chile contra lesbianas
[Indira A.R. Lakshmanan] En Chile, una batalla por la tutoría pone en entredicho mores sexuales. Dictamen contra madre lesbiana inspira nuevo impulso por derechos de los homosexuales.
Santiago, Chile. Karen Atala Riffo lo tenía todo: un diploma de la más prestigiosa facultad de leyes en Chile, un nombramiento como juez a sus 30, perspectivas y calificaciones profesionales estelares, y tres encantadoras hijas.
Pero cuando decidió vivir con la compañera que amaba, la Corte Suprema chilena le quitó a Atala sus hijas, considerando que una familia de dos lesbianas no era apropiada para las niñas. Ser homosexual en una de las sociedades más conservadoras de América Latina no puede ser ya un delito, pero como Atala y otros han aprendido, puede todavía ser severamente castigado.
"Es una buena juez, una buena profesional y una buena madre. ¿Qué importa que tenga una relación con un hombre o una mujer?", dijo la pareja de Atala, Emma de Ramón Acevedo, 44, profesora de historia del arte.
El alto tribunal desechó las conclusiones de los psiquiatras de que las niñas querían seguir viviendo con su madre y las asignó a su ex marido, un abogado que reveló la orientación sexual de Atala en entrevistas en diarios, y la amiga con la que vivía. Atala deberá pagar el mantenimiento de las hijas.
La controvertida resolución del año pasado, en un país donde la tutoría se otorga prácticamente automáticamente a la madre a menos que sea una drogadicta o una prostituta, ha provocado un debate nacional sobre las costumbres sexuales y la tolerancia. También encendió el fuego debajo de una comunidad gay en gran parte oculta para luchar por sus derechos en un país en el que la iglesia católica tiene tanta influencia que el aborto, la inseminación artificial de una mujer soltera y, hasta hace poco, el divorcio, son ilegales.
En toda América Latina el movimiento por los derechos de los homosexuales ha ganado fuerza en los últimos años, con las uniones civiles del mismo sexo reconocidas en Buenos Aires y varias ciudades brasileñas. En 2003, Argentina otorgó a un homosexual la tutoría de sus dos hijos, y tanto Argentina como Uruguay reconocen pensiones de viudedad para parejas del mismo sexo. Costa Rica, a pesar de tener una ley contra la sodomía, permite que las parejas homosexuales tengan acceso a seguros médicos e hipotecas compartidas, y otorgó la tutoría de un niño a un travesti que había cuidado de un niño desde su infancia. Las marchas por el orgullo homosexual en la región crecen cada año.
Sin embargo, al mismo tiempo, las minorías sexuales en América Latina han debido soportar ser expulsados de escuelas, restaurantes y parques, y la discriminación en el trabajo y en sus familias. Las leyes contra las relaciones del mismo sexo están en vigor en la mayoría del Caribe angloparlante, así como en Nicaragua, Costa Rica, Guyana y Suriname. Los movimientos anti-homosexuales y los crímenes de homosexuales están aumentando; el año pasado en la región fueron asesinados 78 homosexuales, lesbianas y transexuales, más del doble que el año anterior, dijo Marcelo Ernesto Ferreyra, coordinador para América Latina y el Caribe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Homosexuales y Lesbianas, con sede en Nueva York.
"América Latina no es tan diferente de Estados Unidos -también tienes a los dos extremos", dijo Ferreyra desde su oficina en Buenos Aires. Por ejemplo, Brasil hace alarde de que en la mayoría de sus ciudades y estados se cuenta con leyes que protegen los derechos de las parejas homosexuales, y sin embargo tiene la más grande cantidad de crímenes por odio en la región contra homosexuales y transexuales.
Pero durante el último año el foco se ha desplazado hacia Chile, donde el caso de Atala dividió a la opinión pública nacional. Fue el primer caso destacable de una madre acomodada y aparentemente competente que pierde la tutoría de sus hijos desde que una esposa de la alta sociedad convertida en actriz abandonara a su marido por otro hombre hace cuatro décadas. Fue también la primera vez que se prestó tanta atención al caso de una lesbiana. Después de que el caso de Atala se transformara en un tópico de debate en enfriadores de agua y mesas en todo Chile, fue pasada por alto en numerosos ascensos a favor de jueces de calificaciones inferiores, y las suyas empeoraron.
"Este es un país tan machista que si una mujer no se ajusta al modelo, se la castiga. Como juez, Karen decidió que no podía mentir ante la corte si le preguntaban si era lesbiana. Si lo negaba, como lo han hecho muchas madres lesbianas separadas en Chile, pudo haber conservado a sus hijas", dijo de Ramón, que, con Atala, ha fundado un grupo de apoyo para padres homosexuales. Atala, 41, ahora juez de un tribunal penal de Los Andes, a unos 80 kilómetros al norte de Santiago, pidió no ser citada para no perjudicar su caso.
El caso empezó en enero de 2003, cuando su ex marido, Jaime López, se dio cuenta de que ella estaba viviendo con de Ramón, y exigió la tutoría de las hijas, diciendo que ellas podrían ser discriminadas si la gente se enteraba de que su madre era lesbiana. En esa época, Atala y de Ramón no había hecho pública su relación, y ni los jefes ni amigos de Atala en su ciudad provincial de Villarrica en Chile central lo sabían hasta que López aproximó a la prensa con detalles de su denuncia, dijeron.
Se nombró un juez para investigar la vida privada de Atala, y se le quitó temporalmente la custodia de sus hijas. En octubre de 2003, una juez de un tribunal inferior determinó que las niñas volvieran con su madre, debido a que habían dicho a la juez y a una psicóloga que preferían vivir con ella, y porque los informes psicológicos indicaban que no sufrían de confusiones sobre los roles sexuales tradicionales. López conservó a las hijas mientras apelaba, pero seis meses después una corte de apelaciones resolvió unánimemente a favor de Atala.
López llevó el caso a la Corte Suprema. Documentos de la corte sellados, incluyendo los informes psiquiátricos, fueron filtrados a la prensa, provocando una tormenta de cobertura. En una resolución de 3 contra 2 votos en mayo pasado, la Corte Suprema censuró a la corte de apelaciones por "actuar contra los intereses de las hijas", diciendo que estaban mejor si vivían con padres heterosexuales. A Atala se le otorgó un permiso de vista una vez al mes. López ha demandado un mantenimiento de 1.418 dólares al mes, casi tres veces más de lo que le ordenó pagar el tribunal.
"Es como si estuvieran diciendo que las mujeres que no se parecen a la Virgen María no pueden ser madres", dijo de Ramón. "La Corte Suprema negó los deseos de las niñas y confirmó los prejuicios sociales".
Sin embargo, durante el mes en que el caso fue revisado por la Corte Suprema, la cobertura de prensa y los sondeos de opinión en los principales diarios reflejaron una evolución de las actitudes.
Al principio, una gran mayoría dijo que creía que las niñas deberían vivir con el padre, dijo Alejandra Aravena, directora de una estación de radio en internet y de un grupo de defensa de los derechos de las lesbianas, aunque "nadie preguntó si él estaba capacitado para cuidar de las niñas. En contraste, sabemos todo sobre Karen -donde nació, el color de su pelo, el largo de sus uñas".
"Pero después de todos los programas de televisión, manifestaciones y publicidad sobre un estudio de un psicólogo español que dice que las niñas no se transforman en lesbianas porque sus madres lo sean, la mitad estuvieron a favor de que ella se quedara con las niñas", dijo Aravena. "Lamentablemente, muy poca gente dijo: ¿Qué importaría incluso si las niñas son lesbianas?'"
Los únicos lugares en el mundo donde se permite el matrimonio homosexual son Massachusetts, Bélgica, Holanda, España y siete provincias en Canadá, de acuerdo a la comisión de derechos de homosexuales y lesbianas.
Sin más recursos en Chile, en noviembre pasado Atala llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C. Su mejor esperanza es que la Corte Interamericana y grupos de derechos en el extranjero condenen a Chile por discriminación, presionando a la Corte Suprema para que revise su veredicto. En los cinco años que podría tomar el juicio, hija mayor tendrá 15, y la menor, 10. Los adolescentes en Chile pueden elegir con qué padre vivir, provisto que la corte lo apruebe.
11 de abril de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Santiago, Chile. Karen Atala Riffo lo tenía todo: un diploma de la más prestigiosa facultad de leyes en Chile, un nombramiento como juez a sus 30, perspectivas y calificaciones profesionales estelares, y tres encantadoras hijas.Pero cuando decidió vivir con la compañera que amaba, la Corte Suprema chilena le quitó a Atala sus hijas, considerando que una familia de dos lesbianas no era apropiada para las niñas. Ser homosexual en una de las sociedades más conservadoras de América Latina no puede ser ya un delito, pero como Atala y otros han aprendido, puede todavía ser severamente castigado.
"Es una buena juez, una buena profesional y una buena madre. ¿Qué importa que tenga una relación con un hombre o una mujer?", dijo la pareja de Atala, Emma de Ramón Acevedo, 44, profesora de historia del arte.
El alto tribunal desechó las conclusiones de los psiquiatras de que las niñas querían seguir viviendo con su madre y las asignó a su ex marido, un abogado que reveló la orientación sexual de Atala en entrevistas en diarios, y la amiga con la que vivía. Atala deberá pagar el mantenimiento de las hijas.
La controvertida resolución del año pasado, en un país donde la tutoría se otorga prácticamente automáticamente a la madre a menos que sea una drogadicta o una prostituta, ha provocado un debate nacional sobre las costumbres sexuales y la tolerancia. También encendió el fuego debajo de una comunidad gay en gran parte oculta para luchar por sus derechos en un país en el que la iglesia católica tiene tanta influencia que el aborto, la inseminación artificial de una mujer soltera y, hasta hace poco, el divorcio, son ilegales.
En toda América Latina el movimiento por los derechos de los homosexuales ha ganado fuerza en los últimos años, con las uniones civiles del mismo sexo reconocidas en Buenos Aires y varias ciudades brasileñas. En 2003, Argentina otorgó a un homosexual la tutoría de sus dos hijos, y tanto Argentina como Uruguay reconocen pensiones de viudedad para parejas del mismo sexo. Costa Rica, a pesar de tener una ley contra la sodomía, permite que las parejas homosexuales tengan acceso a seguros médicos e hipotecas compartidas, y otorgó la tutoría de un niño a un travesti que había cuidado de un niño desde su infancia. Las marchas por el orgullo homosexual en la región crecen cada año.
Sin embargo, al mismo tiempo, las minorías sexuales en América Latina han debido soportar ser expulsados de escuelas, restaurantes y parques, y la discriminación en el trabajo y en sus familias. Las leyes contra las relaciones del mismo sexo están en vigor en la mayoría del Caribe angloparlante, así como en Nicaragua, Costa Rica, Guyana y Suriname. Los movimientos anti-homosexuales y los crímenes de homosexuales están aumentando; el año pasado en la región fueron asesinados 78 homosexuales, lesbianas y transexuales, más del doble que el año anterior, dijo Marcelo Ernesto Ferreyra, coordinador para América Latina y el Caribe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Homosexuales y Lesbianas, con sede en Nueva York.
"América Latina no es tan diferente de Estados Unidos -también tienes a los dos extremos", dijo Ferreyra desde su oficina en Buenos Aires. Por ejemplo, Brasil hace alarde de que en la mayoría de sus ciudades y estados se cuenta con leyes que protegen los derechos de las parejas homosexuales, y sin embargo tiene la más grande cantidad de crímenes por odio en la región contra homosexuales y transexuales.
Pero durante el último año el foco se ha desplazado hacia Chile, donde el caso de Atala dividió a la opinión pública nacional. Fue el primer caso destacable de una madre acomodada y aparentemente competente que pierde la tutoría de sus hijos desde que una esposa de la alta sociedad convertida en actriz abandonara a su marido por otro hombre hace cuatro décadas. Fue también la primera vez que se prestó tanta atención al caso de una lesbiana. Después de que el caso de Atala se transformara en un tópico de debate en enfriadores de agua y mesas en todo Chile, fue pasada por alto en numerosos ascensos a favor de jueces de calificaciones inferiores, y las suyas empeoraron.
"Este es un país tan machista que si una mujer no se ajusta al modelo, se la castiga. Como juez, Karen decidió que no podía mentir ante la corte si le preguntaban si era lesbiana. Si lo negaba, como lo han hecho muchas madres lesbianas separadas en Chile, pudo haber conservado a sus hijas", dijo de Ramón, que, con Atala, ha fundado un grupo de apoyo para padres homosexuales. Atala, 41, ahora juez de un tribunal penal de Los Andes, a unos 80 kilómetros al norte de Santiago, pidió no ser citada para no perjudicar su caso.
El caso empezó en enero de 2003, cuando su ex marido, Jaime López, se dio cuenta de que ella estaba viviendo con de Ramón, y exigió la tutoría de las hijas, diciendo que ellas podrían ser discriminadas si la gente se enteraba de que su madre era lesbiana. En esa época, Atala y de Ramón no había hecho pública su relación, y ni los jefes ni amigos de Atala en su ciudad provincial de Villarrica en Chile central lo sabían hasta que López aproximó a la prensa con detalles de su denuncia, dijeron.
Se nombró un juez para investigar la vida privada de Atala, y se le quitó temporalmente la custodia de sus hijas. En octubre de 2003, una juez de un tribunal inferior determinó que las niñas volvieran con su madre, debido a que habían dicho a la juez y a una psicóloga que preferían vivir con ella, y porque los informes psicológicos indicaban que no sufrían de confusiones sobre los roles sexuales tradicionales. López conservó a las hijas mientras apelaba, pero seis meses después una corte de apelaciones resolvió unánimemente a favor de Atala.
López llevó el caso a la Corte Suprema. Documentos de la corte sellados, incluyendo los informes psiquiátricos, fueron filtrados a la prensa, provocando una tormenta de cobertura. En una resolución de 3 contra 2 votos en mayo pasado, la Corte Suprema censuró a la corte de apelaciones por "actuar contra los intereses de las hijas", diciendo que estaban mejor si vivían con padres heterosexuales. A Atala se le otorgó un permiso de vista una vez al mes. López ha demandado un mantenimiento de 1.418 dólares al mes, casi tres veces más de lo que le ordenó pagar el tribunal.
"Es como si estuvieran diciendo que las mujeres que no se parecen a la Virgen María no pueden ser madres", dijo de Ramón. "La Corte Suprema negó los deseos de las niñas y confirmó los prejuicios sociales".
Sin embargo, durante el mes en que el caso fue revisado por la Corte Suprema, la cobertura de prensa y los sondeos de opinión en los principales diarios reflejaron una evolución de las actitudes.
Al principio, una gran mayoría dijo que creía que las niñas deberían vivir con el padre, dijo Alejandra Aravena, directora de una estación de radio en internet y de un grupo de defensa de los derechos de las lesbianas, aunque "nadie preguntó si él estaba capacitado para cuidar de las niñas. En contraste, sabemos todo sobre Karen -donde nació, el color de su pelo, el largo de sus uñas".
"Pero después de todos los programas de televisión, manifestaciones y publicidad sobre un estudio de un psicólogo español que dice que las niñas no se transforman en lesbianas porque sus madres lo sean, la mitad estuvieron a favor de que ella se quedara con las niñas", dijo Aravena. "Lamentablemente, muy poca gente dijo: ¿Qué importaría incluso si las niñas son lesbianas?'"
Los únicos lugares en el mundo donde se permite el matrimonio homosexual son Massachusetts, Bélgica, Holanda, España y siete provincias en Canadá, de acuerdo a la comisión de derechos de homosexuales y lesbianas.
Sin más recursos en Chile, en noviembre pasado Atala llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C. Su mejor esperanza es que la Corte Interamericana y grupos de derechos en el extranjero condenen a Chile por discriminación, presionando a la Corte Suprema para que revise su veredicto. En los cinco años que podría tomar el juicio, hija mayor tendrá 15, y la menor, 10. Los adolescentes en Chile pueden elegir con qué padre vivir, provisto que la corte lo apruebe.
11 de abril de 2005
©boston globe
©traducción mQh
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