qué hacer con los agresores sexuales
El día que Douglas Gray debía salir de la cárcel, las autoridades le pusieron grilletes y lo enviaron a un centro de tratamientos seguro en un desolado rincón de Florida -donde se recluye a los peores delincuentes sexuales del estado después de que cumplen sus sentencias de prisión.Detrás de las altas vallas y alambre de púa del Centro de Reclusión Involuntaria [Civil Commitment Center] de Florida, se suponía que el violador de niños de 40 años aprendería a refrenar sus impulsos enfermizos. Se suponía que debía aceptar la responsabilidad de sus crímenes. Se suponía que debía sentir empatía por sus víctimas.
Pero no ocurrió nada de eso.
No hubo pruebas de polígrafo para medir su honestidad. No hubo exámenes para medir sus patrones de excitación.
En lugar de eso, pasó un año comiendo, durmiendo, y esperando -hasta que fue liberado en junio de 2002 sin una sola hora de terapia que lo ayudara a domar los impulsos que lo convirtieron en un monstruo sexual.
Libre y de nuevo a la caza, Gray no duró mucho tiempo en la calle.
Quince meses después de su puesta en libertad, sedujo en un chatroom a una niña de 14, del condado de Broward, tuvo sexo con ella y cuando ella le dijo que no quería volverlo a ver, la golpeó y la obligó a realizar sexo oral con él.
"Deberían haberlo dejado encerrado para someterlo a tratamiento", dijo la madre de la niña a Miami Herald. "Si los dejas libre, volverán a hacer lo mismo. Mi hija ya no es la misma".
Gray es uno de los cientos de delincuentes sexuales que caen entre las grietas de un oscuro programa del estado creado en 1998 para proteger a la sociedad de hombres que se ensañan con los débiles y los vulnerables.
Todos los años psicólogos del estados revisan a miles de delincuentes sexuales antes de que sean liberados de la cárcel para detectar signos de trastornos mentales que hagan probable que vuelvan a cometer delitos sexuales.
Antes que dejarlos en libertad, la ley permite una medida drástica para asegurarse de que no vuelvan a cruzar la línea: Mantenerlos encerrados en un centro de tratamiento hasta que se sumerjan en las profundidades de sus mentes y superan sus enfermedades.
Les permiten salir sólo si los psicólogos dicen que ya no representan una amenaza para la sociedad y el tribunal lo acepta.
Los legisladores la llamaron la Ley Jimmy Ryce, en memoria del niño de nueve años del condado de Miami-Dade, que fue atacado sexualmente, asesinado y enterrado en de varias macetas por un manitas en 1995.
Pero siete años después de su aprobación, el programa de Florida para seleccionar, recluir y tratar a los delincuentes sexuales que representan las mayores amenazas para mujeres y niños se encuentra en un punto muerto, según revela una investigación de seis meses del Miami Herald.
Con una espantosa carencia de fondos y apenas reglamentada, la Ley Jimmy Ryce es un ejemplo de la rapidez con que reaccionan los legisladores ante crímenes horribles como el asesinato de Ryce, y lo a menudo que fracasan en mantener el curso una vez que las historias desaparecen de la atención pública.
Desde 1998, Florida ha gastado 150 millones de dólares recluyendo a 825 hombres en un centro de tratamientos en Arcadia.
Pero un análisis de ordenador del Miami Herald de más de 100 mil delitos sexuales -junto con una revisión de miles de páginas de casos judiciales, archivos del estado y documentos del centro de tratamiento de Florida y decenas de entrevistas, constató que:
-Mientras el estado ha gastado millones en recluir a 825 hombres en el centro, al menos 600 delicuentes que fueron pasados por alto en el proceso de detección fueron detenidos más tarde por nuevos crímenes sexuales -muchos de ellos contra niños.
-Incluso cuando los delincuentes están en el centro, más del 60 por ciento todavía no reciben tratamiento, porque la Legislatura no ha financiado completamente el programa y porque una laguna jurídica permite que los reos rechacen la terapia.
-El centro de tratamientos -el corazón del programa del estado- está plagado de problemas, incluyendo pedófilos que reciben pornografía infantil por correo, violadores que se emborrachan con alcohol casero y peleas entre los recluidos.
-Entretanto, cientos de delincuentes han sido liberados del centro sin que hayan completando un programa de tratamientos comprehensivos -incluyendo a casi 100 que, como Gray, no tuvieron ni una sola hora de terapia.
-Una vez que salen no hay supervisión especializada o programas de seguimiento para asegurarse de que los depredadores controlen su lascivia y sus impulsos violentos. No hay casas de transición, ni centros de externos, ni tobilleras electrónicas con tecnología satelital. En casi 50 casos, el estado ni siquiera sabe dónde están viviendo los delincuentes.
La triste verdad es que estas leyes son aprobadas de modo que los políticos se puedan jactar de las duras medidas que han tomado y ser elegidos. Es una triste manera de engañar a la opinión pública", dijo Ted Shaw, un psicólogo de Gainesville que ha pasado 25 años evaluando y tratando a delincuentes sexuales.
Atención Nacional, Acción en la Legislatura, y Luego Fallas
Las fallas en la estrategia de Florida a la hora de encargarse de los delincuentes más peligrosos es el último revés en una larga lucha para prevenir los delitos sexuales.
Casos como el de Jimmy Ryce en los años noventa y más recientemente el asalto sexual y asesinato de Jessica Lunsford en febrero pasado han llegado a la primera plana en todo el país.
Cada vez, la indignación espoloneó la acción -castigos más duros, registros de internet, reclusión involuntaria.
Meses después del asesinato de Lunsford, la diputada Debbie Wasserman Schultz propuso una ley federal que destinaría diez millones de dólares al año para ayudar a otros estados a pagar por programas similares al de la Ley Jimmy Ryce. Después de su aprobación en la Cámara se espera que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado.
"Creo que esta ley ayudará a muchos padres a dormir más tranquilos", aseguró a sus electores la demócrata de Weston, proclamando a Florida como modelo para el resto del país.
Pero la ley de Florida tropieza en cada fase: desde el proceso de detección que envía a los delincuentes al centro de tratamiento, hasta el nivel de terapia y asesoría proporcionada, y cómo se devuelve a esos acusados de vuelta a la sociedad.
Wasserman Schultz dijo que podría ser necesario incluir algunas garantías en la legislación federal para asegurarse de que los problemas de Florida no se repitan en otros estados.
Así es cómo se supone que debe funcionar la ley de Florida:
-Antes de que los delincuentes sexuales sean liberados de la prisión, psicólogos del estado deben determinar si sufren o no trastornos psico-sexuales llamados paraphilias, que crean poderosos impulsos que son difíciles de controlar sin tratamiento.
-Si es así, esos delincuentes son recluidos más allá del término de sus sentencias de prisión en el centro de tratamiento del estado.
-En los juicios, los fiscales y abogados de la defensa libran batallas legales que determinan si esos delincuentes serán o no recluidos indefinidamente.
-Una vez que son asignados, los delincuentes continúan en terapia hasta que puedan demostrar que ya no representan una amenaza para la sociedad.
El senador Alex Villalobos, un republicano de Miami y co-patrocinador de la Ley Jimmy Ryce dijo que la verdadera intención de la ley era mantener fuera de la calle a los delincuentes, llamándola un medida de "tapar huecos".
"Los delincuentes sexuales no estaban recibiendo sentencias de prisión prolongadas, y eso era lo que teníamos que reparar", dijo, agregando que el programa cumple con sus objetivos.
Problemas de Dinero Desde el Principio
Pero las fallas del programa empezaron desde el primer día -cuando la Legislatura se negó a financiar adecuadamente la ley que había aprobado con discursos y juramentos de "nunca jamás".
En el primer año del programa, el Departamento de Niños y Familias solicitó 27 millones de dólares para iniciar el programa. Recibió 17.
Mientras el número de delincuentes en el centro se ha más que cuadruplicado -de 125 en 2000 a más de 500 hoy-, la finanzas continuaron quedándose atrás.
El programa está tan limitado por la falta de fondos que el contrato del estado con Liberty Behavioral Health, una compañía privada que gestiona el Centro de Reclusión Involuntaria de Florida, sólo proporciona dinero suficiente para el tratamiento de 150 delincuentes -menos de un tercio de los hombres recluidos ahí.
"Nos hemos remangado las mangas y hacemos lo que podemos con los recursos disponibles", dijo Adam Deming, director clínico del centro de tratamiento.
De los 16 estados con leyes de reclusión involuntaria, sólo Carolina del Sur y Kansas gastan menos en tratamiento por delincuente -y ambos tienen menos de 100 reclusos.
"Ahora mismo, el programa de Florida no está haciendo lo que tiene que hacer", dijo Shaw, el psicólogo de Gainesville.
Con más delincuentes enviados al centro cada mes, Liberty dijo al estado en septiembre que sólo proveería de terapia a los que hayan sido enviados por los tribunales.
Pero esos procedimientos -conocidos como juicios de reclusión involuntaria- son tan largos y tediosos que más del 60 por ciento de los delincuentes en el centro aún no los tienen.
Se supone que deben ir a juicio dentro de 30 días, pero el promedio del tiempo de espera es ahora de dos años y medio.
El problema es que los legisladores aprobaron la Ley Jimmy Ryce sin un plan claro sobre cómo deben funcionar los juicios y pocas directivas a seguir, de acuerdo a juristas.
Por ejemplo, ¿qué es admisible como prueba? ¿Cómo deben tratarse los complejos testimonios de los expertos?
El resultado: Decenas de pleitos presentados impugnando las reglas, que cuestan millones de dólares a los contribuyentes y dejan a cientos de delincuentes en el limbo.
Dos cortes de apelaciones han instado a la Corte Suprema de Florida a acelerar y crear reglas para aclarar la confusión. Pero eso no ha ocurrido.
Entretanto, los delincuentes en el centro han gastado colectivamente más de 900 años esperando su día en tribunales.
La Falta de Criterios de Selección y Directivas Complican Proceso
Incluso antes de que los hombres fueran recluidos para su tratamiento en el centro, el programa de reclusión involuntaria de Florida estaba plagado de problemas en torno a la decisión de quién recibe tratamiento -y quién no.
Desde que empezara el programa, más de 18 mil delincuentes sexuales han sido evaluados por el Departamento de Niños y Familias DCF. De estos, 600 fueron pasados por alto y liberados, sólo para ser arrestados más tarde por nuevos delitos sexuales -muchos contra niños.
Es un porcentaje pequeño, pero cuando se compara a esos 600 con el número de delincuentes actualmente en el programa, surgen preguntas sobre la efectividad del proceso de selección.
Por ejemplo, de cada diez hombres enviados al centro, siete fueron liberados de la cárcel -y más tarde arrestados, una tendencia observada por auditores del estado en 2000 y nuevamente en 2004. En ambos informes, los auditores instaron al DCF a estudiar el proceso de selección.
Hasta el día de hoy, no ha ocurrido nada.
Parte del problema es que la ley ofrece pocas guías para determinar qué delincuentes deberían ser evaluados para el programa.
A diferencia de Florida, otros estados tienen reglas firmes para asegurarse de seleccionar a los depredadores más peligrosos.
Por ejemplo, la ley de California, que los expertos señalan como una de las mejores del país, exige que el delincuente tenga múltiples víctimas antes de que pueda ser considerado por el programa.
Eso habría colocado a Timothy Conley, 35, arriba en la lista. Pasó cuatro años en la cárcel por secuestrar y violar a dos niñas adolescentes en el condado de Citrus en la costa oeste de Florida en 1993. Pero en diciembre de 1999, el DCF determinó que no era "probable" que cometiera un nuevo delito sexual -y fue excarcelado.
Ocho meses más tarde, sacó a una niña adolescente de su coche y la violó dos veces. Desde entonces se encuentra nuevamente en prisión.
Los archivos muestran que casi el 70 por ciento de los hombres enviados al centro de reclusión involuntaria tenían una víctima, incluso aunque los expertos dicen que los que representan las mayores amenazas para mujeres y niños son a menudo los que han tenido víctimas múltiples -como Conley.
"El mejor elemento para predecir el futuro es la conducta del pasado", dijo Fred Berlin, profesor de psiquiatría de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, y uno de los principales investigadores de los delincuentes sexuales del país. "Así está claro que los que tienen delitos múltiples son los más peligrosos".
En el estado de Washington sólo aquellos que representan los mayores riesgos -delincuentes violentos- pueden ser incorporados al programa de reclusión involuntaria. No es el caso en Florida: 40 por ciento de los delincuentes considerados para el programa no estaban condenados por crímenes violentos, según muestran los archivos.
John Ganey Jr. y Darrell Mikler estaban los dos condenados por delitos sexuales en casos separados, pero ninguno de los dos fue enviado al centro de tratamiento de Florida.
Ganey, 43, salió de la cárcel en diciembre de 2000, después de pasar tres años allí por agresión sexual.
Menos de un año después engatusó a una niña de nueve años de Tallahassee, la llevó al bosque cerca de su casa y la violó tres veces. La niña contó al padre lo que había pasado. Al descubrir que sangraba profusamente, la llevó a toda prisa a un hospital, donde fue operada.
Mikler, 40, estuvo ocho años, de una sentencia de 20, en la cárcel por intentar violar a una niña de 12 años en el condado de Miami-Dade en 1989.
Un mes después de su liberación, atrajo a una niña de 11 en Fort Lauderdale hacia su apartamento y la empujó dentro. Cuando la niña le suplicó que la dejara ir, la violó cuatro veces.
"Después de eso dejó de ser niña", dijo la tía de la niña al fiscal del estado, Broward. Desde entonces la niña dejó la escuela secundaria y ha estado usando drogas, dijo. "Dios mío, rezo para que ese hombre no salga nunca más y le vuelva a hacer lo mismo a otra niña".
Ganey y Milker están nuevamente en la cárcel -sentenciados los dos a cadena perpetua.
Proceso de Selección Es Subjetivo
Otro problema: el estado sólo cuenta con seis personas para el proceso de selección de más de dos casos al año.
Eso significa revisar los antecedentes policiales de cada delincuente, las actas judiciales, los archivos médicos y de salud mental, las declaraciones de las víctimas, los informes de policía y otros documentos.
Utilizando esos documentos, los especialistas -el primer filtro del proceso de selección- deben tomar decisiones altamente subjetivas sobre qué hombres es "probable" que vuelvan a cometer delitos sexuales.
"No tenemos una fórmula mágica que enchufemos para meter la información" y obtener respuestas, dijo Greg Venz, que fue director del programa del estado hasta que se convirtió en asesor especial del DCF.
Psicólogos privados contratados por el estado realizaron entonces evaluaciones cara a cara de esos delincuentes y enviaron recomendaciones al DCF para una decisión final.
Han surgido preguntas sobre la calificación de los que conducen esas entrevistas cara a cara con los hombres.
A diferencia de los programas de Washington, Massachusetts, y otros estado, Florida no exige una licencia especial de los evaluadores. De hecho, hasta 2001 no había ninguna exigencia.
El DCF estableció algunos criterios después de que una auditoría del estado señalara el problema en 2000 -pero expertos nacionales dicen que las instrucciones son inadecuadas.
"Mi opinión es que debe haber algún tipo de requisitos para sacar una licencia y más adiestramiento especializado. Lo que tiene Florida ahora está por debajo del umbral necesitado para este campo altamente especializado", dijo Natalie Brown, una ex evaluadora de Florida que ahora selecciona a los delincuentes para los programas en Washington y Missouri.
No Seleccionado, Volvió A Delinquir
En 2000, psicólogos del estado dijeron que David Stotler, 30, no era suficientemente peligroso como para incluirlo en el programa, a pesar de dos delitos sexuales contra niños.
Su primera detención fue en Palm Beach Gardens en 1994 después de que toqueteara a una niñita mientras la cuidaba. La niña contó a la policía que Stotler la besó y metió sus manos debajo de sus ropas mientras ella jugaba Nintendo. También la molestó cuando estaban en una piscina del condominio.
Stotler debía haber pasado en prisión 22 meses de acuerdo a las directivas de sentencia del estado, pero evitó la cárcel declarándose culpable de agresión sexual a cambio de ocho años de libertad vigilada y seis meses de arresto domiciliario.
Tres años más tarde, violó su régimen de libertad vigilada cuando trató de obligar a un niño del condado de Palm Beach a que le hiciera sexo oral.
En noviembre de 1998 fue condenado a dos años de cárcel.
Aunque tenía dos delitos sexuales en sus antecedentes, el estado determinó dos meses antes de que saliera de la cárcel en septiembre de 2000 que Stotler no reunía los requisitos para el programa de tratamiento.
Un mes más tarde, mientras cuidaba a un niño de cinco años, se metió al dormitorio donde dormía el niño, retiró las mantas, desabotonó el pijama del niño y realizó sexo oral en él -un acto que Stotler repetiría muchas veces con el niño en el curso del año siguiente.
Pero Stotler no se paró en esa víctima.
Dos niños más menores de 12 sufrieron la misma tortura -despertar para descubrir que el depredador estaba abusando de ellos.
Los delitos de Stotler, que eventualmente le significaron la cadena perpetua, fueron descubiertos sólo después de que el niño de cinco empezara a orinarse y defecar en sus calzoncillos, para evitar los abusos.
Para entonces, las cicatrices del niño eran profundas: insomnio, sollozos incontrolados y preocupación por el dolor, el desmembramiento, la sangre y el derramamiento de sangre, de acuerdo a las actas judiciales.
Con lágrimas en el rostro, la voz del niño tembló y se quebró cuando contó sobre los abusos que había sufrido durante casi un año, muestran las actas judiciales.
"David me tocó", le dijo a su madre. "Mami, no dejes que lo vuelva a hacer".
jgrotto@MiamiHerald.com
29 de enero de 2006
©miami herald
©traducción mQh
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