en chile piden anular ley de amnistía
Diez diputados de la Concertación ingresaron hoy a tramitación en la Cámara Baja un proyecto de ley tendiente a anular la Ley de Amnistía decretada por el gobierno militar en 1978.Los diputados Juan Bustos, Sergio Aguiló, Isabel Allende, Marco Enríquez-Ominami e Iván Paredes por el PS; Tucapel Jiménez y Guillermo Ceroni por el PPD; Gabriel Ascencio y Pedro Araya por la DC y Carlos Abel Jarpa por el PRSD firmaron la iniciativa que busca poner término a esta ley.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez precisó que "todo esto nace tras la decisión del juez Montiglio de aplicar una vez más al amnistía en el país, no respetando todos los tratados internacionales que existen al respecto y donde pensamos que también la Corte Suprema ha sido responsable porque no ha marcado una jurisprudencia coherente, seria y responsable en un tema que importa la país".
"En tal sentido –aseguró- es responsabilidad de los parlamentarios tomar la iniciativa, más ahora cuando tenemos la mayoría en el Congreso, en ambas Cámaras. Creemos que es el momento histórico para Chile de anular esta ley que ha sido nefasta para el país y que ha producido rechazo incluso de los propios querellados, porque basta ver las declaraciones del abogado del general Mena que ha dicho que están en contra de la amnistía porque ellos necesitan probar su inocencia en los tribunales".
El abogado y diputado Juan Bustos (PS) llamó a los parlamentarios de todos los sectores políticos y en especial a los diputados y senadores de la Alianza a sumarse a esta iniciativa. "Creemos que es el momento que todos señalemos claramente en este país que tiene que haber siempre verdad y justicia, y eso es un tema de país, un tema de todos. Y llamo especialmente a los nuevos diputados que han señalado que están en otra visión respecto de los temas valóricos y de país, que también se sumen a esta iniciativa, para que quede claro frente al mundo y la comunidad internacional, que en Chile habrá siempre en materia de DDHH verdad y justicia".
Bustos explicó que la iniciativa busca terminar con resoluciones que un día plantean la amnistía y otro día la aplican. "Queremos haya certidumbre jurídica, que no haya más bochorno internacional por parte del país y que un juez justamente dicte prescripción o amnistía en relación a delitos que están condenados por todo el derecho internacional".
"Este es un proyecto que va anular todos los efectos de la ley de amnistía. Aquí no se trata de derogación, sino de nulidad, de retrotraer las cosas al día anterior, es decir, a la legislación penal que existía en Chile en 1974 donde se condenaba asesinatos y homicidios. Algo similar a lo que pasa con la nulidad en el matrimonio".
El jefe de la Bancada de diputados PS, Iván Paredes dijo que "ha llegado la hora de que este tema empiece a plantearse en un debate nacional y abierto, porque estamos haciendo un papelón internacional, cuando está vigente este instrumento usado por los jueces de la República que tiene la ilegitimidad de haber sido hecho por los criminales que cometieron estos bárbaros crímenes para autoperdonarse".
Agregó que en la reunión de las bancadas parlamentarias con el gobierno en el día de ayer, este último "no ha puesto ningún tipo de opinión ni ha condicionado este proyecto, solo expresó que hay varios instrumentos y que está estudiando las distintas iniciativas que hay sobre esta materia".
A su turno, el diputado Pedro Araya (DC) indicó que "nos interesa que se pueda declarar la nulidad de este decreto. Chile ha conocido ya a través de informes hecho por los gobiernos de la Concertación sobre la tortura y las violaciones a los derechos humanos, pero hoy día los tribunales de justicia no han podido realizar su trabajo".
Agregó que "nosotros queremos que este país se construya reconciliadamente, pero sobre la base de la verdad. Los tribunales pueden establecer la verdad y que no pase lo que ocurrió con el juez Montiglio que aplicando la ley de amnistía, no se ha podido sancionar a los culpables ni tampoco establecer la verdad. Le hace bien al país terminar con este decreto para que las heridas que tiene el país, producto de la dictadura del país comiencen a sanarse y esperamos que antes de fin de año esté anulada la amnistía".
La diputada Isabel Allende puntualizó que "obviamente estamos haciendo uso de nuestra prerrogativas parlamentarias. Esta es una moción parlamentaria y esperamos que de aquí en adelante no existan más vacilaciones en el Poder Judicial, que un día aplica la amnistía y otro día no. Esperamos además que esta iniciativa sea bien recibida por los otros colegas parlamentarios, por la oposición, y que se entienda que es hora de anular la ley de amnistía. Y estamos seguro que contará con la simpatía del gobierno porque nuestra presidenta ha señalado reiteradamente que no habrá punto final en Chile".
17 de abril de 2006
©la segunda 
vínculos con chile
Cuando esta semana, lo más probable el miércoles 19, los tres militares uruguayos extraditados por el secuestro del químico de la Dina Eugenio Berríos lleguen a Chile para ser enjuiciados, pisarán un territorio que conocen bastante bien.A lo menos en 12 ocasiones anteriores, entre 1975 y 1992, el coronel (R) Tomás Casella Santos estuvo en Santiago para seguir cursos militares o vacacionar con todos sus gastos pagados por el Ejército chileno, lo que reflejaría los fuertes vínculos que unían a este militar uruguayo con sus pares chilenos. El dato también ayuda a entender por qué se involucró en la protección del ex agente de la Dina, Eugenio Berríos, cuando éste estaba prófugo en Uruguay junto a Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ross. Los tres eran buscados por distintos casos de DD.HH.
En esos viajes, según consta en el expediente, era usual que Casella se alojara en casa de los ex agentes de inteligencia Jaime Lepe Orellana y Manuel Provis. Este último, también está procesado por el secuestro de Berríos.
El segundo de los uruguayos extraditados, el teniente coronel Eduardo Radaelli, también registra varios ingresos a Chile a comienzos de los 90, de acuerdo con lo establecido por el equipo policial a cargo del comisario Nelson Jofré, que trabaja para el ministro Alejandro Madrid. Tres de los periplos del oficial son en compañía de Casella para seguir cursos de un mes y medio en la Escuela de Inteligencia del Ejército, tal como se señala en el proceso. Otros, en cambio, tenían como destino Viña del Mar, donde su equipo de rugby jugaba en las canchas del colegio Mackay.
El tercero en la lista es el coronel Wellington Sarli, que sólo registra una entrada al país. La de junio de 1992, cuando vino junto a los otros dos militares uruguayos.
Según estableció la investigación, los militares llegaron invitados por el comandante en jefe de Chile en plan de vacaciones. Se hospedaron en el hotel militar de Santiago, estuvieron tres días en las termas de Puyehue, visitaron Osorno y Viña del Mar antes de regresar el 4 de julio a Montevideo.
Pistas
Las huellas de Casella en el país se remontan a 1975, cuando vino a hacer un curso de comando y paracaidismo en la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército. Entre los compañeros de curso que tuvo en Peldehue se contaban Pablo Belmar y Patricio Quilhot, quienes pasaron después a formar la brigada Mulchén de la Dina.
Otro ex compañero fue Jaime Lepe Orellana, quien después sería secretario general de Pinochet. Con él, el militar uruguayo estableció una relación de amistad.
Como oficial del servicio exterior secreto, Casella viajó varias veces a Chile en los 70 y 80. Allí conoció a Provis, quien luego fue jefe de la Brigada de Inteligencia (BIE) del Ejército.
Según fuentes policiales, en 1991 y 1992, Provis jugó un rol central en la "operación silencio", destinada a ocultar a los tres agentes en Uruguay. Actividad en la que los tres militares uruguayos extraditados fueron clave.
Extraditados
Esta vez, la llegada a Chile de los tres agentes de inteligencia será en condiciones muy distintas a las anteriores. Viajarán en un avión de la Fuerza Aérea uruguaya, con escolta militar, y llegarán a la base del Grupo 10 de la Fach, a un costado del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Esto es totalmente inusual en casos de extradición, donde la norma es que los detenidos sean escoltados por detectives chilenos.
La forma en que viajarán es una señal de la preocupación del Ejército uruguayo por el proceso judicial que se seguirá en Santiago. La semana pasada vinieron a Santiago el general de división, Manuel Saavedra, y el coronel de justicia uruguayo, Miguel Fernández. Su misión era contratar un abogado para los oficiales, contactándose con los principales abogados de la plaza y ofreciéndo honorarios por cerca de US$ 500 mil.
De todos los abogados chilenos sondeados, el único que continuaba con las negociaciones hasta el viernes era el profesor de derecho penal de la Universidad de Chile y ex abogado integrante de la Corte Suprema, Vivian Bullemore.
Su nombre provocó sorpresa y preocupación entre los querellantes, ya que él es abogado de otro de los procesados en la causa, el capitán (R) Jaime Torres Gacitúa.
La apuesta del juez Madrid es que, para aminorar su grado de responsabilidad, decidan relatar el secreto que han guardado por 11 años: qué pasó con el químico de la Dina entre el día que intentó escapar de sus custodios en Parque del Plata, el 15 de noviembre de 1992, y el momento de su asesinato y entierro en la playa del Pinar, cuya fecha aún es indeterminada.
El Hombre del Servicio Secreto
Sin embargo, esta aspiración puede que quede en nada, al menos por el lado de Casella. Debido a su perfil militar, será difícil "quebrarlo".
El ex oficial de infatería ocupó siempre altos cargos en el departamento de inteligencia del servicio exterior secreto uruguayo. Por esto, conocería gran parte de las operaciones de inteligencia realizadas en la región. Además, a ningún ejército le agrada la idea de entregar a otra nación a sus agentes de inteligencia, lo que explicaría la enorme preocupación que ha generado su extradición en el Ejército uruguayo.
Casella y Radaelli Se Sienten Traicionados
A la espera de ser extraditados a Chile, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, pasan los días recluidos en dependencias de la Escuela de Armas y Especialidades del Ejército uruguayo, un cuartel militar distante unos 15 kilómetros al noreste de Montevideo.
El régimen de detención les impide hablar con la prensa, pero los autoriza a recibir visitas de familiares y militares amigos desde las 7.30 horas hasta las 17.00 horas de cada día.
Quienes han hablado con ellos dicen que están preocupados por el proceso judicial que enfrentarán en Santiago y enojados con sus ex colegas chilenos. Poco después de la detención, un ex agente de la CNI que trabajó estrechamente con ellos los llamó para saludarlos. A través de una tercera persona, Radaelli le dijo que "mantengo muy buenos recuerdos de ti, pero no quiero saber nada de los militares chilenos, ni del Ejército chileno, me liquidaron la vida".
Para el abogado de los tres militares uruguayos, Amadeo Ottoti, la extradición es una anomalía jurídica, ya que si se cometieron delitos, éstos ocurrieron en Uruguay.
El profesional dijo a La Tercera que los tres oficiales orientales "admiten haber colaborado con los servicios de seguridad chilenos, ayudando en la estadía de los ex agentes chilenos, los que nunca estuvieron bajo su custodia, pues era una tarea que hacían directamente los militares chilenos".
Esa versión es compartida por el ex agente de la CNI Arturo Sanhueza Ross implicado en los crímenes de Jécar Neghme, Aurelio Sichel y Operación Albania, quien estuvo oculto junto a Berríos en Montevideo. Llegó en 1991 y regresó a Chile en 1995. Según sus declaraciones policiales, recibió la orden de huir de Chile del jefe del Dine, general Hernán Ramírez Rurange.
18 de abril de 2006
©la tercera
mal identificados en patio 29
Era de conocimiento público que existían errores en la identificación hecha por el Servicio Médico Legal (SML) en la década del 90 a las osamentas halladas en el Patio 29 del Cementerio General. Pero, nunca se pensó que de los 125 cuerpos, cerca de 48 presentaban ese problema.Alrededor de las 16.00 de ayer, y por más de una hora, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago y Paine se reunió con el ministro Carlos Gajardo, quien les informó de los resultados de los nuevos peritajes forenses practicados a los cuerpos.
En la cita se les dijo que existían errores en la identificación y que una buena cantidad de las osamentas -sin darles a conocer las cifras-, no correspondía a las que les habían dado. Fuentes ligadas al caso confirmaron que de las 125 osamentas, al menos 48 fueron mal identificadas.
En la cita, realizada en el despacho del ministro Gajardo en el tercer piso del Palacio de Tribunales, también estaba presente personal del SML y del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Las primeras dudas públicas sobre el proceso de identificación de los cuerpos surgieron el 6 de agosto de 2002, cuando se conoció que el SML no había divulgado un informe de la Universidad de Glasgow, que señalaba que tres restos entregados y enterrados no correspondían a los identificados por el organismo forense. Tres años más tarde el ministro Sergio Muñoz, quien indagó el caso, informó a la AFDD los problemas de identificación y pidió nuevos peritajes.
Repercusiones
Gajardo señaló que estaba a la espera del informe. Agregó que "las consecuencias podrían ser insospechadas".
La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo que la reunión había sido "informativa" y que en los próximos días les iban a entregar el informe final, con la cantidad de las personas mal identificadas y una lista con los nombres de quienes fueron entregados a los familiares, pero cuyas identidades no corresponden.
Viviana Díaz, miembro de la misma agrupación, señaló que iban a esperar que lleguen los antecedentes para analizar qué pasos seguirán. Lamentó los errores: "Es muy desconsolador que luego que se efectuaran los funerales, ahora se les diga que las personas que enterraron no son sus seres queridos".
Fuentes ligadas al caso se encuentran analizando si el error fue una negligencia del SML o se debió a una carencia tecnológica que se tenía cuando se hicieron los peritajes. Las pruebas se realizaron mediante procesos antropológicos, pero estos fueron contrastados por exámenes de ADN, los cuales detectaron el error.
El problema en la identificación generó en 2003 una demanda por más de $ 200 millones contra el Estado, por haber identificado erróneamente los restos de Luis Largo Vera. No hubo conciliación entre las partes y el proceso ha seguido adelante.
Uno de los problemas que la situación planteará es cómo corregir los errores, puesto que, en algunos casos, hay parientes que ya no están.
20 de abril de 2006
©la tercera
caso berríos: juez sufre atentado
Según el citado canal, el juez Gustavo Mirabal fue atacado a tiros cuando caminaba el domingo pasado por un paseo de Montevideo, y una bala le pasó a unos 50 centímetros de la cabeza.
La misma fuente periodística señaló que el secretario de la presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández; y la vicecanciller Belela Herrera, han recibido amenazas anónimas a raíz del caso Berríos.
El gobierno de Tabaré Vásquez hasta ahora no se ha pronunciado sobre el atentado confirmado por la Suprema.
El juez está bajo custodia policial desde que ocurrió el atentado y el juez Rolando Vomero está a cargo de la investigación abierta del atentado, señaló una fuente del alto tribunal.
Mirabal dictó la primera sentencia de extradición de los tres militares, dos en activo y uno retirado, reclamados por el asesinato de Eugenio Berríos, químico que trabajó como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que luego apareció muerto en Uruguay en 1995.
Los implicados son el coronel retirado Tomás Casella, el coronel Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli.
La sentencia de Mirabal fue confirmada por un Tribunal de Apelaciones y por la Corte Suprema, con el voto unánime de los cinco ministros; pero la extradición causó malestar en las Fuerzas Armadas uruguayas.
El senador de la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio Eleuterio Fernández Huidobro, ex guerrillero tupamaro, repudió públicamente el atentado contra Mirabal y opinó que el responsable del disparo "está fuera de sí".
El parlamentario añadió que parece haberse hecho a propósito para "perjudicar a los militares extraditados". Casella, Sarli y Radaelli serán juzgados en Chile por asociación ilícita y secuestro.
Se cree que Berríos fue sacado de Chile en 1991 en un operativo conjunto de militares de ambos países, para evitar que declarase en el proceso por el asesinato en Washington en 1976 del ex canciller chileno Orlando Letelier. Su cadáver, atado y con disparos en la nuca, apareció en 1995 en una playa cerca de Montevideo.
20 de abril de 2006
©la tercera
colonia dignidad colaborará con justicia
Un gesto público de reconocimiento general de los delitos cometidos en el interior de la ex Colonia Dignidad durante el reinado de Paul Schäfer realizó la comunidad de Villa Baviera, a través de una declaración dirigida a la presidente Michelle Bachelet entregada ayer en La Moneda por dos representantes. "Es, en cierto sentido, un mea culpa", admitió Martin Mathussen, uno de los emisarios.La declaración, a la que tuvo acceso La Tercera por fuentes vinculadas al caso, consta de tres carillas y media y 17 puntos. Comienza constatando que, tras la detención de Schäfer (hace más de un año), los habitantes del predio iniciaron un "difícil y agudo proceso", durante el cual debieron admitir que "hechos que creíamos ser rumores o calumnias resultaron ser verdaderos".
Describen cómo se formó la sociedad benefactora, a principios de los años 60, y de qué manera su motivación original fue desvirtuada por las perversiones y delitos cometidos por Schäfer, a quien acusan de tiranizarlos e instrumentalizarlos. "Nuestros padres reconocieron con sincera convicción una meta nueva en el servicio al prójimo y en la ayuda solidaria a los necesitados. Ese es el principal sentido de su migración, para lo cual entregaron todos sus bienes", explican en el punto tres.
La declaración detalla, también, el modo de vida y el control absoluto que el ex jerarca ejercía sobre ellos: "A poco andar, y mediante la confesión de pecados únicamente ante él, Schäfer obtuvo un conocimiento exacto de cada uno de nosotros, lo que aprovechó como medio de dominación de la comunidad. Aunque siempre presentó nuestra vida en común como una entrega para la causa de Dios, y nosotros así lo creímos. Además, para llegar a su posición de poder absoluto, nos aisló del exterior y nos hizo cortar relaciones con las familias y parientes que habían quedado en Alemania". Según los ex colonos, las críticas externas eran descalificadas por el jerarca como "envidia, malicia o persecución por nuestra fe".
En la ex Colonia Dignidad -de acuerdo con el punto siete de la declaración- los niños no conocieron ni a sus padres ni a sus hermanos, ya que fueron separados de sus familias al nacer. "Aun hoy muchos padres no comprenden cómo pudieron aceptar la renuncia de su responsabilidad para con sus hijos", se lee.
Los habitantes de Villa Baviera admiten y explican los abusos sexuales cometidos por Schäfer contra los niños de la colonia. "Entre los niños, nuestros propios hijos, para quien él era la única y exclusiva autoridad, eligió sus víctimas de modo que ningún adulto tuvo conocimiento de sus abusos deshonestos".
Esclavos
Según quienes suscriben la declaración, todo el sistema de vida impuesto por Paul Schäfer significó que, en la práctica, desconocieran deberes y derechos como personas y como chilenos. "Así, unos se convirtieron en los esclavos de Schäfer, verdaderos autómatas atentos sólo a obedecer sus órdenes, a trabajar sin descanso ni horario, y a no disgustarlo". Explican que enojar al jerarca equivalía a recibir brutales castigos, "electroshock, tranquilizantes y aislamientos, a veces por largos períodos" y, además, a ser merecedor del desprecio de la comunidad.
"(A) Otros, por seducción sectaria, les determinaba su voluntad por completo, así que le seguían por plena convicción", reseñan.
La existencia de prisioneros políticos en el enclave también es reconocida: "El (Schäfer) facilitó nuestra villa para la detención y opresión de personas perseguidas por el régimen". Agregan que antes estaban convencidos de que esas acusaciones eran "calumnias", culpando nuevamente al sistema de control interno que mantenía a la gente "con el mínimo de información y prácticamente en la ignorancia".
También aseveran que las armas y explosivos dentro del predio les fueron explicados por Schäfer como una necesidad de proteger a la villa de las amenazas externas.
"Nos damos cuenta de que se han cometido graves delitos (...)", "queremos esforzarnos para ser perdonados y reinsertados", expresan en la carta, a la vez que manifiestan su intención de colaborar con la justicia chilena.
Reacciones A Misiva
El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, indicó que si bien desconoce el contenido de la carta, "todo aquello que signifique un reconocimiento de hechos lamentables son un aporte, pero uno más de los que se podrían recibir".
El abogado Hernán Fernández, representante de víctimas de abuso sexual cometidos por Schäfer, consideró que "existe un riesgo de que se confunda a los victimarios con aquellos que estuvieron sometidos a las crueldades, ya que no hay que olvidar que los delitos siguieron después de la salida de Schäfer a la Argentina".
El ex colono Heinz Kühn, fugado en 1968, comentó que "esa gente que no tiene sangre en la mano, que no son culpables, necesitan nada más que aplicar la ley, olvidarse del pasado y educar sobre todo a sus hijos".
Los Contenidos De la Carta De los Colonos
La "Declaración a nuestros conciudadanos chilenos y alemanes", fue preparada durante dos meses al interior de Villa Baviera, con el apoyo del delegado de gobierno y un equipo de sicólogos.
"Unos se convirtieron en los esclavos de Schäfer, verdaderos autómatas atentos sólo a obedecer sus órdenes, a trabajar sin descanso ni horario, y a no disgustarlo".
"El (Schäfer) facilitó nuestra villa para la detención y opresión de personas perseguidas por el régimen".
"Nos damos cuenta de que se han cometido graves delitos (...) queremos esforzarnos para ser perdonados y reinsertados".
"Aun hoy muchos padres no comprenden cómo pudieron aceptar la renuncia de su responsabilidad para con sus hijos (...) Hoy día, despues de reconstruir las familias, muchos cargan con sentimientos de culpa...".
"Hoy sabemos que, independientemente de las buenas intenciones de la gran mayoría, también fuimos víctimas de grandes males en contra de nosotros mismos, de niños nuestros y de niños ajenos y además en contra de personas externas con las que no teniamos ninguna vinculacion y sobre las que no teníamos ningun derecho".
"La exageración de una moral aparentemente tan estricta fue, sin embargo, el muro de protección detrás del cual Schäfer cultivó su perversión. Entre los niños, nuestros propios hijos, para quien él era la única y exclusiva autoridad, eligió sus víctimas de modo que ningún adulto tuvo conocimiento de sus abusos deshonestos".
19 de abril de 2006
©la tercera
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