militares resisten justicia en méxico
[Ginger Thompson] Informe documenta cientos de asesinatos cometidos por militares mexicanos durante lo que llamaron la ‘guerra sucia’.
Ciudad de México, México. Un informe secreto preparado por el despacho de un fiscal especial dice que los militares mexicanos llevaron a cabo un "plan genocida" de secuestros, torturas y asesinatos de cientos de acusados de subversivos en el sureño estado de Guerrero durante la llamada guerra sucia, de fines de los años sesenta a principios de los ochenta.
El informe, que no ha sido aprobado por el gobierno del presidente Vicente Fox, pero que fue filtrado a la prensa por sus autores la semana pasada, dice que el plan de genocidio fue ordenado por el presidente Luis Echeverría en 1970 y concebido por Hermenegildo Cuenca Díaz, que entonces era ministro de Defensa.
Se basa parcialmente en documentos desclasificados de las fuerzas armadas mexicanas y proporciona por primera vez los nombres de oficiales militares y unidades implicadas en la destrucción de aldeas enteras de las que el gobierno sospechaba que servían de base para el líder rebelde Lucio Cabañas.
En esos pueblos los soldados reunieron a todos los hombres y niños, ejecutaron a algunos en el lugar mismo y detuvieron a otros, y utilizaron violencias, incluyendo las violaciones, para que los aldeanos abandonaron las localidades, dice el informe. La mayoría de los detenidos sufrieron graves torturas, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y fueron obligados a beber gasolina, en instalaciones militares que eran administradas como si fueran "campos de concentración".
"Con esa operación se estableció una política oficial del estado en la que todas las autoridades fueron conectadas al ejército -presidente, ministros y la guardia del presidente, los comandantes de las regiones militares de Guerrero, y oficiales y tropas bajo su mando- y participaron en la violación de los derechos humanos con la justificación de estar persiguiendo a un fugitivo", dice el informe. "Esa estrategia contra la guerrilla no habría sido posible sin el consentimiento explícito y aprobación del presidente".
Sin embargo, el presidente Fox y el procurador especial, Ignacio Carrillo Prieto, no respaldaron el informe, que fue presentado a Fox en diciembre. Carrillo, que fue nombrado por Fox hace cuatro años, dijo que el gobierno se negó a hacerlo público si no lo modificaba antes. El informe es un borrador no redactado para su publicación, de un documento llamado El Libro Blanco, que es la versión del gobierno de los escandalosos abusos cometidos por el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional.
En una entrevista el viernes, Carrillo dijo que el borrador del informe, preparado por un equipo de 27 investigadores, incluyendo a ex estudiantes militantes y abogados de las víctimas, estaba lleno de prejuicios y salpicado de un lenguaje sobrecargado. Dijo que ponía demasiado de la culpa de los abusos de la ‘guerra sucia’ en los militares, sin describir los abusos cometidos por los grupos rebeldes. Dijo que otra versión del informe sería presentada a Fox el lunes, y más tarde al público.
"Hay afirmaciones en el borrador de que el ejército realizó esas operaciones por su cuenta", dijo Carrillo. "Pero no las realizaron solos. Las realizaron en respuesta a órdenes de civiles en cargos superiores".
La disputa sobre el borrador del Libro Blanco provocó una profunda escisión en el despacho del procurador especial. El puñado de investigadores internacionales de derechos humanos que ha visto el informe dijeron que ofrecía una mirada en el caos que ha paralizado los esfuerzos del procurador especial y ha hecho surgir nuevas preguntas sobre la promesa de Fox de llevar a justicia a los funcionarios responsables de abusos en el pasado.
Fox, cuya subida al poder terminó con siete décadas de gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional, empezó su presidencia con solemnes promesas de que pondría fin a la impunidad. De momento, ha cumplido muy poco.
Un intento de acusar a Echeverría, acusado de genocidio por el asesinato de cientos de estudiantes en 1968y 1971, fracasó cuando la Corte Suprema determinó que el estatuto de prescripción por homicidio había expirado y que no había suficientes evidencias para demostrar que cometió genocidio.
A fines de 2003, sin embargo, la Corte Suprema abrió el camino para iniciar procesos por delitos cometidos durante la ‘guerra sucia’ cuando determinó que el estatuto de prescripción no se aplicaba a ‘desapariciones’ políticas -presuntamente muertos, cuyos cuerpos no han sido rencontrados-, abriendo el camino para enjuiciar a ex funcionarios de gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno informó que unos 74 funcionarios oficiales pueden ser acusados de la desaparición de 275 personas. El borrador no redactado del Libro Blanco incluye una lista de más de 500 desaparecidos.
Pero investigadores de derechos humanos dijeron que las disputas sobre el contenido de los documentos, dejan en claro que aún persisten serios obstáculos par que se haga justicia.
Los autores del borrador del Libro Blanco filtraron partes de este a varios importantes escritores mexicanos. Los autores dijeron que se sentían contrariados por el hecho de que el gobierno los despidió sin pagarles los últimos 18 meses y que estaban preocupados de que el informe fuera a ser modificado.
Una copia del documento fue obtenida por la revista mexicana Eme-Equis, que publicó un informe sobre el documento el domingo, y por los Archivos de la Seguridad Nacional, un centro de investigación privado independiente con sede en Washington.
Kate Doyle, directora de los archivos de seguridad del Proyecto México, dijo que el informe fue subido al sitio en la red del archivo el domingo, para que víctimas y familiares tuvieran acceso a la información. La semana pasada proporcionó una copia del informe al New York Times.
"El hecho de que una versión del informe final del procurador especial esté circulando entre un puñado de personas prominentes, y que sin embargo aún no es accesible a la gente más afectada por la violencia, es un estado de cosas que evoca el pasado de México", dice una nota en el sitio en la red, "cuando los ciudadanos eran rutinariamente excluidos de la participación cívica por un gobierno determinado a mantenerlos en la ignorancia".
Carrillo reconoció que su despacho ha sido incapaz de pagar a sus colaboradores, diciendo el que procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, estaba tratando de "asfixiar" sus intentos de investigación reteniendo su presupuesto. Pero dijo que los autores del informe habían sido contratados oficialmente y que sus contratos terminarían cuando se completara el informe.
"Estamos siendo atacados por todos lados", dijo Carrillo. "Abiertamente y por la espalda".
Dijo que la redacción del documento tenía por fin corregirlo, no "aguarlo".
"Por supuesto las violaciones fueron cometidas como parte de una política oficial", dijo Carrillo refiriéndose a la principal conclusión del informe, "pero no fue orquestada por las fuerzas armadas. Fueron individuos y grupos dentro de las fuerzas armadas, que estuvieron siempre acompañados por civiles".
"Para nosotros, esa distinción es importante".
Sus comentarios se hacen eco de la posición oficial de los militares mexicanos, los que, a diferencia de los militares en Argentina y Chile, no han reconocido nunca públicamente el papel protagonista de la institución en la ‘guerra sucia’ del país. En lugar de eso, una larga serie de ministros de defensa, incluyendo al actual, el general Gerardo Clemente Vega, han dicho solamente que algunos oficiales y unidades operaron llevadas por un sentido del deber de parar la violenta insurrección rebelde y que los abusos fueron cometidos por soldados y guerrilleros por igual.
"Este ejército hizo lo que el estado le dijo que hiciera", dijo el general Vega en un discurso en febrero de 2002.
Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch, dijo que el informe proporcionaba "la imagen más clara hasta el momento de la maquinaria represiva del estado". Los documentos militares no mencionan las torturas ni los asesinatos, dijo Wilkinson, y utilizaron un lenguaje cifrado para describir las detenciones ilegales. Sin embargo, dijo Wilkinson, los documentos rellenan las lagunas dejadas por un considerable alijo de documentos desclasificados de la policía y otras dependencias oficiales.
Wilkinson dijo que "el asunto ahora es si el gobierno de Fox hará que veamos los resultados llevando a juicio esos casos"
Ciudad de México, México. Un informe secreto preparado por el despacho de un fiscal especial dice que los militares mexicanos llevaron a cabo un "plan genocida" de secuestros, torturas y asesinatos de cientos de acusados de subversivos en el sureño estado de Guerrero durante la llamada guerra sucia, de fines de los años sesenta a principios de los ochenta.El informe, que no ha sido aprobado por el gobierno del presidente Vicente Fox, pero que fue filtrado a la prensa por sus autores la semana pasada, dice que el plan de genocidio fue ordenado por el presidente Luis Echeverría en 1970 y concebido por Hermenegildo Cuenca Díaz, que entonces era ministro de Defensa.
Se basa parcialmente en documentos desclasificados de las fuerzas armadas mexicanas y proporciona por primera vez los nombres de oficiales militares y unidades implicadas en la destrucción de aldeas enteras de las que el gobierno sospechaba que servían de base para el líder rebelde Lucio Cabañas.
En esos pueblos los soldados reunieron a todos los hombres y niños, ejecutaron a algunos en el lugar mismo y detuvieron a otros, y utilizaron violencias, incluyendo las violaciones, para que los aldeanos abandonaron las localidades, dice el informe. La mayoría de los detenidos sufrieron graves torturas, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y fueron obligados a beber gasolina, en instalaciones militares que eran administradas como si fueran "campos de concentración".
"Con esa operación se estableció una política oficial del estado en la que todas las autoridades fueron conectadas al ejército -presidente, ministros y la guardia del presidente, los comandantes de las regiones militares de Guerrero, y oficiales y tropas bajo su mando- y participaron en la violación de los derechos humanos con la justificación de estar persiguiendo a un fugitivo", dice el informe. "Esa estrategia contra la guerrilla no habría sido posible sin el consentimiento explícito y aprobación del presidente".
Sin embargo, el presidente Fox y el procurador especial, Ignacio Carrillo Prieto, no respaldaron el informe, que fue presentado a Fox en diciembre. Carrillo, que fue nombrado por Fox hace cuatro años, dijo que el gobierno se negó a hacerlo público si no lo modificaba antes. El informe es un borrador no redactado para su publicación, de un documento llamado El Libro Blanco, que es la versión del gobierno de los escandalosos abusos cometidos por el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional.
En una entrevista el viernes, Carrillo dijo que el borrador del informe, preparado por un equipo de 27 investigadores, incluyendo a ex estudiantes militantes y abogados de las víctimas, estaba lleno de prejuicios y salpicado de un lenguaje sobrecargado. Dijo que ponía demasiado de la culpa de los abusos de la ‘guerra sucia’ en los militares, sin describir los abusos cometidos por los grupos rebeldes. Dijo que otra versión del informe sería presentada a Fox el lunes, y más tarde al público.
"Hay afirmaciones en el borrador de que el ejército realizó esas operaciones por su cuenta", dijo Carrillo. "Pero no las realizaron solos. Las realizaron en respuesta a órdenes de civiles en cargos superiores".
La disputa sobre el borrador del Libro Blanco provocó una profunda escisión en el despacho del procurador especial. El puñado de investigadores internacionales de derechos humanos que ha visto el informe dijeron que ofrecía una mirada en el caos que ha paralizado los esfuerzos del procurador especial y ha hecho surgir nuevas preguntas sobre la promesa de Fox de llevar a justicia a los funcionarios responsables de abusos en el pasado.
Fox, cuya subida al poder terminó con siete décadas de gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional, empezó su presidencia con solemnes promesas de que pondría fin a la impunidad. De momento, ha cumplido muy poco.
Un intento de acusar a Echeverría, acusado de genocidio por el asesinato de cientos de estudiantes en 1968y 1971, fracasó cuando la Corte Suprema determinó que el estatuto de prescripción por homicidio había expirado y que no había suficientes evidencias para demostrar que cometió genocidio.
A fines de 2003, sin embargo, la Corte Suprema abrió el camino para iniciar procesos por delitos cometidos durante la ‘guerra sucia’ cuando determinó que el estatuto de prescripción no se aplicaba a ‘desapariciones’ políticas -presuntamente muertos, cuyos cuerpos no han sido rencontrados-, abriendo el camino para enjuiciar a ex funcionarios de gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno informó que unos 74 funcionarios oficiales pueden ser acusados de la desaparición de 275 personas. El borrador no redactado del Libro Blanco incluye una lista de más de 500 desaparecidos.
Pero investigadores de derechos humanos dijeron que las disputas sobre el contenido de los documentos, dejan en claro que aún persisten serios obstáculos par que se haga justicia.
Los autores del borrador del Libro Blanco filtraron partes de este a varios importantes escritores mexicanos. Los autores dijeron que se sentían contrariados por el hecho de que el gobierno los despidió sin pagarles los últimos 18 meses y que estaban preocupados de que el informe fuera a ser modificado.
Una copia del documento fue obtenida por la revista mexicana Eme-Equis, que publicó un informe sobre el documento el domingo, y por los Archivos de la Seguridad Nacional, un centro de investigación privado independiente con sede en Washington.
Kate Doyle, directora de los archivos de seguridad del Proyecto México, dijo que el informe fue subido al sitio en la red del archivo el domingo, para que víctimas y familiares tuvieran acceso a la información. La semana pasada proporcionó una copia del informe al New York Times.
"El hecho de que una versión del informe final del procurador especial esté circulando entre un puñado de personas prominentes, y que sin embargo aún no es accesible a la gente más afectada por la violencia, es un estado de cosas que evoca el pasado de México", dice una nota en el sitio en la red, "cuando los ciudadanos eran rutinariamente excluidos de la participación cívica por un gobierno determinado a mantenerlos en la ignorancia".
Carrillo reconoció que su despacho ha sido incapaz de pagar a sus colaboradores, diciendo el que procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, estaba tratando de "asfixiar" sus intentos de investigación reteniendo su presupuesto. Pero dijo que los autores del informe habían sido contratados oficialmente y que sus contratos terminarían cuando se completara el informe.
"Estamos siendo atacados por todos lados", dijo Carrillo. "Abiertamente y por la espalda".
Dijo que la redacción del documento tenía por fin corregirlo, no "aguarlo".
"Por supuesto las violaciones fueron cometidas como parte de una política oficial", dijo Carrillo refiriéndose a la principal conclusión del informe, "pero no fue orquestada por las fuerzas armadas. Fueron individuos y grupos dentro de las fuerzas armadas, que estuvieron siempre acompañados por civiles".
"Para nosotros, esa distinción es importante".
Sus comentarios se hacen eco de la posición oficial de los militares mexicanos, los que, a diferencia de los militares en Argentina y Chile, no han reconocido nunca públicamente el papel protagonista de la institución en la ‘guerra sucia’ del país. En lugar de eso, una larga serie de ministros de defensa, incluyendo al actual, el general Gerardo Clemente Vega, han dicho solamente que algunos oficiales y unidades operaron llevadas por un sentido del deber de parar la violenta insurrección rebelde y que los abusos fueron cometidos por soldados y guerrilleros por igual.
"Este ejército hizo lo que el estado le dijo que hiciera", dijo el general Vega en un discurso en febrero de 2002.
Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch, dijo que el informe proporcionaba "la imagen más clara hasta el momento de la maquinaria represiva del estado". Los documentos militares no mencionan las torturas ni los asesinatos, dijo Wilkinson, y utilizaron un lenguaje cifrado para describir las detenciones ilegales. Sin embargo, dijo Wilkinson, los documentos rellenan las lagunas dejadas por un considerable alijo de documentos desclasificados de la policía y otras dependencias oficiales.
Wilkinson dijo que "el asunto ahora es si el gobierno de Fox hará que veamos los resultados llevando a juicio esos casos"
Antonio Betancourt contribuyó a este reportaje.
27 de febrero de 2006
©new york times
©traducción mQh
1 comentario
El Enigma -
Yo creo que mucho ayudaria una comicion de la verdad y quiza, ya por fin una investigacion real para poner punto final al tema.
Saludos
El Enigma
Nox atra cava circumvolat umbra