esperanzas de justicia
[Monte Reel] En Argentina. Resolución abre camino para juzgar a los militares.
Buenos Aires, Argentina. Estela de Carlotto ha guardado en un folleto, durante dos décadas, el nombre del hombre que cree que mató a su hija Laura, que desapareció en 1977, en el punto álgido de la represión que desencadenó el gobierno militar argentino contra los disidentes políticos, conocida como la "guerra sucia".
Sin embargo, hasta hace poco no creía que tenía muchos sentido en seguir el caso. El hombre era un oficial militar de bajo rango, jurídicamente exento de castigo por los crímenes cometidos mientras usaba el uniforme. En lugar de cavilar infructuosamente, Carlotto lo relegó al archivo en el librero de su oficina.
Pero la semana pasada la Corte Suprema argentina resolvió que las leyes aprobadas en los años ochenta para proteger a esos oficiales eran inconstitucionales. Eso significa que Carlotto y otros familiares de las miles de personas de las que se cree que fueron torturadas y asesinadas durante la dictadura de siete años tienen finalmente la posibilidad de presentar acusaciones penales y otros pleitos por lo civil contra los oficiales que estiman responsables.
Poco después de oír las noticias, Carlotto volvió a coger el folleto.
"Voy a empezar a investigar sobre este hombre para saber dónde está y voy a empezar a recoger toda la información sobre él que pueda", dijo Carlotto, 75, una viuda de rizos canos y un aire compuesto y decidido. "Si puedo probar que mató a mi hija -que él apretó el gatillo- tendrá finalmente que ir a la cárcel".
La decisión de la Corte Suprema es la más reciente de una serie de pasos que ha emprendido Argentina recientemente para confrontarse a su espeluznante pasado. Al menos 10.000 argentinos desaparecieron durante la dictadura, lo que significa que más investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el pasado podrían afectar a una amplia capa de la población a un nivel profundamente personal.
Aunque grupos de derechos humanos han elogiado la decisión de la corte, sus detractores dicen que el país está reabriendo heridas que había empezado a curar. Y mientras algunos familiares de víctimas dicen que están ansiosos de hacer uso de la resolución, otros no están seguros de si pueden aguantar el peso legal y emocional de hurgar en esos crímenes de hace tanto tiempo.
A mediados de los años ochenta, el gobierno civil encabezado por el presidente Raúl Alfonsín avanzó cautelosamente en temas de derechos humanos para evitar un posible golpe militar. Los juicios se limitaron a los líderes y personeros importantes de la dictadura militar de 1976-1983, mientras que se otorgó inmunidad a los oficiales de menor jerarquía. Después de eso, una sucesión de gobernantes civiles han sostenido que era mejor mirar hacia el futuro que quedarse en el pasado.
"Algo ha pasado después de que aprobaran sus protecciones. Quizás una parte de la población pensó que en ese punto no había esperanzas de que se hiciera justicia", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch, desde Washington. "Sólo en los últimos años se han dado cuenta de que es posible otra vez".
No fue sino cuando el presidente Néstor Kirchner asumiera el cargo en 2003 que los funcionarios empezaron a presionar para exigir responsabilidades de los militares. Kirchner despidió a varios comandantes. También retiró a un obispo católico que estaba asignado a las fuerzas armadas por declarar que el ministro de sanidad debería "ser arrojado al mar" -un destino que sufrieron muchos disidentes desaparecidos- por sugerir que se debía legalizar el aborto.
Además, en los dos últimos años, cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema han sido impugnados o han renunciado ante la amenaza de impugnación. La semana pasada los cuatro nuevos jueces nombrados por Kirchner votaron a favor de anular las leyes de inmunidad. Entre los jueces hubo siete votos a favor y una abstención.
"Las leyes de inmunidad no son aplicables a crímenes contra la humanidad", dijo el juez Antonio Boggiano en una explicación de su voto. "Si fueran aplicadas, sería inconstitucional".
Laura Carlotto, activista política de 22, tenía dos meses y medio de embarazo cuando desapareció el 26 de noviembre de 1977. Diez meses más tarde, su familia recibió una llamada de oficiales militares que le dijeron que ella había muerto en un tiroteo entre el ejército y miembros de un grupo político radical.
"Mintieron, diciendo que ella nunca fue secuestrada y que iba armada cuando fue matada", dijo Estella de Carlotto, que finalmente recibió el cuerpo de su hija. "La autopsia mostró que le habían disparado a una distancia de 30 centímetros, cuando yacía de espaldas, en el suelo. Uno de sus brazos había sido quebrado, probablemente porque se resistió".
Varios testigos dijeron más tarde que habían visto a Laura en un centro de detención militar. Dijeron que el 26 de junio de 1978 había dado a luz a un niño llamado Guido y que oficial de alto rango se había apropiado del niño. En 1985, durante una investigación de los crímenes de los militares, un ex soldado declaró que sabía quién había matado a Laura. Carlotto obtuvo una copia de la declaración, pero no hizo nada.
"Nunca tuve la intención de perseguirlo yo misma. Yo quiero que lo persiga el poder judicial", dijo. "La gente me pregunta a veces qué haría si lo me encontrara cara a cara con él... Yo digo que me daría pena, y sentiría por él un enorme desprecio".
Carlotto hizo esfuerzos por localizar a Guido, que tendría 27 años. Se incorporó a un grupo de derechos humanos dedicado a la búsqueda de unos 500 hijos de "desaparecidos", que se cree que han adoptados ilegalmente por familias militares. Aunque nunca logró localizar a su nieto, ayudó a 80 hijos de las víctimas a descubrir la verdad sobre sus padres adoptivos y los encaminan hacia sus familias biológicas.
Hace poco ha observado que los argentinos están cada vez más dispuestos a indagar en el pasado, especialmente la gente joven cuyos padres desaparecieron hace años. A pesar del trastorno psicológico, dijo, prácticamente todos los días entra alguien a su oficina a investigar su historia personal.
"Todos tenemos nuestro propio tiempo, pero parece que muchos de los hijos deciden investigar [sobre su origen] a medida que maduran", dijo Carlotto. "Las dudas que tenían se transforman en certezas. Empiezan a decir: Necesito saber quién soy realmente'".
Cuando crecía, Matías Olivera siempre supo que su padre había sido secuestrado en una estación de tren cuando se dirigía a su trabajo. Pero el crimen ocurrió cuando Matías era un infante y tuvo una infancia feliz con una madre y padres adoptivos que lo querían. Nunca dijo nada a sus amigos sobre el destino de su padre, y evitaba a los grupos que buscaban a los familiares de los desaparecidos.
Pero hace dos años, dijo, un impulso indefinible lo llevó a tipear el nombre de su padre en la máquina de búsquedas de Google en internet. Los enlaces llenaron la pantalla. Los abrió y llegó a sitios en la red sobre grupos de derechos humanos, biografías de los desaparecidos y la historia del sindicato de su padre. Creó una carpeta para archivar los documentos que había encontrado.
"No sé por qué, pero parece que un montón de gente joven decidieron levantar una muralla entre ellos y este asunto", dijo Olivera, 27, que trabaja en una compañía de telecomunicaciones. "Pero en los últimos años, todo parece haber empezado de nuevo. Un montón de gente de mi edad estaba pasando por el mismo proceso que yo".
La reciente resolución de la Corte Suprema embargó a Olivera de sentimientos contradictorios. Dijo que se había enterado dónde había sido detenido su padre y el nombre del oficial que ordenó su detención. Con algo más de esfuerzos, dijo, podría probablemente creer una imagen detallada de los últimos días de su padre y agregarla a su carpeta.
Sin embargo, de momento Olivera piensa dejar el tema de lado. El poder judicial puede estar finalmente en estado de indagar más profundamente en el destino de su padre, pero todavía no está seguro de que esté preparado para conocer toda la terrible verdad.
"Realmente no quiero saber cómo fue torturado y matado, y no me importa vengarme", dijo Olivera, deteniéndose para controlar sus emociones. "Pero cuando pienso que pasaron cosas como estas, recuerdas lo mucho que tu vida está conectada con tu época. Empiezas a ver que incluso aunque puedas vivir seguro en tu propio lapso de vida, lo que pasó entonces puede arruinar tu vida de muchas maneras".
25 de junio de 2005
©washington post
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. Estela de Carlotto ha guardado en un folleto, durante dos décadas, el nombre del hombre que cree que mató a su hija Laura, que desapareció en 1977, en el punto álgido de la represión que desencadenó el gobierno militar argentino contra los disidentes políticos, conocida como la "guerra sucia".Sin embargo, hasta hace poco no creía que tenía muchos sentido en seguir el caso. El hombre era un oficial militar de bajo rango, jurídicamente exento de castigo por los crímenes cometidos mientras usaba el uniforme. En lugar de cavilar infructuosamente, Carlotto lo relegó al archivo en el librero de su oficina.
Pero la semana pasada la Corte Suprema argentina resolvió que las leyes aprobadas en los años ochenta para proteger a esos oficiales eran inconstitucionales. Eso significa que Carlotto y otros familiares de las miles de personas de las que se cree que fueron torturadas y asesinadas durante la dictadura de siete años tienen finalmente la posibilidad de presentar acusaciones penales y otros pleitos por lo civil contra los oficiales que estiman responsables.
Poco después de oír las noticias, Carlotto volvió a coger el folleto.
"Voy a empezar a investigar sobre este hombre para saber dónde está y voy a empezar a recoger toda la información sobre él que pueda", dijo Carlotto, 75, una viuda de rizos canos y un aire compuesto y decidido. "Si puedo probar que mató a mi hija -que él apretó el gatillo- tendrá finalmente que ir a la cárcel".
La decisión de la Corte Suprema es la más reciente de una serie de pasos que ha emprendido Argentina recientemente para confrontarse a su espeluznante pasado. Al menos 10.000 argentinos desaparecieron durante la dictadura, lo que significa que más investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el pasado podrían afectar a una amplia capa de la población a un nivel profundamente personal.
Aunque grupos de derechos humanos han elogiado la decisión de la corte, sus detractores dicen que el país está reabriendo heridas que había empezado a curar. Y mientras algunos familiares de víctimas dicen que están ansiosos de hacer uso de la resolución, otros no están seguros de si pueden aguantar el peso legal y emocional de hurgar en esos crímenes de hace tanto tiempo.
A mediados de los años ochenta, el gobierno civil encabezado por el presidente Raúl Alfonsín avanzó cautelosamente en temas de derechos humanos para evitar un posible golpe militar. Los juicios se limitaron a los líderes y personeros importantes de la dictadura militar de 1976-1983, mientras que se otorgó inmunidad a los oficiales de menor jerarquía. Después de eso, una sucesión de gobernantes civiles han sostenido que era mejor mirar hacia el futuro que quedarse en el pasado.
"Algo ha pasado después de que aprobaran sus protecciones. Quizás una parte de la población pensó que en ese punto no había esperanzas de que se hiciera justicia", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch, desde Washington. "Sólo en los últimos años se han dado cuenta de que es posible otra vez".
No fue sino cuando el presidente Néstor Kirchner asumiera el cargo en 2003 que los funcionarios empezaron a presionar para exigir responsabilidades de los militares. Kirchner despidió a varios comandantes. También retiró a un obispo católico que estaba asignado a las fuerzas armadas por declarar que el ministro de sanidad debería "ser arrojado al mar" -un destino que sufrieron muchos disidentes desaparecidos- por sugerir que se debía legalizar el aborto.
Además, en los dos últimos años, cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema han sido impugnados o han renunciado ante la amenaza de impugnación. La semana pasada los cuatro nuevos jueces nombrados por Kirchner votaron a favor de anular las leyes de inmunidad. Entre los jueces hubo siete votos a favor y una abstención.
"Las leyes de inmunidad no son aplicables a crímenes contra la humanidad", dijo el juez Antonio Boggiano en una explicación de su voto. "Si fueran aplicadas, sería inconstitucional".
Laura Carlotto, activista política de 22, tenía dos meses y medio de embarazo cuando desapareció el 26 de noviembre de 1977. Diez meses más tarde, su familia recibió una llamada de oficiales militares que le dijeron que ella había muerto en un tiroteo entre el ejército y miembros de un grupo político radical.
"Mintieron, diciendo que ella nunca fue secuestrada y que iba armada cuando fue matada", dijo Estella de Carlotto, que finalmente recibió el cuerpo de su hija. "La autopsia mostró que le habían disparado a una distancia de 30 centímetros, cuando yacía de espaldas, en el suelo. Uno de sus brazos había sido quebrado, probablemente porque se resistió".
Varios testigos dijeron más tarde que habían visto a Laura en un centro de detención militar. Dijeron que el 26 de junio de 1978 había dado a luz a un niño llamado Guido y que oficial de alto rango se había apropiado del niño. En 1985, durante una investigación de los crímenes de los militares, un ex soldado declaró que sabía quién había matado a Laura. Carlotto obtuvo una copia de la declaración, pero no hizo nada.
"Nunca tuve la intención de perseguirlo yo misma. Yo quiero que lo persiga el poder judicial", dijo. "La gente me pregunta a veces qué haría si lo me encontrara cara a cara con él... Yo digo que me daría pena, y sentiría por él un enorme desprecio".
Carlotto hizo esfuerzos por localizar a Guido, que tendría 27 años. Se incorporó a un grupo de derechos humanos dedicado a la búsqueda de unos 500 hijos de "desaparecidos", que se cree que han adoptados ilegalmente por familias militares. Aunque nunca logró localizar a su nieto, ayudó a 80 hijos de las víctimas a descubrir la verdad sobre sus padres adoptivos y los encaminan hacia sus familias biológicas.
Hace poco ha observado que los argentinos están cada vez más dispuestos a indagar en el pasado, especialmente la gente joven cuyos padres desaparecieron hace años. A pesar del trastorno psicológico, dijo, prácticamente todos los días entra alguien a su oficina a investigar su historia personal.
"Todos tenemos nuestro propio tiempo, pero parece que muchos de los hijos deciden investigar [sobre su origen] a medida que maduran", dijo Carlotto. "Las dudas que tenían se transforman en certezas. Empiezan a decir: Necesito saber quién soy realmente'".
Cuando crecía, Matías Olivera siempre supo que su padre había sido secuestrado en una estación de tren cuando se dirigía a su trabajo. Pero el crimen ocurrió cuando Matías era un infante y tuvo una infancia feliz con una madre y padres adoptivos que lo querían. Nunca dijo nada a sus amigos sobre el destino de su padre, y evitaba a los grupos que buscaban a los familiares de los desaparecidos.
Pero hace dos años, dijo, un impulso indefinible lo llevó a tipear el nombre de su padre en la máquina de búsquedas de Google en internet. Los enlaces llenaron la pantalla. Los abrió y llegó a sitios en la red sobre grupos de derechos humanos, biografías de los desaparecidos y la historia del sindicato de su padre. Creó una carpeta para archivar los documentos que había encontrado.
"No sé por qué, pero parece que un montón de gente joven decidieron levantar una muralla entre ellos y este asunto", dijo Olivera, 27, que trabaja en una compañía de telecomunicaciones. "Pero en los últimos años, todo parece haber empezado de nuevo. Un montón de gente de mi edad estaba pasando por el mismo proceso que yo".
La reciente resolución de la Corte Suprema embargó a Olivera de sentimientos contradictorios. Dijo que se había enterado dónde había sido detenido su padre y el nombre del oficial que ordenó su detención. Con algo más de esfuerzos, dijo, podría probablemente creer una imagen detallada de los últimos días de su padre y agregarla a su carpeta.
Sin embargo, de momento Olivera piensa dejar el tema de lado. El poder judicial puede estar finalmente en estado de indagar más profundamente en el destino de su padre, pero todavía no está seguro de que esté preparado para conocer toda la terrible verdad.
"Realmente no quiero saber cómo fue torturado y matado, y no me importa vengarme", dijo Olivera, deteniéndose para controlar sus emociones. "Pero cuando pienso que pasaron cosas como estas, recuerdas lo mucho que tu vida está conectada con tu época. Empiezas a ver que incluso aunque puedas vivir seguro en tu propio lapso de vida, lo que pasó entonces puede arruinar tu vida de muchas maneras".
25 de junio de 2005
©washington post
©traducción mQh
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