incertidumbre en corredor de la muerte
[Michelle O’Donnell] Dudas sobre si se mantendrá la pena de muerte en Nueva York. En el corredor de la muerte hay un solo condenado.
Antes, en el corredor de la muerte de Nueva York resonaban las voces cuando los condenados a muerte se comunicaban a gritos desde sus celdas para conversar. Ahora, la Unidad de Personas Condenadas de la Penitenciaría Clinton cerca de la frontera canadiense es mucho más tranquila: sólo hay un recluso.
Casi 20 meses después de que la Corte de Apelaciones del estado determinara que una disposición central de la ley sobre la pena de muerte de Nueva York era inconstitucional, sólo John B. Taylor todavía hace frente a la posibilidad de ser ejecutado.
En mayo de 2000, Taylor y un cómplice, Craig Godineaux, obligaron a siete trabajadores a marchar en fila india hacia un enorme congelador en un local de Wendy’s, Flushing, Queens. Ataron y amordazaron a los trabajadores, envolvieron sus cabezas en bolsas de basura y los obligaron a arrodillarse antes de dispararles a la cabeza. Sólo dos sobrevivieron.
Godineaux, que es retardado mental, se declaró en 2001 culpable de homicidio y está cumpliendo una pena de cadena perpetua a firme.
Aparte de la horrorosa naturaleza del crimen de Taylor, sería un inusual giro de su sentencia lo que podría suspender su ejecución, incluso cuando las sentencias de muerte de dos otros reclusos han sido revocadas -los dos estaban esperando la ejecución cuando se suspendió la pena de muerte.
El caso no es simplemente una lucha legal sobre el destino del convicto, sino la última batalla en una larga guerra sobre el castigo capital en Nueva York, y de un modo u otro, causará una impresión duradera sobre el legado del gobernador George E. Pataki, que fue elegido en 1994 con la promesa de restablecer la pena de muerte. Mientras sopesa su participación en las elecciones presidenciales de 2008, lo más probable es que termine su mandato el próximo año sin haber presenciado ni una sola ejecución.
Si la Corte de Apelaciones, el tribunal más alto del estado, mantiene la ejecución de Taylor, "dejaría la puerta abierta para que otros fiscales en Nueva York pidieran la pena de muerte", dijo Richard A. Brown, el fiscal del distrito de Queens, que procesó a Taylor, 41, y pidió la pena de muerte en su caso.
Si la corte revoca la sentencia de muerte, podría terminar efectivamente con los recientes intentos de restablecer la pena de muerte, un tema que ha perdido apoyo en la Legislatura desde que fuera aprobado en 1995.
La de Taylor no es el último caso del corredor de la muerte que ha recurrido, sino la más peliaguda. En junio de 2004, en el caso de Stephen LaValle -que fue sentenciado a muerte por la violación y homicidio de una maestra-, la Corte de Apelaciones determinó que las instrucciones en torno a la sentencia que debía dar un juez a los miembros del jurado en un caso de pena de muerte eran inconstitucionales debido a que podían coaccionar a jurados indecisos a votar por la pena de muerte.
La ley exige que un juez instruya a los jurados en que, si no deciden unánimemente entre una sentencia de muerte y una de cadena perpetua a firme, el juez tendría que imponer la sentencia que permita que el acusado pueda acceder a la libertad condicional después de 20 a 25 años. Eso, dijo la corte, podría llevar a los miembros del jurado a votar impropiamente por la pena de muerte por temor a que un impasse pudiera conducir a una eventual liberación de asesinos particularmente violentos.
Sin embargo, en el caso de Taylor, el juez, Steven W. Fisher de la Corte Suprema del estado, en Queens, anticipó los defectos de las instrucciones para la sentencia. Dijo al jurado que en la eventualidad de un impasse, él "casi con toda seguridad, impondría" sentencias consecutivas totalizando 175 años, y que Taylor no podría pedir la libertad condicional hasta que no cumpliera toda la sentencia".
Para el fiscal del distrito, Brown, las instrucciones del juez Fischer agregaron el elemento que la corte más tarde determinó que faltaba en el caso de LaValle, y dijo que su sentencia debía mantenerse. Para el principal abogado de Taylor, Kevin M. Doyle, el abogado jefe de la Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte de Nueva York, la ejecución debería ser revocada porque el estatuto bajo el cual fue sentenciado Taylor ha sido declarado inconstitucional.
El mes pasado, los abogados de Taylor en la subvencionada Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte, que no han perdido ni un solo cliente desde que abrieran en 1995, presentó una breve descripción de su caso. Entre otras cosas, escribieron que la instrucción del juez -"casi con toda seguridad"- no podía garantizar que el juez impondría, de hecho, la sentencia máxima en caso de impasse. "Casi con toda seguridad no es seguro", escribieron. "Casi siempre no es siempre".
Además de los alegatos legales, las maniobras políticas pueden influir en el resultado. Se espera que un proyecto de ley arreglando la instrucción defectuosa en el estatuto de la pena de muerte sea aprobado en el Senado, aunque un intento similar fue abortado en la Asamblea el año pasado. Y dos escaños en la Corte de Apelaciones deben ser ocupados en enero. Dependiendo de a quiénes nombre Pataki para ocuparlos, la corte se podría inclinar a favor del restablecimiento de la pena capital.
"Este caso podría tener una profunda significación debido a que la nueva corte podría usar este caso como un vehículo para revocar su primera decisión en cuanto a LaValle", dijo Robert Blecker, profesor de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y defensor de la pena de muerte.
Este mes, la Corte de Apelaciones se negó a aceptar una petición de los abogados de Taylor de acelerar el proceso de apelación. Los abogados habían pedido que la corte considerara solamente la llamada disposición de impasse, que fue la base de la invalidación de la corte de la pena de muerte. El rechazo de la moción fue comunicado el 15 de febrero en The New York Law Journal.
El escrito final en el caso no se verá sino a principio del próximo año, y para cuando se alegue el caso ante la Corte de Apelaciones, podría haber hasta tres nuevos jueces -mientras que el número de abogados en la Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte ha disminuido desde que la pena de muerte fuera suspendida y la oficina empezar a reducir su personal.
En septiembre, el período del juez George Bundy Smith, nombrado por Cuomo a la Corte de Apelaciones, que escribió una opinión mayoritaria en LaValle, estará llegando a su fin y no se sabe si su período será prolongado. El juez Albert M. Rosenblatt, nombrado por Pataki y que se unió a la mayoría en el caso LaValle, debe jubilarse en diciembre debido a restricciones de edad. Y en marzo de 2007, expira el período de la presidente del tribunal, Judith S. Kaye.
"Vamos a cambiar la mayoría, en septiembre, si todo sale bien", dijo el senador del estado, Dale M. Volker, un republicano del oeste de Nueva York, que es un importante defensor de la pena de muerte.
Una portavoz de Pataki se negó a hacer comentarios sobre la apelación de Taylor o sobre la política en torno.
"El gobernados parece navegar con los vientos prevalecientes", dijo Douglas Muzzio, profesor de ciencias políticas en el Instituto Baruch. "Es parte de la letargia del gobernador. Es elegido en torno a este tema, y luego, en cierto sentido, lo deja de lado, ya que los vientos políticos sobre la pena de muerte han cambiado".
El senador Volker dijo que cualquiera sea el resultado, mantener o revocar la sentencia de Taylor sería un triunfo para los defensores de la pena capital porque revocar su ejecución por un crimen tan horrendo provocaría una oleada de apoyo para restablecer la pena de muerte.
Los opositores a la pena de muerte, sin embargo, dice que la ejecución de Taylor daría más energía a los que dicen que es una creciente oposición a la pena de muerte en el estado.
"Me parece que si sentencias a alguien bajo una ley que inconstitucional, que entonces hay problemas con la sentencia", dijo David Kaczynski, un importante opositor de la pena capital y presidente de Neoyorquinos contra la Pena de Muerte, un grupo de derechos.
Aunque personalmente se opone a la pena capital, Brown, el principal fiscal de Taylor, ha dicho que la pedirá porque así era la ley en la época del juicio de Taylor.
Cuando era asesor del gobernador Hugh L. Carey, Brown redactó vetos para anteriores iniciativas legislativas para restablecer la pena de muerte. Su oficina está ahora bajo creciente presión de antiguos aliados y opositores de la pena de muerte para que abandone su intento de ejecutar a Taylor.
Mientras el destino de Taylor flota en el limbo, junto con la pena de muerte del estado, la prolongada incertidumbre continúa atormentando a los familiares de los que fueron asesinados en el Wendy’s en mayo de 2000. Dijeron que la muerte de Taylor les proporcionaría algún tipo de resolución de su tragedia.
"No creo que deba ser revocada; debería ser ejecutado", dijo Babbette Mele, cuyo hermano Jeremy Mele tenía 19 cuando fue asesinado en el Wendy’s. "Matar a toda esa gente tampoco era constitucional".
Antes, en el corredor de la muerte de Nueva York resonaban las voces cuando los condenados a muerte se comunicaban a gritos desde sus celdas para conversar. Ahora, la Unidad de Personas Condenadas de la Penitenciaría Clinton cerca de la frontera canadiense es mucho más tranquila: sólo hay un recluso.Casi 20 meses después de que la Corte de Apelaciones del estado determinara que una disposición central de la ley sobre la pena de muerte de Nueva York era inconstitucional, sólo John B. Taylor todavía hace frente a la posibilidad de ser ejecutado.
En mayo de 2000, Taylor y un cómplice, Craig Godineaux, obligaron a siete trabajadores a marchar en fila india hacia un enorme congelador en un local de Wendy’s, Flushing, Queens. Ataron y amordazaron a los trabajadores, envolvieron sus cabezas en bolsas de basura y los obligaron a arrodillarse antes de dispararles a la cabeza. Sólo dos sobrevivieron.
Godineaux, que es retardado mental, se declaró en 2001 culpable de homicidio y está cumpliendo una pena de cadena perpetua a firme.
Aparte de la horrorosa naturaleza del crimen de Taylor, sería un inusual giro de su sentencia lo que podría suspender su ejecución, incluso cuando las sentencias de muerte de dos otros reclusos han sido revocadas -los dos estaban esperando la ejecución cuando se suspendió la pena de muerte.
El caso no es simplemente una lucha legal sobre el destino del convicto, sino la última batalla en una larga guerra sobre el castigo capital en Nueva York, y de un modo u otro, causará una impresión duradera sobre el legado del gobernador George E. Pataki, que fue elegido en 1994 con la promesa de restablecer la pena de muerte. Mientras sopesa su participación en las elecciones presidenciales de 2008, lo más probable es que termine su mandato el próximo año sin haber presenciado ni una sola ejecución.
Si la Corte de Apelaciones, el tribunal más alto del estado, mantiene la ejecución de Taylor, "dejaría la puerta abierta para que otros fiscales en Nueva York pidieran la pena de muerte", dijo Richard A. Brown, el fiscal del distrito de Queens, que procesó a Taylor, 41, y pidió la pena de muerte en su caso.
Si la corte revoca la sentencia de muerte, podría terminar efectivamente con los recientes intentos de restablecer la pena de muerte, un tema que ha perdido apoyo en la Legislatura desde que fuera aprobado en 1995.
La de Taylor no es el último caso del corredor de la muerte que ha recurrido, sino la más peliaguda. En junio de 2004, en el caso de Stephen LaValle -que fue sentenciado a muerte por la violación y homicidio de una maestra-, la Corte de Apelaciones determinó que las instrucciones en torno a la sentencia que debía dar un juez a los miembros del jurado en un caso de pena de muerte eran inconstitucionales debido a que podían coaccionar a jurados indecisos a votar por la pena de muerte.
La ley exige que un juez instruya a los jurados en que, si no deciden unánimemente entre una sentencia de muerte y una de cadena perpetua a firme, el juez tendría que imponer la sentencia que permita que el acusado pueda acceder a la libertad condicional después de 20 a 25 años. Eso, dijo la corte, podría llevar a los miembros del jurado a votar impropiamente por la pena de muerte por temor a que un impasse pudiera conducir a una eventual liberación de asesinos particularmente violentos.
Sin embargo, en el caso de Taylor, el juez, Steven W. Fisher de la Corte Suprema del estado, en Queens, anticipó los defectos de las instrucciones para la sentencia. Dijo al jurado que en la eventualidad de un impasse, él "casi con toda seguridad, impondría" sentencias consecutivas totalizando 175 años, y que Taylor no podría pedir la libertad condicional hasta que no cumpliera toda la sentencia".
Para el fiscal del distrito, Brown, las instrucciones del juez Fischer agregaron el elemento que la corte más tarde determinó que faltaba en el caso de LaValle, y dijo que su sentencia debía mantenerse. Para el principal abogado de Taylor, Kevin M. Doyle, el abogado jefe de la Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte de Nueva York, la ejecución debería ser revocada porque el estatuto bajo el cual fue sentenciado Taylor ha sido declarado inconstitucional.
El mes pasado, los abogados de Taylor en la subvencionada Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte, que no han perdido ni un solo cliente desde que abrieran en 1995, presentó una breve descripción de su caso. Entre otras cosas, escribieron que la instrucción del juez -"casi con toda seguridad"- no podía garantizar que el juez impondría, de hecho, la sentencia máxima en caso de impasse. "Casi con toda seguridad no es seguro", escribieron. "Casi siempre no es siempre".
Además de los alegatos legales, las maniobras políticas pueden influir en el resultado. Se espera que un proyecto de ley arreglando la instrucción defectuosa en el estatuto de la pena de muerte sea aprobado en el Senado, aunque un intento similar fue abortado en la Asamblea el año pasado. Y dos escaños en la Corte de Apelaciones deben ser ocupados en enero. Dependiendo de a quiénes nombre Pataki para ocuparlos, la corte se podría inclinar a favor del restablecimiento de la pena capital.
"Este caso podría tener una profunda significación debido a que la nueva corte podría usar este caso como un vehículo para revocar su primera decisión en cuanto a LaValle", dijo Robert Blecker, profesor de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y defensor de la pena de muerte.
Este mes, la Corte de Apelaciones se negó a aceptar una petición de los abogados de Taylor de acelerar el proceso de apelación. Los abogados habían pedido que la corte considerara solamente la llamada disposición de impasse, que fue la base de la invalidación de la corte de la pena de muerte. El rechazo de la moción fue comunicado el 15 de febrero en The New York Law Journal.
El escrito final en el caso no se verá sino a principio del próximo año, y para cuando se alegue el caso ante la Corte de Apelaciones, podría haber hasta tres nuevos jueces -mientras que el número de abogados en la Oficina de Defensa para Casos de Pena de Muerte ha disminuido desde que la pena de muerte fuera suspendida y la oficina empezar a reducir su personal.
En septiembre, el período del juez George Bundy Smith, nombrado por Cuomo a la Corte de Apelaciones, que escribió una opinión mayoritaria en LaValle, estará llegando a su fin y no se sabe si su período será prolongado. El juez Albert M. Rosenblatt, nombrado por Pataki y que se unió a la mayoría en el caso LaValle, debe jubilarse en diciembre debido a restricciones de edad. Y en marzo de 2007, expira el período de la presidente del tribunal, Judith S. Kaye.
"Vamos a cambiar la mayoría, en septiembre, si todo sale bien", dijo el senador del estado, Dale M. Volker, un republicano del oeste de Nueva York, que es un importante defensor de la pena de muerte.
Una portavoz de Pataki se negó a hacer comentarios sobre la apelación de Taylor o sobre la política en torno.
"El gobernados parece navegar con los vientos prevalecientes", dijo Douglas Muzzio, profesor de ciencias políticas en el Instituto Baruch. "Es parte de la letargia del gobernador. Es elegido en torno a este tema, y luego, en cierto sentido, lo deja de lado, ya que los vientos políticos sobre la pena de muerte han cambiado".
El senador Volker dijo que cualquiera sea el resultado, mantener o revocar la sentencia de Taylor sería un triunfo para los defensores de la pena capital porque revocar su ejecución por un crimen tan horrendo provocaría una oleada de apoyo para restablecer la pena de muerte.
Los opositores a la pena de muerte, sin embargo, dice que la ejecución de Taylor daría más energía a los que dicen que es una creciente oposición a la pena de muerte en el estado.
"Me parece que si sentencias a alguien bajo una ley que inconstitucional, que entonces hay problemas con la sentencia", dijo David Kaczynski, un importante opositor de la pena capital y presidente de Neoyorquinos contra la Pena de Muerte, un grupo de derechos.
Aunque personalmente se opone a la pena capital, Brown, el principal fiscal de Taylor, ha dicho que la pedirá porque así era la ley en la época del juicio de Taylor.
Cuando era asesor del gobernador Hugh L. Carey, Brown redactó vetos para anteriores iniciativas legislativas para restablecer la pena de muerte. Su oficina está ahora bajo creciente presión de antiguos aliados y opositores de la pena de muerte para que abandone su intento de ejecutar a Taylor.
Mientras el destino de Taylor flota en el limbo, junto con la pena de muerte del estado, la prolongada incertidumbre continúa atormentando a los familiares de los que fueron asesinados en el Wendy’s en mayo de 2000. Dijeron que la muerte de Taylor les proporcionaría algún tipo de resolución de su tragedia.
"No creo que deba ser revocada; debería ser ejecutado", dijo Babbette Mele, cuyo hermano Jeremy Mele tenía 19 cuando fue asesinado en el Wendy’s. "Matar a toda esa gente tampoco era constitucional".
26 de febrero de 2006
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios