buena vida de ex dictadores
[Mary Jordan] Ex dictadores latinoamericanos viven confinados, pero bien. A pesar de sus crímenes y robos, ninguno está en prisión.
Antigua, Guatemala. Efraín Ríos Montt, el ex dictador que presidió una de las épocas más sangrientas de la historia de Guatemala, ha estado bajo arresto domiciliario en la capital desde principios del año pasado. Está acusado de incitar a la rebelión y está siendo investigado por genocidio por el asesinato de miles de personas durante una campaña militar en los años ochenta contra rebeldes marxistas.
Pero hace varias semanas el general retirado dio una grandiosa fiesta en su mansión para celebrar las bodas de su hija en esta colonial ciudad a los pies de unos volcanes de tarjeta postal. Fluyó el whisky y la lista de invitados incluía al embajador norteamericano y a un miembro del Congreso estadounidense, que era también el novio.
Ríos Montt es uno más de la docena de ex dictadores latinoamericanos que están bajo investigación de cargos criminales que van desde el asesinato hasta el desfalco, y sin embargo continúan gozando de las comodidades de casa e incluso llevando una vida social en gran estilo, despertando la ira de los ciudadanos de a pie y de los grupos de derechos humanos en todo el país.
"Otra gente paga por sus crímenes en la cárcel, así qué ¿cómo es que Ríos Montt está en su casa y ofreciendo banquetes?", dice José Luis Quintanilla, 37, un vendedor ambulante que vende ropa usada en las calles de Ciudad de Guatemala. "La gente está indignada".
Desde México a Chile, antiguos presidentes hacen frente a investigaciones criminales -pero ninguno está tras las rejas. La mayoría de ellos no pueden salir de sus países, y cuatro de ellos, incluyendo a Ríos Montt, se encuentran bajo arresto domiciliario. Pero en la mayoría de los casos, acusan los críticos, son tratados con guante de terciopelo, un tratamiento que no recibiría ningún ciudadano corriente acusado de los mismos crímenes.
El ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, que fue condenado en diciembre de 2003 y sentenciado a 20 años por corrupción y el desfalco de 100 millones de dólares de las arcas públicas, está cumpliendo la sentencia en su propio rancho en las afueras de la capital. Alemán, que dirigió Nicaragua desde 1997 a 2002, pasó unos meses en prisión antes de volver a casa, pero fue en una sección especial con comodidades extras que incluían aire acondicionado, televisión de cable y masajes.
"Es escandaloso", dice Alberto Novoa, el fiscal general de Nicaragua. "Por supuesto es injusto".
Muchos fiscales y activistas de derechos humanos dicen que el cómodo confinamiento de que gozan los antiguos presidentes demuestra cómo la influencia política a menudo supera a los débiles sistemas judiciales en gran parte de América Latina. Jueces individuales, antes que jurados, presiden normalmente casos criminales, y los críticos dicen que muchos son dominados por personajes poderosos en regiones que todavía deben luchar contra un legado de autoritarismo.
Sin embargo, activistas de derechos humanos y otros dicen que el número récord de juicios criminales contra antiguos dictadores es en sí mismo un avance que habría sido impensable hace algunos años.
"Creo personalmente que esos políticos deberían estar en una cárcel normal", dice Frank LaRue, un abogado que encabeza la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en Guatemala. "Pero estamos avanzando en la dirección correcta. Hace algunos años los ex presidentes no podían ser enjuiciados de ninguna manera".
LaRue ha ayudado a presentar la acusación contra Ríos Montt, cuyo mandato de 1982 a 1983 coincidió con una de las más terribles masacres en la guerra civil de 36 años de Guatemala. Murieron más de 200.000 personas en ese conflicto, la gran mayoría de ellas a manos de los militares.
La mayoría de los ex presidentes están también implicados en el robo de fondos del estado o en sobornos.
En Costa Rica el antiguo presidente Miguel Ángel Rodríguez, que dejó el cargo en 2002, fue puesto bajo arresto domiciliario en octubre por acusaciones de haberse metido al bolsillo una parte de un soborno de 2.4 millones de dólares pagados por la compañía francesa de telecomunicaciones, Alcatel. Rodríguez fue obligado a renunciar como secretario general de la Organización de Estados Americanos poco después de haber sido jurado en el cargo a causa del escándalo. Todavía no ha sido acusado formalmente.
En Panamá la antiguo presidente Mireya Moscoso, cuyo mandato terminó el año pasado, hace frente a pesquisas sobre unos 70 millones de dólares de fondos del estado que se esfumaron durante su gobierno. Tampoco ha sido acusada formalmente.
Alemán, de Nicaragua, se ha transformado en un elocuente símbolo del abuso de poder. Su fortuna personal se infló cuando dirigía un país donde mucha gente gana menos de 2 dólares al día. Los fiscales han mostrado documentos que demuestran que él y su esposa gastaron enormes cantidades de dinero usando tarjetas de crédito del gobierno, incluyendo una cuenta de 13.755 dólares del Hotel Ritz Carlton, en Bali, y una de 68.506 dólares por gastos de hotel y artesanías en India.
Alemán, 58, sufre de varias afecciones, muchas de ellas relacionadas con su obesidad, dicen sus abogados. Fue sobre bases médicas que el juez le permitió el año pasado volver a su frondosa hacienda, donde puede recibir libremente a visitas y usar su teléfono móvil.
En Chile, el más notorio de los antiguos dictadores latinoamericanos también está bajo arresto domiciliario en una casa de campo en las afueras de Santiago. El general Augusto Pinochet fue acusado el año pasado del secuestro y asesinato de opositores en el exilio cuando encabezaba el gobierno militar de 1973 a 1990.
Al menos 1.200 personas que fueron detenidas por las fuerzas armadas y la policía secreta durante esa era desaparecieron y se presume que fueron asesinadas. Entre los cargos contra Pinochet está el asesinato con bomba el 21 de septiembre de 1976 contra el ex ministro de Asuntos Exteriores, Orlando Letelier, y su ayudante, Ronni Moffitt, en la Rotonda de Sheridan en el noroeste de Washington.
En México el antiguo presidente Luis Echeverría es el blanco de una pesquisa especial de los fiscales por el asesinato de estudiantes y otros activistas anti-gubernamentales durante su mandato de 1970 a 1976. El verano pasado, el fiscal pidió al juez que emitiera una orden de arresto acusando a Echeverría de genocidio. El juez se negó.
Mientras el fiscal ha jurado seguir presentando cargos criminales, Echeverría, 82, vive en su cómoda casa de Cuernavaca, un lujoso balneario al sur de Ciudad de México.
Otro ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, también está bajo investigación criminal y ha huido hacia México. Las autoridades guatemaltecas han pedido ayuda a Estados Unidos para trazar las operaciones financieras de Portillo. Entretanto, su vice-presidente, ministro de finanzas y otros importantes personeros de su gobierno están en la cárcel por cargos de corrupción.
Aquí en Antigua, famosa por sus calles empedradas e impresionantes vistas de altos volcanes, las noticias de que Ríos Montt estaba ofreciendo una fiesta de bodas mientras cumple arresto domiciliario fue particularmente irritante.
La hija de Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, una senadora guatemalteca, se casó en noviembre con el republicano Gerald C. Weller (Illinois) y Ríos Montt ofreció un banquete en su enorme casa de fin de semana. John Hamilton, el embajador norteamericano, se encontraba entre los invitados.
"La gente con poder puede comprar la ley", dice Miguel Ángel López, 49, estaba ante la mansión del ex dictador, que es protegida por una muralla de piedra de 750 metros de largo con una doble hilera de alambres de púa. Cuando se abren las puertas se divisa una extenso prado.
No había nada ilegal en el hecho de que Ríos Montt ofrezca un banquete. Víctor Hugo Herrera, el juez del caso, dijo en una entrevista que Ríos Montt pidió permiso para viajar las 50 kilómetros desde su casa en Ciudad de Guatemala hasta su mansión en Antigua por "razones políticas". Dijo que leyó más tarde en un diario que Ríos Montt había asistido a las bodas de su hija.
Herrera dijo que había autorizado la petición de Ríos Montt porque "cumplía con las reglas" de su confinamiento. Dijo que las normas le permitían dejar su casa provisto que permaneciera en Ciudad de Guatemala, pero que viajar fuera de la capital requería un permiso.
Está bajo arresto domiciliario, dijo el juez, tras ser acusado de organizar una revuelta de miles de sus partidarios en Ciudad de Guatemala en julio de 2003 en la que murió un periodista guatemalteco.
Activistas de derechos humanos aquí dijeron que acusar a Ríos Montt de ese Jueves Negro' de la revuelta era como acusar a Al Capone de evasión de impuestos. "Él es el símbolo del genocidio", dijo LaRue, el funcionario de derechos humanos.
Pero el equipo de tres miembros del fiscal general, que está investigando lo que muchos llaman la campaña de tierra arrasada' de Ríos Montt para eliminar a rebeldes anti-gubernamentales, hace enfrenta a una ardua tarea.
Una de las fiscales, Sandra Sosa Stewart, dijo que el equipo está trabajando con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y analizando huesos desenterrados en la exhumación de fosas comunes encontradas en todo el país. "No tenemos suficiente gente", dijo. "Incluso no tenemos acceso a internet".
A pesar de las dificultades, Juan Luis Pons, otro activista de derechos humanos, dijo que las investigaciones criminales de ex dictadores latinoamericanos, incluyendo a Ríos Montt, constituyen una "pequeña esperanza para la gente" de que los presidentes no se encuentran por encima de la ley.
Sin embargo, agregó, la vista de un ex dictador bajo investigación criminal y arresto domiciliario ofreciendo una boda para 300 personas, incluyendo entre los invitados a la elite guatemalteca, "muestra que la justicia en América Latina todavía depende de la política".
8 de enero de 2005
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Antigua, Guatemala. Efraín Ríos Montt, el ex dictador que presidió una de las épocas más sangrientas de la historia de Guatemala, ha estado bajo arresto domiciliario en la capital desde principios del año pasado. Está acusado de incitar a la rebelión y está siendo investigado por genocidio por el asesinato de miles de personas durante una campaña militar en los años ochenta contra rebeldes marxistas.Pero hace varias semanas el general retirado dio una grandiosa fiesta en su mansión para celebrar las bodas de su hija en esta colonial ciudad a los pies de unos volcanes de tarjeta postal. Fluyó el whisky y la lista de invitados incluía al embajador norteamericano y a un miembro del Congreso estadounidense, que era también el novio.
Ríos Montt es uno más de la docena de ex dictadores latinoamericanos que están bajo investigación de cargos criminales que van desde el asesinato hasta el desfalco, y sin embargo continúan gozando de las comodidades de casa e incluso llevando una vida social en gran estilo, despertando la ira de los ciudadanos de a pie y de los grupos de derechos humanos en todo el país.
"Otra gente paga por sus crímenes en la cárcel, así qué ¿cómo es que Ríos Montt está en su casa y ofreciendo banquetes?", dice José Luis Quintanilla, 37, un vendedor ambulante que vende ropa usada en las calles de Ciudad de Guatemala. "La gente está indignada".
Desde México a Chile, antiguos presidentes hacen frente a investigaciones criminales -pero ninguno está tras las rejas. La mayoría de ellos no pueden salir de sus países, y cuatro de ellos, incluyendo a Ríos Montt, se encuentran bajo arresto domiciliario. Pero en la mayoría de los casos, acusan los críticos, son tratados con guante de terciopelo, un tratamiento que no recibiría ningún ciudadano corriente acusado de los mismos crímenes.
El ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, que fue condenado en diciembre de 2003 y sentenciado a 20 años por corrupción y el desfalco de 100 millones de dólares de las arcas públicas, está cumpliendo la sentencia en su propio rancho en las afueras de la capital. Alemán, que dirigió Nicaragua desde 1997 a 2002, pasó unos meses en prisión antes de volver a casa, pero fue en una sección especial con comodidades extras que incluían aire acondicionado, televisión de cable y masajes.
"Es escandaloso", dice Alberto Novoa, el fiscal general de Nicaragua. "Por supuesto es injusto".
Muchos fiscales y activistas de derechos humanos dicen que el cómodo confinamiento de que gozan los antiguos presidentes demuestra cómo la influencia política a menudo supera a los débiles sistemas judiciales en gran parte de América Latina. Jueces individuales, antes que jurados, presiden normalmente casos criminales, y los críticos dicen que muchos son dominados por personajes poderosos en regiones que todavía deben luchar contra un legado de autoritarismo.
Sin embargo, activistas de derechos humanos y otros dicen que el número récord de juicios criminales contra antiguos dictadores es en sí mismo un avance que habría sido impensable hace algunos años.
"Creo personalmente que esos políticos deberían estar en una cárcel normal", dice Frank LaRue, un abogado que encabeza la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en Guatemala. "Pero estamos avanzando en la dirección correcta. Hace algunos años los ex presidentes no podían ser enjuiciados de ninguna manera".
LaRue ha ayudado a presentar la acusación contra Ríos Montt, cuyo mandato de 1982 a 1983 coincidió con una de las más terribles masacres en la guerra civil de 36 años de Guatemala. Murieron más de 200.000 personas en ese conflicto, la gran mayoría de ellas a manos de los militares.
La mayoría de los ex presidentes están también implicados en el robo de fondos del estado o en sobornos.
En Costa Rica el antiguo presidente Miguel Ángel Rodríguez, que dejó el cargo en 2002, fue puesto bajo arresto domiciliario en octubre por acusaciones de haberse metido al bolsillo una parte de un soborno de 2.4 millones de dólares pagados por la compañía francesa de telecomunicaciones, Alcatel. Rodríguez fue obligado a renunciar como secretario general de la Organización de Estados Americanos poco después de haber sido jurado en el cargo a causa del escándalo. Todavía no ha sido acusado formalmente.
En Panamá la antiguo presidente Mireya Moscoso, cuyo mandato terminó el año pasado, hace frente a pesquisas sobre unos 70 millones de dólares de fondos del estado que se esfumaron durante su gobierno. Tampoco ha sido acusada formalmente.
Alemán, de Nicaragua, se ha transformado en un elocuente símbolo del abuso de poder. Su fortuna personal se infló cuando dirigía un país donde mucha gente gana menos de 2 dólares al día. Los fiscales han mostrado documentos que demuestran que él y su esposa gastaron enormes cantidades de dinero usando tarjetas de crédito del gobierno, incluyendo una cuenta de 13.755 dólares del Hotel Ritz Carlton, en Bali, y una de 68.506 dólares por gastos de hotel y artesanías en India.
Alemán, 58, sufre de varias afecciones, muchas de ellas relacionadas con su obesidad, dicen sus abogados. Fue sobre bases médicas que el juez le permitió el año pasado volver a su frondosa hacienda, donde puede recibir libremente a visitas y usar su teléfono móvil.
En Chile, el más notorio de los antiguos dictadores latinoamericanos también está bajo arresto domiciliario en una casa de campo en las afueras de Santiago. El general Augusto Pinochet fue acusado el año pasado del secuestro y asesinato de opositores en el exilio cuando encabezaba el gobierno militar de 1973 a 1990.
Al menos 1.200 personas que fueron detenidas por las fuerzas armadas y la policía secreta durante esa era desaparecieron y se presume que fueron asesinadas. Entre los cargos contra Pinochet está el asesinato con bomba el 21 de septiembre de 1976 contra el ex ministro de Asuntos Exteriores, Orlando Letelier, y su ayudante, Ronni Moffitt, en la Rotonda de Sheridan en el noroeste de Washington.
En México el antiguo presidente Luis Echeverría es el blanco de una pesquisa especial de los fiscales por el asesinato de estudiantes y otros activistas anti-gubernamentales durante su mandato de 1970 a 1976. El verano pasado, el fiscal pidió al juez que emitiera una orden de arresto acusando a Echeverría de genocidio. El juez se negó.
Mientras el fiscal ha jurado seguir presentando cargos criminales, Echeverría, 82, vive en su cómoda casa de Cuernavaca, un lujoso balneario al sur de Ciudad de México.
Otro ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, también está bajo investigación criminal y ha huido hacia México. Las autoridades guatemaltecas han pedido ayuda a Estados Unidos para trazar las operaciones financieras de Portillo. Entretanto, su vice-presidente, ministro de finanzas y otros importantes personeros de su gobierno están en la cárcel por cargos de corrupción.
Aquí en Antigua, famosa por sus calles empedradas e impresionantes vistas de altos volcanes, las noticias de que Ríos Montt estaba ofreciendo una fiesta de bodas mientras cumple arresto domiciliario fue particularmente irritante.
La hija de Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, una senadora guatemalteca, se casó en noviembre con el republicano Gerald C. Weller (Illinois) y Ríos Montt ofreció un banquete en su enorme casa de fin de semana. John Hamilton, el embajador norteamericano, se encontraba entre los invitados.
"La gente con poder puede comprar la ley", dice Miguel Ángel López, 49, estaba ante la mansión del ex dictador, que es protegida por una muralla de piedra de 750 metros de largo con una doble hilera de alambres de púa. Cuando se abren las puertas se divisa una extenso prado.
No había nada ilegal en el hecho de que Ríos Montt ofrezca un banquete. Víctor Hugo Herrera, el juez del caso, dijo en una entrevista que Ríos Montt pidió permiso para viajar las 50 kilómetros desde su casa en Ciudad de Guatemala hasta su mansión en Antigua por "razones políticas". Dijo que leyó más tarde en un diario que Ríos Montt había asistido a las bodas de su hija.
Herrera dijo que había autorizado la petición de Ríos Montt porque "cumplía con las reglas" de su confinamiento. Dijo que las normas le permitían dejar su casa provisto que permaneciera en Ciudad de Guatemala, pero que viajar fuera de la capital requería un permiso.
Está bajo arresto domiciliario, dijo el juez, tras ser acusado de organizar una revuelta de miles de sus partidarios en Ciudad de Guatemala en julio de 2003 en la que murió un periodista guatemalteco.
Activistas de derechos humanos aquí dijeron que acusar a Ríos Montt de ese Jueves Negro' de la revuelta era como acusar a Al Capone de evasión de impuestos. "Él es el símbolo del genocidio", dijo LaRue, el funcionario de derechos humanos.
Pero el equipo de tres miembros del fiscal general, que está investigando lo que muchos llaman la campaña de tierra arrasada' de Ríos Montt para eliminar a rebeldes anti-gubernamentales, hace enfrenta a una ardua tarea.
Una de las fiscales, Sandra Sosa Stewart, dijo que el equipo está trabajando con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y analizando huesos desenterrados en la exhumación de fosas comunes encontradas en todo el país. "No tenemos suficiente gente", dijo. "Incluso no tenemos acceso a internet".
A pesar de las dificultades, Juan Luis Pons, otro activista de derechos humanos, dijo que las investigaciones criminales de ex dictadores latinoamericanos, incluyendo a Ríos Montt, constituyen una "pequeña esperanza para la gente" de que los presidentes no se encuentran por encima de la ley.
Sin embargo, agregó, la vista de un ex dictador bajo investigación criminal y arresto domiciliario ofreciendo una boda para 300 personas, incluyendo entre los invitados a la elite guatemalteca, "muestra que la justicia en América Latina todavía depende de la política".
8 de enero de 2005
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
0 comentarios