricciones en vigor, ganar el consentimiento de la derechista Unión Demócrata Independiente UDI era esencial para el paquete de reformas. Ese partido ha sido siempre un decidido partidario de Pinochet, pero con las elecciones presidenciales a apenas un año y el general Pinochet ahora caído en desgracia después de las revelaciones de que había guardado 8 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero, la derecha está ansiosas por distanciarse todo lo posible de su antiguo héroe.
Mientras alega que "alguna gente nunca olvidará el hecho de la Constitución se originó en el régimen militar", Hernán Larraín, miembro de la UDI y presidente del Senado, reconoció que sus aspectos autoritarios han sido "la piedra del zapato para el consenso". Agregó: "Ahora la hemos sacado, y el tema está cerrado. Las reglas del juego son claras".
Sin embargo, todavía persisten algunos vestigios de los privilegios militares en la legislación -más que en la Constitución- y no está claro cómo ni cuándo serán anulados. Una ley de la era de Pinochet, por ejemplo, garantiza a las fuerzas armadas un porcentaje fijo de los beneficios de la compañía estatal del cobre, el principal producto de exportación del país.
El senador Larraín dijo que esa ley presentaba ventajas, como hacer más fácil la planificación presupuestaria. Insulza rechazó esa idea. "Creo que es necesario cambiarla", dijo. "Pero también creo que no hay tiempo de hacerlo en lo que queda de período del gobierno".
16 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
PINOCHET A JUICIO
Aunque todavía es posible que el antiguo dictador eluda su juicio por asesinato, es más posible que esta vez el dictador deba enfrentarse a la justicia. Gracias a una resolución de un tribunal chileno es lunes, se acerca el día en que el general Augusto Pinochet, el antiguo dictador militar, sea procesado por crímenes cometidos hace décadas. Pinochet es ahora un hombre muy viejo, pero sentir una comprensible compasión por él estaría fuera de lugar. Este juicio debió haber empezado hace años.El largo retraso se debe enteramente a los esfuerzos de Pinochet por eludir su responsabilidad legal. Los cargos tienen que ver con uno de los más escalofriantes crímenes de su gobierno de casi 17 años: una conspiración internacional para perseguir y asesinar a los opositores a las dictaduras militares de América Latina durante los años setenta. La trama se puso en movimiento en los días en que Henry Kissinger manejaba la política exterior estadounidense para Richard Nixon, y Estados Unidos hizo poco para desalentarla, incluso aunque uno de esos asesinatos fue cometido en las calles de Washington.
Pinochet ha mostrado una actitud de desprecio hacia las formalidades legales desde hace mucho tiempo. Su régimen empezó en 1973 con una revuelta militar contra el gobierno elegido constitucionalmente al que había jurado servir. Desde el comienzo hubo detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones sumarias y secretas. Decenas de miles de personas acusadas de simpatizar con el gobierno derrocado fueron detenidas y torturadas sistemáticamente. Luego, en un acto final de desprecio, el régimen de Pinochet se otorgó amnistía a sí mismo por la mayoría de los actos de terrorismo de estado y dejó como legado una constitución diseñada para debilitar a la nueva democracia.
En los últimos años, la democracia chilena se ha liberado a sí misma de muchos de esos grilletes. En 2000, la Corte Suprema chilena le despojó de la inmunidad personal de la que Pinochet gozaba como senador vitalicio. Se permitieron procesos criminales por casos de desaparecidos que seguían abiertos cuando expiró la ley de amnistía. Los asesinatos cometidos en el extranjero, como en este caso, pueden ser ahora juzgados.
El último truco de Pinochet -declararse a sí mismo incapacitado para ser procesado debido a su edad y enfermedad- empezó a desmoronarse después de una impresionante aparición en una entrevista televisada en Miami el año pasado. Esta semana se derrumbó aun más. Todavía es posible que el juicio se retrase, pero ahora hay posibilidades de que Pinochet deba finalmente enfrentarse a la justicia.
16 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
SE INICIA PROCESO POR ASESINATO DE VÍCTOR JARA EN CHILE
Santiago, Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento del teniente coronel retirado del Ejército, Mario Manríquez, como autor del asesinato del compositor Víctor Jara, y además le negó la libertad bajo fianza por haber diligencias judiciales pendientes. El jueves pasado, el juez Juan Carlos Urrutia encausó al ex uniformado al considerar que existen fundadas presunciones de que participó en los hechos o facilitó el crimen del artista, pues era el oficial de mayor graduación en un Estadio Chile convertido en 1973 en campo de prisioneros.
Jara (militante comunista y partidario del gobierno de la Unidad Popular) fue detenido el 12 de septiembre de ese año y fue interrogado por militares en el recinto deportivo hasta el 15 de ese mes, cuando fue fusilado por un pelotón de soldados.
La decisión del tribunal revocó lo dispuesto por el juez Urrutia, quien luego de procesar al militar en retiro le otorgó la libertad provisional. Por esta razón, deberá permanecer detenido en el Batallón de Telecomunicaciones del Ejército, en Santiago. Manríquez es el primer encausado por este emblemático crimen.
"Nos parece que esta es una resolución que se ajusta al mérito del proceso. Desgraciadamente, los antecedentes de la causa demuestran la responsabilidad del señor Manríquez en los hechos en que ha sido procesado", dijo el abogado querellante Nelson Caucoto.
En el texto de procesamiento del magistrado Urrutia, se establece que al cantautor se le fusiló en el mismo Estadio Chile y que previamente fue sometido a brutales golpizas que pusieron en peligro su vida. El jurista afirmó que los culatazos redujeron las manos de Jara (quien también era guitarrista) a una sola llaga.
En el proceso se afirma que el intérprete de Te recuerdo Amanda' recibió múltiples disparos, presumiblemente con armas automáticas, y que su cadáver fue arrojado con los cuerpos de otras cinco personas en los alrededores del Cementerio Metropolitano de Santiago, cerca de una línea férrea.
De acuerdo al testimonio de la viuda del artista, la británica Joan Jara, los restos fueron reconocidos por un joven comunista quien le dio aviso de lo ocurrido. Esta muerte causó indignación internacional y nunca se le perdonó a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
El año pasado, en el marco de la conmemoración del trigésimo aniversario del golpe militar, el nombre del Estadio Chile fue cambiado por el de Estadio Víctor Jara.
16 de diciembre de 2004
©tvazteca
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