cortes rechazan juicios de asilo
[Adam Liptak]Este año y en repetidas ocasiones los jueces de cortes federales de apelación de Estados Unidos han criticado duramente a los jueces de inmigración por lo que califican de decisiones predispuestas e incoherentes en casos de asilo.
Estados Unidos. En una resolución el mes pasado, Richard A. Posner, un prominente juez moderadamente conservador de la corte de apelaciones de Chicago, concluyó que "las resoluciones de estos casos a nivel administrativo están por debajo de las normas mínimas de justicia".
De modo similar, la corte de apelaciones de Filadelfia declaró en septiembre que se había visto obligada "una y otra vez" a impugnar a los jueces de inmigración por sus "observaciones humillantes e inmoderadas". Refiriéndose a casos de todo el país, la corte se refirió a un "inquietante patrón" de mala fe en resoluciones sobre inmigración, con las que se envía a gente de vuelta a sus países, donde corren peligro de ser perseguidos.
Las duras críticas se derivan en parte de un aumento de casos de inmigración en las cortes federales de apelación. Los casos de inmigración, que son en su mayor parte casos de asilo, constituyeron cerca del 17 por ciento de todas las apelaciones federales del año pasado -aumentando en un 3 por ciento con respecto a 2001. En las cortes de Nueva York y California, casi el 40 por ciento de las apelaciones federales consistía de casos de inmigración.
El aumento ocurrió después de que el ministro de Justicia John Ashcroft introdujera cambios en 2002 para facilitar las apelaciones dentro de las cortes de inmigración, que son parte del ministerio de Justicia.
Muchos jueces de las cortes federales de apelación dicen que esos cambios, en lo esencial, desviaron trabajo hacia sus tribunales. El ministerio de Justicia contrarresta que el aumento no se relaciona con los cambios de Ashcroft y que en realidad es resultado de una tasa más alta de apelaciones en las cortes de Nueva York y California.
Jonathan Cohn, subsecretario de Justicia, dijo que la calidad de las resoluciones adoptadas por los tribunales de inmigración era en general buena, observando que el gobierno había ganado más del 90 por ciento de los casos en las cortes de apelaciones federales o en los tribunales ordinarios.
"Los tribunales ordinarios no tratan ninguno de los miles de casos tratados correctamente en los que los extranjeros no han recurrido", dijo Cohn. "Sólo tratan una fracción de esos casos, y sólo un pequeño porcentaje de esos casos han dado origen a las críticas".
Pero las críticas pueden ser severas, especialmente debido al moderado lenguaje que es la norma en las cortes de apelación federales.
En una resolución de Filadelfia, en septiembre, el juez Julio M. Fuentes, de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, se expresó en los siguientes términos sobre Annie S. Garcy, una juez de inmigración de Newark: "El tono, el tenor, el desprecio y el sarcasmo de la juez de inmigración eran más apropiados para un espectáculo de televisión de tribunales que de un procedimiento en una corte federal".
La juez Garcy ordenó que Qun Wang fuera devuelto a China, de donde había huido porque su esposa había sido esterilizada contra su voluntad. "Es un pésimo padre, si nos preguntáis a la corte", dijo el juez Garcy, agregando que Wang estaba obsesionado con la idea de tener un hijo y no prestaba suficiente atención a su hija, que es minusválida.
Todo eso era irrelevante con respecto a las materias que debía tratar la juez Garcy, escribió el juez Fuentes, devolviendo el caso al sistema de inmigración para una revisión con un juez diferente. "El verdadero tema" sobre el que debía resolver la juez Garcy, escribió Fuentes, era solamente "si efectivamente la esposa de Wang había sido esterilizada forzosamente y si Wang, en caso de volver a China, sería castigado injustamente por el gobierno chino por haber dejado el país".
La portavoz de Garcy rehusó comentar las observaciones.
En otro escrito, la juez Marsha S. Berzon, de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, de San Francisco, dijo que una resolución adoptada por Nathan W. Gordon, un juez de inmigración, era "literalmente incomprensible", "incoherente" e "indescifrable". Una frase crucial en la sentencia del juez Gordon, dijo, "desconoce la sintaxis normal de la gramática inglesa".
El juez Gordon ordenó que Ernesto Adolfo Recinos de León fuera deportado a Guatemala, a pesar del testimonio de Recinos de que sería perseguido debido a sus actividades políticas. La juez Berzon envió el caso de vuelta al sistema de inmigración para ser revisado.
El juez Gordon, ahora jubilado, se negó a hacer comentarios.
Un portavoz de la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, la unidad del ministerio de Justicia que es responsable de la adjudicación de casos de inmigración, se negó a ceder una entrevista con funcionarios, pero respondió a preguntas por escrito.
"Deberíamos tener cautela antes de sacar conclusiones tan amplias", se lee en la declaración, "en base a un pequeño número de casos en las cortes federales". Los 215 jueces de inmigración del país, prosigue la declaración, "manejan más de 300.000 casos al año" y "la gran mayoría de los jueces de inmigración realizan un excelente trabajo".
Denise Noonan Slavin, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, una asociación afiliada a la AFL-CIO, dijo que estaba preocupada de lo que llamó un aumento del número de "opiniones mordaces" de los jueces de las cortes de apelaciones federales.
"Los insultos y la cacería de jueces ha sobrepasado los límites de la decencia", dijo Slavin. "Eso no significa que los jueces de inmigración no cometan errores".
Pero Lory Diana Rosenberg, una antigua juez del cuerpo administrativo del ministerio de Justicia que revisa las decisiones de los jueces de inmigración antes de que lleguen a las cortes federales de apelación, dijo que las críticas recientes eran justificadas.
"Son una reacción valiente, honesta y adecuada ante los repetidos abusos de autoridad", dijo Rosenberg.
Mary M. Schroeder, juez de instancia del Noveno Circuito, que trata casi la mitad de todas las apelaciones de inmigración, dijo que el actual sistema es "terriblemente inadecuado".
Los jueces de inmigración, dijo, "están muy desigualmente calificados, y trabajan en muy malas condiciones".
La gente que se presenta ante los jueces de inmigración a menudo no hablan inglés y sus casos tienen que ver con cambiar las condiciones políticas y sociales en todo el mundo. En una resolución en marzo, el juez Posner escribió que la "falta de conocimiento" de los jueces de inmigración en cuanto a culturas extranjeras relevantes, era "inquietante".
La juez Slavin, de Miami, refuta que ella y sus colegas a menudo comparten un sofisticado conocimiento de las condiciones en los países más relevantes, que son China, para los jueces de inmigración de Nueva York y Filadelfia; Europa del Este, para los jueces de Chicago; Haití, Colombia y Venezuela para los de Miami; y América Central y del Sur para los de California.
"Sé más sobre la política haitiana que la gente que se presenta ante mí", dijo la juez Slavin. Pero reconoció tanto la dificultad como la importancia de su trabajo.
"Las leyes de inmigración pueden convertirse en decisiones de vida o muerte cuando se trata de enviar a alguien de vuelta a un país donde puede ser asesinado", dijo Slavin. "Tengo unos mil casos en mi expediente. La mayoría de nosotros resolvemos unos cuatro casos al día. En Tejas, en la frontera, tenemos unos diez al día".
De arriba a abajo en el sistema, los jueces responsabilizan al cuerpo administrativo que hay entre ellos, la Dirección de Apelaciones de Inmigración, del aumento de las apelaciones y de la mediocre calidad de las decisiones que llegan a las cortes federales de apelación. Se supone que la Dirección debe actuar como filtro, corregir las decisiones erróneas o infundadas que son tomadas por los jueces de inmigración y proporcionar guías generales. La parte perdedora puede recurrir las decisiones de la Dirección antes de llegar a las cortes federales.
Pero la Dirección dejó en gran parte de revisar de modo significativo los casos de inmigración después de que fuera reestructurada por Ashcroft en 2002, afirmaron varios jueces.
Ashcroft redujo el número de jueces en la Dirección, de 11 a 23. "Simplemente hicieron pedazo todo lo que habían logrado los liberales", dijo Rosenberg, que perteneció a la Dirección de 1995 a 2002.
Ashcroft también aumentó el número de apelaciones vistas por los miembros de la dirección y alentó el uso de resoluciones rápidas [one-word affirmances] en casos apropiados.
El objetivo de los cambios, dijo Ashcroft, era facilitar el proceso. La dirección tenía un retraso de más de 56 mil casos, que disminuyó a 32 mil en septiembre de 2004.
En septiembre, en una conferencia en la Facultad de Leyes de Nueva York, John M. Walker Jr., juez de instancia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, de Nueva York, dijo que los cambios a nivel de dirección sirvieron para transferir los retrasos a su propia corte y a otras cortes federales de apelación.
"Simplemente trasladó el problema de una corte a otra", dijo Walker sobre Ashcroft.
En los dos años y medio que han pasado desde abril de 2002, dijo John R.B. Palmer, abogado del Segundo Circuito, su corte recibió dos veces más apelaciones a decisiones de la dirección de inmigración que en todos los 30 años anteriores.
Varios jueces de cortes federales de apelación dijeron que se sentían frustrados por la calidad de las revisiones de la dirección de decisiones de jueces de inmigración.
En su resolución de marzo, el juez Posner escribió que la dirección a menudo resolvía "sea sin dar su opinión o proporcionando una muy breve, inútil, definitiva", incluso en casos en los que el juez de inmigración había cometido "errores evidentes en cuanto a hechos y lógica".
Como consecuencia, dijo Walker, "nosotros somos la primera revisión seria a disposición de los demandantes".
En su declaración, la oficina de revisión de inmigración declaró que "rechazamos tajantemente" los comentarios del juez Walker. "Toda decisión que llega a manos de la dirección es revisada cuidadosamente por un abogado y al menos un miembro de la dirección", se lee en la declaración.
De acuerdo a la dependencia, el número de resoluciones rápidas disminuyó este año a un 20 por ciento, en comparación con casi el tercio de años previos.
Para algunos la solución de lo que críticas recientes han calificado de problemas, dijeron varios jueces de cortes de apelación federales, es agregar funcionarios a la dirección de inmigración y exigir que los jueces en ella expliquen las razones de sus decisiones.
"Al menos que escriban unas tres páginas", dijo Jon O. Newman, juez del Segundo Circuito. "Eso realmente nos ayudaría".
Un artículo que será publicado a principios del próximo año en la Georgetown Immigration Law Journal, concluye que el giro hacia las cortes de apelación federales "fue ocasionado por el alto volumen de problemas relacionados con la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración a partir de marzo de 2002, y un descontento general con las revisiones de esta dirección".
En su declaración, la oficina de revisiones de inmigración manifestó su desacuerdo.
"El aumento de apelaciones federales", dice la declaración, "no se relaciona con el número creciente de decisiones de la dirección, sino con la tasa de apelaciones". En algunas partes del país, los inmigrantes recurren en sólo un 7 por ciento de las veces, dice la declaración. En los estados cubiertos por las cortes de apelación federales en Nueva York y California, la tasa de apelaciones es ahora más de un 30 por ciento.
En un debate en un caso de apelación de inmigración en septiembre, en Chicago, los tres jueces de la comisión expresaron su exasperación con el estado actual de cosas.
"¿Sabe el ministerio de Justicia lo que está pasando con tus casos en esta corte?", preguntó el juez Posner a Cindy S. Ferrier, la abogada del gobierno que defiende las decisiones del juez de inmigración.
Ferrier respondió que sí.
Una segunda juez, Ilana Rovner, mostró algo más de simpatía hacia Ferrier.
"Es una crueldad enviar a una persona tan cariñosa como usted para que sea la mensajera de tanta locura y tanto sin sentido", dijo la juez Rovner.
De modo similar, la corte de apelaciones de Filadelfia declaró en septiembre que se había visto obligada "una y otra vez" a impugnar a los jueces de inmigración por sus "observaciones humillantes e inmoderadas". Refiriéndose a casos de todo el país, la corte se refirió a un "inquietante patrón" de mala fe en resoluciones sobre inmigración, con las que se envía a gente de vuelta a sus países, donde corren peligro de ser perseguidos.
Las duras críticas se derivan en parte de un aumento de casos de inmigración en las cortes federales de apelación. Los casos de inmigración, que son en su mayor parte casos de asilo, constituyeron cerca del 17 por ciento de todas las apelaciones federales del año pasado -aumentando en un 3 por ciento con respecto a 2001. En las cortes de Nueva York y California, casi el 40 por ciento de las apelaciones federales consistía de casos de inmigración.
El aumento ocurrió después de que el ministro de Justicia John Ashcroft introdujera cambios en 2002 para facilitar las apelaciones dentro de las cortes de inmigración, que son parte del ministerio de Justicia.
Muchos jueces de las cortes federales de apelación dicen que esos cambios, en lo esencial, desviaron trabajo hacia sus tribunales. El ministerio de Justicia contrarresta que el aumento no se relaciona con los cambios de Ashcroft y que en realidad es resultado de una tasa más alta de apelaciones en las cortes de Nueva York y California.
Jonathan Cohn, subsecretario de Justicia, dijo que la calidad de las resoluciones adoptadas por los tribunales de inmigración era en general buena, observando que el gobierno había ganado más del 90 por ciento de los casos en las cortes de apelaciones federales o en los tribunales ordinarios.
"Los tribunales ordinarios no tratan ninguno de los miles de casos tratados correctamente en los que los extranjeros no han recurrido", dijo Cohn. "Sólo tratan una fracción de esos casos, y sólo un pequeño porcentaje de esos casos han dado origen a las críticas".
Pero las críticas pueden ser severas, especialmente debido al moderado lenguaje que es la norma en las cortes de apelación federales.
En una resolución de Filadelfia, en septiembre, el juez Julio M. Fuentes, de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, se expresó en los siguientes términos sobre Annie S. Garcy, una juez de inmigración de Newark: "El tono, el tenor, el desprecio y el sarcasmo de la juez de inmigración eran más apropiados para un espectáculo de televisión de tribunales que de un procedimiento en una corte federal".
La juez Garcy ordenó que Qun Wang fuera devuelto a China, de donde había huido porque su esposa había sido esterilizada contra su voluntad. "Es un pésimo padre, si nos preguntáis a la corte", dijo el juez Garcy, agregando que Wang estaba obsesionado con la idea de tener un hijo y no prestaba suficiente atención a su hija, que es minusválida.
Todo eso era irrelevante con respecto a las materias que debía tratar la juez Garcy, escribió el juez Fuentes, devolviendo el caso al sistema de inmigración para una revisión con un juez diferente. "El verdadero tema" sobre el que debía resolver la juez Garcy, escribió Fuentes, era solamente "si efectivamente la esposa de Wang había sido esterilizada forzosamente y si Wang, en caso de volver a China, sería castigado injustamente por el gobierno chino por haber dejado el país".
La portavoz de Garcy rehusó comentar las observaciones.
En otro escrito, la juez Marsha S. Berzon, de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, de San Francisco, dijo que una resolución adoptada por Nathan W. Gordon, un juez de inmigración, era "literalmente incomprensible", "incoherente" e "indescifrable". Una frase crucial en la sentencia del juez Gordon, dijo, "desconoce la sintaxis normal de la gramática inglesa".
El juez Gordon ordenó que Ernesto Adolfo Recinos de León fuera deportado a Guatemala, a pesar del testimonio de Recinos de que sería perseguido debido a sus actividades políticas. La juez Berzon envió el caso de vuelta al sistema de inmigración para ser revisado.
El juez Gordon, ahora jubilado, se negó a hacer comentarios.
Un portavoz de la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, la unidad del ministerio de Justicia que es responsable de la adjudicación de casos de inmigración, se negó a ceder una entrevista con funcionarios, pero respondió a preguntas por escrito.
"Deberíamos tener cautela antes de sacar conclusiones tan amplias", se lee en la declaración, "en base a un pequeño número de casos en las cortes federales". Los 215 jueces de inmigración del país, prosigue la declaración, "manejan más de 300.000 casos al año" y "la gran mayoría de los jueces de inmigración realizan un excelente trabajo".
Denise Noonan Slavin, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, una asociación afiliada a la AFL-CIO, dijo que estaba preocupada de lo que llamó un aumento del número de "opiniones mordaces" de los jueces de las cortes de apelaciones federales.
"Los insultos y la cacería de jueces ha sobrepasado los límites de la decencia", dijo Slavin. "Eso no significa que los jueces de inmigración no cometan errores".
Pero Lory Diana Rosenberg, una antigua juez del cuerpo administrativo del ministerio de Justicia que revisa las decisiones de los jueces de inmigración antes de que lleguen a las cortes federales de apelación, dijo que las críticas recientes eran justificadas.
"Son una reacción valiente, honesta y adecuada ante los repetidos abusos de autoridad", dijo Rosenberg.
Mary M. Schroeder, juez de instancia del Noveno Circuito, que trata casi la mitad de todas las apelaciones de inmigración, dijo que el actual sistema es "terriblemente inadecuado".
Los jueces de inmigración, dijo, "están muy desigualmente calificados, y trabajan en muy malas condiciones".
La gente que se presenta ante los jueces de inmigración a menudo no hablan inglés y sus casos tienen que ver con cambiar las condiciones políticas y sociales en todo el mundo. En una resolución en marzo, el juez Posner escribió que la "falta de conocimiento" de los jueces de inmigración en cuanto a culturas extranjeras relevantes, era "inquietante".
La juez Slavin, de Miami, refuta que ella y sus colegas a menudo comparten un sofisticado conocimiento de las condiciones en los países más relevantes, que son China, para los jueces de inmigración de Nueva York y Filadelfia; Europa del Este, para los jueces de Chicago; Haití, Colombia y Venezuela para los de Miami; y América Central y del Sur para los de California.
"Sé más sobre la política haitiana que la gente que se presenta ante mí", dijo la juez Slavin. Pero reconoció tanto la dificultad como la importancia de su trabajo.
"Las leyes de inmigración pueden convertirse en decisiones de vida o muerte cuando se trata de enviar a alguien de vuelta a un país donde puede ser asesinado", dijo Slavin. "Tengo unos mil casos en mi expediente. La mayoría de nosotros resolvemos unos cuatro casos al día. En Tejas, en la frontera, tenemos unos diez al día".
De arriba a abajo en el sistema, los jueces responsabilizan al cuerpo administrativo que hay entre ellos, la Dirección de Apelaciones de Inmigración, del aumento de las apelaciones y de la mediocre calidad de las decisiones que llegan a las cortes federales de apelación. Se supone que la Dirección debe actuar como filtro, corregir las decisiones erróneas o infundadas que son tomadas por los jueces de inmigración y proporcionar guías generales. La parte perdedora puede recurrir las decisiones de la Dirección antes de llegar a las cortes federales.
Pero la Dirección dejó en gran parte de revisar de modo significativo los casos de inmigración después de que fuera reestructurada por Ashcroft en 2002, afirmaron varios jueces.
Ashcroft redujo el número de jueces en la Dirección, de 11 a 23. "Simplemente hicieron pedazo todo lo que habían logrado los liberales", dijo Rosenberg, que perteneció a la Dirección de 1995 a 2002.
Ashcroft también aumentó el número de apelaciones vistas por los miembros de la dirección y alentó el uso de resoluciones rápidas [one-word affirmances] en casos apropiados.
El objetivo de los cambios, dijo Ashcroft, era facilitar el proceso. La dirección tenía un retraso de más de 56 mil casos, que disminuyó a 32 mil en septiembre de 2004.
En septiembre, en una conferencia en la Facultad de Leyes de Nueva York, John M. Walker Jr., juez de instancia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, de Nueva York, dijo que los cambios a nivel de dirección sirvieron para transferir los retrasos a su propia corte y a otras cortes federales de apelación.
"Simplemente trasladó el problema de una corte a otra", dijo Walker sobre Ashcroft.
En los dos años y medio que han pasado desde abril de 2002, dijo John R.B. Palmer, abogado del Segundo Circuito, su corte recibió dos veces más apelaciones a decisiones de la dirección de inmigración que en todos los 30 años anteriores.
Varios jueces de cortes federales de apelación dijeron que se sentían frustrados por la calidad de las revisiones de la dirección de decisiones de jueces de inmigración.
En su resolución de marzo, el juez Posner escribió que la dirección a menudo resolvía "sea sin dar su opinión o proporcionando una muy breve, inútil, definitiva", incluso en casos en los que el juez de inmigración había cometido "errores evidentes en cuanto a hechos y lógica".
Como consecuencia, dijo Walker, "nosotros somos la primera revisión seria a disposición de los demandantes".
En su declaración, la oficina de revisión de inmigración declaró que "rechazamos tajantemente" los comentarios del juez Walker. "Toda decisión que llega a manos de la dirección es revisada cuidadosamente por un abogado y al menos un miembro de la dirección", se lee en la declaración.
De acuerdo a la dependencia, el número de resoluciones rápidas disminuyó este año a un 20 por ciento, en comparación con casi el tercio de años previos.
Para algunos la solución de lo que críticas recientes han calificado de problemas, dijeron varios jueces de cortes de apelación federales, es agregar funcionarios a la dirección de inmigración y exigir que los jueces en ella expliquen las razones de sus decisiones.
"Al menos que escriban unas tres páginas", dijo Jon O. Newman, juez del Segundo Circuito. "Eso realmente nos ayudaría".
Un artículo que será publicado a principios del próximo año en la Georgetown Immigration Law Journal, concluye que el giro hacia las cortes de apelación federales "fue ocasionado por el alto volumen de problemas relacionados con la Dirección Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración a partir de marzo de 2002, y un descontento general con las revisiones de esta dirección".
En su declaración, la oficina de revisiones de inmigración manifestó su desacuerdo.
"El aumento de apelaciones federales", dice la declaración, "no se relaciona con el número creciente de decisiones de la dirección, sino con la tasa de apelaciones". En algunas partes del país, los inmigrantes recurren en sólo un 7 por ciento de las veces, dice la declaración. En los estados cubiertos por las cortes de apelación federales en Nueva York y California, la tasa de apelaciones es ahora más de un 30 por ciento.
En un debate en un caso de apelación de inmigración en septiembre, en Chicago, los tres jueces de la comisión expresaron su exasperación con el estado actual de cosas.
"¿Sabe el ministerio de Justicia lo que está pasando con tus casos en esta corte?", preguntó el juez Posner a Cindy S. Ferrier, la abogada del gobierno que defiende las decisiones del juez de inmigración.
Ferrier respondió que sí.
Una segunda juez, Ilana Rovner, mostró algo más de simpatía hacia Ferrier.
"Es una crueldad enviar a una persona tan cariñosa como usted para que sea la mensajera de tanta locura y tanto sin sentido", dijo la juez Rovner.
26 de diciembre de 2005
©http://www.nytimes.com/2005/12/26/national/26immigration.html?ei=5094&en=51ed6a6271c92d35&hp=&ex=1135659600&partner=homepage&pagewanted=all
©traducción mQh
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