detención ilícita aprobada
[Jerry Markon] Corte norteamericana autoriza la detención sin cargos.
La corte federal de apelaciones respaldó ayer el poder del presidente para detener indefinidamente a ciudadanos americanos detenidos en suelo americano sin presentar cargos contra ellos, afirmando que esa autoridad es vital en tiempos de guerra para proteger al país de atentados terroristas.
La resolución de la Corte de Apelaciones del Tribunal de Distrito Nº4, gira sobre el caso de José Padilla, un ex pandillero y ciudadanos americano detenido en Chicago en 2002 y un mes más tarde calificado de "combatiente enemigo" por el presidente Bush. El gobierno sostiene que Padilla recibió adiestramiento en campamentos de al Qaeda y planeaba atentar contra edificios de apartamentos en Estados Unidos. Padilla ha estado retenido sin juicio en un calabozo de la Marina norteamericana en Estados Unidos durante más de tres años y su caso ha encendido un agitado debate sobre el balance entre las libertades civiles y el poder del gobierno en la lucha contra el terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un puñado de grupos de defensa de las libertades civiles y la ex fiscal general Janet Reno hablaron a favor de Padilla, calificando su detención de ilegal y alegando que el gobierno no tiene poder ilimitado para encerrar indefinidamente a ciudadanos americanos.
Los fiscales federales han afirmado que Bush no sólo tiene la autoridad para detener a Padilla, sino también que ese poder es esencial para prevenir atentados terroristas. En su resolución de ayer, la comisión de tres jueces recovó el veredicto de un tribunal inferior.
Una resolución del congreso aprobada después del 11 de septiembre "proporcionó al presidente todos las atribuciones necesarias y apropiadas para proteger a ciudadanos americanos contra ataques terroristas", según la decisión. "Esas atribuciones incluyen el poder de detener a enemigos identificados como Padilla, que están asociados con al Qaeda... que tomaron las armas contra este País en su guerra contra esos enemigos y que entraron a Estados Unidos con el propósito confeso de proseguir esa guerra atacando a ciudadanos americanos".
Padilla es uno de los dos ciudadanos americanos detenidos como combatientes enemigos desde los atentados terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono. El otro, Yaser Esam Hamdi, fue liberado y enviado a Arabia Saudí el año pasado después de que la Corte Suprema respaldara la autoridad del gobierno para detenerlo, pero dijo que apelaría esa decisión en tribunales norteamericanos.
Juristas siguen de cerca el caso de Padilla porque hay una diferencia fundamental entre los dos: Hamdi fue capturado en un campo de batalla en Afganistán con fuerzas leales a los antiguos gobernantes talibanes del país, y Padilla fue detenido en Estados Unidos.
Los juristas dijeron que es probable que el debate llegue a la Corte Suprema. Andrew Patel, abogado de Padilla, dijo que podría apelar directamente a la Corte Suprema o pedir primero que todo el Distrito Nº4 revise la decisión. "Estamos muy decepcionados", dijo.
La resolución limita el poder presidencial para detener a Padilla a la duración de las hostilidades contra al Qaeda, pero el gobierno de Bush dijo que la guerra podría durar indefinidamente.
La decisión volvió a encender las pasiones desencadenadas por la detención de Padilla en el Aeropuerto Internacional de O'Hare en mayo de 2002.
El fiscal general Alberto Gonzales saludó la resolución como una reafirmación "de la crítica autoridad del presidente para detener a combatientes enemigos que toman las armas a nombre de al Qaeda".
Richard A. Samp, principal abogado de la Fundación Legal, de Washington, un bufete de interés público conservador, dijo que la corte "dio al gobierno la flexibilidad que necesita para la guerra contra el terrorismo. No puedes tratar a un terrorista como si fuera simplemente otro acusado".
Pero Avidan Cover, investigador de Human Rights First, dijo que la resolución "realmente es una bofetada a nuestra compresión de los derechos de los ciudadanos americanos". Los opositores han advertido que si no es limitada por tribunales, la detención de Padilla podría conducir a que se autorice a los militares a detener a cualquiera que, por ejemplo, pida en la biblioteca lo que el gobierno considera materiales de lectura equivocados.
La decisión del Tribunal de Distrito Nº4 también juega un papel en la nominación de Bush a la Corte Suprema para ocupar la vacante dejada por la juez Sandra Day O'Connor. La decisión fue escrita por el juez J. Michael Luttig, un protegido de los grupos conservadores que es considerado como uno de los principales candidatos para la nominación. En la decisión fue respaldado por los jueces William B. Traxler y M. Blane Michael, ambos nombrados durante el gobierno de Clinton.
Sean Rushton, presidente del conservador Comité de Justicias, que fue formado para apoyar a los nominados judiciales de Bush, dijo que dudaba de que la resolución de Luttig afectara sus posibilidades. Señaló que Luttig había firmado decisiones fuertemente oficialistas en casos de terrorismo desde el 11 de septiembre, incluyendo el procesamiento del conspirador condenado, Zacarías Moussaoui.
"No estoy seguro de que realmente nos enteremos de algo más sobre Michael Luttig", dijo Rushton.
Pero Cover dijo que los grupos que se oponen a la nominación potencial de Lutttig revisará cuidadosamente la decisión. "Esto provoca en nuestro grupo, y creo que en muchos otros, preocupaciones muy serias sobre sus opiniones sobre las libertades civiles y las atribuciones presidenciales", dijo Cover.
El gobierno dijo originalmente que Padilla estaba complotando con al Qaeda para detonar un "bomba radioactiva" sucia, pero se ha concentrado desde entonces en las acusaciones de que planeaba hacer volar edificios de apartamentos llenándolos de gas natural. Los fiscales dijeron al Tribunal de Distrito Nº4 que había trabajado para este plan con líderes veteranos de al Qaeda, como el ex jefe de operaciones Khalid Sheik Mohammed.
10 de septiembre de 2005
©wasington post
©traducción mQh
La corte federal de apelaciones respaldó ayer el poder del presidente para detener indefinidamente a ciudadanos americanos detenidos en suelo americano sin presentar cargos contra ellos, afirmando que esa autoridad es vital en tiempos de guerra para proteger al país de atentados terroristas.La resolución de la Corte de Apelaciones del Tribunal de Distrito Nº4, gira sobre el caso de José Padilla, un ex pandillero y ciudadanos americano detenido en Chicago en 2002 y un mes más tarde calificado de "combatiente enemigo" por el presidente Bush. El gobierno sostiene que Padilla recibió adiestramiento en campamentos de al Qaeda y planeaba atentar contra edificios de apartamentos en Estados Unidos. Padilla ha estado retenido sin juicio en un calabozo de la Marina norteamericana en Estados Unidos durante más de tres años y su caso ha encendido un agitado debate sobre el balance entre las libertades civiles y el poder del gobierno en la lucha contra el terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un puñado de grupos de defensa de las libertades civiles y la ex fiscal general Janet Reno hablaron a favor de Padilla, calificando su detención de ilegal y alegando que el gobierno no tiene poder ilimitado para encerrar indefinidamente a ciudadanos americanos.
Los fiscales federales han afirmado que Bush no sólo tiene la autoridad para detener a Padilla, sino también que ese poder es esencial para prevenir atentados terroristas. En su resolución de ayer, la comisión de tres jueces recovó el veredicto de un tribunal inferior.
Una resolución del congreso aprobada después del 11 de septiembre "proporcionó al presidente todos las atribuciones necesarias y apropiadas para proteger a ciudadanos americanos contra ataques terroristas", según la decisión. "Esas atribuciones incluyen el poder de detener a enemigos identificados como Padilla, que están asociados con al Qaeda... que tomaron las armas contra este País en su guerra contra esos enemigos y que entraron a Estados Unidos con el propósito confeso de proseguir esa guerra atacando a ciudadanos americanos".
Padilla es uno de los dos ciudadanos americanos detenidos como combatientes enemigos desde los atentados terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono. El otro, Yaser Esam Hamdi, fue liberado y enviado a Arabia Saudí el año pasado después de que la Corte Suprema respaldara la autoridad del gobierno para detenerlo, pero dijo que apelaría esa decisión en tribunales norteamericanos.
Juristas siguen de cerca el caso de Padilla porque hay una diferencia fundamental entre los dos: Hamdi fue capturado en un campo de batalla en Afganistán con fuerzas leales a los antiguos gobernantes talibanes del país, y Padilla fue detenido en Estados Unidos.
Los juristas dijeron que es probable que el debate llegue a la Corte Suprema. Andrew Patel, abogado de Padilla, dijo que podría apelar directamente a la Corte Suprema o pedir primero que todo el Distrito Nº4 revise la decisión. "Estamos muy decepcionados", dijo.
La resolución limita el poder presidencial para detener a Padilla a la duración de las hostilidades contra al Qaeda, pero el gobierno de Bush dijo que la guerra podría durar indefinidamente.
La decisión volvió a encender las pasiones desencadenadas por la detención de Padilla en el Aeropuerto Internacional de O'Hare en mayo de 2002.
El fiscal general Alberto Gonzales saludó la resolución como una reafirmación "de la crítica autoridad del presidente para detener a combatientes enemigos que toman las armas a nombre de al Qaeda".
Richard A. Samp, principal abogado de la Fundación Legal, de Washington, un bufete de interés público conservador, dijo que la corte "dio al gobierno la flexibilidad que necesita para la guerra contra el terrorismo. No puedes tratar a un terrorista como si fuera simplemente otro acusado".
Pero Avidan Cover, investigador de Human Rights First, dijo que la resolución "realmente es una bofetada a nuestra compresión de los derechos de los ciudadanos americanos". Los opositores han advertido que si no es limitada por tribunales, la detención de Padilla podría conducir a que se autorice a los militares a detener a cualquiera que, por ejemplo, pida en la biblioteca lo que el gobierno considera materiales de lectura equivocados.
La decisión del Tribunal de Distrito Nº4 también juega un papel en la nominación de Bush a la Corte Suprema para ocupar la vacante dejada por la juez Sandra Day O'Connor. La decisión fue escrita por el juez J. Michael Luttig, un protegido de los grupos conservadores que es considerado como uno de los principales candidatos para la nominación. En la decisión fue respaldado por los jueces William B. Traxler y M. Blane Michael, ambos nombrados durante el gobierno de Clinton.
Sean Rushton, presidente del conservador Comité de Justicias, que fue formado para apoyar a los nominados judiciales de Bush, dijo que dudaba de que la resolución de Luttig afectara sus posibilidades. Señaló que Luttig había firmado decisiones fuertemente oficialistas en casos de terrorismo desde el 11 de septiembre, incluyendo el procesamiento del conspirador condenado, Zacarías Moussaoui.
"No estoy seguro de que realmente nos enteremos de algo más sobre Michael Luttig", dijo Rushton.
Pero Cover dijo que los grupos que se oponen a la nominación potencial de Lutttig revisará cuidadosamente la decisión. "Esto provoca en nuestro grupo, y creo que en muchos otros, preocupaciones muy serias sobre sus opiniones sobre las libertades civiles y las atribuciones presidenciales", dijo Cover.
El gobierno dijo originalmente que Padilla estaba complotando con al Qaeda para detonar un "bomba radioactiva" sucia, pero se ha concentrado desde entonces en las acusaciones de que planeaba hacer volar edificios de apartamentos llenándolos de gas natural. Los fiscales dijeron al Tribunal de Distrito Nº4 que había trabajado para este plan con líderes veteranos de al Qaeda, como el ex jefe de operaciones Khalid Sheik Mohammed.
10 de septiembre de 2005
©wasington post
©traducción mQh
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