asesinos quedan impunes
[Juan Forero] Nueva ley de gobierno colombiano deja impunes a los más despiadados criminales de la historia del país.
San Onofre, Colombia. En uno de los capítulos más horrorosos del largo conflicto civil de Colombia, los investigadores están desenterrando centenas de cuerpos de las fosas secretas que salpican esta húmeda región ganadera cerca del Caribe, víctimas de grupos paramilitares de extrema derecha que ahora se benefician de generosas concesiones si se comprometen a desarmarse.
Con docenas de personas presentándose en los últimos meses a denunciar la desaparición de familiares, el gobierno y oficiales militares calculan ahora que cientos de campesinos pobres fueron asesinados y enterrados en secreto en una campaña de terror que empezó a fines de los años noventa.
Los grupos paramilitares, dicen, han secuestrado y asesinado a sus víctimas para apoderarse de sus tierras y en algunos casos para exterminar a los partidarios de las guerrillas marxistas que han estado luchando contra el gobierno desde los años sesenta.
Durante años el temor mantuvo ocultos los crímenes. Pero con la llegada este año de un nuevo comandante militar que ha calmado la región, las familias empezaron finalmente a hablar, a pesar de persistentes peligros que antes este año costaron la vida a un denunciante.
Hasta el momento se han recuperado 72 cadáveres de El Palmar, una enorme hacienda en las afueras de San Onofre, que fue utilizada como base por las fuerzas paramilitares, cuyas milicias controlan varios estados de la costa.
En la oscura y húmeda tierra, las autoridades han recuperado cuerpos en varias otras aldeas y están trabajando para localizar otras fosas comunes en cinco otros estados, dijo Elba Beatriz Silva, coordinadora de la oficina de derechos humanos del fiscal general, que está supervisando el proceso gradual de exhumaciones que pueden extenderse todavía más.
"Aquí ha desaparecido un montón de gente -hijos, padres, madres, hermanos", dijo Iván Wilches, 22, cuyo hermano desapareció. "Mataban a gente todos los días. Los sacaban de sus casas, a las que entraban rompiendo las puertas. Todos aparecían muertos".
Los hallazgos han destacado un componente brutal, pero desdeñado de la guerra de Colombia -las desapariciones de más de 3.500 personas en los últimos años- y hecho surgir nuevas preguntas sobre si habrá alguna vez justicia por esos asesinatos.
Las autoridades dicen que han arrestado a 11 combatientes paramilitares del área que se enfrentan a acusaciones criminales. Pero los dos cerebros sospechosos, de acuerdo a gente de la localidad y a autoridades de gobierno, se benefician de una nueva Ley de Paz y Justicia que les ofrece indulgencia a cambio de su desarme.
Los dos comandantes -Edward Cobos y su lugarteniente Rodrigo Mercado Pelufo, que dirigen una milicia de 600 hombres- están protegidos en un refugio seguro controlado por el gobierno con 50 cabecillas paramilitares y podrían cumplir sentencias de hasta 2 años de brevedad.
Ellos y otros miembros de la milicia no serán obligados a entregar detalles de sus crímenes. Si las autoridades presentan cargos contra ellos, la ley les otorga un plazo de sólo 60 días para preparar las acusaciones, algo que grupos de derechos humanos dicen que es prácticamente imposible.
El gobierno, que ha tratado infructuosamente durante años de negociar para poner fin al conflicto con las guerrillas, dice que la nueva ley es necesaria para desmovilizar a unos 15.000 combatientes paramilitares en el país que organizaron un levantamiento armado en los últimos años, empeorando el clima de violencia.
La ley ha provocado furiosas objeciones de los que temen que significará la impunidad de las peores atrocidades del conflicto civil de 41 años, en el que han perdido la vida unas 200.000 personas. Hasta ahora se prestaba atención a las masacres y asesinatos de políticos. Pero se ha prestado poca atención a lo que se conoce como la "desaparición" de personas, algo comúnmente más asociado con otros conflictos latinoamericanos, desde El Salvador hasta Brasil y Argentina en las últimas décadas, cuando fue un método utilizado por la mayoría de las dictaduras militares para silenciar a sus adversarios y sembrar el terror entre los civiles.
Desde los años noventa, la táctica ha sido usada en Colombia con creciente frecuencia.
La Comisión de Juristas Colombianos dice que 3.588 personas han desaparecido en este país entre 1996 y 2004. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, que visitó Colombia en julio, ha investigado casi 1.200 casos, incluyendo los de San Onofre.
Muchos de los asesinatos aquí son atribuidos a una unidad paramilitar que se llama a sí misma Héroes de los Montes de María, que dirigían los dos cabecillas paramilitares. El despacho del fiscal general dice que el grupo estaba principalmente activo en el tráfico de drogas y en la corrupción de funcionarios locales y que los asesinatos contribuyeron a apoderarse de las tierras de campesinos pobres y el control de los corredores de tráfico de cocaína hacia el Caribe.
Funcionarios dicen que los grupos paramilitares también atacaban a los que acusaban de colaborar con los rebeldes, a los pocos que se atrevían a quejarse, a delincuentes comunes e incluso a sus propios hombres cuando caían en desgracia.
"Se los llevaban a esa hacienda, donde les condenaban a sentencias absurdas, sin siquiera un juicio, ya que estaban condenados de antemano, y eran asesinados de los modos más atroces", dijo Silva, del despacho de derechos humanos del fiscal general.
Debido a que se sospechaba que las autoridades locales y oficiales militares parias colaboraban con las milicias, durante años nadie en la región dijo una palabra de protesta, dijeron familias que en las últimas semanas han informado a las autoridades sobre familiares desaparecidos.
"Todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada porque si lo hacías, venían a por ti entre 3 y 4 de la mañana y te llevaban", dijo Lorenza Cárdenas, 60, la madre de José Luis Olivo, que desapareció hace dos años y se cree que está enterrado en algún lugar. "Aquí, si hablabas, te mataban".
El temor empezó a disiparse este año sólo después de que un severo coronel de la Marina, Rafael Colón, fue nombrado comandante de la base marina local, dijeron vecinos. Erradicando las fuerzas paramilitares con el mismo celo que fueron erradicados los rebeldes marxistas, ha creado una nueva sensación de orden.
Eso llevó a una familia, los Verbel, a reunirse con otras en el pueblo que sabían sobre las fosas comunes. "Aquí todos sabíamos dónde estaban las fosas y así lo informamos", dijo Hermes Verbel, 43, uno de ocho hermanos que organizaron a los vecinos. "Todos sabíamos cómo los paramilitares se apoderaban de las tierras y ganado de la gente".
Por su atrevimiento, la familia Verbel pagó un alto precio: el asesinato de uno de los hermanos, Guillermo, 52, en enero. Pero para entonces el asesinato sólo dio más bríos a los aldeanos. Más vecinos se presentaron de barrios como Alto Julio, en San Onofre, donde casi todas las familias de este mísero barrio tienen a algún familiar desaparecido.
El hermano de Iván Wilches, Mauricio, 16, fue secuestrado en la calle hace un año. Fidencio Berríos, 67, recordó que su hijo, Andrés, 42, salió a hacer una llamada telefónica en 2002 y nunca volvió.
Maruja del Carmen Pestaña perdió dos hijos, y Hermenegilda Julio dijo que su hijo, Jairo Luis Alta Miranda, fue secuestrado por pistoleros en un coso de toros local en 2003.
"No sabemos dónde están", dijo Mariela Medina, cuyo padre, José Torres, 60, trabajaba en El Palmar y desapareció en 1997. "Sabemos que se los llevaron, sabemos que están muertos, pero eso es lo único que sabemos".
De momento, las autoridades están buscando las fosas con la ayuda de las familias de las víctimas e informantes como Feliciano Yepes, un ex comandante paramilitar ahora en prisión. Ha llevado a los investigadores de fosa en fosa.
"En esa hacienda hay aproximadamente 500 personas enterradas", dijo Yepes, de acuerdo a una declaración del gobierno, "entre ellos delincuentes, campesinos que no colaboraban y también paramilitares".
Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen llegando para hacer sus denuncias en la pequeña oficina local del fiscal general, proporcionando a los oficinistas con detalles sobre las víctimas y otros rasgos identificatorios. De momento, sólo se ha identificado positivamente a dos de las víctimas, aunque se han tomado muestras de ADN de 46 aldeanos para que puedan ser comparadas con los restos de esqueletos.
"Queremos que esto ocurra", dijo Cárdenas. "Una madre siente el dolor, y todas las madres se preguntan qué habrá pasado con sus hijos, dónde están".
Justo fuera de San Onofre, el rancho El Palmar se ve ahora apacible y silencioso. Orlando Pascua, 33, uno de los campesinos que trabaja aquí, llevó a los visitantes hacia los establos, donde las milicias han cavado profundas fosas. La bota de una víctima había sido dejada a un lado. A varios metros de profundidad, debajo de un árbol, los sicarios enterraron a más gente.
Pascua dijo que él y otros campesinos estaban tratando de olvidar lo que había ocurrido, pero no era fácil. "La gente dice que causaron mucho daño", dijo. "Cuando te traían aquí, no salías vivo".
Jenny Carolina González contribuyó a este reportaje desde Bogotá.
12 de agosto de 2005
10 de agosto
©new york times
©traducción mQh
San Onofre, Colombia. En uno de los capítulos más horrorosos del largo conflicto civil de Colombia, los investigadores están desenterrando centenas de cuerpos de las fosas secretas que salpican esta húmeda región ganadera cerca del Caribe, víctimas de grupos paramilitares de extrema derecha que ahora se benefician de generosas concesiones si se comprometen a desarmarse.Con docenas de personas presentándose en los últimos meses a denunciar la desaparición de familiares, el gobierno y oficiales militares calculan ahora que cientos de campesinos pobres fueron asesinados y enterrados en secreto en una campaña de terror que empezó a fines de los años noventa.
Los grupos paramilitares, dicen, han secuestrado y asesinado a sus víctimas para apoderarse de sus tierras y en algunos casos para exterminar a los partidarios de las guerrillas marxistas que han estado luchando contra el gobierno desde los años sesenta.
Durante años el temor mantuvo ocultos los crímenes. Pero con la llegada este año de un nuevo comandante militar que ha calmado la región, las familias empezaron finalmente a hablar, a pesar de persistentes peligros que antes este año costaron la vida a un denunciante.
Hasta el momento se han recuperado 72 cadáveres de El Palmar, una enorme hacienda en las afueras de San Onofre, que fue utilizada como base por las fuerzas paramilitares, cuyas milicias controlan varios estados de la costa.
En la oscura y húmeda tierra, las autoridades han recuperado cuerpos en varias otras aldeas y están trabajando para localizar otras fosas comunes en cinco otros estados, dijo Elba Beatriz Silva, coordinadora de la oficina de derechos humanos del fiscal general, que está supervisando el proceso gradual de exhumaciones que pueden extenderse todavía más.
"Aquí ha desaparecido un montón de gente -hijos, padres, madres, hermanos", dijo Iván Wilches, 22, cuyo hermano desapareció. "Mataban a gente todos los días. Los sacaban de sus casas, a las que entraban rompiendo las puertas. Todos aparecían muertos".
Los hallazgos han destacado un componente brutal, pero desdeñado de la guerra de Colombia -las desapariciones de más de 3.500 personas en los últimos años- y hecho surgir nuevas preguntas sobre si habrá alguna vez justicia por esos asesinatos.
Las autoridades dicen que han arrestado a 11 combatientes paramilitares del área que se enfrentan a acusaciones criminales. Pero los dos cerebros sospechosos, de acuerdo a gente de la localidad y a autoridades de gobierno, se benefician de una nueva Ley de Paz y Justicia que les ofrece indulgencia a cambio de su desarme.
Los dos comandantes -Edward Cobos y su lugarteniente Rodrigo Mercado Pelufo, que dirigen una milicia de 600 hombres- están protegidos en un refugio seguro controlado por el gobierno con 50 cabecillas paramilitares y podrían cumplir sentencias de hasta 2 años de brevedad.
Ellos y otros miembros de la milicia no serán obligados a entregar detalles de sus crímenes. Si las autoridades presentan cargos contra ellos, la ley les otorga un plazo de sólo 60 días para preparar las acusaciones, algo que grupos de derechos humanos dicen que es prácticamente imposible.
El gobierno, que ha tratado infructuosamente durante años de negociar para poner fin al conflicto con las guerrillas, dice que la nueva ley es necesaria para desmovilizar a unos 15.000 combatientes paramilitares en el país que organizaron un levantamiento armado en los últimos años, empeorando el clima de violencia.
La ley ha provocado furiosas objeciones de los que temen que significará la impunidad de las peores atrocidades del conflicto civil de 41 años, en el que han perdido la vida unas 200.000 personas. Hasta ahora se prestaba atención a las masacres y asesinatos de políticos. Pero se ha prestado poca atención a lo que se conoce como la "desaparición" de personas, algo comúnmente más asociado con otros conflictos latinoamericanos, desde El Salvador hasta Brasil y Argentina en las últimas décadas, cuando fue un método utilizado por la mayoría de las dictaduras militares para silenciar a sus adversarios y sembrar el terror entre los civiles.
Desde los años noventa, la táctica ha sido usada en Colombia con creciente frecuencia.
La Comisión de Juristas Colombianos dice que 3.588 personas han desaparecido en este país entre 1996 y 2004. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, que visitó Colombia en julio, ha investigado casi 1.200 casos, incluyendo los de San Onofre.
Muchos de los asesinatos aquí son atribuidos a una unidad paramilitar que se llama a sí misma Héroes de los Montes de María, que dirigían los dos cabecillas paramilitares. El despacho del fiscal general dice que el grupo estaba principalmente activo en el tráfico de drogas y en la corrupción de funcionarios locales y que los asesinatos contribuyeron a apoderarse de las tierras de campesinos pobres y el control de los corredores de tráfico de cocaína hacia el Caribe.
Funcionarios dicen que los grupos paramilitares también atacaban a los que acusaban de colaborar con los rebeldes, a los pocos que se atrevían a quejarse, a delincuentes comunes e incluso a sus propios hombres cuando caían en desgracia.
"Se los llevaban a esa hacienda, donde les condenaban a sentencias absurdas, sin siquiera un juicio, ya que estaban condenados de antemano, y eran asesinados de los modos más atroces", dijo Silva, del despacho de derechos humanos del fiscal general.
Debido a que se sospechaba que las autoridades locales y oficiales militares parias colaboraban con las milicias, durante años nadie en la región dijo una palabra de protesta, dijeron familias que en las últimas semanas han informado a las autoridades sobre familiares desaparecidos.
"Todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada porque si lo hacías, venían a por ti entre 3 y 4 de la mañana y te llevaban", dijo Lorenza Cárdenas, 60, la madre de José Luis Olivo, que desapareció hace dos años y se cree que está enterrado en algún lugar. "Aquí, si hablabas, te mataban".
El temor empezó a disiparse este año sólo después de que un severo coronel de la Marina, Rafael Colón, fue nombrado comandante de la base marina local, dijeron vecinos. Erradicando las fuerzas paramilitares con el mismo celo que fueron erradicados los rebeldes marxistas, ha creado una nueva sensación de orden.
Eso llevó a una familia, los Verbel, a reunirse con otras en el pueblo que sabían sobre las fosas comunes. "Aquí todos sabíamos dónde estaban las fosas y así lo informamos", dijo Hermes Verbel, 43, uno de ocho hermanos que organizaron a los vecinos. "Todos sabíamos cómo los paramilitares se apoderaban de las tierras y ganado de la gente".
Por su atrevimiento, la familia Verbel pagó un alto precio: el asesinato de uno de los hermanos, Guillermo, 52, en enero. Pero para entonces el asesinato sólo dio más bríos a los aldeanos. Más vecinos se presentaron de barrios como Alto Julio, en San Onofre, donde casi todas las familias de este mísero barrio tienen a algún familiar desaparecido.
El hermano de Iván Wilches, Mauricio, 16, fue secuestrado en la calle hace un año. Fidencio Berríos, 67, recordó que su hijo, Andrés, 42, salió a hacer una llamada telefónica en 2002 y nunca volvió.
Maruja del Carmen Pestaña perdió dos hijos, y Hermenegilda Julio dijo que su hijo, Jairo Luis Alta Miranda, fue secuestrado por pistoleros en un coso de toros local en 2003.
"No sabemos dónde están", dijo Mariela Medina, cuyo padre, José Torres, 60, trabajaba en El Palmar y desapareció en 1997. "Sabemos que se los llevaron, sabemos que están muertos, pero eso es lo único que sabemos".
De momento, las autoridades están buscando las fosas con la ayuda de las familias de las víctimas e informantes como Feliciano Yepes, un ex comandante paramilitar ahora en prisión. Ha llevado a los investigadores de fosa en fosa.
"En esa hacienda hay aproximadamente 500 personas enterradas", dijo Yepes, de acuerdo a una declaración del gobierno, "entre ellos delincuentes, campesinos que no colaboraban y también paramilitares".
Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen llegando para hacer sus denuncias en la pequeña oficina local del fiscal general, proporcionando a los oficinistas con detalles sobre las víctimas y otros rasgos identificatorios. De momento, sólo se ha identificado positivamente a dos de las víctimas, aunque se han tomado muestras de ADN de 46 aldeanos para que puedan ser comparadas con los restos de esqueletos.
"Queremos que esto ocurra", dijo Cárdenas. "Una madre siente el dolor, y todas las madres se preguntan qué habrá pasado con sus hijos, dónde están".
Justo fuera de San Onofre, el rancho El Palmar se ve ahora apacible y silencioso. Orlando Pascua, 33, uno de los campesinos que trabaja aquí, llevó a los visitantes hacia los establos, donde las milicias han cavado profundas fosas. La bota de una víctima había sido dejada a un lado. A varios metros de profundidad, debajo de un árbol, los sicarios enterraron a más gente.
Pascua dijo que él y otros campesinos estaban tratando de olvidar lo que había ocurrido, pero no era fácil. "La gente dice que causaron mucho daño", dijo. "Cuando te traían aquí, no salías vivo".
Jenny Carolina González contribuyó a este reportaje desde Bogotá.
12 de agosto de 2005
10 de agosto
©new york times
©traducción mQh
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