proceso por masacre de tlatelolco
[Kevin Sullivan] México acusará de genocidio a funcionarios por masacre de 1968.
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.
En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
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