dura pena de muerte en china
[Jim Yardley] Industria de la pena de muerte en China se aplica severamente y sin controles independientes en un contexto de terribles injusticias.
Yujigaou, China. En la celda de la prisión desde donde contemplaba las balas de los verdugos, un trabajador inmigrante llamado Wang Binyu contó el angustioso relato de su vida desperdiciada. Inesperadamente, y como un grito desgarrado, su historia se dejó oír en toda China.
Durante tres semanas los brutales asesinatos que cometió Wang después de no lograr que le pagaran sus salarios atrasados fueron contrastados en internet y en la prensa china con el injusto tratamiento que había soportado como trabajador inmigrante. La opinión pública clamaba por piedad, los abogados debatieron sobre la justicia de su sentencia de muerte. Otros vieron el caso como un sangriento síntoma de las duras desigualdades de la vida en China.
Pero entonces, a fines de septiembre, el furor desapareció tan inesperadamente como había empezado. Las discusiones online fueron censuradas y la cobertura periodísticas fue prohibida casi completamente. La apelación final de Wang fue llevada apresuradamente a la corte. Su padre, que nunca fue notificado, se enteró del juicio sólo por accidente. Al abogado defensor elegido por él le fue prohibido participar en el juicio.
"Todos ustedes están del mismo lado", gritó Wang, 28, durante el juicio, dijo su padre aquí en una entrevista en la casa familiar en un pueblo en la norteña provincia de Gansu. "Si queréis matarme, matadme de una vez".
Y lo hicieron, el19 de octubre. Wang fue ejecutado tan rápida y silenciosamente que pasaron semanas antes de que el mundo se enterara de que lo habían matado.
China ejecuta cada año a más gente que todo el resto del mundo. Según algunas estimaciones, el número de ejecuciones es de más de 10 mil al año: La implacable máquina de las sentencias de muerte del gobierno ha sido durante largo tiempo su herramienta más dura para conservar su control político y reducir el crimen y la corrupción.
Pero se ha convertido ahora en una llamativa incertidumbre sobre el respeto en China al imperio de la ley. Existen extendidas sospechas, incluso dentro del gobierno, de que demasiada gente inocente es condenada a muerte. Este año salieron a la luz un montón de casos en que juicios injustos habían terminado en sentencias de muerte o, en un caso muy publicitado, en la ejecución de un hombre inocente.
Reformar la pena capital se ha convertido en una prioridad dentro del sistema jurídico controlado por el Partido Comunista, en parte debido a la presión internacional para reducir los abusos. En el parlamento controlado por el partido, hay un amplio debate sobre cómo mejorar las leyes criminales. Pero lograr esas reformas es ciertamente difícil. Los conservadores se muestran poco dispuestos a restringir el poder de la policía y los tribunales adoptan una línea dura. Las reformas a la pena de muerte anunciadas por la Corte Suprema del Pueblo -y estruendosamente anunciadas en los medios de comunicación del estado- son en gran parte apenas un retorno al status quo de 1980.
El caso de Wang Binyu carece de la claridad moral de un hombre inocente condenado injustamente. Mató a cuatro personas en un ataque de ira después de una disputa sobre salarios. Pero su historia, marcada por los abusos y desprecio de sus patrones, resonaron profundamente en un público hastiado de la corrupción y la desigualdad y resentido con un sistema jurídico que percibe como protector de los ricos y los bien conectados.
"Wang fue obligado a luchar contra los que lo explotan y aplastan a los trabajadores", escribió una persona en un sitio en la red china. "¿Por qué será que la ley es tan severa con los pobres?"
El caso de Wang ilustra también un sistema construido para condenar que cuenta con pocas garantías o protecciones para los procesados que pueden ser condenados a muerte. Funcionarios del Tribunal Superior de la Región Autónoma de Ningxia, el área al occidente de China donde se vio el caso, rechazaron varias peticiones de entrevista. Pero Wu Shaozhi, el abogado de Pekín que intentó defender a Wang, dijo que los tribunales de Ningxia obviamente querían resultados rápidos.
Antes de la apelación, la familia de Wang firmó un poder para el abogado de Wu. Pero Wu dijo que funcionarios de la corte mintieron al principio, diciéndole que el plazo de la apelación había terminado. Luego se negaron a dejarle asistir al juicio. En lugar de eso, Wang fue representado por un abogado nombrado por la corte.
Entretanto, dijo Wu, los mismos jueces que oyeron la apelación trataron también al mismo tiempo la obligatoria revisión final del caso, lo que quiere decir que los jueces revisaron su propia resolución -una práctica que los juristas dicen que no es inusual y que proporciona pocos contrapesos para la aplicación de la pena de muerte.
"Un procedimiento injusto que indudablemente conducirá a más resultados injustos", dijo Wu.
China se muestra tan cautelosa de su sistema de sentencias de muerte que desde hace mucho tiempo el número de ejecuciones es un secreto de estado. Un indicio de esa cantidad se dio a conocer el año pasado cuando un delegado de alto nivel en el Congreso Nacional del Pueblo calculó públicamente que estaba "cercana a los 10 mil". En 2004, Amnistía Internacional documentó al menos 3.400 ejecuciones -de 3.797 en todo el mundo ese año-, pero advirtió que en China esa cifra era probablemente mucho más alta. Investigadores extranjeros han calculado esa cifra en unas 15.000 ejecuciones al año.
En octubre pasado, la Corte Suprema del Pueblo anunció que revocaría una decisión de principio de los años ochenta que entrega la revisión final sobre muchos casos de pena de muerte a las cortes superiores provinciales. Los juristas dicen que Den Xiaoping, entonces el líder supremo, ordenó la medida enfadado porque las cortes se mostraban demasiado lentas a la hora de reprimir la delincuencia. La medida sacó a la luz que los tribunales provinciales a menudo operaban sin ninguna supervisión.
Bajo la nueva medida, la Corte Suprema del Pueblo recobrará la responsabilidad de revisar todos los casos de pena capital. Los medios de comunicación del estado han calculado que las ejecuciones podrían disminuir en un 30 por ciento -un cálculo que no pudo ser verificado, pero que implica que había profundos vicios en el sistema actual.
"Piensan que se cometen errores en demasiados casos", dijo Yi Yanyou, profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad de Tsinghua. Yi dijo que los nuevos cambios podrían ser importantes, pero no representaban ninguna reforma, debido a que se limitaban a restablecer el control central. Propuso cambiar el sistema de modo que en casos de pena capital se exigiese el consentimiento unánime de los miembros de los jurados que revisan las sentencias.
He Weifang, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Pekín, dijo que los nuevos cambios mejorarían el proceso de revisión, pero alegó que sólo una reforma constitucional más profunda, que estableciera un poder judicial más independiente, podría retirar las presiones políticas que penetran muchos casos publicitados de pena de muerte.
En las áridas montañas del sur de Gansu, donde los campesinos apenas sobreviven cultivando una tierra tan fértil como la tiza, la familia de Wang no está al tanto de esos debates jurídicos. A los 15, Wang dejó su hogar para emigrar en busca de trabajo después de una infancia marcada por la miseria y la tragedia. Cuando era niño, su madre murió debido a una infección en una esterilización chapucera. Los funcionarios de planificación familiar habían ordenado la intervención después de que ella diera a luz a su segundo hijo. La familia entabló un juicio, pero sin ningún éxito.
Wang trabajó en una serie de trabajos de inmigrantes hasta que hace tres años consiguió un posición envolviendo tubos de acero en la central eléctrica de una fábrica de Ningxia. Su hermano menor, Binyin, que también trabajaba en la fábrica, describió a los patrones como hombres brutales que golpeaban a Binyu y se burlaban de él cuando enfermó de úlceras.
Los patrones también retuvieron el salario de Binyu durante dos años, un problema común que afecta a los trabajadores inmigrantes. Esta primavera, su padre lo llamó para decirle que necesitaba operarse urgentemente de una fractura en su pierna. Los hermanos decidieron renunciar y volver a casa. Pero primero necesitaban cobrar los más de mil dólares de salarios impagos.
Durante semanas Wang Binyu se acercó a los patrones a cobrar su dinero. En un momento, Wu Hua, un capataz, prometió pagarles si trabajaban algunas semanas más. Aceptaron, pero tampoco les pagaron. "Una vez mi hermano fue donde los patrones y les imploró, llorando, que les pagaran", dijo Wang Binyin.
Finalmente, en mayo, el patrón de la fábrica, Chen Jiwei, cedió y pagó los salarios de 2004, pero sólo después de hacer una enorme deducción por concepto de permisos y gastos de alojamiento. Pero se negó a pagar los salarios de 2005 hasta el próximo año.
Frustrado, Wang Binyu pidió ayuda a la oficina del trabajo local, pero le dijeron que no tenían jurisdicción. Se acercó a los tribunales, donde le dijeron que un pleito legal tomaría meses. Volvió entonces a la oficina del trabajo, donde un funcionario de alto nivel accedió a intervenir y convenció a su patrón, Wu Xinguo, de que pagara los salarios impagos en un plazo de cinco días. Parecía una victoria.
Pero después de salir de la oficina del trabajo, Wu Xinguo expulsó a los hermanos de su residencia. Más tarde esa noche, sin tener donde dormir, los hermanos empezaron a golpear a la puerta de Wu Xinguo exigiendo que les pagara. Se apareció Wu Hua, el capataz, y pronto llegaron otros a tratar de echar a los hermanos Wang. El grupo empezó a empujar y a dar manotazos a Wang Binyu hasta que estalló una gresca. Wang Binyu, que llevaba un machete, explotó en una ira que terminaría con cuatro personas muertas y un herido.
Wang Binyin dijo que había tratado de refrenar a su hermano. Recuerda haberle dicho: "No puedes hacer esto. Todavía tenemos a nuestro padre viejo en casa. ¿Qué haré yo solo?" Cuando terminó el ataque, Wang Binyu arrojó el cuchillo al Río Amarillo y se entregó en la comisaría de policía local. Los dos principales patrones -Chen y Wu Xinguo- resultaron ilesos.
El juicio inicial de Wang, el 29 de junio, terminó en sentencia de muerte. Su familia no fue notificada sobre la fecha del juicio y no asistió. Parecía destinado a ser una de las miles de personas que son ejecutadas en China cada año sin que llamen la atención del público. Pero el 4 de septiembre, la agencia de noticias Nueva China, el servicio de prensa del gobierno, publicó una entrevista con Wang en la cárcel que causó asombro, tanto por su contenido como por el mero hecho de que fuera publicada.
"Quiero morir", dijo Wang. "Cuando muera, nadie me podrá explotar".
Sobre su crimen, Wang dijo: "Ya no lo podía ser soportando. Ya les había aguantado bastante". Pero más tardé agregó: "No quería matarlos. No era mi intención".
Finalmente lamentó el destino de sus compañeros inmigrantes. "Mi vida vale poca cosa", dijo. "Espero que la sociedad nos preste atención y nos respete".
Periodistas chinos dicen que los autores del artículo escogieron el caso porque pensaban que encajaba con una campaña del primer ministro Wen Jiabao para ayudar a los campesinos. Los diarios, asumiendo que la entrevista indicaba su aprobación oficial, se abalanzaron sobre la historia.
Siguieron entrevistas con juristas, algunos argumentando que el sistema debería ser lo suficientemente ágil como para dar a Wang una sentencia menos severa. Los foros en internet se llenaron de comentarios de participantes indignados.
Pero la cobertura periodística fue detenida repentinamente. Los buscadores de internet fueron obligados a censurar el nombre de Wang Binyu y se ordenó a los diarios dejar caer la historia antes de que se viera su apelación a fines de septiembre. Más probablemente, la indignación pública alarmó a los funcionarios oficiales que no querían que se cuestionara tan abiertamente la pena de muerte. Desde su celda en la cárcel, Wang Binyu le dijo a su hermano menor que pensaba que los funcionarios locales estaban ansiosos por ejecutarlo, debido a que una revocación de la sentencia de muerte podría perjudicar sus carreras.
La apelación fue mantenida en secreto. El padre de Wang, Wang Liding, le había llevado unos días antes, casualmente, un par de zapatos. De otro modo no se habría enterado. En un momento el padre dijo que había gritado durante el juicio porque los fiscales dijeron que a su hijo le habían pagado todos sus salarios. El viejo Wang fue expulsado brevemente de la sala después de su exabrupto.
Ahora la familia todavía no recibe los salarios impagos de su hijo muerto. Las donaciones les han ayudado a construir un nuevo cuarto en su destartalada casa. El padre ha envuelto la libreta verde que certifica la cremación de su hijo en un papel. Es lo único que le queda de su hijo.
En octubre, antes de la ejecución, funcionarios del tribunal de Ningxia llamaron al padre para lo que él pensaba que era una buena noticia. Le dijeron que podía recoger los salarios impagos de su hijo. Viajó durante más de un día desde Ningxia a Gansu. Pero cuando llegó descubrió que la promesa de los salarios impagos era mentira. Los funcionarios querían simplemente que firmara el certificado de ejecución de su hijo.
Como es analfabeto, el padre sólo pudo estampar el papel con su pulgar.
"No debió matar a esa gente", dijo el padre. "Pero tenía un motivo".
Yujigaou, China. En la celda de la prisión desde donde contemplaba las balas de los verdugos, un trabajador inmigrante llamado Wang Binyu contó el angustioso relato de su vida desperdiciada. Inesperadamente, y como un grito desgarrado, su historia se dejó oír en toda China.Durante tres semanas los brutales asesinatos que cometió Wang después de no lograr que le pagaran sus salarios atrasados fueron contrastados en internet y en la prensa china con el injusto tratamiento que había soportado como trabajador inmigrante. La opinión pública clamaba por piedad, los abogados debatieron sobre la justicia de su sentencia de muerte. Otros vieron el caso como un sangriento síntoma de las duras desigualdades de la vida en China.
Pero entonces, a fines de septiembre, el furor desapareció tan inesperadamente como había empezado. Las discusiones online fueron censuradas y la cobertura periodísticas fue prohibida casi completamente. La apelación final de Wang fue llevada apresuradamente a la corte. Su padre, que nunca fue notificado, se enteró del juicio sólo por accidente. Al abogado defensor elegido por él le fue prohibido participar en el juicio.
"Todos ustedes están del mismo lado", gritó Wang, 28, durante el juicio, dijo su padre aquí en una entrevista en la casa familiar en un pueblo en la norteña provincia de Gansu. "Si queréis matarme, matadme de una vez".
Y lo hicieron, el19 de octubre. Wang fue ejecutado tan rápida y silenciosamente que pasaron semanas antes de que el mundo se enterara de que lo habían matado.
China ejecuta cada año a más gente que todo el resto del mundo. Según algunas estimaciones, el número de ejecuciones es de más de 10 mil al año: La implacable máquina de las sentencias de muerte del gobierno ha sido durante largo tiempo su herramienta más dura para conservar su control político y reducir el crimen y la corrupción.
Pero se ha convertido ahora en una llamativa incertidumbre sobre el respeto en China al imperio de la ley. Existen extendidas sospechas, incluso dentro del gobierno, de que demasiada gente inocente es condenada a muerte. Este año salieron a la luz un montón de casos en que juicios injustos habían terminado en sentencias de muerte o, en un caso muy publicitado, en la ejecución de un hombre inocente.
Reformar la pena capital se ha convertido en una prioridad dentro del sistema jurídico controlado por el Partido Comunista, en parte debido a la presión internacional para reducir los abusos. En el parlamento controlado por el partido, hay un amplio debate sobre cómo mejorar las leyes criminales. Pero lograr esas reformas es ciertamente difícil. Los conservadores se muestran poco dispuestos a restringir el poder de la policía y los tribunales adoptan una línea dura. Las reformas a la pena de muerte anunciadas por la Corte Suprema del Pueblo -y estruendosamente anunciadas en los medios de comunicación del estado- son en gran parte apenas un retorno al status quo de 1980.
El caso de Wang Binyu carece de la claridad moral de un hombre inocente condenado injustamente. Mató a cuatro personas en un ataque de ira después de una disputa sobre salarios. Pero su historia, marcada por los abusos y desprecio de sus patrones, resonaron profundamente en un público hastiado de la corrupción y la desigualdad y resentido con un sistema jurídico que percibe como protector de los ricos y los bien conectados.
"Wang fue obligado a luchar contra los que lo explotan y aplastan a los trabajadores", escribió una persona en un sitio en la red china. "¿Por qué será que la ley es tan severa con los pobres?"
El caso de Wang ilustra también un sistema construido para condenar que cuenta con pocas garantías o protecciones para los procesados que pueden ser condenados a muerte. Funcionarios del Tribunal Superior de la Región Autónoma de Ningxia, el área al occidente de China donde se vio el caso, rechazaron varias peticiones de entrevista. Pero Wu Shaozhi, el abogado de Pekín que intentó defender a Wang, dijo que los tribunales de Ningxia obviamente querían resultados rápidos.
Antes de la apelación, la familia de Wang firmó un poder para el abogado de Wu. Pero Wu dijo que funcionarios de la corte mintieron al principio, diciéndole que el plazo de la apelación había terminado. Luego se negaron a dejarle asistir al juicio. En lugar de eso, Wang fue representado por un abogado nombrado por la corte.
Entretanto, dijo Wu, los mismos jueces que oyeron la apelación trataron también al mismo tiempo la obligatoria revisión final del caso, lo que quiere decir que los jueces revisaron su propia resolución -una práctica que los juristas dicen que no es inusual y que proporciona pocos contrapesos para la aplicación de la pena de muerte.
"Un procedimiento injusto que indudablemente conducirá a más resultados injustos", dijo Wu.
China se muestra tan cautelosa de su sistema de sentencias de muerte que desde hace mucho tiempo el número de ejecuciones es un secreto de estado. Un indicio de esa cantidad se dio a conocer el año pasado cuando un delegado de alto nivel en el Congreso Nacional del Pueblo calculó públicamente que estaba "cercana a los 10 mil". En 2004, Amnistía Internacional documentó al menos 3.400 ejecuciones -de 3.797 en todo el mundo ese año-, pero advirtió que en China esa cifra era probablemente mucho más alta. Investigadores extranjeros han calculado esa cifra en unas 15.000 ejecuciones al año.
En octubre pasado, la Corte Suprema del Pueblo anunció que revocaría una decisión de principio de los años ochenta que entrega la revisión final sobre muchos casos de pena de muerte a las cortes superiores provinciales. Los juristas dicen que Den Xiaoping, entonces el líder supremo, ordenó la medida enfadado porque las cortes se mostraban demasiado lentas a la hora de reprimir la delincuencia. La medida sacó a la luz que los tribunales provinciales a menudo operaban sin ninguna supervisión.
Bajo la nueva medida, la Corte Suprema del Pueblo recobrará la responsabilidad de revisar todos los casos de pena capital. Los medios de comunicación del estado han calculado que las ejecuciones podrían disminuir en un 30 por ciento -un cálculo que no pudo ser verificado, pero que implica que había profundos vicios en el sistema actual.
"Piensan que se cometen errores en demasiados casos", dijo Yi Yanyou, profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad de Tsinghua. Yi dijo que los nuevos cambios podrían ser importantes, pero no representaban ninguna reforma, debido a que se limitaban a restablecer el control central. Propuso cambiar el sistema de modo que en casos de pena capital se exigiese el consentimiento unánime de los miembros de los jurados que revisan las sentencias.
He Weifang, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Pekín, dijo que los nuevos cambios mejorarían el proceso de revisión, pero alegó que sólo una reforma constitucional más profunda, que estableciera un poder judicial más independiente, podría retirar las presiones políticas que penetran muchos casos publicitados de pena de muerte.
En las áridas montañas del sur de Gansu, donde los campesinos apenas sobreviven cultivando una tierra tan fértil como la tiza, la familia de Wang no está al tanto de esos debates jurídicos. A los 15, Wang dejó su hogar para emigrar en busca de trabajo después de una infancia marcada por la miseria y la tragedia. Cuando era niño, su madre murió debido a una infección en una esterilización chapucera. Los funcionarios de planificación familiar habían ordenado la intervención después de que ella diera a luz a su segundo hijo. La familia entabló un juicio, pero sin ningún éxito.
Wang trabajó en una serie de trabajos de inmigrantes hasta que hace tres años consiguió un posición envolviendo tubos de acero en la central eléctrica de una fábrica de Ningxia. Su hermano menor, Binyin, que también trabajaba en la fábrica, describió a los patrones como hombres brutales que golpeaban a Binyu y se burlaban de él cuando enfermó de úlceras.
Los patrones también retuvieron el salario de Binyu durante dos años, un problema común que afecta a los trabajadores inmigrantes. Esta primavera, su padre lo llamó para decirle que necesitaba operarse urgentemente de una fractura en su pierna. Los hermanos decidieron renunciar y volver a casa. Pero primero necesitaban cobrar los más de mil dólares de salarios impagos.
Durante semanas Wang Binyu se acercó a los patrones a cobrar su dinero. En un momento, Wu Hua, un capataz, prometió pagarles si trabajaban algunas semanas más. Aceptaron, pero tampoco les pagaron. "Una vez mi hermano fue donde los patrones y les imploró, llorando, que les pagaran", dijo Wang Binyin.
Finalmente, en mayo, el patrón de la fábrica, Chen Jiwei, cedió y pagó los salarios de 2004, pero sólo después de hacer una enorme deducción por concepto de permisos y gastos de alojamiento. Pero se negó a pagar los salarios de 2005 hasta el próximo año.
Frustrado, Wang Binyu pidió ayuda a la oficina del trabajo local, pero le dijeron que no tenían jurisdicción. Se acercó a los tribunales, donde le dijeron que un pleito legal tomaría meses. Volvió entonces a la oficina del trabajo, donde un funcionario de alto nivel accedió a intervenir y convenció a su patrón, Wu Xinguo, de que pagara los salarios impagos en un plazo de cinco días. Parecía una victoria.
Pero después de salir de la oficina del trabajo, Wu Xinguo expulsó a los hermanos de su residencia. Más tarde esa noche, sin tener donde dormir, los hermanos empezaron a golpear a la puerta de Wu Xinguo exigiendo que les pagara. Se apareció Wu Hua, el capataz, y pronto llegaron otros a tratar de echar a los hermanos Wang. El grupo empezó a empujar y a dar manotazos a Wang Binyu hasta que estalló una gresca. Wang Binyu, que llevaba un machete, explotó en una ira que terminaría con cuatro personas muertas y un herido.
Wang Binyin dijo que había tratado de refrenar a su hermano. Recuerda haberle dicho: "No puedes hacer esto. Todavía tenemos a nuestro padre viejo en casa. ¿Qué haré yo solo?" Cuando terminó el ataque, Wang Binyu arrojó el cuchillo al Río Amarillo y se entregó en la comisaría de policía local. Los dos principales patrones -Chen y Wu Xinguo- resultaron ilesos.
El juicio inicial de Wang, el 29 de junio, terminó en sentencia de muerte. Su familia no fue notificada sobre la fecha del juicio y no asistió. Parecía destinado a ser una de las miles de personas que son ejecutadas en China cada año sin que llamen la atención del público. Pero el 4 de septiembre, la agencia de noticias Nueva China, el servicio de prensa del gobierno, publicó una entrevista con Wang en la cárcel que causó asombro, tanto por su contenido como por el mero hecho de que fuera publicada.
"Quiero morir", dijo Wang. "Cuando muera, nadie me podrá explotar".
Sobre su crimen, Wang dijo: "Ya no lo podía ser soportando. Ya les había aguantado bastante". Pero más tardé agregó: "No quería matarlos. No era mi intención".
Finalmente lamentó el destino de sus compañeros inmigrantes. "Mi vida vale poca cosa", dijo. "Espero que la sociedad nos preste atención y nos respete".
Periodistas chinos dicen que los autores del artículo escogieron el caso porque pensaban que encajaba con una campaña del primer ministro Wen Jiabao para ayudar a los campesinos. Los diarios, asumiendo que la entrevista indicaba su aprobación oficial, se abalanzaron sobre la historia.
Siguieron entrevistas con juristas, algunos argumentando que el sistema debería ser lo suficientemente ágil como para dar a Wang una sentencia menos severa. Los foros en internet se llenaron de comentarios de participantes indignados.
Pero la cobertura periodística fue detenida repentinamente. Los buscadores de internet fueron obligados a censurar el nombre de Wang Binyu y se ordenó a los diarios dejar caer la historia antes de que se viera su apelación a fines de septiembre. Más probablemente, la indignación pública alarmó a los funcionarios oficiales que no querían que se cuestionara tan abiertamente la pena de muerte. Desde su celda en la cárcel, Wang Binyu le dijo a su hermano menor que pensaba que los funcionarios locales estaban ansiosos por ejecutarlo, debido a que una revocación de la sentencia de muerte podría perjudicar sus carreras.
La apelación fue mantenida en secreto. El padre de Wang, Wang Liding, le había llevado unos días antes, casualmente, un par de zapatos. De otro modo no se habría enterado. En un momento el padre dijo que había gritado durante el juicio porque los fiscales dijeron que a su hijo le habían pagado todos sus salarios. El viejo Wang fue expulsado brevemente de la sala después de su exabrupto.
Ahora la familia todavía no recibe los salarios impagos de su hijo muerto. Las donaciones les han ayudado a construir un nuevo cuarto en su destartalada casa. El padre ha envuelto la libreta verde que certifica la cremación de su hijo en un papel. Es lo único que le queda de su hijo.
En octubre, antes de la ejecución, funcionarios del tribunal de Ningxia llamaron al padre para lo que él pensaba que era una buena noticia. Le dijeron que podía recoger los salarios impagos de su hijo. Viajó durante más de un día desde Ningxia a Gansu. Pero cuando llegó descubrió que la promesa de los salarios impagos era mentira. Los funcionarios querían simplemente que firmara el certificado de ejecución de su hijo.
Como es analfabeto, el padre sólo pudo estampar el papel con su pulgar.
"No debió matar a esa gente", dijo el padre. "Pero tenía un motivo".
1 de enero de 2006
©http://www.nytimes.com/2005/12/31/international/asia/31china.html?hp=&pagewanted=all
©traducción mQh
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