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ladrones educados en oxford


[Peter Finn] Grupos de delincuentes rusos recurren a profesionales para sus operaciones. Y a jueces, abogados, burócratas y policías corruptos.

Moscú, Rusia. El director general de la agencia de catering Na Ilyinke estaba muy vivo cuando llegó su ataúd. "En memoria de nuestro querido Alexei Alexeyevich Likhachev", decía el texto de una cinta amarrada a una corona de flores. "Nunca te olvidaremos".
El vacío ataúd de pino, envuelto en una tela roja, fue entregado a la oficina central de la agencia en Moscú por un servicio de mensajería. Pronto empezaron a sonar los teléfonos, a medida que los accionistas, que habían recibido telegramas en que se los invitaba al funeral, comenzaron a llamar para preguntar por el inesperado deceso de Alexei.
Para los propietarios de Na Ilyinke, la macabra broma era un mensaje: Vendan, de acuerdo a Oleg Gubinsky, accionista y director del equipo jurídico de la empresa. "Fue una movida inicial", dijo Gubinsky.
Na Ilyinke es el objetivo de una nueva raza de depredadores financieros rusos, que cazan en zonas poco conocidas de la bullente economía rusa: las compañías pequeñas y medianas. A menudo el objetivo no es la compañía misma, sino la propiedad que ocupa, adquirida durante las privatizaciones de principios de los años noventa.
En esos días, la gente que quería tener una empresa simplemente enviaba a matones armados a ocuparla. Los nuevos invasores emplean algunas de esas intimidaciones de la vieja escuela, pero las cubren con un velo de legalidad formando equipo con abogados, contables, jueces, funcionarios y policías corruptos que explotan las debilidades del naciente sistema jurídico corporativo ruso, dicen legisladores y empresarios rusos.
Normalmente los invasores son urbanistas conectados políticamente y sus aliados en la burocracia. Sus acciones están llamando la atención de los más altos niveles del gobierno, y los funcionarios temen que esté socavando el clima de las inversiones en Rusia e intensifica la sensación de que el imperio de la ley es una farsa en ese país.
"Hay que proteger a la gente de negocios honesta y los derechos de propiedad", dijo en febrero el presidente Vladimir Putin ante una audiencia de fiscales. Agregó que la apropiación criminal de la propiedad estaba desestabilizando al país.
En la época de los soviéticos, Na Ilyinke era una agencia de catering estatal que operaba para el Comité del Ayuntamiento de Moscú del Partido Comunista. Ubicado en el centro de Moscú, era también el centro comercial y social de la elite del partido. En su sótano se encontraba un supermercado donde se vendían productos difíciles de encontrar, como Coca-Cola; altos funcionarios del partido celebraban velatorios y recepciones en sus locales, que en un momento tuvieron un túnel que los conectaba a la sede de la KGB.
Durante los últimos días de la Unión Soviética, Likhachev dirigía el local como empleado de gobierno. Tras el derrumbe del estado comunista, él y un equipo de inversores compraron la agencia y la convirtieron en una empresa privada, un traspaso similar al de otras privatizaciones que tomaron lugar en toda Rusia en los años noventa.
Hoy, su personal de 60 personas continua administrando cafeterías en edificios de gobierno, incluyendo el antiguo edificio del partido comunista al otro lado de la calle que se convirtió en las oficinas de la administración presidencial.
El más importante activo fijo de Na Ilyinke es su local central de 12 mil metros cuadrados. Dada su excelente ubicación, expertos en propiedad inmobiliaria calculan que podría reportar al menos 35 millones de dólares tal como está, y mucho más si fuera amoblado y convertido en un edificio de oficinas o apartamentos de lujo.
Gubinsky dijo que sospecha quiénes son los invasores, pero no tiene pruebas. Cree que es el valor de la propiedad inmobiliaria lo que despertó sus intereses; él y otros propietarios piensan remodelar el edificio, pero esperan una mejor ocasión.
La entrega del ataúd asustó a Likhachev, un hombre mayor. Vendió sus acciones a dos colegas, Gubinsky e Ilya Dyskin, que tuvieron el coraje de resistir las movidas siguientes de los invasores. Una de ellas ocurrió en una firma de depósitos privada donde Na Ilyinke guarda los documentos oficiales con el listado de sus accionistas.
En septiembre pasado, un ciudadano ucraniano llamado Sergei Shevchunk llegó a la empresa y presentó un poder que indicaba que él tenía el derecho legal de administración de las acciones de Gubinsky y Dyskin.
Shevchuk vendió entonce las acciones, un 58 por ciento del total de la empresa, a Tamara Tobiya, otra ucraniana. Tres días más tarde Tobiya volvió a venderlas a un hombre llamado Evgen Halynski, que entregó una dirección en Warwick, Nueva York, como su domicilio oficial.
La dirección de Warwick resultó ser una tintorería. La persona que atendió el teléfono dijo que ahí no vivía ni trabajaba nadie llamado Evgen Halyinski. Y nadie respondió los mensajes dejado en una dirección de Brooklyn, Nueva York, de un hombre con el mismo nombre.
Tanto Shevchuk y Tobiya, que trabajaban en un puesto en un supermercado al aire libre en Moscú, desaparecieron.
Nada de esto era sabido en Na Ilyinke, dijo Gubinsky, hasta que llegó una carta de la firma de depósitos en otoño pasado informándoles sobre la nueva estructura de propiedad de la empresa. "Fue como si cayera un rayo en un cielo despejado", dijo Gubinsky.
Los accionistas legítimos pidieron rápidamente una investigación del Servicio Federal de Mercados Financieros. Un informe emitido en noviembre pasado documentó las ventas fraudulentas y concluyó que el poder que las autorizó era falso. La agencia suspendió las transacciones y, en enero, revocó la licencia de la empresa de depósitos sobre la base de que debió haber certificado que el poder era auténtico.
"No enteramos de unos mil casos al año, pero la escala real de estos ataques se acerca probablemente a los diez mil o quince mil", dice Gennady Gudkov, director de un grupo de trabajo parlamentario que estudia el problema. "Este problema es casi imposible de resolver en un estado corrupto".
"Los grandes negocios normalmente se protegen a sí mismos", dice Yuri Glotser, director de la Federación para la Protección de los Derechos de los Empresarios en Moscú. "Los negocios más pequeños son mucho más vulnerables, y sus propiedades pueden valer un montón de dinero".
En el caso Na Ilyinke, la venta de la participación fraudulenta era sólo uno de los elementos del ataque. El año pasado tuvo que hacer frente a tres órdenes judiciales separadas. Todas seguían el mismo esquema: llegaban documentos jurídicos a la empresa informándola de que el veredicto de un proceso le había sido negativo -documentos de un juicio del que la empresa no sabía nada. La empresa tuvo que responder con sus propios abogados.
Una orden había sido firmada por un tribunal de San Petersburgo, y otra por uno de Moscú, congelando los capitales de la empresa, contó Gubinsky. La tercera se originaba en la ciudad de Tuva, cerca de la frontera con Mongolia. Un tribunal de allá ordenaba a la compañía evacuar su edificio de Moscú, diciendo que había sido alquilada a una compañía de Tuva. La persona mencionada como su director resultó ser un estudiante de la universidad agrícola local.
Gubinsky calcula que la compañía ha gastado 300 mil dólares defendiéndose. Los múltiples ataques en los tribunales son un pretexto para establecer algún tipo de base legal para enviar a guardias de seguridad a requisar el edificio, dijo Gubinsky. Si logran ocupar la propiedad que tienen en mente, la policía dice normalmente a la parte expulsada que recurra a tribunales para recuperarla.
Defendiéndose, el edificio de Na Ilyinje se parece ahora a un campamento armado. Un sistema de alarma en la entrada principal puede cerrar automáticamente sus puertas de acero, que clausuran todas las secciones del edificio. La puerta de atrás tiene un enorme portón de acero y está rodeado de alambre de púa.
"Si pierdes la posesión física de tu propiedad, estás en serios problemas", dijo Gubinsky. "De momento, los hemos mantenido fuera".
Otros propietarios no tomaron esas precauciones.
Cerca de la estación de trenes de Kiev, en Moscú, un grupo de importantes artistas está peleando en los tribunales para recuperar sus iluminados estudios que fueron requisados en abril pasado por guardias de seguridad después de que la propiedad de los estudios fuera re-inscrita en lo que los artistas llaman una transacción fraudulenta. Los estudios reportarían millones de dólares si fueran convertidos en apartamentos.
"Fue monstruoso", dijo Lev Tabenkin, un pintor que fue expulsado después de que los invasores convencieran a un tribunal que emitiera una orden de desalojo. "No entiendo el sistema".
En enero, Rinat Kudashev, director general de un instituto estatal que diseña oleoductos y otras plantas para el transporte de petróleo y gas fue sacado de su oficina por una escolta de unos 30 guardias privados. En noviembre pasado, dijo en una entrevista, uno de los accionistas minoritarios del instituto llamó a una asamblea sin el conocimiento de Kudashev ni de los dos accionistas mayoritarios de la empresa y fusionó la empresa con otra compañía. Luego liquidó las dos compañías originales.
Vitaly Semyonov, director general de una compañía de transportes de Moscú, dijo que su compañía ha sido allanada 31 veces por diferentes agencias de gobierno, el orquestado preludio a una oferta de 10 millones de dólares por un negocio que él evalúa en 25 millones de dólares. Rechazó la oferta, dijo, no solamente porque era baja, sino porque lo que realmente querían los invasores era el terreno donde se encuentra su empresa -y porque pretendían despedir a sus mil trabajadores. Sigue liado en varias acciones judiciales.
"En los años noventa, tu enemigo operaba abiertamente y sabías cómo defenderte", dijo Semyonov. "A mí unos delincuentes que querían quedarse con mi negocio me atacaron a balazos, pero sobreviví. Pero hoy me tengo que defender de delincuentes que son abogados educados en Oxford".

20 de abril de 2006
©washington post
©traducción mQh
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