secuestrados con fe
[Monte Reel] Familias de secuestrados mantienen la fe. Oferta de rebeldes colombianos de intercambio de prisioneros plantea problemas al gobierno respaldado por Estados Unidos.
Bogotá, Colombia. En el apartamento encima de su zapatería, Silvio Hernández y su esposa Magdalena deslizan un manoseado video en un reproductor VCR. Miran las borrosas imágenes con ojos llorosos y escuchan una vez más las únicas palabras que han oído de su hijo Elquin desde que fuera secuestrado por rebeldes antigubernamentales en 1998, cuando tenía 22 años.
"Afortunadamente no tengo hijos, porque estarían sufriendo con esta situación", dice Elquin Hernández en el video, hecho en el escondite de los rebeldes en la selva. Las moscas se arrastran por el lente de la cámara y revolotean en torno a él.
A unos 4.000 kilómetros de distancia, en su casa en el centro de Connecticut, Jo Rosano mira a veces otro video, filmado por un periodista al que se le otorgó un breve acceso a su hijo Marc Gonsalves. Subcontratista del gobierno norteamericano en una misión de vigilancia área del narcotráfico, fue capturado por los rebeldes después de que su avión se estrellara durante un aterrizaje en la selva colombiana el 13 de febrero de 2003.
"Quiero que sepas que soy fuerte", dice Gonsalves, que tenía 31 cuando fue capturado junto con otros dos americanos en el avión. "No estoy herido ni me han torturado. Simplemente estoy esperando volver a casa".
Hernández y Golsalves son uno de los 60 rehenes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC han propuesto canjear. El grupo guerrillero, que ha estado librando una guerra contra el gobierno colombiano durante 41 años, dice que la libertad de los rehenes depende de la liberación de 300 rebeldes encarcelados en Colombia y Estados Unidos, algunos de ellos por tráfico de drogas y homicidio. Más allá de este grupo de 60, se calcula que las FARC han secuestrado a muchos más. Uno de los más prominentes es Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 mientras hacía campaña para las elecciones presidenciales.
"El gobierno debe negociar su liberación, porque no hay otra solución", dijo Silvio Hernández después de mirar el video una tarde hace poco. "Hace siete años que estamos sufriendo esto. Nuestra vida no tiene perspectivas".
Negociar la liberación con las FARC es extremadamente espinudo. La insurgencia de 13.000 miembros ha demostrado ser un implacable enemigo del gobierno, y controla partes substanciales del campo. El grupo suscribe una ideología marxista revolucionaria y ha dependido fuertemente del tráfico de drogas para financiar sus operaciones.
En los años ochenta un grupo de latifundistas ricos se reunieron y fundaron una red de operativos paramilitares para defenderse de los ataques de las FARC. Los grupos paramilitares, a veces vinculados a miembros de las fuerzas armadas colombianas, han sido acusados por grupos de derechos humanos de haber masacrado a civiles.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe ha implementado una política de estímulos a los milicianos paramilitares para que se desmovilicen a cambio de un programa de reinserción y penas leves por sus crímenes. La oferta ha provocado algunas entregas y los funcionarios esperan desmovilizar a 20.000 de ellos para fines de año.
Pero funcionarios y analistas dicen que las FARC y un grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional ELN, se muestran reluctantes a abandonar su lucha y se han opuesto a los pedidos de paz del gobierno. Las guerrillas también dicen que Uribe ha sido muy blando con los grupos paramilitares y está más abierto a hacer compromisos con ellos.
El gobierno estadounidense, que considera a las FARC un grupo terrorista, se niega a negociar el retorno de Golsalves o de los otros dos americanos capturados con él: Tom Howes, ahora de 52, de Merritt Island, Florida, y Keith Stansell, ahora de 41, de Colquitt, Georgia. Los tres eran empleados civiles de California Microwave Systems, una división de Northrop Grumman Corp., que trabajaban bajo contrato militar norteamericano para realizar prospecciones aéreas donde se cultiva la coca.
Normalmente las FARC secuestran a gente por cortos períodos para reunir dinero a través de los rescates, pero ha dado a conocer la identidad de sólo 60 rehenes de largo plazo -incluyendo policías, soldados, políticos y los tres contratistas americanos- como "canjeables" con el gobierno.
Aunque canjes similares se han negociado periódicamente, el gobierno de Uribe teme que ceder demasiado a las demandas de las FARC podría estimular más secuestros. La dura política de Uribe contra los rebeldes ha coincidido con recientes descensos de los secuestros y otros crímenes violentos, y las encuestas le dan una tasa de aprobación de más del 70 por ciento entre los colombianos encuestados.
"Se puede negociar con las FARC, pero no es fácil", dice el vice-presidente Francisco Santos, que fue secuestrado por el barón de la droga Pablo Escobar en 1990 y mantenido como rehén durante ocho meses. "Son duros como uñas, y cuando cedes algo, lo ven como un signo de debilidad, no como negociación".
A principios del mes pasado, la posibilidad de un "canje humanitario" fue nuevamente planteado. Funcionarios de gobierno dijeron que esperaban reunirse con representantes de las FARC dentro de unos días para empezar las negociaciones sobre un canje de prisioneros. Pero en lugar de eso los líderes de las FARC rechazaron la oferta, quejándose de que el sitio propuesto para el encuentro, una iglesia a unos 145 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital, no fue propuesto en una zona oficialmente desmilitarizada.
Las potenciales negociaciones se ven complicadas además por la posibilidad de que Uribe se postule a la reelección el próximo año, si la Corte Constitucional del país aprueba una enmienda constitucional que le permita hacerlo. Los analistas dijeron que liberar a los prisioneros sería una victoria de relaciones públicas para la campaña de Uribe, algo que las FARC preferirían evitar.
Sin embargo, el gobierno espera mantener la puerta abierta. Ahora se ha volcado hacia la iglesia católica para que actúe de mediadora, esperando que los líderes de la iglesia puedan ayudar a reiniciar las conversaciones de paz. Algunos observadores expresaron un cauto optimismo, apuntando que la iglesia es respetada por todas las partes y que las guerrillas han sido debilitadas por las acciones del gobierno para reducir sus beneficios en el tráfico de drogas. Pero otros dicen que los rebeldes empezaran a hablar sólo si se convencen de que la insurgencia armada ha fracasado.
"Creo que las FARC no se sentarán a la mesa de negociaciones... hasta que se convenzan de que no podrán acceder al poder mediante el uso de las armas", dijo Augusto Ramírez Ocampo, ex embajador y miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación, que ha participado en varios intentos de paz en los últimos 20 años.
Informes sobre los renovados esfuerzos han causado poca impresión entre las familias de los secuestrados, que expresaron amargura hacia los secuestradores de su hijo y frustración con el gobierno al que pidieron ayuda.
"Me siento olvidado", dijo Rosano por teléfono desde Connecticut. "Aquí estamos 2 años y medio después y todos el mundo todavía dice que están haciendo todo lo que pueden. Pero sea lo sea lo que están haciendo, no está funcionando. No quiero que mi hijo se haga viejo en Colombia".
Silvio Hernández asiste a menudo a las manifestaciones semanales en la extensa plaza frente al congreso colombiano, con su retrato de su hijo, mientras él y un puñado de familiares se reúnen para gritar a favor del canje de prisioneros. Le da algo que hacer, pero dijo que difícilmente le sube los ánimos.
"Mira en tu rededor", dijo durante una pequeña protesta, mirando pasar a los transeúntes imbuidos en sus propios asuntos. "Nadie nos presta atención".
Su esposa se quedó en casa, revisando un álbum de cartas y dibujos de su hijo que le hicieron llegar las FARC. La carta más reciente data de hace dos años, como los videos de Elquin y otros siete rehenes que las FARC enviaron a un programa de noticias colombiano en abril de 2003.
Pero aunque la familia no tiene pruebas de que esté todavía con vida, cada semana los familiares llaman a una emisora local para grabar un breve saludo, esperando que la transmisión llegue hasta su hijo en el escondite guerrillero.
"Los mensajes para Elquin son como oxígeno para mí", dijo Magdalena Hernández. "El día que no envíe un mensaje es cuando deberías empezar a preocuparte. Una no puede olvidar a sus hijos".
8 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. En el apartamento encima de su zapatería, Silvio Hernández y su esposa Magdalena deslizan un manoseado video en un reproductor VCR. Miran las borrosas imágenes con ojos llorosos y escuchan una vez más las únicas palabras que han oído de su hijo Elquin desde que fuera secuestrado por rebeldes antigubernamentales en 1998, cuando tenía 22 años."Afortunadamente no tengo hijos, porque estarían sufriendo con esta situación", dice Elquin Hernández en el video, hecho en el escondite de los rebeldes en la selva. Las moscas se arrastran por el lente de la cámara y revolotean en torno a él.
A unos 4.000 kilómetros de distancia, en su casa en el centro de Connecticut, Jo Rosano mira a veces otro video, filmado por un periodista al que se le otorgó un breve acceso a su hijo Marc Gonsalves. Subcontratista del gobierno norteamericano en una misión de vigilancia área del narcotráfico, fue capturado por los rebeldes después de que su avión se estrellara durante un aterrizaje en la selva colombiana el 13 de febrero de 2003.
"Quiero que sepas que soy fuerte", dice Gonsalves, que tenía 31 cuando fue capturado junto con otros dos americanos en el avión. "No estoy herido ni me han torturado. Simplemente estoy esperando volver a casa".
Hernández y Golsalves son uno de los 60 rehenes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC han propuesto canjear. El grupo guerrillero, que ha estado librando una guerra contra el gobierno colombiano durante 41 años, dice que la libertad de los rehenes depende de la liberación de 300 rebeldes encarcelados en Colombia y Estados Unidos, algunos de ellos por tráfico de drogas y homicidio. Más allá de este grupo de 60, se calcula que las FARC han secuestrado a muchos más. Uno de los más prominentes es Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 mientras hacía campaña para las elecciones presidenciales.
"El gobierno debe negociar su liberación, porque no hay otra solución", dijo Silvio Hernández después de mirar el video una tarde hace poco. "Hace siete años que estamos sufriendo esto. Nuestra vida no tiene perspectivas".
Negociar la liberación con las FARC es extremadamente espinudo. La insurgencia de 13.000 miembros ha demostrado ser un implacable enemigo del gobierno, y controla partes substanciales del campo. El grupo suscribe una ideología marxista revolucionaria y ha dependido fuertemente del tráfico de drogas para financiar sus operaciones.
En los años ochenta un grupo de latifundistas ricos se reunieron y fundaron una red de operativos paramilitares para defenderse de los ataques de las FARC. Los grupos paramilitares, a veces vinculados a miembros de las fuerzas armadas colombianas, han sido acusados por grupos de derechos humanos de haber masacrado a civiles.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe ha implementado una política de estímulos a los milicianos paramilitares para que se desmovilicen a cambio de un programa de reinserción y penas leves por sus crímenes. La oferta ha provocado algunas entregas y los funcionarios esperan desmovilizar a 20.000 de ellos para fines de año.
Pero funcionarios y analistas dicen que las FARC y un grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional ELN, se muestran reluctantes a abandonar su lucha y se han opuesto a los pedidos de paz del gobierno. Las guerrillas también dicen que Uribe ha sido muy blando con los grupos paramilitares y está más abierto a hacer compromisos con ellos.
El gobierno estadounidense, que considera a las FARC un grupo terrorista, se niega a negociar el retorno de Golsalves o de los otros dos americanos capturados con él: Tom Howes, ahora de 52, de Merritt Island, Florida, y Keith Stansell, ahora de 41, de Colquitt, Georgia. Los tres eran empleados civiles de California Microwave Systems, una división de Northrop Grumman Corp., que trabajaban bajo contrato militar norteamericano para realizar prospecciones aéreas donde se cultiva la coca.
Normalmente las FARC secuestran a gente por cortos períodos para reunir dinero a través de los rescates, pero ha dado a conocer la identidad de sólo 60 rehenes de largo plazo -incluyendo policías, soldados, políticos y los tres contratistas americanos- como "canjeables" con el gobierno.
Aunque canjes similares se han negociado periódicamente, el gobierno de Uribe teme que ceder demasiado a las demandas de las FARC podría estimular más secuestros. La dura política de Uribe contra los rebeldes ha coincidido con recientes descensos de los secuestros y otros crímenes violentos, y las encuestas le dan una tasa de aprobación de más del 70 por ciento entre los colombianos encuestados.
"Se puede negociar con las FARC, pero no es fácil", dice el vice-presidente Francisco Santos, que fue secuestrado por el barón de la droga Pablo Escobar en 1990 y mantenido como rehén durante ocho meses. "Son duros como uñas, y cuando cedes algo, lo ven como un signo de debilidad, no como negociación".
A principios del mes pasado, la posibilidad de un "canje humanitario" fue nuevamente planteado. Funcionarios de gobierno dijeron que esperaban reunirse con representantes de las FARC dentro de unos días para empezar las negociaciones sobre un canje de prisioneros. Pero en lugar de eso los líderes de las FARC rechazaron la oferta, quejándose de que el sitio propuesto para el encuentro, una iglesia a unos 145 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital, no fue propuesto en una zona oficialmente desmilitarizada.
Las potenciales negociaciones se ven complicadas además por la posibilidad de que Uribe se postule a la reelección el próximo año, si la Corte Constitucional del país aprueba una enmienda constitucional que le permita hacerlo. Los analistas dijeron que liberar a los prisioneros sería una victoria de relaciones públicas para la campaña de Uribe, algo que las FARC preferirían evitar.
Sin embargo, el gobierno espera mantener la puerta abierta. Ahora se ha volcado hacia la iglesia católica para que actúe de mediadora, esperando que los líderes de la iglesia puedan ayudar a reiniciar las conversaciones de paz. Algunos observadores expresaron un cauto optimismo, apuntando que la iglesia es respetada por todas las partes y que las guerrillas han sido debilitadas por las acciones del gobierno para reducir sus beneficios en el tráfico de drogas. Pero otros dicen que los rebeldes empezaran a hablar sólo si se convencen de que la insurgencia armada ha fracasado.
"Creo que las FARC no se sentarán a la mesa de negociaciones... hasta que se convenzan de que no podrán acceder al poder mediante el uso de las armas", dijo Augusto Ramírez Ocampo, ex embajador y miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación, que ha participado en varios intentos de paz en los últimos 20 años.
Informes sobre los renovados esfuerzos han causado poca impresión entre las familias de los secuestrados, que expresaron amargura hacia los secuestradores de su hijo y frustración con el gobierno al que pidieron ayuda.
"Me siento olvidado", dijo Rosano por teléfono desde Connecticut. "Aquí estamos 2 años y medio después y todos el mundo todavía dice que están haciendo todo lo que pueden. Pero sea lo sea lo que están haciendo, no está funcionando. No quiero que mi hijo se haga viejo en Colombia".
Silvio Hernández asiste a menudo a las manifestaciones semanales en la extensa plaza frente al congreso colombiano, con su retrato de su hijo, mientras él y un puñado de familiares se reúnen para gritar a favor del canje de prisioneros. Le da algo que hacer, pero dijo que difícilmente le sube los ánimos.
"Mira en tu rededor", dijo durante una pequeña protesta, mirando pasar a los transeúntes imbuidos en sus propios asuntos. "Nadie nos presta atención".
Su esposa se quedó en casa, revisando un álbum de cartas y dibujos de su hijo que le hicieron llegar las FARC. La carta más reciente data de hace dos años, como los videos de Elquin y otros siete rehenes que las FARC enviaron a un programa de noticias colombiano en abril de 2003.
Pero aunque la familia no tiene pruebas de que esté todavía con vida, cada semana los familiares llaman a una emisora local para grabar un breve saludo, esperando que la transmisión llegue hasta su hijo en el escondite guerrillero.
"Los mensajes para Elquin son como oxígeno para mí", dijo Magdalena Hernández. "El día que no envíe un mensaje es cuando deberías empezar a preocuparte. Una no puede olvidar a sus hijos".
8 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
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