presos dominicanos sin cargos
[Carol J. Williams] Presos en cárceles dominicanas esperan justicia. Casi 9.000 reclusos permanecen recluídos sin cargos debido a que recursos escasos impiden que reformas jurídicas sean aplicadas retrospectivamente.
El marido de Yamirka Delacruz, como otros 9.000 reclusos en las hacinadas cárceles del país, está en un limbo que ni siquiera una completa revisión del sistema judicial puede remediar.
"No lo han acusado de nada. No ha visto a ningún juez. Nadie le dice nada sobre cuándo será llamado a tribunales", dijo Delacruz sobre su marido, 26, Luis Palmero, sospechado de la muerte de un colega en marzo de 2004.
Palmero está encarcelado a pesar de un nuevo código de procedimiento penal, presentado por el presidente Leonel Fernández, que entró en vigor hace siete meses. El código limita la detención sin cargos a 48 horas, prohíbe la tortura y el maltrato de los reclusos y considera a un sospechoso como inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.
Pero los tribunales sobrecargados y una purga interna de la policía han impedido que el código sea aplicado retrospectivamente. En principio, reclusos como Palmero todavía deben aparecer ante tribunales. En la práctica, los jueces están demasiado ocupados citando a nuevos sospechosos y el cuerpo de policía demasiado reducido por despidos debidos a acusaciones de brutalidad, soborno y detenciones ilegales como para poder hacer frente a los restos.
En realidad, la policía todavía tiene la primera y última palabra sobre qué pasa con miles de sospechosos.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 66 por ciento de los 13.500 reclusos de las 35 cárceles de República Dominicana son reos preventivos -detenidos y condenados indefinidamente por la policía.
La amplia reforma de la justicia penal lanzada el año pasado tiene por intención romper lo que ha sido un largo monopolio de facto de la Policía Nacional para detener, juzgar y sentenciar a los que cree que son culpables.
La comisión de derechos humanos informa en una evaluación dada a conocer por el ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos en febrero que la mayoría de los reclusos preventivos nunca llegan a ver un tribunal. Unos pocos avanzan a la fase de citación, 90 por ciento son dejados en libertad por falta de pruebas.
El grupo también presenta una desoladora imagen de la vida en las prisiones. Las bandas criminales controlan la vida diaria en la mayoría de las instituciones, pidiendo a los reclusos sobornos para obtener alimentos, el uso de una cama o el acceso a atención médica.
En la prisión de La Victoria, la más grande del país, 3.500 reclusos viven en un espacio ideado para 1.000, y hay sólo un colchón por cada 10 reclusos.
Desde que entrara en vigor el código penal el 27 de septiembre, los totales mensuales de nuevos detenidos sin cargo ha disminuido debido a que ahora a la policía se le exige que presente evidencias para mantenerlos en prisión. Pero no se han hecho progresos en la solución de la acumulación de casos de preventivos, que totalizaban 8.910 a mediados de abril.
El jefe de la Policía Nacional, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, nombrado en agosto y encargado de limpiar la desprestigiada fuerza, dice que la reforma tomará años y dejará un proceso defectuoso durante la transición. Pero señala algunos avances tangibles.
Los policías están siguiendo cursos de re-adiestramiento, se ha abierto una escuela correccional y se ha inaugurado una nueva cárcel modelo -el primer edificio en décadas. Lo que tomará más tiempo, dice Sánchez, es reeducar al público para que confíe en la policía y colabore con ella en cuestiones de seguridad.
"Lo más importante que necesitamos es cambiar la práctica de la impunidad", dijo el jefe, aludiendo a escándalos como la revelación en el otoño pasado de que la policía normalmente retiene autos robados para su propio uso o reventa. "Queremos una sociedad que no tenga la mentalidad de que ha habido siempre corrupción, de que es de algún modo normal".
La educación pública es también necesaria para explicar a los dominicanos la idea de que los detenidos tienen derechos que deben ser respetados, dijo, refiriéndose a la indiferencia del público hacia los pesares de los reclusos preventivos.
El nuevo código penal exige que los detenidos sin cargos durante seis meses sean puestos en libertad, pero las autoridades dicen que no ocurre por temor a desencadenar protestas.
Manuel Jiménez, guardia de una prisión aquí con 650 presos en un espacio destinado a 200, no pone en duda que las condiciones son duras y el ambiente tenso.
"Todas las cárceles del país tiene el mismo problema -hacinamiento... No ha sido nunca una prioridad, y el gobierno es pobre", dijo Jiménez encogiéndose de hombros.
En todo el Caribe cárceles hacinadas y anticuadas, crecientes tasas de delitos y migraciones de las bandas juveniles se han combinado para provocar motines entre los reclusos.
El peor de los estallidos, el motín e incendio del 7 de marzo iniciado por bandas rivales en la cárcel de Higuey a 90 kilómetros al este de aquí, terminó con la vida de 138 reclusos, la mayoría de ellos preventivos.
En Haití, que comparte la isla de Hispaniola con la República Dominicana, unos 500 presos siguen fugitivos después de la fuga del 19 de febrero.
Incluso en la comunista Cuba al menos dos motines han sido reportados desde marzo por la clandestina Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación cubana.
Daniel Erikson, analista del Caribe para el Diálogo Interamericano en Washington, ve los problemas en las cárceles de la región como el resultado del abandono y falta de financiamiento y la influencia de ex-presidiarios deportados por Estados Unidos.
"Estos son países pequeños, pobres y débiles bajo una tremenda presión económica y altamente vulnerables a desastres naturales", dijo Erikson. "Gestionar el sistema de prisiones cuesta un montón de dinero, y tiende a ser una de las primeras cosas que sufren los recortes, debido a que no constituye un electorado demasiado influyente".
La reforma judicial empezó durante el primer término del presidente Fernández de 1996 a 2000 y fue reforzada con su retorno al cargo en agosto.
Desde la campaña anti-corrupción en el cuerpo de policía empezara en serio a fines del año pasado, han sido despedidos por mala conducta más de 500 agentes, y es probable que otros más sigan.
El ministro del Interior Franklin Almeida Rancier ha intentado remplazar a cerca de un cuarto de los 30.000 empleados de la fuerza, pero ha sido persuadido de hacerlo poco a poco para dar tiempo a que los nuevos cadetes remplacen a los agentes salientes.
También se han organizado grupos de vigilantes en los vecindarios y seminarios sobre la prevención del crimen en un intento de legitimar la imagen de la policía en la comunidad y atraer a reclutas comprometidos con las labores policiales en lugar de enriquecerse a sí mismos, dijo el jefe, Pérez Sánchez.
Los dominicanos dicen que han visto en los últimos meses un mejoramiento de la seguridad y de las condiciones de vida, pero lo atribuyen a la gradual recuperación económica tras una quiebra de la banca hace dos años, que provocó una fulminante inflación. Desde que fuera elegido Fernández en mayo último, el peso se ha recuperado desde 51 a 27 por dólar en lo más álgido del desastre bancario.
"Se habla mucho de limpiar la policía, pero no les confiamos", dijo el taxista Ramón Puerta, recordando los escándalos de corrupción durante la primera administración de Fernández. "Aquí, nunca nada cambia".
Esposas y madres de reclusos se quejan de que la corrupción es muy profunda. Una mujer, en la cola para ver su hijo en la cárcel de aquí, dijo que las familias deben pagar a los guardias para enterarse de las fechas de citación al tribunal, así como por el transporte del recluso hacia el tribunal.
"La gente tiene miedo de hablar. Nos preocupa que puedan maltratar a nuestros hijos", dijo sobre la policía de la prisión la aturdida madre, que no quiso ser identificada.
"¿Cómo podemos confiar en las promesas de los gobiernos?"
28 de abril de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
El marido de Yamirka Delacruz, como otros 9.000 reclusos en las hacinadas cárceles del país, está en un limbo que ni siquiera una completa revisión del sistema judicial puede remediar."No lo han acusado de nada. No ha visto a ningún juez. Nadie le dice nada sobre cuándo será llamado a tribunales", dijo Delacruz sobre su marido, 26, Luis Palmero, sospechado de la muerte de un colega en marzo de 2004.
Palmero está encarcelado a pesar de un nuevo código de procedimiento penal, presentado por el presidente Leonel Fernández, que entró en vigor hace siete meses. El código limita la detención sin cargos a 48 horas, prohíbe la tortura y el maltrato de los reclusos y considera a un sospechoso como inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.
Pero los tribunales sobrecargados y una purga interna de la policía han impedido que el código sea aplicado retrospectivamente. En principio, reclusos como Palmero todavía deben aparecer ante tribunales. En la práctica, los jueces están demasiado ocupados citando a nuevos sospechosos y el cuerpo de policía demasiado reducido por despidos debidos a acusaciones de brutalidad, soborno y detenciones ilegales como para poder hacer frente a los restos.
En realidad, la policía todavía tiene la primera y última palabra sobre qué pasa con miles de sospechosos.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 66 por ciento de los 13.500 reclusos de las 35 cárceles de República Dominicana son reos preventivos -detenidos y condenados indefinidamente por la policía.
La amplia reforma de la justicia penal lanzada el año pasado tiene por intención romper lo que ha sido un largo monopolio de facto de la Policía Nacional para detener, juzgar y sentenciar a los que cree que son culpables.
La comisión de derechos humanos informa en una evaluación dada a conocer por el ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos en febrero que la mayoría de los reclusos preventivos nunca llegan a ver un tribunal. Unos pocos avanzan a la fase de citación, 90 por ciento son dejados en libertad por falta de pruebas.
El grupo también presenta una desoladora imagen de la vida en las prisiones. Las bandas criminales controlan la vida diaria en la mayoría de las instituciones, pidiendo a los reclusos sobornos para obtener alimentos, el uso de una cama o el acceso a atención médica.
En la prisión de La Victoria, la más grande del país, 3.500 reclusos viven en un espacio ideado para 1.000, y hay sólo un colchón por cada 10 reclusos.
Desde que entrara en vigor el código penal el 27 de septiembre, los totales mensuales de nuevos detenidos sin cargo ha disminuido debido a que ahora a la policía se le exige que presente evidencias para mantenerlos en prisión. Pero no se han hecho progresos en la solución de la acumulación de casos de preventivos, que totalizaban 8.910 a mediados de abril.
El jefe de la Policía Nacional, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, nombrado en agosto y encargado de limpiar la desprestigiada fuerza, dice que la reforma tomará años y dejará un proceso defectuoso durante la transición. Pero señala algunos avances tangibles.
Los policías están siguiendo cursos de re-adiestramiento, se ha abierto una escuela correccional y se ha inaugurado una nueva cárcel modelo -el primer edificio en décadas. Lo que tomará más tiempo, dice Sánchez, es reeducar al público para que confíe en la policía y colabore con ella en cuestiones de seguridad.
"Lo más importante que necesitamos es cambiar la práctica de la impunidad", dijo el jefe, aludiendo a escándalos como la revelación en el otoño pasado de que la policía normalmente retiene autos robados para su propio uso o reventa. "Queremos una sociedad que no tenga la mentalidad de que ha habido siempre corrupción, de que es de algún modo normal".
La educación pública es también necesaria para explicar a los dominicanos la idea de que los detenidos tienen derechos que deben ser respetados, dijo, refiriéndose a la indiferencia del público hacia los pesares de los reclusos preventivos.
El nuevo código penal exige que los detenidos sin cargos durante seis meses sean puestos en libertad, pero las autoridades dicen que no ocurre por temor a desencadenar protestas.
Manuel Jiménez, guardia de una prisión aquí con 650 presos en un espacio destinado a 200, no pone en duda que las condiciones son duras y el ambiente tenso.
"Todas las cárceles del país tiene el mismo problema -hacinamiento... No ha sido nunca una prioridad, y el gobierno es pobre", dijo Jiménez encogiéndose de hombros.
En todo el Caribe cárceles hacinadas y anticuadas, crecientes tasas de delitos y migraciones de las bandas juveniles se han combinado para provocar motines entre los reclusos.
El peor de los estallidos, el motín e incendio del 7 de marzo iniciado por bandas rivales en la cárcel de Higuey a 90 kilómetros al este de aquí, terminó con la vida de 138 reclusos, la mayoría de ellos preventivos.
En Haití, que comparte la isla de Hispaniola con la República Dominicana, unos 500 presos siguen fugitivos después de la fuga del 19 de febrero.
Incluso en la comunista Cuba al menos dos motines han sido reportados desde marzo por la clandestina Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación cubana.
Daniel Erikson, analista del Caribe para el Diálogo Interamericano en Washington, ve los problemas en las cárceles de la región como el resultado del abandono y falta de financiamiento y la influencia de ex-presidiarios deportados por Estados Unidos.
"Estos son países pequeños, pobres y débiles bajo una tremenda presión económica y altamente vulnerables a desastres naturales", dijo Erikson. "Gestionar el sistema de prisiones cuesta un montón de dinero, y tiende a ser una de las primeras cosas que sufren los recortes, debido a que no constituye un electorado demasiado influyente".
La reforma judicial empezó durante el primer término del presidente Fernández de 1996 a 2000 y fue reforzada con su retorno al cargo en agosto.
Desde la campaña anti-corrupción en el cuerpo de policía empezara en serio a fines del año pasado, han sido despedidos por mala conducta más de 500 agentes, y es probable que otros más sigan.
El ministro del Interior Franklin Almeida Rancier ha intentado remplazar a cerca de un cuarto de los 30.000 empleados de la fuerza, pero ha sido persuadido de hacerlo poco a poco para dar tiempo a que los nuevos cadetes remplacen a los agentes salientes.
También se han organizado grupos de vigilantes en los vecindarios y seminarios sobre la prevención del crimen en un intento de legitimar la imagen de la policía en la comunidad y atraer a reclutas comprometidos con las labores policiales en lugar de enriquecerse a sí mismos, dijo el jefe, Pérez Sánchez.
Los dominicanos dicen que han visto en los últimos meses un mejoramiento de la seguridad y de las condiciones de vida, pero lo atribuyen a la gradual recuperación económica tras una quiebra de la banca hace dos años, que provocó una fulminante inflación. Desde que fuera elegido Fernández en mayo último, el peso se ha recuperado desde 51 a 27 por dólar en lo más álgido del desastre bancario.
"Se habla mucho de limpiar la policía, pero no les confiamos", dijo el taxista Ramón Puerta, recordando los escándalos de corrupción durante la primera administración de Fernández. "Aquí, nunca nada cambia".
Esposas y madres de reclusos se quejan de que la corrupción es muy profunda. Una mujer, en la cola para ver su hijo en la cárcel de aquí, dijo que las familias deben pagar a los guardias para enterarse de las fechas de citación al tribunal, así como por el transporte del recluso hacia el tribunal.
"La gente tiene miedo de hablar. Nos preocupa que puedan maltratar a nuestros hijos", dijo sobre la policía de la prisión la aturdida madre, que no quiso ser identificada.
"¿Cómo podemos confiar en las promesas de los gobiernos?"
28 de abril de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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