criminales sin amnistía
[Héctor Tobar] Para culpables de guerra sucia. La resolución abre nuevas vías a la fiscalía para procesar a oficiales implicados en brutal campaña contra los disidentes.
Buenos Aires, Argentina. La Corte Suprema de Argentina ha anulado el martes dos leyes de amnistía que habían impedido el procesamiento de cientos de oficiales militares, soldados y policías implicados en la "guerra sucia" de este país, en la que fueron asesinadas miles de personas.
La resolución permite la reactivación de cientos de procesos y pleitos civiles que habían sido desechados hace casi dos décadas, dijeron juristas y funcionarios de gobierno. Fuentes del gobierno y activistas de derechos humanos dijeron que las nuevas acusaciones mencionan a unos 300 acusados -la mayoría de ellos militares y agentes de policía jubilados- que podrían ser procesados en las próximas semanas.
En una decisión de 7 votos contra 1, el alto tribunal declaró inconstitucionales dos leyes que permitían a eludir el juicio a todos excepto un puñado de los acusados por el asesinato o "desaparición" de entre 10.000 a 30.000 personas.
El presidente Néstor Kirchner, que ayudó a hacer posible la resolución remplazando hace poco a varios miembros de la Corte Suprema, dijo que los jueces "han dado a nuestro país una resolución que renueva nuestra fe en el sistema judicial".
"Han declarado inconstitucionales leyes que nos llenaban de vergüenza", dijo Kirchner durante una reciente visita a Córdoba.
Hasta hace poco, la corte había estado dominada por aliados del ex presidente Carlos Menem, que había cedido antes presiones militares para preservar las leyes de amnistía. A fines de los años ochenta, oficiales argentinos se amotinaron en dos ocasiones para paralizar los intentos de procesarlos por sus crímenes. La mayoría de los oficiales que supervisaron las operaciones de la guerra sucia son ahora jubilados.
Horas antes de darse a conocer la resolución, el ministro de Defensa José Pampuro dijo a periodistas que algunos de los actuales miembros de las fuerzas armadas se mostraban aprehensivos sobre la posibilidad de ser procesados. "Por supuesto hay preocupación, pero sólo entre unos pocos y no afecta a todos los miembros de las fuerzas armadas", dijo.
Después de anunciada la resolución el general de las fuerzas armadas, Roberto Bendini, dio la bienvenida a la decisión. "Los acusados serán procesados y encontrados culpables o no culpables", dijo.
Aunque muchos de los oficiales importantes de la junta gobernante entonces fueron procesados y condenados a mediados de los ochenta antes de que fueran aprobadas las leyes de amnistía, ahora algunos se enfrentan a nuevas acusaciones presentadas hace algunos años, a medida que los dos lados esperaban la resolución de la Corte Suprema sobre si la legislación era válida.
Antiguos miembros de la junta, como el almirante Emilio Massera y el general Jorge Videla, podrían ser sometidos a nuevos juicios, junto con oficiales de nivel medio, como el capitán de la Marina Alfredo Astiz, conocido aquí como el Ángel Rubio de la Muerte'. Está acusado del secuestro de varios miembros de un grupo de madres que exigían al gobierno que revelara el destino de sus familiares desaparecidos.
Grupos de derechos humanos aplaudieron la decisión del martes.
"Los crímenes de la guerra sucia son demasiado serios como para recibir amnistía y ser olvidados", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch. "La era de los acuerdos amorosos con los militares, firmados a punta de pistola por los líderes demócratas, ha terminado".
Nadie sabe con seguridad cuánto gente fue asesinada en la guerra sucia argentina contra militantes de izquierdas, disidentes, intelectuales y testigos en los años posteriores al golpe militar de 1976.
Estela Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo con hijos y nietos que fueron desaparecidos o secuestrados y que nunca más se volvió a ver, dijo que el veredicto era la culminación de una larga lucha que empezó durante la dictadura de siete años, cuando un pequeño grupo de padres marcharon en el centro de Buenos Aires, exigiendo saber el destino de sus familiares.
"Las leyes crearon una impunidad que nos ha afligido durante años", dijo Carlotto. "Hemos tenido que vivir con esos ladrones y asesinos que caminaban libremente entre nosotros".
Varios miembros de la Madres de Plaza de Mayo, llevando el pañuelo de cabeza blanco que se transformó en un símbolo de su lucha por encontrar a sus familiares, se abrazaron y lloraron frente a la Corte Suprema. Varios se acercaron a funcionarios de la corte, diciendo que querían expresar sus gracias personalmente a los jueces.
La resolución del martes fue tomada en relación con el caso de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, un matrimonio de activistas que desaparecieron de Buenos Aires en noviembre de 1978, junto con su hija de ocho meses, Claudia. El caso fue en muchos modos típico de las crueldades y absurdos de la guerra sucia. Poblete y Hlaczik eran miembros de un grupo "cristiano de liberación". Poblete era inválido.
Junto con su hijita, fueron colocados bajo custodia de un grupo de oficiales de la policía provincial de Buenos Aires, de acuerdo al grupo de derechos humanos Nunca Más.
Testigos dijeron que la pareja fue brutalmente torturada antes de ser asesinados. Sus cuerpos no se encontraron nunca. La silla de ruedas de Poblete fue dejada en el estacionamiento de la policía, de acuerdo a testigos citados por Nunca Más.
Los agentes de policía jubilados Julio Simón y Cerefino Landa fueron más tarde acusados de la desaparición de la pareja. En 1990, activistas de derechos humanos encontraron a Claudia viviendo con Landa y su esposa, que durante 22 años la crió como si fuera su hija.
Al descubrir su verdadera identidad, Claudia Poblete renunció a su familia adoptiva y decidió vivir con su abuela materna.
Pero el proceso de los agentes de policía fue impedido por las leyes de amnistía. En 2001, el juez federal Gabriel Cavallo reabrió el caso, diciendo que las leyes de amnistía eran inconstitucionales y violaban los compromisos de Argentina bajo tratados internacionales de derechos humanos. La decisión de Cavallo fue mantenida por la decisión del martes.
"Antes de la resolución, en Argentina era posible ser procesado por cualquier delito -excepto los peores", dijo Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. "Esto pone fin a la era de la manipulación política del sistema judicial".
De acuerdo al grupo de Verbitsky, que entabló el juicio a nombre de Claudia Poblete, se reabrirán de inmediato unos 30 casos que implican a 150 acusados.
La junta militar argentina mantuvo decenas de campos de concentración y centros de tortura. Algunas incluían maternidades donde nacían los bebés de detenidas embarazada, que eran dados a oficiales militares en adopciones secretas.
Miles de personas fueron ejecutadas en secreto, sin juicio, incluyendo a prisioneros drogados que fueron arrojados desde aviones en el cercano Río de la Plata y el Océano Atlántico.
El gobierno del presidente Raúl Alfonsín de 1983-1989 procesó por violaciones de derechos humanos a un puñado de generales y almirantes en los meses inmediatamente posteriores al restablecimiento de la democracia en 1983, incluyendo a Videla y Massera. Pero el movimiento para llevar a la justicia a los responsables de los crímenes de la dictadura topó pronto con obstáculos, incluyendo la resistencia violenta de algunos militares.
El Congreso argentino aprobó lo que era el equivalente de una amnistía para los militares cuando aprobó las dos leyes. La Ley de Punto Final de 1986 estableció un plazo de 60 días para nuevos procesos por derechos humanos. La Ley de Debida Obediencia de 1987 exculpó a todos excepto un puñado de militares.
Desde entonces, la mayoría de los juicios contra oficiales del ejército, la marina y la aviación acusados de dirigir la guerra sucia han tenido lugar en tribunales europeos, donde los jueces han tratado de obtener la extradición de hombres acusados del asesinato de nacionales europeos. Pero aquí la influencia militar ha disminuido dramáticamente en los últimos años.
Poco después de asumir el cargo en 2003, Kirchner dirigió una purga de los principales oficiales militares. Más tarde hizo retirar los retratos de Videla y otros oficiales de la dictadura de la más importante academia militar de Argentina.
En marzo de 2004, el gobierno de Kirchner ocupó el campus de la Escuela de Mecánica de la Armada, que sirvió como el más notorio campo de concentración de la dictadura. Kirchner anunció que sería transformado en un museo en memoria de los muertos y desaparecidos.
"He venido a pedir perdón, en nombre del estado, por la vergüenza de haber guardado silencio durante 20 años de democracia sobre tantas atrocidades", dijo Kirchner a una muchedumbre de miles de personas que se reunieron frente al centro.
Durante el gobierno de Kirchner, cuatro jueces de la Corte Suprema fueron impugnados u obligados a renunciar bajo amenaza de impugnación. Los cuatro jueces nombrados por Kirchner votaron el martes a favor de anular la amnistía.
15 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. La Corte Suprema de Argentina ha anulado el martes dos leyes de amnistía que habían impedido el procesamiento de cientos de oficiales militares, soldados y policías implicados en la "guerra sucia" de este país, en la que fueron asesinadas miles de personas.La resolución permite la reactivación de cientos de procesos y pleitos civiles que habían sido desechados hace casi dos décadas, dijeron juristas y funcionarios de gobierno. Fuentes del gobierno y activistas de derechos humanos dijeron que las nuevas acusaciones mencionan a unos 300 acusados -la mayoría de ellos militares y agentes de policía jubilados- que podrían ser procesados en las próximas semanas.
En una decisión de 7 votos contra 1, el alto tribunal declaró inconstitucionales dos leyes que permitían a eludir el juicio a todos excepto un puñado de los acusados por el asesinato o "desaparición" de entre 10.000 a 30.000 personas.
El presidente Néstor Kirchner, que ayudó a hacer posible la resolución remplazando hace poco a varios miembros de la Corte Suprema, dijo que los jueces "han dado a nuestro país una resolución que renueva nuestra fe en el sistema judicial".
"Han declarado inconstitucionales leyes que nos llenaban de vergüenza", dijo Kirchner durante una reciente visita a Córdoba.
Hasta hace poco, la corte había estado dominada por aliados del ex presidente Carlos Menem, que había cedido antes presiones militares para preservar las leyes de amnistía. A fines de los años ochenta, oficiales argentinos se amotinaron en dos ocasiones para paralizar los intentos de procesarlos por sus crímenes. La mayoría de los oficiales que supervisaron las operaciones de la guerra sucia son ahora jubilados.
Horas antes de darse a conocer la resolución, el ministro de Defensa José Pampuro dijo a periodistas que algunos de los actuales miembros de las fuerzas armadas se mostraban aprehensivos sobre la posibilidad de ser procesados. "Por supuesto hay preocupación, pero sólo entre unos pocos y no afecta a todos los miembros de las fuerzas armadas", dijo.
Después de anunciada la resolución el general de las fuerzas armadas, Roberto Bendini, dio la bienvenida a la decisión. "Los acusados serán procesados y encontrados culpables o no culpables", dijo.
Aunque muchos de los oficiales importantes de la junta gobernante entonces fueron procesados y condenados a mediados de los ochenta antes de que fueran aprobadas las leyes de amnistía, ahora algunos se enfrentan a nuevas acusaciones presentadas hace algunos años, a medida que los dos lados esperaban la resolución de la Corte Suprema sobre si la legislación era válida.
Antiguos miembros de la junta, como el almirante Emilio Massera y el general Jorge Videla, podrían ser sometidos a nuevos juicios, junto con oficiales de nivel medio, como el capitán de la Marina Alfredo Astiz, conocido aquí como el Ángel Rubio de la Muerte'. Está acusado del secuestro de varios miembros de un grupo de madres que exigían al gobierno que revelara el destino de sus familiares desaparecidos.
Grupos de derechos humanos aplaudieron la decisión del martes.
"Los crímenes de la guerra sucia son demasiado serios como para recibir amnistía y ser olvidados", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch. "La era de los acuerdos amorosos con los militares, firmados a punta de pistola por los líderes demócratas, ha terminado".
Nadie sabe con seguridad cuánto gente fue asesinada en la guerra sucia argentina contra militantes de izquierdas, disidentes, intelectuales y testigos en los años posteriores al golpe militar de 1976.
Estela Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo con hijos y nietos que fueron desaparecidos o secuestrados y que nunca más se volvió a ver, dijo que el veredicto era la culminación de una larga lucha que empezó durante la dictadura de siete años, cuando un pequeño grupo de padres marcharon en el centro de Buenos Aires, exigiendo saber el destino de sus familiares.
"Las leyes crearon una impunidad que nos ha afligido durante años", dijo Carlotto. "Hemos tenido que vivir con esos ladrones y asesinos que caminaban libremente entre nosotros".
Varios miembros de la Madres de Plaza de Mayo, llevando el pañuelo de cabeza blanco que se transformó en un símbolo de su lucha por encontrar a sus familiares, se abrazaron y lloraron frente a la Corte Suprema. Varios se acercaron a funcionarios de la corte, diciendo que querían expresar sus gracias personalmente a los jueces.
La resolución del martes fue tomada en relación con el caso de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, un matrimonio de activistas que desaparecieron de Buenos Aires en noviembre de 1978, junto con su hija de ocho meses, Claudia. El caso fue en muchos modos típico de las crueldades y absurdos de la guerra sucia. Poblete y Hlaczik eran miembros de un grupo "cristiano de liberación". Poblete era inválido.
Junto con su hijita, fueron colocados bajo custodia de un grupo de oficiales de la policía provincial de Buenos Aires, de acuerdo al grupo de derechos humanos Nunca Más.
Testigos dijeron que la pareja fue brutalmente torturada antes de ser asesinados. Sus cuerpos no se encontraron nunca. La silla de ruedas de Poblete fue dejada en el estacionamiento de la policía, de acuerdo a testigos citados por Nunca Más.
Los agentes de policía jubilados Julio Simón y Cerefino Landa fueron más tarde acusados de la desaparición de la pareja. En 1990, activistas de derechos humanos encontraron a Claudia viviendo con Landa y su esposa, que durante 22 años la crió como si fuera su hija.
Al descubrir su verdadera identidad, Claudia Poblete renunció a su familia adoptiva y decidió vivir con su abuela materna.
Pero el proceso de los agentes de policía fue impedido por las leyes de amnistía. En 2001, el juez federal Gabriel Cavallo reabrió el caso, diciendo que las leyes de amnistía eran inconstitucionales y violaban los compromisos de Argentina bajo tratados internacionales de derechos humanos. La decisión de Cavallo fue mantenida por la decisión del martes.
"Antes de la resolución, en Argentina era posible ser procesado por cualquier delito -excepto los peores", dijo Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. "Esto pone fin a la era de la manipulación política del sistema judicial".
De acuerdo al grupo de Verbitsky, que entabló el juicio a nombre de Claudia Poblete, se reabrirán de inmediato unos 30 casos que implican a 150 acusados.
La junta militar argentina mantuvo decenas de campos de concentración y centros de tortura. Algunas incluían maternidades donde nacían los bebés de detenidas embarazada, que eran dados a oficiales militares en adopciones secretas.
Miles de personas fueron ejecutadas en secreto, sin juicio, incluyendo a prisioneros drogados que fueron arrojados desde aviones en el cercano Río de la Plata y el Océano Atlántico.
El gobierno del presidente Raúl Alfonsín de 1983-1989 procesó por violaciones de derechos humanos a un puñado de generales y almirantes en los meses inmediatamente posteriores al restablecimiento de la democracia en 1983, incluyendo a Videla y Massera. Pero el movimiento para llevar a la justicia a los responsables de los crímenes de la dictadura topó pronto con obstáculos, incluyendo la resistencia violenta de algunos militares.
El Congreso argentino aprobó lo que era el equivalente de una amnistía para los militares cuando aprobó las dos leyes. La Ley de Punto Final de 1986 estableció un plazo de 60 días para nuevos procesos por derechos humanos. La Ley de Debida Obediencia de 1987 exculpó a todos excepto un puñado de militares.
Desde entonces, la mayoría de los juicios contra oficiales del ejército, la marina y la aviación acusados de dirigir la guerra sucia han tenido lugar en tribunales europeos, donde los jueces han tratado de obtener la extradición de hombres acusados del asesinato de nacionales europeos. Pero aquí la influencia militar ha disminuido dramáticamente en los últimos años.
Poco después de asumir el cargo en 2003, Kirchner dirigió una purga de los principales oficiales militares. Más tarde hizo retirar los retratos de Videla y otros oficiales de la dictadura de la más importante academia militar de Argentina.
En marzo de 2004, el gobierno de Kirchner ocupó el campus de la Escuela de Mecánica de la Armada, que sirvió como el más notorio campo de concentración de la dictadura. Kirchner anunció que sería transformado en un museo en memoria de los muertos y desaparecidos.
"He venido a pedir perdón, en nombre del estado, por la vergüenza de haber guardado silencio durante 20 años de democracia sobre tantas atrocidades", dijo Kirchner a una muchedumbre de miles de personas que se reunieron frente al centro.
Durante el gobierno de Kirchner, cuatro jueces de la Corte Suprema fueron impugnados u obligados a renunciar bajo amenaza de impugnación. Los cuatro jueces nombrados por Kirchner votaron el martes a favor de anular la amnistía.
15 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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