enfrentándose al horror
[Griff Witte] Afganos empiezan a tratar décadas de brutalidad en juicio de ex oficiales.
Kabul, Afganistán. Si alguna vez hubo bombillas en la improvisada sala del tribunal donde Asadullah Sarwari está siendo enjuiciado por su vida, ya no están. La sala es fría y está atiborrada, el aliento del acusado y acusadores se arremolinan juntos en una tenue neblina gris.
"Han pasado 27 años y no sabemos dónde están enterrados nuestros hermanos, tíos, maridos y padres", dijo Obeidullah el-Mogaddedi, 75, durante el juicio el mes pasado, con la voz quebrada y moviendo un dedo en el aire. "Queremos saber qué pasó con ellos".
El primer juicio por crímenes de guerra de Afganistán han producido emotivos alegatos de parte de testigos y un extenso catálogo de acusaciones contra Sarwari, jefe del servicio de inteligencia de la época del comunismo que está acusado de ordenar ejecuciones a fines de los años setenta. Pero nadie de los que declararon en las vistas lo vio cometer un crimen.
La falta de evidencias es uno de los muchos problemas que han surgido en los intentos de Afganistán por enfrentarse a su violento pasado, realizando el primero de estos juicios tras veinticinco años de un conflicto que se ha cobrado al menos un millón de vidas.
Hasta hace poco, el país parecía más inclinado a enterrar su historia que a revivirla a través de investigaciones y juicios potencialmente explosivos. Eso está empezando a cambiar. Pero a medida que los procesos se ponen en movimiento, se empiezan a conocer desagradables verdades sobe el presente y el pasado.
De muchos modos, el caso de Sarwari ha degenerado en una farsa. El acusado lleva en prisión catorce años y ha tenido dificultades a la hora de conseguir un abogado, porque los abogados no tienen la obligación de representarlo. Los fiscales han presentado escuálidas pruebas. Los testigos han declarado extensamente sobre lo que oyeron de familiares y amigos, pero ninguno ha proporcionado pruebas.
Activistas afganos de derechos humanos y observadores internacionales dijeron que los problemas son sintomáticos de un sistema jurídico subdesarrollado, corrupto, altamente politizado y pobremente equipado después de décadas de abandono y manipulación.
"Este juicio está tan gravemente distorsionado que estamos recomendando que sea suspendido", dijo Patricia Gossman, directora del Proyecto Justicia en Afganistán, un grupo internacional que ha exigido una rendición de cuentas. "Se deja totalmente fuera la consideración de la verdad. No es justo ni para el acusado ni para las víctimas".
Sin embargo, lo que está en juego es importante. El juicio de Sarwari podría sentar el precedente de futuros casos de crímenes de guerra en Afganistán, un país en el que años de guerra civil y caos han dejado incontables atrocidades. Cientos de ex comandantes de milicias podrían ser llevados a juicio.
Funcionarios afganos y sus aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, han opinado que es demasiado pronto para agravar esas heridas abiertas. Aunque las encuestas han mostrado que la mayoría de los afganos quiere que los perpetradores sean llevados a justicia, los funcionarios han dicho que la paz debe prevalecer sobre la justicia en un país con una democracia naciente y un gobierno débil, milicias privadas bien armadas y profundas divisiones étnicas e ideológicas.
Pero ahora, con rebeldes en el campo, traficantes de drogas y poderosos señores de la guerra regionales cada vez con más poder, algunos se preguntan si posponer el ajuste de cuentas con el pasado pueda arruinar sus posibilidades de tener un futuro diferente.
"La gente claramente asocia seguridad con justicia", dijo Nader Nadery, miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. "Dicen que si no hay justicia por los crímenes del pasado, habrá impunidad y por tanto no habrá paz".
En diciembre el gabinete aprobó el inicio de un proceso de establecimiento de la verdad y una estrategia para llevar a juicio a criminales de guerra. Pero el plan es escaso en detalles y sigue siendo una incógnita si será o no implementado.
Países como África del Sur y Chine han pasado por procesos similares, pero el reto aquí puede ser más complejo. El país sufrió tres guerras entre 1978 y 2001: la era comunista y los muyahedin, la guerra civil entre milicias musulmanas conocidas como muyahedin, y el gobierno islámico de los talibanes. En todos los casos la línea de demarcación entre opresores y oprimidos era borrosa.
Los problemas de Afganistán todavía no han sido superados. Muchos de los acusados de colocar bombas en ciudades, de torturar a los rivales y de causar estragos entre la población se las han ingeniado para seguir en posiciones de autoridad. El nuevo parlamento, elegido en septiembre, incluye a líderes de casi todos los grupos acusados de crímenes en el pasado.
"Eran igual que yo, y ahora están otra vez en el poder", dijo Sarwari, un hombre fornido en la cincuentena, con una larga y pálida cara, abatido, durante una entrevista en la cárcel de Kabul administrada por el servicio nacional de inteligencia. "Si no me hubiesen detenido, ahora estaría en el parlamento".
En 1979 Sarwari era el jefe de inteligencia del gobierno durante un período particularmente brutal del gobierno comunista, cuando decenas de miles de personas fueron detenidas y de las que nunca se volvió a saber más. En una semana, más de setenta miembros de la familia de Mogaddedi habían desaparecido.
Sarwari ha estado en la cárcel desde su detención en 1992. Pero de muchos modos, su juicio es un accidente. A fines del año pasado los procuradores se dieron cuenta de que nunca había sido juzgado y montaron apresuradamente un caso, a pesar de la opinión general de que el sistema judicial no estaba en condiciones de hacer semejantes juicios.
"Sarwari realmente es el símbolo del comienzo de la violencia contra la humanidad en este país", dijo Rangin Dadfar Spanta, asesor del presidente Hamid Karzai. "Los crímenes de guerra no empezaron con los muyahedin o los talibanes. Empezaron con Sarwari y su partido y el golpe de 1978".
Después del brutal derrocamiento, el régimen comunista lanzó una despiadada campaña para eliminar a los rivales. La familia Mogaddedi, prominentes miembros de una tendencia del misticismo musulmán conocida como sufismo, fue una de las miles de víctimas. Una noche de 1979, decenas de hombres armados entraron en Kabul a la casa de la familia y santuario sufí.
De acuerdo a testigos, Sarwari inspeccionó primero a los hombres; luego se llevaron a mujeres y niños.
Mary Aman, entonces una niña del extenso clan, contó que recibió una histérica llamada de un primo, que no terminó de escuchar porque se interrumpió la comunicación. Pronto había hombres armados a la puerta. Se llevaron a su hermano Yahya, 17, que soñaba con llegar a ser médico. Nunca lo volvió a ver.
"Me pusieron sus armas contra el pecho y me dijeron: ‘No grites, si no quieres que te matemos’", dijo Aman, ahora de 38. "Me gustaría que me hubiesen matado esa noche. Se los llevaron a todos".
Seis meses más tarde, las mujeres y niños fueron dejados en libertad. Durante años circularon rumores de que los hombres del clan Mogaddedi habían sido enviados a Siria, empujados al vacío desde aviones o asesinados y enterrados en fosas comunes. Los familiares quieren que Sarwari les diga qué pasó. Luego, esperan poder ejecutarlo.
A pesar del tesoro de acusaciones contra él, las posibilidades de que sea condenado son cuestionables, debido a la escasez de pruebas presentadas.
Un testigo en el juicio dijo que su tío le contó que Sarwari había matado a golpes de puños a sesenta personas. Pero ese tío está muerto. Otro testigo llamado Abdul Samad, 33, empezó a gritar contra Sarwari, acusándolo de haber asesinado a su padre y tres tíos. Cuando el juez preguntó si tenía alguna prueba, Samad replicó: "No, yo era demasiado joven".
Sarwari, defendiéndose a sí mismo, dijo que otros en el gobierno habían cometido esos crímenes. Pero dijo que su abogado más reciente había renunciado, de modo que el juez le había dado más tiempo para que preparara su defensa. El juicio deberá reiniciarse el sábado.
En muchos aspectos el caso de Sarwari es más fácil de los que puedan sucederle. Está en la cárcel, y los comunistas ya no gozan de ningún poder. Pero los jefes muyahedin, que derrotaron a las fuerzas comunistas y luego pelearon entre ellos, todavía están en el poder -venerados por sus seguidores y despreciados por sus víctimas.
La toma de Kabul en 1992 por los muyahedin anunció algunos de los peores años de la guerra cuando las facciones rivales bombardearon la capital, luchando calle por calle por el control de la ciudad. En el sudoeste de Kabul es prácticamente imposible encontrar a alguien que no haya perdido su casa, un órgano o un pariente.
Mohammed Raza tenía 7 cuando su padre fue impactado por el proyectil que le causó la muerte cuando volvía a casa de su trabajo como vendedor de kebabs.
Ahora de 18, Raza ha estado tejiendo alfombras durante 11 años para mantener a su familia. Cree que sabe quién mató a su padre: Abdurrab Rasul Sayyaf, el comandante de la milicia que controlaba un cerro cercano.
Pero Sayyaf, un clérigo musulmán de barba blanca, fue elegido al parlamento en septiembre. Más tarde, también casi fue su presidente, y perdió frente a otro colega comandante.
"Quizás Sayyaf sea llevado a justicia", dijo Raza. "Pero no sé cómo".
Kabul, Afganistán. Si alguna vez hubo bombillas en la improvisada sala del tribunal donde Asadullah Sarwari está siendo enjuiciado por su vida, ya no están. La sala es fría y está atiborrada, el aliento del acusado y acusadores se arremolinan juntos en una tenue neblina gris."Han pasado 27 años y no sabemos dónde están enterrados nuestros hermanos, tíos, maridos y padres", dijo Obeidullah el-Mogaddedi, 75, durante el juicio el mes pasado, con la voz quebrada y moviendo un dedo en el aire. "Queremos saber qué pasó con ellos".
El primer juicio por crímenes de guerra de Afganistán han producido emotivos alegatos de parte de testigos y un extenso catálogo de acusaciones contra Sarwari, jefe del servicio de inteligencia de la época del comunismo que está acusado de ordenar ejecuciones a fines de los años setenta. Pero nadie de los que declararon en las vistas lo vio cometer un crimen.
La falta de evidencias es uno de los muchos problemas que han surgido en los intentos de Afganistán por enfrentarse a su violento pasado, realizando el primero de estos juicios tras veinticinco años de un conflicto que se ha cobrado al menos un millón de vidas.
Hasta hace poco, el país parecía más inclinado a enterrar su historia que a revivirla a través de investigaciones y juicios potencialmente explosivos. Eso está empezando a cambiar. Pero a medida que los procesos se ponen en movimiento, se empiezan a conocer desagradables verdades sobe el presente y el pasado.
De muchos modos, el caso de Sarwari ha degenerado en una farsa. El acusado lleva en prisión catorce años y ha tenido dificultades a la hora de conseguir un abogado, porque los abogados no tienen la obligación de representarlo. Los fiscales han presentado escuálidas pruebas. Los testigos han declarado extensamente sobre lo que oyeron de familiares y amigos, pero ninguno ha proporcionado pruebas.
Activistas afganos de derechos humanos y observadores internacionales dijeron que los problemas son sintomáticos de un sistema jurídico subdesarrollado, corrupto, altamente politizado y pobremente equipado después de décadas de abandono y manipulación.
"Este juicio está tan gravemente distorsionado que estamos recomendando que sea suspendido", dijo Patricia Gossman, directora del Proyecto Justicia en Afganistán, un grupo internacional que ha exigido una rendición de cuentas. "Se deja totalmente fuera la consideración de la verdad. No es justo ni para el acusado ni para las víctimas".
Sin embargo, lo que está en juego es importante. El juicio de Sarwari podría sentar el precedente de futuros casos de crímenes de guerra en Afganistán, un país en el que años de guerra civil y caos han dejado incontables atrocidades. Cientos de ex comandantes de milicias podrían ser llevados a juicio.
Funcionarios afganos y sus aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, han opinado que es demasiado pronto para agravar esas heridas abiertas. Aunque las encuestas han mostrado que la mayoría de los afganos quiere que los perpetradores sean llevados a justicia, los funcionarios han dicho que la paz debe prevalecer sobre la justicia en un país con una democracia naciente y un gobierno débil, milicias privadas bien armadas y profundas divisiones étnicas e ideológicas.
Pero ahora, con rebeldes en el campo, traficantes de drogas y poderosos señores de la guerra regionales cada vez con más poder, algunos se preguntan si posponer el ajuste de cuentas con el pasado pueda arruinar sus posibilidades de tener un futuro diferente.
"La gente claramente asocia seguridad con justicia", dijo Nader Nadery, miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. "Dicen que si no hay justicia por los crímenes del pasado, habrá impunidad y por tanto no habrá paz".
En diciembre el gabinete aprobó el inicio de un proceso de establecimiento de la verdad y una estrategia para llevar a juicio a criminales de guerra. Pero el plan es escaso en detalles y sigue siendo una incógnita si será o no implementado.
Países como África del Sur y Chine han pasado por procesos similares, pero el reto aquí puede ser más complejo. El país sufrió tres guerras entre 1978 y 2001: la era comunista y los muyahedin, la guerra civil entre milicias musulmanas conocidas como muyahedin, y el gobierno islámico de los talibanes. En todos los casos la línea de demarcación entre opresores y oprimidos era borrosa.
Los problemas de Afganistán todavía no han sido superados. Muchos de los acusados de colocar bombas en ciudades, de torturar a los rivales y de causar estragos entre la población se las han ingeniado para seguir en posiciones de autoridad. El nuevo parlamento, elegido en septiembre, incluye a líderes de casi todos los grupos acusados de crímenes en el pasado.
"Eran igual que yo, y ahora están otra vez en el poder", dijo Sarwari, un hombre fornido en la cincuentena, con una larga y pálida cara, abatido, durante una entrevista en la cárcel de Kabul administrada por el servicio nacional de inteligencia. "Si no me hubiesen detenido, ahora estaría en el parlamento".
En 1979 Sarwari era el jefe de inteligencia del gobierno durante un período particularmente brutal del gobierno comunista, cuando decenas de miles de personas fueron detenidas y de las que nunca se volvió a saber más. En una semana, más de setenta miembros de la familia de Mogaddedi habían desaparecido.
Sarwari ha estado en la cárcel desde su detención en 1992. Pero de muchos modos, su juicio es un accidente. A fines del año pasado los procuradores se dieron cuenta de que nunca había sido juzgado y montaron apresuradamente un caso, a pesar de la opinión general de que el sistema judicial no estaba en condiciones de hacer semejantes juicios.
"Sarwari realmente es el símbolo del comienzo de la violencia contra la humanidad en este país", dijo Rangin Dadfar Spanta, asesor del presidente Hamid Karzai. "Los crímenes de guerra no empezaron con los muyahedin o los talibanes. Empezaron con Sarwari y su partido y el golpe de 1978".
Después del brutal derrocamiento, el régimen comunista lanzó una despiadada campaña para eliminar a los rivales. La familia Mogaddedi, prominentes miembros de una tendencia del misticismo musulmán conocida como sufismo, fue una de las miles de víctimas. Una noche de 1979, decenas de hombres armados entraron en Kabul a la casa de la familia y santuario sufí.
De acuerdo a testigos, Sarwari inspeccionó primero a los hombres; luego se llevaron a mujeres y niños.
Mary Aman, entonces una niña del extenso clan, contó que recibió una histérica llamada de un primo, que no terminó de escuchar porque se interrumpió la comunicación. Pronto había hombres armados a la puerta. Se llevaron a su hermano Yahya, 17, que soñaba con llegar a ser médico. Nunca lo volvió a ver.
"Me pusieron sus armas contra el pecho y me dijeron: ‘No grites, si no quieres que te matemos’", dijo Aman, ahora de 38. "Me gustaría que me hubiesen matado esa noche. Se los llevaron a todos".
Seis meses más tarde, las mujeres y niños fueron dejados en libertad. Durante años circularon rumores de que los hombres del clan Mogaddedi habían sido enviados a Siria, empujados al vacío desde aviones o asesinados y enterrados en fosas comunes. Los familiares quieren que Sarwari les diga qué pasó. Luego, esperan poder ejecutarlo.
A pesar del tesoro de acusaciones contra él, las posibilidades de que sea condenado son cuestionables, debido a la escasez de pruebas presentadas.
Un testigo en el juicio dijo que su tío le contó que Sarwari había matado a golpes de puños a sesenta personas. Pero ese tío está muerto. Otro testigo llamado Abdul Samad, 33, empezó a gritar contra Sarwari, acusándolo de haber asesinado a su padre y tres tíos. Cuando el juez preguntó si tenía alguna prueba, Samad replicó: "No, yo era demasiado joven".
Sarwari, defendiéndose a sí mismo, dijo que otros en el gobierno habían cometido esos crímenes. Pero dijo que su abogado más reciente había renunciado, de modo que el juez le había dado más tiempo para que preparara su defensa. El juicio deberá reiniciarse el sábado.
En muchos aspectos el caso de Sarwari es más fácil de los que puedan sucederle. Está en la cárcel, y los comunistas ya no gozan de ningún poder. Pero los jefes muyahedin, que derrotaron a las fuerzas comunistas y luego pelearon entre ellos, todavía están en el poder -venerados por sus seguidores y despreciados por sus víctimas.
La toma de Kabul en 1992 por los muyahedin anunció algunos de los peores años de la guerra cuando las facciones rivales bombardearon la capital, luchando calle por calle por el control de la ciudad. En el sudoeste de Kabul es prácticamente imposible encontrar a alguien que no haya perdido su casa, un órgano o un pariente.
Mohammed Raza tenía 7 cuando su padre fue impactado por el proyectil que le causó la muerte cuando volvía a casa de su trabajo como vendedor de kebabs.
Ahora de 18, Raza ha estado tejiendo alfombras durante 11 años para mantener a su familia. Cree que sabe quién mató a su padre: Abdurrab Rasul Sayyaf, el comandante de la milicia que controlaba un cerro cercano.
Pero Sayyaf, un clérigo musulmán de barba blanca, fue elegido al parlamento en septiembre. Más tarde, también casi fue su presidente, y perdió frente a otro colega comandante.
"Quizás Sayyaf sea llevado a justicia", dijo Raza. "Pero no sé cómo".
25 de febrero de 2006
©washington post
©traducción mQh
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