justicia amplía definición de tortura
[Neil A. Lewis] El ministerio de Justicia estadounidense redefinió la tortura a principios de año.
Washington, Estados Unidos. El ministerio de Justicia ha ampliado su definición de tortura, retractándose significativamente de un memorándum de agosto de 2002 que definía la tortura de manera extremadamente estrecha y afirmaba que el presidente Bush podía ignorar las prohibiciones internas e internacionales de la tortura en nombre de la seguridad nacional.
La nueva definición se encuentra en un memorándum publicado en la página web del ministerio el jueves por la noche, sin un anuncio público previo. Fue publicado una semana antes de que el Comité Judicial del Senado interrogara a Alberto R. González, el abogado de la Casa Blanca y nominado para el cargo de fiscal general, sobre su papel en la formulación de las medidas legales que según los críticos permitieron las tortuas en la prisión de Abu Ghraib en Iraq y en Bahía Guantánamo, Cuba.
El nuevo memorándum, reportado primero por el Wall Street Journal y el Washignton Post, deja atrás gran parte la definición de agosto de 2002, especialmente la parte que afirmaba que los malos tratos constituían tortura sólo si resultaba en dolores severos equivalentes a los asociados con el paro orgánico o la muerte.
"La tortura es aberrante tanto para las leyes y valores estadounidenses como para las normas internacionales", dice el nuevo memorándum, escrito por Daniel Levin, el fiscal general suplente a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, que propuso la primera definición.
Gonzáles, que acude ante el Comité del Senado para las audiencias de confirmación, actuó como supervisor y coordinador del gobierno cuando los abogados redactaron nuevos análisis sobre los límites de las técnicas coercitivas en interrogatorios y el alcance de las atribuciones presidenciales en la lucha contra los terroristas.
Un memorándum de enero de 2002 al presidente Bush que firmó Gonzáles se unía al ministerio de Justicia en afirmar que las Convenciones de Ginebra no eran vinculantes para Estados Unidos en su tratamiento de los detenidos capturados en combate en Afganistán.
El memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 y un memorándum posterior del comité de asesoría jurídica del gobierno con conclusiones similares fueron ampliamente denunciados en el Congreso y por grupos de derechos humanos como los fundamentos de la condición de los detenidos que condujo a los maltratos en Abu Ghraib y en el centro de detención de Guantánamo.
Gonzáles ha insistido antes en que ni él ni el presidente Bush aprueban la tortura.
Pero el cambio podría subrayar lo que ha sido una política indiscutida del gobierno al menos hasta junio, cuando funcionarios dijeron que ya no era aplicable y debía ser rescrita. Esa posición se tomó poco después de que se revelara la existencia del memorándum de agosto de 2002.
Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que ha denunciado al gobierno por sus métodos de interrogatorio, dijo el viernes que la redefinición "deja en claro que la primera definición no eran sólo elaboraciones intelectuales de algunos abogados sobre los límites de lo posible".
"Quiere decir que ha sido implementada de alguna manera", dijo Ratner. "Obliga al gobierno a decir qué prácticas exactamente fueron implementadas bajo esos auspicios".
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en mensajes privados al gobierno de Estados Unidos que personal estadounidense ha torturado a detenidos, tanto en Iraq como en Guantánamo.
El memorándum de 2002 fue firmado por Jay S. Bybee, que era entonces director de la oficina de asesoría jurídica del ministerio de Justicia. Ahora juez del tribunal federal de apelaciones de Nevada, Bybee se ha negado a comentar el asunto.
Gran parte del memorándum se dedica a la Convención contra la Tortura y a leyes aprobadas por el Congreso que le otorgan fuerza de ley. "Concluimos que la tortura, tal como es definida y proscrita por" la ley y el tratado cubre sólo acciones extremas y dolor severo", dice.
También dice: "Cuando el dolor es físico, debe ser de una intensidad similar a la que acompaña a lesiones físicas graves, como la muerte o en fallo orgánico. El dolor mental severo no debe ocurrir sólo al momento en que se inflige sino requiere daños psicológicos permanentes".
Al revisar ese punto de vista, el memorándum actual analiza de manera diferente el lenguaje y el tratado de manera diferente, diciendo, por ejemplo, que la tortura incluye "lesiones físicas severas" así como "dolores físicos severos". El memorándum de Bybee trató de limitar la tortura a dolores físicos severos. Pero el nuevo memorándum también observa que el sufrimiento físico es difícil de definir.
Una diferencia es que el nuevo memorándum rechaza la afirmación anterior de que sólo se puede hablar de tortura si el interrogador quiso causar el daño resultante.
David Scheffer, un funcionario de derechos humanos del ministerio de Asuntos Exteriores en el gobierno de Clinton, que enseña leyes en la Universidad de George Washington, dijo el viernes que mientras el cambio del ministerio de Justicia era loable, todavía era demasiado flexible en su definición de tortura, dejando demasiadas decisiones en manos de los interrogadores.
El nuevo memorándum trata el tema de las primeras definiciones que garantizaban al presidente la atribución de autorizar la tortura diciendo que el ministerio de Justicia ya no necesitaba detenerse sobre el asunto porque "esa autoridad sería inconsistente con la directriz inequívoca del presidente de que el personal estadounidense no debe aplicar torturas".
El portavoz de Bush en Crawford, Tejas, Trent Duffy, dijo el viernes que mientras el ministerio de Justicia había tomado la iniciativa en el asunto, solicitó sin embargo la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. Lo esencial de los comentarios "reiteraban la determinación del presidente de que Estados Unidos nunca practique la tortura", dijo Duffy.
10 de enero de 2005
©new york times
©traducción mQh
"
Washington, Estados Unidos. El ministerio de Justicia ha ampliado su definición de tortura, retractándose significativamente de un memorándum de agosto de 2002 que definía la tortura de manera extremadamente estrecha y afirmaba que el presidente Bush podía ignorar las prohibiciones internas e internacionales de la tortura en nombre de la seguridad nacional.La nueva definición se encuentra en un memorándum publicado en la página web del ministerio el jueves por la noche, sin un anuncio público previo. Fue publicado una semana antes de que el Comité Judicial del Senado interrogara a Alberto R. González, el abogado de la Casa Blanca y nominado para el cargo de fiscal general, sobre su papel en la formulación de las medidas legales que según los críticos permitieron las tortuas en la prisión de Abu Ghraib en Iraq y en Bahía Guantánamo, Cuba.
El nuevo memorándum, reportado primero por el Wall Street Journal y el Washignton Post, deja atrás gran parte la definición de agosto de 2002, especialmente la parte que afirmaba que los malos tratos constituían tortura sólo si resultaba en dolores severos equivalentes a los asociados con el paro orgánico o la muerte.
"La tortura es aberrante tanto para las leyes y valores estadounidenses como para las normas internacionales", dice el nuevo memorándum, escrito por Daniel Levin, el fiscal general suplente a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, que propuso la primera definición.
Gonzáles, que acude ante el Comité del Senado para las audiencias de confirmación, actuó como supervisor y coordinador del gobierno cuando los abogados redactaron nuevos análisis sobre los límites de las técnicas coercitivas en interrogatorios y el alcance de las atribuciones presidenciales en la lucha contra los terroristas.
Un memorándum de enero de 2002 al presidente Bush que firmó Gonzáles se unía al ministerio de Justicia en afirmar que las Convenciones de Ginebra no eran vinculantes para Estados Unidos en su tratamiento de los detenidos capturados en combate en Afganistán.
El memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 y un memorándum posterior del comité de asesoría jurídica del gobierno con conclusiones similares fueron ampliamente denunciados en el Congreso y por grupos de derechos humanos como los fundamentos de la condición de los detenidos que condujo a los maltratos en Abu Ghraib y en el centro de detención de Guantánamo.
Gonzáles ha insistido antes en que ni él ni el presidente Bush aprueban la tortura.
Pero el cambio podría subrayar lo que ha sido una política indiscutida del gobierno al menos hasta junio, cuando funcionarios dijeron que ya no era aplicable y debía ser rescrita. Esa posición se tomó poco después de que se revelara la existencia del memorándum de agosto de 2002.
Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que ha denunciado al gobierno por sus métodos de interrogatorio, dijo el viernes que la redefinición "deja en claro que la primera definición no eran sólo elaboraciones intelectuales de algunos abogados sobre los límites de lo posible".
"Quiere decir que ha sido implementada de alguna manera", dijo Ratner. "Obliga al gobierno a decir qué prácticas exactamente fueron implementadas bajo esos auspicios".
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en mensajes privados al gobierno de Estados Unidos que personal estadounidense ha torturado a detenidos, tanto en Iraq como en Guantánamo.
El memorándum de 2002 fue firmado por Jay S. Bybee, que era entonces director de la oficina de asesoría jurídica del ministerio de Justicia. Ahora juez del tribunal federal de apelaciones de Nevada, Bybee se ha negado a comentar el asunto.
Gran parte del memorándum se dedica a la Convención contra la Tortura y a leyes aprobadas por el Congreso que le otorgan fuerza de ley. "Concluimos que la tortura, tal como es definida y proscrita por" la ley y el tratado cubre sólo acciones extremas y dolor severo", dice.
También dice: "Cuando el dolor es físico, debe ser de una intensidad similar a la que acompaña a lesiones físicas graves, como la muerte o en fallo orgánico. El dolor mental severo no debe ocurrir sólo al momento en que se inflige sino requiere daños psicológicos permanentes".
Al revisar ese punto de vista, el memorándum actual analiza de manera diferente el lenguaje y el tratado de manera diferente, diciendo, por ejemplo, que la tortura incluye "lesiones físicas severas" así como "dolores físicos severos". El memorándum de Bybee trató de limitar la tortura a dolores físicos severos. Pero el nuevo memorándum también observa que el sufrimiento físico es difícil de definir.
Una diferencia es que el nuevo memorándum rechaza la afirmación anterior de que sólo se puede hablar de tortura si el interrogador quiso causar el daño resultante.
David Scheffer, un funcionario de derechos humanos del ministerio de Asuntos Exteriores en el gobierno de Clinton, que enseña leyes en la Universidad de George Washington, dijo el viernes que mientras el cambio del ministerio de Justicia era loable, todavía era demasiado flexible en su definición de tortura, dejando demasiadas decisiones en manos de los interrogadores.
El nuevo memorándum trata el tema de las primeras definiciones que garantizaban al presidente la atribución de autorizar la tortura diciendo que el ministerio de Justicia ya no necesitaba detenerse sobre el asunto porque "esa autoridad sería inconsistente con la directriz inequívoca del presidente de que el personal estadounidense no debe aplicar torturas".
El portavoz de Bush en Crawford, Tejas, Trent Duffy, dijo el viernes que mientras el ministerio de Justicia había tomado la iniciativa en el asunto, solicitó sin embargo la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. Lo esencial de los comentarios "reiteraban la determinación del presidente de que Estados Unidos nunca practique la tortura", dijo Duffy.
10 de enero de 2005
©new york times
©traducción mQh
"
0 comentarios