furia en méxico
[Ginger Thompson] Después de años de torpezas y obstrucciones, las familias de las víctimas sospechan que las autoridades están implicadas en los asesinatos de mujeres en México.
Ciudad Juárez, México. Víctor Javier García todavía tiene las marcas de los cigarrillos que apagó la policía en su abdomen y genitales, torturándolo para que confesara falsamente ser un asesino en serie.
Para el juez de un tribunal inferior no era importante que los análisis de ADN de los cuerpos de las víctimas no fueran concluyentes. O que un médico forense declarara que sus superiores le ordenaron inventar evidencias. O incluso que algunos testigos se retractaron, diciendo que la policía les había amenazado para que declararan en falso.
De todos modos, García fue condenado a 50 años de cárcel.
La Corte Suprema del Estado de Chihuahua revocó la sentencia en junio y dejó en libertad a García, pero sólo después de pasar tres años y medio en prisión, durante los cuales perdió su negocio, sus ahorros, y su esposa, que lo dejó por otro.
"Imagínese", dijo en una entrevista, tragándose las lágrimas. "Donde fuera, la gente la miraba como si estuviera casada con un terrible asesino, cuando los verdaderos criminales están libres. Todavía están libres".
Inquietante como es, el caso de García no es aislado. Observadores internacionales, activistas de derechos humanos y autoridades federales dicen que ilustra un inquietante patrón de mala fe de parte de las autoridades policiales del estado responsables de la investigación del más espantoso misterio criminal: la muerte la década pasada de más de 350 mujeres en este área fronteriza, incluyendo al menos a 90 que fueron violadas y asesinadas de manera similar.
Sea que se trate de incompetencia, corrupción o una horrible conexión con los crímenes, los chapucerías y encubrimientos fueron tantos, dicen investigadores federales que la policía y otros funcionarios se han convertido ellos mismos en sospechosos de estar relacionados con los asesinatos.
"La pregunta que yo y otros nos hacemos", dijo Guadalupe Morfín, enviada especial del presidente Fox a Ciudad Juárez, "es por qué llegan las autoridades al extremo de inventar culpables. Quizás se debió a incompetencia. O quizás fue porque no querían ser descubiertos".
En un discreto pero importante cambio, un nuevo equipo de funcionarios del estado ha tomado medidas para corregir errores pasados revisando y reabriendo 100 casos. Han llamado a un equipo forense argentino para que exhume cuerpos no identificados y recuperen otros conservados en las morgues del estado para análisis de ADN. La revocación del caso de García también hace parte de un nuevo esfuerzo de algunos tribunales para investigar las evidencias más cuidadosamente.
Pero prácticamente todos están de acuerdo en que los problemas en torno a las investigaciones son profundas y están lejos de haber sido resueltas.
Funcionarios de alto rango nombrados por Fox hace dos años para revisar los casos han acusado a las autoridades del estado de minimizar los asesinatos, de fracasar a la hora de iniciar pesquisas para rescatar a tiempo a mujeres desaparecidas, de encubrir y falsificar evidencias cruciales, y de torturar a detenidos para que se declaren culpables.
Sus acciones, dicen los funcionarios, tenían no solamente la intención de evitar una pesadilla de relaciones públicas a medida que crecía la presión internacional, sino también proteger a los muchos que son sospechosos de estar detrás de los asesinatos, incluyendo a funcionarios policiales corruptos, poderosos traficantes de drogas y otras bandas organizadas.
Críticos del estado dicen que los encubrimientos han creado un segundo ciclo de injusticia y han retrasado las investigaciones en años. El gobierno ha creado un fondo de 30 millones de dólares para los familiares de las muertas y la opinión pública espera que una parte sea destinada a los que han sido acusados falsamente. Pero de momento, tienen pocos recursos, incluso en tribunales.
Entretanto hay cada vez más signos de que los asesinatos aparentemente en serie se han extendido a otras ciudades, como Chihuahua, 320 kilómetros a lo largo de la fronteral; Toluca, un suburbio de Ciudad de México; Veracruz, la capital del Golfo de México; y Tuxla Gutiérrez en el sureño estado de Chiapas. El fiscal general Daniel Cabeza de Vaca dice que está considerando nombrar a un fiscal especial para que investigue.
Si se logra o no justicia en Ciudad Juárez, donde empezaron los asesinatos, se ha convertido en una importante prueba de los esfuerzos de México por implantar el imperio de la ley, los derechos humanos y el respeto de las leyes, dicen las autoridades.
Ciudad Juárez, una capital industrial de 1.3 millones de habitantes, se ha ganado el deshonor de ser la ciudad más violenta de México. Sigue estando en garras del crimen organizado, especialmente de traficantes de drogas y bandas de prostitución que son protegidas por autoridades corruptas, dicen funcionarios policiales.
Mujeres y niñas siguen desapareciendo y sufriendo violentas muertes aquí a una tasa dos veces más alta que en el resto del país. Al menos 36 mujeres y niñas, incluyendo dos niñas de 7 y 11 han sido asesinadas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua desde principios de 2004, de acuerdo a informaciones compiladas por la Oficina sobre América Latina de Washington en base a informes de prensa y de las autoridades policiales. Personas que son probablemente inocentes siguen en prisión acusadas de muchos de los asesinatos, basándose en poco más que confesiones que dicen que fueron obtenidas bajo tortura. Entretanto, las autoridades responsables de colocarlos allá -así como los que cometieron los crímenes-, están libres.
Morfín dijo que las revisiones de casos como el de García han empezado a revelar corrupción y abusos en altos niveles, implicando al ex fiscal del estado Jesús José Solís Silva, y el ex director de la policía del estado, Vicente González García.
Ambos hombres fueron absueltos el año pasado después de que las autoridades federales encontraran los cuerpos de 12 hombres, que se cree que fueron asesinados en pendencias relacionadas con el tráfico de drogas, en el patio de una casa en las afueras de Ciudad Juárez. Las autoridades federales han detenido al menos a 16 agentes de policía del estado en relación con los asesinatos.
Al renunciar, Solís dijo que había sido objeto de acusaciones infundadas. González renunció sin hacer comentarios, junto con otros tres jefes policiales, dos semanas más tarde. Si se los vincula a algún delito, dijo Morfín en una entrevista, será difícil creer que lo hicieron solos.
"En estos casos, son las autoridades mismas las que están expuestas, y la sensación que ha empezado a extenderse es que, además de las omisiones y negligencias, también puede haber complicidad", dijo.
Esa posibilidad, dicen ella y otros, ayuda a explicar los extremos a los que han llegado las autoridades para procesar casos endebles. En el caso de García, no sólo hubo evidencias plantadas y declaraciones retiradas, sino además un abogado que trabajaba en el caso fue matado a balazos por agentes de policía que dijeron que lo habían confundido con un fugitivo.
Meses antes de la liberación de García, las autoridades iniciaron un caso igualmente dudoso contra una mujer americana de 46, Cynthia Kiecker Perzábal, y su marido mexicano, Ulises Perzábal, 47, que fueron detenidos hace dos años por el asesinato de Viviana Rayas, 16.
Poco después de que fueran arrestados en su casa en la ciudad de Chihuahua, dijo Kiecker, agentes de policía la separaron de su marido, la desnudaron y torturaron con descargas eléctricas durante dos días con sus noches. Podía oír los gritos de su marido, dijo. A veces, dijo, los agentes la obligaban a mirar cómo torturaban a su marido.
"Habría confesado cualquier cosas para que dejaran de torturarlo", recordó Kiecker. Eventualmente lo hizo, aceptando decir que ella y su marido habían matado a Viviana en un rito satánico.
La confesión forzada fue el único vínculo con el asesinato en un caso que se basó en gran parte en el estilo de vida de la pareja -pelo largo, tatuajes y una inclinación por el tarot.
"Usaron todas esas cosas para retratarnos como monstruos", dijo Kiecker. "La policía creó una imagen de nosotros como adoradores del demonio porque querían impresionar a la gente. La policía quería que la gente se horrorizara tanto, que nadie nos defendiera, y pudieran seguir con sus mentiras. Pero no les resultó". Estados Unidos siguió su caso estrechamente, pero no presentó una queja oficial ante México.
Patricia González, fiscal jefe de Chihuahua, rechazó las acusaciones de que las autoridades del estado hayan falsificado deliberadamente las investigaciones, diciendo que la mayor parte de los problemas que descubrió se derivaban de un adiestramiento ineficiente y equipos anticuados. El asesinato de mujeres en la frontera era un producto de la violencia intrafamiliar antes que el trabajo de asesinos en serie, dijo, y agregó que había empezado a re-adiestrar a la policía y fiscales con una ayuda de 5 millones de dólares de Estados Unidos.
Sin embargo, en una entrevista en el aeropuerto de Ciudad de México, concedió que docenas de expedientes están tan plagados de errores que su despacho estaba empezándolos de nuevo y dijo que había accedido a incorporar a un equipo forense argentino.
Las pruebas forenses anteriores eran tan defectuosas, dijo González, que las familias de muchas víctimas todavía no sabían dónde estaban enterrados sus seres queridos. Esas familias, dijo, se sentían tan burladas y maltratadas por las autoridades del estado que habían dejado de colaborar con ellos.
Entre ellas se encuentra Patricia Cervantes, que vive en la ciudad de Chihuahua. Su hija, Neyra Azucena, 20, desapareció hace 2 años. Su sobrino, David Meza Argueta, 29, está en prisión acusado de su asesinato.
Cervantes dice que no cree que su sobrino, que estaba al otro lado de México cuando desapareció Azucena, sea el asesino. En realidad, dijo, había viajado a Chihuahua para ayudar a encontrarla, encabezando grandes manifestaciones para exigir justicia.
Óscar Maynez, un ex experto forense del estado, ve la detención de Meza como otro ejemplo de abuso policial. Dijo que había dejado su trabajo porque no quería verse involucrado en la falsificación de acusaciones.
"Ese fue un claro mensaje de las autoridades a las familias de las víctimas", dijo. "Si haces mucho ruido, si exiges justicia, entonces el estado buscará una manera de hacerte responsable de los crímenes en tu familia".
Hoy, Cervantes no solamente desconfía de las autoridades, sino también está indignada. No está segura de que los restos que le entregó la policía -unos brillantes y limpios huesos- pertenezcan a su hija. Las pruebas independientes no fueron concluyentes. Médicos forenses americanos que examinaron las fotografías de los restos dijeron que el cráneo parecía el de un hombre.
"Al principio yo quería justicia para mi hija", dijo en una entrevista. "Ahora quiero más. Supongo que se le puede llamar venganza".
26 de septiembre de 2005
©new york times
©traducción mQh
Ciudad Juárez, México. Víctor Javier García todavía tiene las marcas de los cigarrillos que apagó la policía en su abdomen y genitales, torturándolo para que confesara falsamente ser un asesino en serie.Para el juez de un tribunal inferior no era importante que los análisis de ADN de los cuerpos de las víctimas no fueran concluyentes. O que un médico forense declarara que sus superiores le ordenaron inventar evidencias. O incluso que algunos testigos se retractaron, diciendo que la policía les había amenazado para que declararan en falso.
De todos modos, García fue condenado a 50 años de cárcel.
La Corte Suprema del Estado de Chihuahua revocó la sentencia en junio y dejó en libertad a García, pero sólo después de pasar tres años y medio en prisión, durante los cuales perdió su negocio, sus ahorros, y su esposa, que lo dejó por otro.
"Imagínese", dijo en una entrevista, tragándose las lágrimas. "Donde fuera, la gente la miraba como si estuviera casada con un terrible asesino, cuando los verdaderos criminales están libres. Todavía están libres".
Inquietante como es, el caso de García no es aislado. Observadores internacionales, activistas de derechos humanos y autoridades federales dicen que ilustra un inquietante patrón de mala fe de parte de las autoridades policiales del estado responsables de la investigación del más espantoso misterio criminal: la muerte la década pasada de más de 350 mujeres en este área fronteriza, incluyendo al menos a 90 que fueron violadas y asesinadas de manera similar.
Sea que se trate de incompetencia, corrupción o una horrible conexión con los crímenes, los chapucerías y encubrimientos fueron tantos, dicen investigadores federales que la policía y otros funcionarios se han convertido ellos mismos en sospechosos de estar relacionados con los asesinatos.
"La pregunta que yo y otros nos hacemos", dijo Guadalupe Morfín, enviada especial del presidente Fox a Ciudad Juárez, "es por qué llegan las autoridades al extremo de inventar culpables. Quizás se debió a incompetencia. O quizás fue porque no querían ser descubiertos".
En un discreto pero importante cambio, un nuevo equipo de funcionarios del estado ha tomado medidas para corregir errores pasados revisando y reabriendo 100 casos. Han llamado a un equipo forense argentino para que exhume cuerpos no identificados y recuperen otros conservados en las morgues del estado para análisis de ADN. La revocación del caso de García también hace parte de un nuevo esfuerzo de algunos tribunales para investigar las evidencias más cuidadosamente.
Pero prácticamente todos están de acuerdo en que los problemas en torno a las investigaciones son profundas y están lejos de haber sido resueltas.
Funcionarios de alto rango nombrados por Fox hace dos años para revisar los casos han acusado a las autoridades del estado de minimizar los asesinatos, de fracasar a la hora de iniciar pesquisas para rescatar a tiempo a mujeres desaparecidas, de encubrir y falsificar evidencias cruciales, y de torturar a detenidos para que se declaren culpables.
Sus acciones, dicen los funcionarios, tenían no solamente la intención de evitar una pesadilla de relaciones públicas a medida que crecía la presión internacional, sino también proteger a los muchos que son sospechosos de estar detrás de los asesinatos, incluyendo a funcionarios policiales corruptos, poderosos traficantes de drogas y otras bandas organizadas.
Críticos del estado dicen que los encubrimientos han creado un segundo ciclo de injusticia y han retrasado las investigaciones en años. El gobierno ha creado un fondo de 30 millones de dólares para los familiares de las muertas y la opinión pública espera que una parte sea destinada a los que han sido acusados falsamente. Pero de momento, tienen pocos recursos, incluso en tribunales.
Entretanto hay cada vez más signos de que los asesinatos aparentemente en serie se han extendido a otras ciudades, como Chihuahua, 320 kilómetros a lo largo de la fronteral; Toluca, un suburbio de Ciudad de México; Veracruz, la capital del Golfo de México; y Tuxla Gutiérrez en el sureño estado de Chiapas. El fiscal general Daniel Cabeza de Vaca dice que está considerando nombrar a un fiscal especial para que investigue.
Si se logra o no justicia en Ciudad Juárez, donde empezaron los asesinatos, se ha convertido en una importante prueba de los esfuerzos de México por implantar el imperio de la ley, los derechos humanos y el respeto de las leyes, dicen las autoridades.
Ciudad Juárez, una capital industrial de 1.3 millones de habitantes, se ha ganado el deshonor de ser la ciudad más violenta de México. Sigue estando en garras del crimen organizado, especialmente de traficantes de drogas y bandas de prostitución que son protegidas por autoridades corruptas, dicen funcionarios policiales.
Mujeres y niñas siguen desapareciendo y sufriendo violentas muertes aquí a una tasa dos veces más alta que en el resto del país. Al menos 36 mujeres y niñas, incluyendo dos niñas de 7 y 11 han sido asesinadas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua desde principios de 2004, de acuerdo a informaciones compiladas por la Oficina sobre América Latina de Washington en base a informes de prensa y de las autoridades policiales. Personas que son probablemente inocentes siguen en prisión acusadas de muchos de los asesinatos, basándose en poco más que confesiones que dicen que fueron obtenidas bajo tortura. Entretanto, las autoridades responsables de colocarlos allá -así como los que cometieron los crímenes-, están libres.
Morfín dijo que las revisiones de casos como el de García han empezado a revelar corrupción y abusos en altos niveles, implicando al ex fiscal del estado Jesús José Solís Silva, y el ex director de la policía del estado, Vicente González García.
Ambos hombres fueron absueltos el año pasado después de que las autoridades federales encontraran los cuerpos de 12 hombres, que se cree que fueron asesinados en pendencias relacionadas con el tráfico de drogas, en el patio de una casa en las afueras de Ciudad Juárez. Las autoridades federales han detenido al menos a 16 agentes de policía del estado en relación con los asesinatos.
Al renunciar, Solís dijo que había sido objeto de acusaciones infundadas. González renunció sin hacer comentarios, junto con otros tres jefes policiales, dos semanas más tarde. Si se los vincula a algún delito, dijo Morfín en una entrevista, será difícil creer que lo hicieron solos.
"En estos casos, son las autoridades mismas las que están expuestas, y la sensación que ha empezado a extenderse es que, además de las omisiones y negligencias, también puede haber complicidad", dijo.
Esa posibilidad, dicen ella y otros, ayuda a explicar los extremos a los que han llegado las autoridades para procesar casos endebles. En el caso de García, no sólo hubo evidencias plantadas y declaraciones retiradas, sino además un abogado que trabajaba en el caso fue matado a balazos por agentes de policía que dijeron que lo habían confundido con un fugitivo.
Meses antes de la liberación de García, las autoridades iniciaron un caso igualmente dudoso contra una mujer americana de 46, Cynthia Kiecker Perzábal, y su marido mexicano, Ulises Perzábal, 47, que fueron detenidos hace dos años por el asesinato de Viviana Rayas, 16.
Poco después de que fueran arrestados en su casa en la ciudad de Chihuahua, dijo Kiecker, agentes de policía la separaron de su marido, la desnudaron y torturaron con descargas eléctricas durante dos días con sus noches. Podía oír los gritos de su marido, dijo. A veces, dijo, los agentes la obligaban a mirar cómo torturaban a su marido.
"Habría confesado cualquier cosas para que dejaran de torturarlo", recordó Kiecker. Eventualmente lo hizo, aceptando decir que ella y su marido habían matado a Viviana en un rito satánico.
La confesión forzada fue el único vínculo con el asesinato en un caso que se basó en gran parte en el estilo de vida de la pareja -pelo largo, tatuajes y una inclinación por el tarot.
"Usaron todas esas cosas para retratarnos como monstruos", dijo Kiecker. "La policía creó una imagen de nosotros como adoradores del demonio porque querían impresionar a la gente. La policía quería que la gente se horrorizara tanto, que nadie nos defendiera, y pudieran seguir con sus mentiras. Pero no les resultó". Estados Unidos siguió su caso estrechamente, pero no presentó una queja oficial ante México.
Patricia González, fiscal jefe de Chihuahua, rechazó las acusaciones de que las autoridades del estado hayan falsificado deliberadamente las investigaciones, diciendo que la mayor parte de los problemas que descubrió se derivaban de un adiestramiento ineficiente y equipos anticuados. El asesinato de mujeres en la frontera era un producto de la violencia intrafamiliar antes que el trabajo de asesinos en serie, dijo, y agregó que había empezado a re-adiestrar a la policía y fiscales con una ayuda de 5 millones de dólares de Estados Unidos.
Sin embargo, en una entrevista en el aeropuerto de Ciudad de México, concedió que docenas de expedientes están tan plagados de errores que su despacho estaba empezándolos de nuevo y dijo que había accedido a incorporar a un equipo forense argentino.
Las pruebas forenses anteriores eran tan defectuosas, dijo González, que las familias de muchas víctimas todavía no sabían dónde estaban enterrados sus seres queridos. Esas familias, dijo, se sentían tan burladas y maltratadas por las autoridades del estado que habían dejado de colaborar con ellos.
Entre ellas se encuentra Patricia Cervantes, que vive en la ciudad de Chihuahua. Su hija, Neyra Azucena, 20, desapareció hace 2 años. Su sobrino, David Meza Argueta, 29, está en prisión acusado de su asesinato.
Cervantes dice que no cree que su sobrino, que estaba al otro lado de México cuando desapareció Azucena, sea el asesino. En realidad, dijo, había viajado a Chihuahua para ayudar a encontrarla, encabezando grandes manifestaciones para exigir justicia.
Óscar Maynez, un ex experto forense del estado, ve la detención de Meza como otro ejemplo de abuso policial. Dijo que había dejado su trabajo porque no quería verse involucrado en la falsificación de acusaciones.
"Ese fue un claro mensaje de las autoridades a las familias de las víctimas", dijo. "Si haces mucho ruido, si exiges justicia, entonces el estado buscará una manera de hacerte responsable de los crímenes en tu familia".
Hoy, Cervantes no solamente desconfía de las autoridades, sino también está indignada. No está segura de que los restos que le entregó la policía -unos brillantes y limpios huesos- pertenezcan a su hija. Las pruebas independientes no fueron concluyentes. Médicos forenses americanos que examinaron las fotografías de los restos dijeron que el cráneo parecía el de un hombre.
"Al principio yo quería justicia para mi hija", dijo en una entrevista. "Ahora quiero más. Supongo que se le puede llamar venganza".
26 de septiembre de 2005
©new york times
©traducción mQh
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