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justicia en afganistán


[Victoria Burnett] Los abusos deben ser castigados, dicen los afganos a sus líderes. Kabul considera arriesgado juzgar a los señores de la guerra.
Kabul, Estados Unidos. La voz de S.M. Saidi se rompió cuando recordó las seis semanas que fue prisionero del servicio de inteligencia de los talibanes. El hombre elegante con corbata y pantalones bien planchados, bajó la vista y dejó escapar un largo y estremecedor suspiro.
"De sólo pensar en ello me siento ansioso y con miedo", dijo, moviendo nerviosamente una pierna. "No lo olvidaré nunca".
Mientras Afganistán sale de la sombra de 23 años de guerra, el país está dando sus primeros pasos para enfrentarse a su espantoso pasado. En un sondeo dado a conocer el mes pasado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos afgana preguntó a 6.000 afganos cómo debería enfrentar el país su oscura historia, explorando medios como tribunales, comisiones de la verdad, compensaciones y amnistía.
El informe refleja un ansia de justicia entre afganos corrientes e insta al gobierno a nombrar un fiscal especial dentro de dos años y a formar un tribunal que se ocupe de juicios de guerra dentro de cuatro. Pero no está claro que el gobierno del presidente Hamid Karzai esté dispuesto a tomar medidas de riesgo político al enfrentarse a los horrores de la guerra y a los que los cometieron.
Hombres como Saidi son demasiado comunes en Afganistán. Un piloto de aerolíneas de 59 años, Saidi fue arrestado por agentes de inteligencia en 2000 y acusado de espiar para la Alianza del Norte, una fuerza militar que luchaba contra los talibanes en el extremo norte del país.
Fue detenido en el cuartel general del servicio secreto en Kabul central. Allá fue agarrado en el suelo mientras unos hombres lo apretaban con sus rodillas en el cuello y fue azotado con un grueso cable.
Pero todavía peor que sus propias palizas, dijo, era mirar a los guardias azotar a otros y escuchar sus gritos.
"Todavía me duele el cuerpo. En mis brazos y piernas", dijo. "Me deprimo y no puedo dormir".
Más de dos décadas de guerra, regímenes sucesivos y facciones haciéndose la guerra mataron, mutilaron, encarcelaron y torturaron a millones de civiles afganos. De acuerdo a un estudio de la comisión de derechos, el 69 por ciento de los entrevistados dijo que ellos, o algún familiar directo, habían sido víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Durante los años de la ocupación soviética y el régimen comunista respaldado por los soviéticos, entre 1978 y 1992 miles de activistas políticas fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. Durante los siguientes cuatro años, los grupos muyahedines que derrocaron el régimen comunista se pelearon unos a otros por el poder, reduciendo áreas de la capital, Kabul, a un yermo.
Fue en ese vacío caótico que aparecieron los talibanes en 1996, con un régimen despótico que escenificaba ejecuciones y amputaciones en áreas deportivas y prohibía mostrarse en público, que los niños elevaran cometas y que los hombres se cortaran las barbas.
Defensores de derechos humanos locales e internacionales saludaron el informe de la comisión como un avance importante hacia el establecimiento de un sistema judicial de transición y llamaron al gobierno a atender el llamado de los afganos a la acción.
"La gente de Afganistán han dicho muy claramente... que nadie está por encima de la ley. Esperan un gobierno que respete esa posición. Esperan que la comunidad internacional apoye esa posición", dijo Louise Arbour, la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que visitó Kabul el mes pasado para la presentación del sondeo.
La mayoría de los encuestados querían que los violadores de derechos humanos fueran juzgados, mientras un 90 por ciento apoyaba la idea de que un proceso más amplio debería incluir una comisión honesta de la verdad, reparaciones y procedimientos de aprobación de los candidatos que postulan a cargos políticos.
Casi la mitad de los entrevistados quería que los juicios por crímenes de guerra se realizaran de inmediato.
A pesar de la sensación de urgencia de los afganos, hay diferencias de opinión entre los consejeros sobre si el país está preparado para enfrentarse a su pasado. El presidente Hamid Karzai adoptó una postura conciliatoria durante sus tres años en el cargo, permitiendo a los llamados señores de la guerra ocupar importantes posiciones de gobierno y fomentando un proceso de reconciliación con los talibanes.
Muchos de los señores de la guerra que pudieran estar implicados en procesos judiciales mantienen poderosas milicias y algunos funcionarios internacionales dicen que esos señores de la guerra tratarán de descarrilar al gobierno y resistirán los intentos de Naciones Unidas de desarmarlos.
El mes pasado Naciones Unidas retrasó la publicación de un informe que traza los abusos de derechos humanos durante la guerra, compilados con materiales que son del dominio público. El informe de 350 páginas fue presentado privadamente a Karzai durante la visita de Arbour.
La movida decepcionó a algunos activistas de derechos humanos, que dijeron que Naciones Unidas había preferido la estabilidad a la necesidad de justicia y dado al gobierno espacio de maniobra para ignorar el informe.
Richard Bennett, jefe de la oficina de derechos humanos para la Misión de Ayuda de Afganistán de Naciones Unidas, dijo que el documento quería colaborar con el proceso de justicia transicional y apoyaba el trabajo de la comisión de derechos, y no "para dar nombres y desprestigiar".
Pero especialistas en derechos humanos y diplomáticos al tanto de los debates sobre medidas de Naciones Unidas dijeron que algunos en Naciones Unidas estaban preocupados de que el documento fuera adoptado como una base para confirmar a los candidatos en las inminentes elecciones parlamentarias. Dijeron que las preocupaciones por la estabilidad y seguridad del personal de Naciones Unidas luego del secuestro de tres empleados en octubre, estuvieron entre los factores.
Barnett Rubin, director de estudios del Centro sobre Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York y especialista en temas sobre derechos humanos en Afganistán, dijo que la principal prioridad debía ser desarmar a los comandantes abusadores. Rubin dijo que el estado afgano no era todavía suficientemente fuerte como para enfrentarse directamente a ellos.
"La sociedad afgana no está realmente preparada para tratar este problema en este momento. No tiene las instituciones", dijo.
Para muchos afganos, la estabilidad no será posibles sino hasta que los que cometieron abusos sean castigados. El primer paso hacia una confrontación con los crímenes del pasado es parar los crímenes del presente, dijeron.
"Mientras haya criminales en el gobierno, no habrá justicia", dijo Abdul Wahid, que presentó su caso en las oficinas de la comisión de derechos en Kabul Oeste hace unas mañanas.
Wahid tenía 14 años cuando un grupo de funcionarios del servicio secreto comunista llegó a su casa y se llevó a su padre. Pasó más de un año antes de que se enterara que su padre había sido asesinado en la cárcel de Pul-I-Charki, al norte de Kabul, donde la comisión calcula que han muerto 12.000 personas. "No sé quién exactamente mató a mi padre. Pero hay un montón de gente en este país que sí lo saben", dijo. "Si los procesan no me ayudará, pero terminará con la impunidad".
Saidi dijo que no tenía ninguna esperanza de que cazaran al hombre que lo encarceló, al que identificó como el antiguo vice-ministro de Defensa talibán, Noor Ali.
"Este gobierno es muy débil. Eso lo entiendo", dijo, amargamente. "Si lo encuentro, le mostraré qué es un tratamiento realmente inhumano".

22 de febrero de 2005
3 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
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