la comparecencia de gonzáles
Gonzáles sufre serias críticas en comparecencia en el Senado.
Alberto R. Gonzáles desaprovechó ayer una importante oportunidad para rectificar su posición, y la del presidente Bush, sobre el encarcelamiento e interrogatorio de prisioneros extranjeros. En la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre su nominación a fiscal general, a Gonzáles se le ofreció repetidas veces la posibilidad de repudiar el consejo legal de que el presidente tiene atribuciones para ordenar la tortura [de prisioneros] en violación de leyes estadounidenses y para impedir el castigo de los torturadores. Se negó a hacerlo. Fue invitado a rechazar una resolución de 2002 redactada bajo su dirección de que infligir dolor que no cause daños físicos graves, fallo orgánico o la muerte, no es tortura. Respondió: "No estoy en desacuerdo con las conclusiones alcanzadas entonces". Tampoco condenó las técnicas de tortura, tales como la simulación de ahogar por inmersión, que fueron estudiadas y aprobadas durante reuniones en su oficina. "No es mi trabajo", dijo, decidir si eran apropiadas. Fue invitado a reflexionar sobre si la negación de las Convenciones de Ginebra había sido un error a la luz de las terribles violaciones de los derechos humanos sobre las que se informó posteriormente en Iraq, Afganistán y en la prisión de la Bahía de Guantánamo y que continúan hasta hoy. Gonzáles objetó. El error, respondió, no fue de medidas de la administración, sino de un "fracaso de adiestramiento y supervisión".
La impresión que dejó Gonzáles entre los senadores fue evidente: Como fiscal general no intentará cambiar las prácticas que condujeron a la tortura y asesinato de una veintena de detenidos y a ensombrecer de la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo. En lugar de eso, el gobierno de Bush continuará emitiendo declaraciones públicas como las que Gonzáles repitió ayer -"la tortura y los maltratos no serán tolerados por este gobierno"- mientras en la práctica continúa aprobando métodos que la Cruz Roja Internacional y muchos abogados del propio gobierno consideran ilegales e impropias.
Gonzáles no tiene las maneras de un picapedrero; en su comparecencia ayer demostró frecuentemente modestia y el buen talante por el que se le conoce. Los senadores de ambos partidos celebraron correctamente su surgimiento de una infancia pobre a un alto cargo público. Las prioridades que se propone como fiscal general sonaron bien: "la protección de los derechos civiles, la protección de nuestros derechos electorales, la protección de nuestras libertades públicas". Gonzáles dijo que le preocupaba la difusión de la pornografía y los crímenes violentos, así como el "uso de ciertos tipos de armas en conexión con esos crímenes". En importantes respectos, probablemente será menos ideológico, menos polémico y menos polarizador que el fiscal general saliente, John D. Ashcroft.
Sin embargo, Gonzáles pareció adrede obtuso sobre las consecuencias de sus consejos más importantes como abogado de la Casa Blanca. Repetidas veces tergiversó los crímenes de guerra que se han cometido, sugiriendo que se limitaban a aquellos mostrados en las fotografías y tomados por el "turno de noche" de Abu Ghraib, mientras que se sabe ahora que esos maltratos ocurrieron en todo Iraq, en Afganistán y en Guantánamo y que continuaron aún después de que las fotografías se hicieran públicas. Nuevamente ridiculizó y falseó las Convenciones de Ginebra, alegando que estas "limitan nuestra capacidad de sonsacar información de los detenidos" e impiden su procesamiento por crímenes de guerra -una interpretación que se aparta de la de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, el cuerpo jurídico de los militares, la Cruz Roja, el ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell y décadas de experiencia de guerra norteamericana.
Se le preguntó si creía que otros presidentes del mundo podría legítimamente torturar a ciudadanos estadounidenses. Dijo: "No sé qué leyes deben acatar otros presidentes del mundo". (Una de esas serían las Convenciones de Ginebra). Se le preguntó si "el personal estadounidense puede legalmente torturar en algunas circunstancias". Respondió: "No creo, pero trataré más tarde ese asunto". Se le preguntó si al menos estaba de acuerdo con Ashcroft, que dijo que no creía en la tortura porque no producía nada de valor. "No sé cómo llegar a una conclusión sobre ese tema", dijo. Los senadores que fueron capaces de sacar conclusiones claras sobre la tortura y sobre si Estados Unidos debería practicarla, tienen serios motivos de reserva sobre Gonzáles.
7 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Alberto R. Gonzáles desaprovechó ayer una importante oportunidad para rectificar su posición, y la del presidente Bush, sobre el encarcelamiento e interrogatorio de prisioneros extranjeros. En la audiencia del Comité Judicial del Senado sobre su nominación a fiscal general, a Gonzáles se le ofreció repetidas veces la posibilidad de repudiar el consejo legal de que el presidente tiene atribuciones para ordenar la tortura [de prisioneros] en violación de leyes estadounidenses y para impedir el castigo de los torturadores. Se negó a hacerlo. Fue invitado a rechazar una resolución de 2002 redactada bajo su dirección de que infligir dolor que no cause daños físicos graves, fallo orgánico o la muerte, no es tortura. Respondió: "No estoy en desacuerdo con las conclusiones alcanzadas entonces". Tampoco condenó las técnicas de tortura, tales como la simulación de ahogar por inmersión, que fueron estudiadas y aprobadas durante reuniones en su oficina. "No es mi trabajo", dijo, decidir si eran apropiadas. Fue invitado a reflexionar sobre si la negación de las Convenciones de Ginebra había sido un error a la luz de las terribles violaciones de los derechos humanos sobre las que se informó posteriormente en Iraq, Afganistán y en la prisión de la Bahía de Guantánamo y que continúan hasta hoy. Gonzáles objetó. El error, respondió, no fue de medidas de la administración, sino de un "fracaso de adiestramiento y supervisión".La impresión que dejó Gonzáles entre los senadores fue evidente: Como fiscal general no intentará cambiar las prácticas que condujeron a la tortura y asesinato de una veintena de detenidos y a ensombrecer de la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo. En lugar de eso, el gobierno de Bush continuará emitiendo declaraciones públicas como las que Gonzáles repitió ayer -"la tortura y los maltratos no serán tolerados por este gobierno"- mientras en la práctica continúa aprobando métodos que la Cruz Roja Internacional y muchos abogados del propio gobierno consideran ilegales e impropias.
Gonzáles no tiene las maneras de un picapedrero; en su comparecencia ayer demostró frecuentemente modestia y el buen talante por el que se le conoce. Los senadores de ambos partidos celebraron correctamente su surgimiento de una infancia pobre a un alto cargo público. Las prioridades que se propone como fiscal general sonaron bien: "la protección de los derechos civiles, la protección de nuestros derechos electorales, la protección de nuestras libertades públicas". Gonzáles dijo que le preocupaba la difusión de la pornografía y los crímenes violentos, así como el "uso de ciertos tipos de armas en conexión con esos crímenes". En importantes respectos, probablemente será menos ideológico, menos polémico y menos polarizador que el fiscal general saliente, John D. Ashcroft.
Sin embargo, Gonzáles pareció adrede obtuso sobre las consecuencias de sus consejos más importantes como abogado de la Casa Blanca. Repetidas veces tergiversó los crímenes de guerra que se han cometido, sugiriendo que se limitaban a aquellos mostrados en las fotografías y tomados por el "turno de noche" de Abu Ghraib, mientras que se sabe ahora que esos maltratos ocurrieron en todo Iraq, en Afganistán y en Guantánamo y que continuaron aún después de que las fotografías se hicieran públicas. Nuevamente ridiculizó y falseó las Convenciones de Ginebra, alegando que estas "limitan nuestra capacidad de sonsacar información de los detenidos" e impiden su procesamiento por crímenes de guerra -una interpretación que se aparta de la de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, el cuerpo jurídico de los militares, la Cruz Roja, el ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell y décadas de experiencia de guerra norteamericana.
Se le preguntó si creía que otros presidentes del mundo podría legítimamente torturar a ciudadanos estadounidenses. Dijo: "No sé qué leyes deben acatar otros presidentes del mundo". (Una de esas serían las Convenciones de Ginebra). Se le preguntó si "el personal estadounidense puede legalmente torturar en algunas circunstancias". Respondió: "No creo, pero trataré más tarde ese asunto". Se le preguntó si al menos estaba de acuerdo con Ashcroft, que dijo que no creía en la tortura porque no producía nada de valor. "No sé cómo llegar a una conclusión sobre ese tema", dijo. Los senadores que fueron capaces de sacar conclusiones claras sobre la tortura y sobre si Estados Unidos debería practicarla, tienen serios motivos de reserva sobre Gonzáles.
7 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
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zacarias -