colombia y los paramilitares
Colombia quiere hacer las paces con los grupos paramilitares de extrema derecha. Les ofrece impunidad por el asesinato de decenas de miles de personas.
En 2003 el gobierno colombiano ofreció a los jefes paramilitares de extrema derecha preocupados de ser extraditados a Estados Unidos un ventajoso trato: paguen una multa y no serán encarcelados. Tras el escándalo de la opinión pública, el gobierno modificó la propuesta: los miembros de los paramilitares, incluyendo a importantes traficantes de drogas y asesinos en masa, podrían deponer las armas a cambio de breves períodos en la cárcel. Podrían conservar sus botines de guerra y no serían obligados a colaborar con los investigadores. Podría continuar siendo mafiosos y criminales, sin que nadie les molestara. El embajador de Estados Unidos en Colombia apoyó públicamente ambas propuestas. Afortunadamente otros países que colaboran en el proceso de paz en Colombia no lo hicieron, y el plan fue desechado.
El presidente Álvaro Uribe ha mejorado nuevamente la propuesta de desmovilización, justo a tiempo para una reunión hoy en Cartagena con representantes de los países donantes. Todavía pueden no aprobar ese plan. Mientras que la última propuesta es algo más dura, es todavía demasiado vaga y llena de lagunas para desmantelar estas organizaciones criminales. A las nuevas ideas también les faltan algunas piezas claves. Para comenzar, el gobierno exigirá que los jefes paramilitares confiesen sus crímenes antes de obtener condenas reducidas, pero no los castiga por mentir o por omisiones.
Los paramilitares colombianos han asesinado a decenas de miles de personas y se han enriquecido robando las tierras de cientos de miles más. Controlan un 40 por ciento de las exportaciones de cocaína de Colombia. Su riqueza las transforma en una peligrosa fuerza. Un jefe paramilitar fanfarroneó que los grupos de extrema derecha controlaban a un tercio del Congreso.
El gobierno de Uribe parece haberse convertido para consumo internacional, y puede abandonar las modificaciones del plan tan pronto como reciba el dinero. Uribe debe volver a reunirse con los donantes con una ley sólida, que implique el desmantelamiento de los grupos paramilitares y reparaciones a cambio de condenas de cárcel reducidas. Cualquier cosa menos que eso no merece apoyo internacional.
3 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
En 2003 el gobierno colombiano ofreció a los jefes paramilitares de extrema derecha preocupados de ser extraditados a Estados Unidos un ventajoso trato: paguen una multa y no serán encarcelados. Tras el escándalo de la opinión pública, el gobierno modificó la propuesta: los miembros de los paramilitares, incluyendo a importantes traficantes de drogas y asesinos en masa, podrían deponer las armas a cambio de breves períodos en la cárcel. Podrían conservar sus botines de guerra y no serían obligados a colaborar con los investigadores. Podría continuar siendo mafiosos y criminales, sin que nadie les molestara. El embajador de Estados Unidos en Colombia apoyó públicamente ambas propuestas. Afortunadamente otros países que colaboran en el proceso de paz en Colombia no lo hicieron, y el plan fue desechado.El presidente Álvaro Uribe ha mejorado nuevamente la propuesta de desmovilización, justo a tiempo para una reunión hoy en Cartagena con representantes de los países donantes. Todavía pueden no aprobar ese plan. Mientras que la última propuesta es algo más dura, es todavía demasiado vaga y llena de lagunas para desmantelar estas organizaciones criminales. A las nuevas ideas también les faltan algunas piezas claves. Para comenzar, el gobierno exigirá que los jefes paramilitares confiesen sus crímenes antes de obtener condenas reducidas, pero no los castiga por mentir o por omisiones.
Los paramilitares colombianos han asesinado a decenas de miles de personas y se han enriquecido robando las tierras de cientos de miles más. Controlan un 40 por ciento de las exportaciones de cocaína de Colombia. Su riqueza las transforma en una peligrosa fuerza. Un jefe paramilitar fanfarroneó que los grupos de extrema derecha controlaban a un tercio del Congreso.
El gobierno de Uribe parece haberse convertido para consumo internacional, y puede abandonar las modificaciones del plan tan pronto como reciba el dinero. Uribe debe volver a reunirse con los donantes con una ley sólida, que implique el desmantelamiento de los grupos paramilitares y reparaciones a cambio de condenas de cárcel reducidas. Cualquier cosa menos que eso no merece apoyo internacional.
3 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
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