psiquiatría punitiva vuelve a rusia
[Kim Murphy] En un retroceso a la época de los soviéticos, los rusos que se atraviesan en el camino de los poderosos terminan cada vez más en manicomios.
Cheboksary, Rusia. Durante el otoño pasado, Albert Imendayev reunió las firmas que necesitaba para presentarse a las elecciones parlamentarias en esta ciudad en la ribera del río Volga. Se reunió con sus partidarios y preparó su material de campaña. Habría llegado a depositar su voto en las urnas si no hubiese sido por una cosa: Lo internaron en un manicomio.
Días antes de que tuviera que presentarse ante la comisión electoral local para completar la tramitación de su candidatura, un investigador del despacho del fiscal y tres agentes de policía se reunieron con Imendayev en el tribunal. Lo mantuvieron encerrado hasta que pudieron encontrar un juez que firmara una orden para su internamiento y ser sometido a un chequeo psiquiátrico.
"Tras la audiencia, me llevaron directamente al manicomio", dijo el empresario y activista de derechos humanos. Para cuando lo dejaron en libertad, nueves días después, la fecha de cierre de la elección ya había pasado y no pudo participar en ella.
El acto de demencia de Imendayev fue presentar una serie de denuncias contra funcionarios, policías, fiscales y jueces locales, acusándoles de corrupción, violación de los procedimientos judiciales y favoritismo -cargos que son comunes ahora en Rusia. El fiscal, un frecuente blanco de los dardos de Imendayev, calificó su conducta de "paranoia".
Durante gran parte de la Guerra Fría, la Unión Soviética libró una escalofriante guerra psiquiátrica contra los disidentes políticos. Los críticos de las autoridades comunistas eran encarcelados durante meses o años detrás de las ventanas con barrotes de los manicomios del estado, drogados a la fuerza para mantenerlos en un estado de sopor, e impedidos de comunicarse con abogados o familiares.
Tras el fin de a Unión Soviética se aprobaron leyes que supusieron garantías jurídicas para los pacientes psiquiátricos de acuerdo a normas internacionales, garantizándoles su representación legal y el respeto de órdenes emanadas de tribunales. Pero la estadía de Imendayev detrás de las paredes de un hospital en septiembre fue, dicen activistas de derechos humanos, uno de los muchos indicios de que la psiquiatría punitiva no ha desaparecido.
"Ha resurgido en los últimos años, y durante un tiempo no podíamos creer que estaba resurgiendo. Pero ahora está claro que esos abusos están aumentando y que es una tendencia", dijo Yury Savenko, presidente de la Asociación de Psiquiatría Independiente, un grupo de acción de psiquíatras profesionales que ha propuesto reformas a las instituciones de la salud mental en Rusia.
En los últimos tres años, los rangos de los ‘dementes' han incluido a mujeres que se han separado de maridos poderosos, gente involucrada en riñas de negocios y ciudadanos que, como Imendayev, se han convertido en una molestia por denunciar a políticos y jueces locales o por presentar peticiones ante dependencias oficiales de que se respeten sus derechos.
A diferencia de lo que pasaba durante la época soviética, cuando una todopoderosa KGB encerraba a los que desafiaban los fundamentos del régimen, ahora no hay una represión federal sistemática de los disidentes utilizando las estructuras de la salud mental. En lugar de eso, hoy los ciudadanos son víctimas de autoridades regionales en riñas localizadas, o de individuos que tienen los medios para, como hacen muchos rusos, manipular a los tribunales mediante sobornos.
"La gente está siendo internada ilegalmente en hospitales psiquiátricos, y con argumentaciones muy diversas", concluyó en 2004 un estudio de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de Helsinki. "La psiquiatría punitiva no solamente existió durante el período soviético, y no solamente sigue existiendo hoy en día, sino desafortunadamente no hay motivos para creer que desaparecerá en un futuro previsible".
En otro caso aquí en Cheboksary, un diputado de oposición por cuarta vez en el parlamento regional, Igor Molyakov, pasó en 2004 seis meses en la cárcel por cargos de injurias. Cuando estaba en la cárcel un juez ordenó su internamiento en un hospital psiquiátrico después de que accediera a una petición de los abogados del gobierno de que los numerosos escritos de Molyakov sobre la corrupción entre las autoridades locales reflejaban una visión del mundo tan "lúgubre" que podría tratarse de un caso de "trastorno mental".
En diciembre de 2003, en San Petersburgo, Ivan Ivannikov, que durante 38 años fue profesor en la Universidad Estatal de Economía y Finanzas, fue arrojado al suelo, esposado y arrastrado al hospital psiquiátrico de la ciudad después de una prolongada disputa sobre las reparaciones de su apartamento con un bien conectado contratista. Un influyente psiquiatra del estado firmó una recomendación para su internamiento sin siquiera haber visto personalmente a Ivannikov, decidiendo que sus múltiples denuncias legales contra el contratista constituían una "obsesión" con la "venganza". Fue liberado sólo sesenta días después.
En Moscú, Natalya Kuznetsova fue despedida de su trabajo en la auditoría federal poco después de denunciar la desaparición de 140 millones de dólares del presupuesto federal en 2001 y 2002. La subsecuente disputa con sus jefes condujo a su despido, y cuando presentó una demanda para que le pagaran su desahucio, un psicólogo del estado declaró que sufría de un desorden mental.
"Finalmente, cuando me despidieron el 25 de enero de 2005, me amenazaron con llamar a una ambulancia psiquiátrica para llevarme", dijo Kuznetsova, que resistió, con éxito, contra su internamiento. "Sufrí todo esto debido a la corrupción. Esta gente corrupta está usando a los psiquiatras para destruir a otros".
En algunos casos, personas sobre la que familiares y amigos dicen que no tenían signos evidentes de enfermedad mental, han sido internadas a veces por más de un año, a veces sedados y amarrados a sus camas cuando se resistían, e impedidos de asistir a las vistas a menudo inútiles de los tribunales en las que prolongaban su hospitalización.
En muchos de estos casos, los pacientes fueron persuadidos de firmar formularios de consentimiento. La tasa de hospitalizaciones involuntarias es tan sospechosamente baja en al menos 51 manicomios que la comisión de Helsinki concluyó que la práctica de obtener un consentimiento coercitivo, mediante la "persuasión" y "falsificación de firmas", se había extendido por toda Rusia.
Funcionarios regionales y estatales de la salud mental dicen que las hospitalizaciones impropias son raras, y que la mayoría de los psiquiatras dicen que acatan las órdenes de los tribunales en la realización de sus revisiones.
"Por supuesto, he oído hablar sobre esos casos. La gente deshonesta y mala existe en todo el mundo. Pero también hay personas que están mentalmente enfermos, y que, a ojos de los no especialistas, no lo parecen", dijo Vladimir Rothstein, profesor en un centro de investigación afiliado a la Academia Rusa de Ciencias Médicas y director del grupo de acción Iniciativa Pública en Psiquiatría.
En 2004, médicos asociados al instituto mismo que perfeccionó las herramientas con las que, en la época soviética, desde los años sesenta hasta los ochenta, los disidentes eran hospitalizados, trataron de revertir algunas reformas de la histórica ley rusa de 1992 sobre la salud mental. Los proponentes de la reforma de la salud mental fueron derrotados apenas por los esfuerzos de los doctores del Instituto Serbsky de Psiquiatría Social y Forense.
Las enmiendas propuestas incluían permitir a los doctores mantener a los pacientes en régimen de hospitalización involuntaria durante más tiempo sin contar con una orden judicial y restringir la capacidad de los grupos de defensa de los derechos de los pacientes y de psiquiatras no gubernamentales de defender a sus clientes en tribunales o de proporcionar testimonios profesionales independientes.
Los directores del Instituto Serbsky se negaron a ser entrevistados. El director de Hospital Psiquiátrico Republicano Chuvashia, en Cheboksary, estatal, sin embargo, dijo que los pacientes que acusaban a los funcionarios de abusos psiquiátricos a menudo pintaban una imagen muy diferente de la que tenían otros implicados en los casos.
"He sido el director aquí durante ocho años y nunca he oído que funcionarios policiales hayan ejercido presión sobre los médicos para una diagnosis determinada", dijo Alexander Kozlov. "Puede asegurarle con plena convicción de que en este hospital nunca ha recibido tratamiento ni un solo disidente y que nunca se dio ningún diagnóstico, a ningún disidente, de esquizofrenia o de tratamiento obligatorio".
Activistas de derechos humanos dicen que el aparato psiquiátrico del gobierno ha actualizado las garantías jurídicas de los pacientes, pero ha cambiado relativamente poco en cuanto a sus ideas desde la época soviética.
"Es importante observar que el Instituto Serbsky, como la mayoría de las instituciones penales de nuestro país, no fue cerrado después del derrumbe de la Unión Soviética. Se modificó solamente la placa en la puerta. Incluso expresaron que lamentaban que había habido "casos aislados" en que los psiquiatras tomaron "decisiones equivocadas". Pero en realidad ha cambiado muy poco", dijo Alexander Podrabinek, que escribió un libro sobre abusos de la psiquiatría en la era soviética.
"La persecución que tiene que ver con el intelecto o la mente o la salud psicológica de uno, es percibida quizás como peor que el castigo físico, o incluso la tortura, porque es más aterrador perder tu sanidad mental que tu libertad", dijo.
Cheboksary, una ciudad de 420 mil personas a unos 640 kilómetros al este de Moscú, es conocida como el centro del cultivo del lúpulo de Rusia, con una larga tradición cervecera. Es la capital de la república de Chuvashia, gobernada desde 1994 por el ex ministro de Justicia ruso, Nikolai Fyodorov, que controla todas las palancas de poder en la república, desde la prensa hasta la policía y los tribunales.
Miembros de la organización de Imendayev, Por los Derechos Humanos, y otros activistas de oposición han acusado desde hace tiempo a los aliados de Fyodorov de acumular dinero y poder por medio de la manipulación de las elecciones y de los tribunales. El caso que terminó con Imendayev en el hospital psiquiátrico empezó el año pasado, cuando era candidato y abogado de una maestra que afirmaba haber sido despedida injustamente.
El caso había llegado a la corte, y él pensaba que estaba casi ganado. Entonces un agente de policía familiarizado con el caso "se acercó a nosotros... y yo grabé la conversación", dice Imendayev. "Lo que dijo fue brutal. Le dijo literalmente: ‘Idiota, ¿a quién le quieres hacer la guerra? ¿Al sistema? Controlamos todo. Los hemos comprado a todos'. Lo que quería decir era que le habían pagado al juez".
Imendayev escribió una queja al fiscal general de Rusia, mencionando la grabación. Al final de la siguiente vista en el tribunal, fue internado en Hospital Psiquiátrico Republicano Chuvashia.
Al menos otros tres miembros de la organización local Por los Derechos Humanos han sido internados en los últimos años, acusados de varias formas de esquizofrenia, paranoia y otros trastornos mentales que requieren diagnósticos o tratamientos urgentes.
La administración de Fyodorov desecha la idea de que alguien sea internado para un tratamiento psiquiátrico sobre la base de asuntos políticos. "Nuestro poder judicial es independiente", dijo Boris Kuzmin, portavoz del presidente. "Además, nuestro presidente estudió leyes. Creo que él no toleraría ningún tipo de violación o de presión sobre los tribunales".
Sin embargo, los propios abogados de Fyodorov actuaron contra Molyakov, el legislador de la oposición arrestado por sospechas de haber injuriado al presidente durante la campaña electoral. En noviembre de 2004, trataron de internarlo para una evaluación psiquiátrica.
Cuando el juez federal Oleg Zhukov recusó una orden de un tribunal para que fuera derivado a un hospital psiquiátrico, los abogados del presidente la recurrieron, diciendo que los logros de Molyakov como escritor y profesor de filosofía no significaban que no estaba loco.
"El tribunal debe saber que incluso si se es un genio, eso no excluye no se sufra un trastorno mental... (van Gogh, F.M. Dostoyevsky, N.V. Gogol, etc.)", dijeron los abogados. "Como ha sido demostrado por científicos, el riesgo de que las personas superdotadas sufran de algún desorden mental... es siete a ocho veces más alto".
Pero de todos los casos, la historia de Sergei Zotov, un contorsionista condenado y empresario reconvertido en tábano político, no tiene paralelo en cuanto a melodrama e hilaridad, y se parece más a ‘Alguien voló sobre el nido del cuco', al estilo ruso, que en el desgraciado episodio que es en la política regional.
Zotov, 47, se metió en problemas con la ley a principio de los años noventa, cuando coqueteaba con los negocios especulativos que acompañaran tan ampliamente el derrumbe del comunismo. En 1991 le acusaron de asociación con el crimen organizado que se originaron en un presunto intento de vender un coche a precios de mercado negro (y que también incluían el generoso uso que hizo Zotov de sus capacidades como boxeador).
Fue condenado y sentenciado a seis años y medio de cárcel, donde pasó la mayor parte del tiempo leyendo y presentando apelaciones. Cuando fue dejado en libertad, Zotov utilizó sus conocimientos adquiridos en la cárcel contra el sistema, presentando denuncia tras denuncia exigiendo el procesamiento criminal de varias supuestas instancias de corrupción y fraude electoral dentro de la clase política de Cheboksary.
Zotov presentaba demandas por las menores infracciones de los procedimientos judiciales -jueces que no usaban la toga en días calurosos, o la bandera colgada en la dirección incorrecta. Pero también presentaba demandas denunciando presuntas fechorías cometidas por las autoridades locales, incluyendo la asignación de propiedades estatales a ministros y jueces y evidencias de que los votantes eran pagados y escoltados hasta las urnas por los candidatos oficialistas.
"Yo soy como un hueso atorado en sus gargantas", dijo alegremente Zotov, un hombre regordete y con entradas que lleva gafas de sol de color rosado para cubrir un ojo malo, en una entrevista reciente.
La guerra ya había empezado en noviembre de 2002 cuando entró a la sala de audiencias del Tribunal Supremo presidida por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Pyotr Yurkin. Zotov, que era candidato al parlamento regional, había acusado al juez de utilizar impropiamente un apartamento de propiedad estatal y otros actos ilícitos.
Tan pronto como Zotov se levantó para presentar sus interminables mociones de procedimiento, Yurkin ordenó que fuera removido de la sala. Lo que pasó después es como un ‘Rashomon' ruso: Depende de quien lo cuenta.
Lo que está claro es que un alguacil terminó por los suelos y, en los intentos de sacarlo de la sala, también se rompió una enorme mesa. Zotov insiste en que el alguacil se cayó y que la mesa se quebró cuando él trató de aferrarse a ella cuando lo estaban jalando fuera.
Algunos de los jueces presentes dijeron que Zotov arrojó al alguacil por sobre su espalda, estilo karate, y luego le dio una patada a la mesa, o cayó sobre ella de culo.
Yurkin envió a Zotov al Hospital Psiquiátrico Republicano Chuvashia. Permaneció allá y en otras instalaciones durante siete meses y fue repetidas veces forzado a ingerir drogas de psiquiatría, a pesar de súplicas de su familia y colegas de que estaba sano y debía ser enviado a casa. Las vistas continuaron mientras seguía hospitalizado, pero ni Zotov ni sus abogados comparecieron. Los doctores dijeron que mostraba signos de hiperactividad, inflada arrogancia e "ideas absurdas sobre reformas".
"Es un lugar horrible", dijo su mujer, Natalya Semyonova. "Yo me acercaba a la ventana y Sergei trataba de comunicarnos, a través de la ventana, las informaciones que había reunido sobre personas que estaban ahí internadas ilegalmente, sobre gente a la que le habían quitado sus apartamentos. Había un hombre que llevaba ahí 25 años".
Tras su puesta en libertad en abril 2004, Zotov trató de presentarse nuevamente a las elecciones parlamentarias. Cuando apareció en televisión, criticando a las autoridades locales, el tribunal ordenó su tratamiento psiquiátrico como paciente externo, una perspectiva que temía tanto que entró en la clandestinidad.
En febrero del año pasado, dos docenas de agentes de policía y bomberos llegaron al apartamento de Zotov para trasladarlo al hospital mental. La orden que estaban ejecutando se refería a él como "una persona que ha cometido un acto socialmente peligroso", de acuerdo al despacho del fiscal. Cuando Semyonova se negó a abrir la puerta, dos agentes subieron por una escalera hasta el balcón de la familia, en un noveno piso -en vano, pues Zotov no estaba en casa.
Dmitry Ivanov, portavoz de la policía, dijo que los agentes ya no buscan activamente a Zotov, pero "si se deja ver, tendremos que actuar". Negó que hubiese una campaña contra el activista de derechos humanos y sugirió que Zotov puede él mismo haber tratado de hospitalizarse para buscar refugio de sus peligrosos amigos en el mundo criminal.
Los fiscales, en una respuesta escrita, dijeron que el caso de Zotov "fue llevado en conformidad con los procedimientos judiciales". Dijeron que los psiquiatras en el Instituto Serbsky habían examinado a Zotov y sus estallidos en el tribunal y concluido que "cuando cometió su delito, era incapaz de reconocer su verdadera naturaleza y peligro social; no era capaz de controlar sus acciones; y debe ser tratado forzosamente en una institución para pacientes externos".
Los doctores del hospital Chuvashia se negaron a comentar el caso de Zotov. Pero dejaron ver que creían que la versión de Zotov era distorsionada.
"Creo que si los rivales de su personaje principal lo visitaran a usted y le contaran las maneras en que les ha ofendido, o perjudicado, usted sentiría simpatía por ellos también", dijo Lyudmila Karnilova, subdirectora de la sección de psiquiatría.
"En cuanto a la idea de que un hospital psiquiátrico persiga a alguien y lo arrastre hasta aquí, ese ciertamente no es el caso. Nuestra principal responsabilidad es tratar a pacientes que necesitan ayuda", agregó Kozlov, el doctor jefe.
Zotov, que rara vez visita su propio apartamento, dice que teme por su cordura si es obligado a volver al hospital.
"La gente que lucha por la justicia en nuestra república, es aislada en hospitales psiquiátricos", dijo Semyonova, su mujer.
"Todo este caso, desde el principio, se basó más que nada en antipatía personal hacia mi marido".
Cheboksary, Rusia. Durante el otoño pasado, Albert Imendayev reunió las firmas que necesitaba para presentarse a las elecciones parlamentarias en esta ciudad en la ribera del río Volga. Se reunió con sus partidarios y preparó su material de campaña. Habría llegado a depositar su voto en las urnas si no hubiese sido por una cosa: Lo internaron en un manicomio.Días antes de que tuviera que presentarse ante la comisión electoral local para completar la tramitación de su candidatura, un investigador del despacho del fiscal y tres agentes de policía se reunieron con Imendayev en el tribunal. Lo mantuvieron encerrado hasta que pudieron encontrar un juez que firmara una orden para su internamiento y ser sometido a un chequeo psiquiátrico.
"Tras la audiencia, me llevaron directamente al manicomio", dijo el empresario y activista de derechos humanos. Para cuando lo dejaron en libertad, nueves días después, la fecha de cierre de la elección ya había pasado y no pudo participar en ella.
El acto de demencia de Imendayev fue presentar una serie de denuncias contra funcionarios, policías, fiscales y jueces locales, acusándoles de corrupción, violación de los procedimientos judiciales y favoritismo -cargos que son comunes ahora en Rusia. El fiscal, un frecuente blanco de los dardos de Imendayev, calificó su conducta de "paranoia".
Durante gran parte de la Guerra Fría, la Unión Soviética libró una escalofriante guerra psiquiátrica contra los disidentes políticos. Los críticos de las autoridades comunistas eran encarcelados durante meses o años detrás de las ventanas con barrotes de los manicomios del estado, drogados a la fuerza para mantenerlos en un estado de sopor, e impedidos de comunicarse con abogados o familiares.
Tras el fin de a Unión Soviética se aprobaron leyes que supusieron garantías jurídicas para los pacientes psiquiátricos de acuerdo a normas internacionales, garantizándoles su representación legal y el respeto de órdenes emanadas de tribunales. Pero la estadía de Imendayev detrás de las paredes de un hospital en septiembre fue, dicen activistas de derechos humanos, uno de los muchos indicios de que la psiquiatría punitiva no ha desaparecido.
"Ha resurgido en los últimos años, y durante un tiempo no podíamos creer que estaba resurgiendo. Pero ahora está claro que esos abusos están aumentando y que es una tendencia", dijo Yury Savenko, presidente de la Asociación de Psiquiatría Independiente, un grupo de acción de psiquíatras profesionales que ha propuesto reformas a las instituciones de la salud mental en Rusia.
En los últimos tres años, los rangos de los ‘dementes' han incluido a mujeres que se han separado de maridos poderosos, gente involucrada en riñas de negocios y ciudadanos que, como Imendayev, se han convertido en una molestia por denunciar a políticos y jueces locales o por presentar peticiones ante dependencias oficiales de que se respeten sus derechos.
A diferencia de lo que pasaba durante la época soviética, cuando una todopoderosa KGB encerraba a los que desafiaban los fundamentos del régimen, ahora no hay una represión federal sistemática de los disidentes utilizando las estructuras de la salud mental. En lugar de eso, hoy los ciudadanos son víctimas de autoridades regionales en riñas localizadas, o de individuos que tienen los medios para, como hacen muchos rusos, manipular a los tribunales mediante sobornos.
"La gente está siendo internada ilegalmente en hospitales psiquiátricos, y con argumentaciones muy diversas", concluyó en 2004 un estudio de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de Helsinki. "La psiquiatría punitiva no solamente existió durante el período soviético, y no solamente sigue existiendo hoy en día, sino desafortunadamente no hay motivos para creer que desaparecerá en un futuro previsible".
En otro caso aquí en Cheboksary, un diputado de oposición por cuarta vez en el parlamento regional, Igor Molyakov, pasó en 2004 seis meses en la cárcel por cargos de injurias. Cuando estaba en la cárcel un juez ordenó su internamiento en un hospital psiquiátrico después de que accediera a una petición de los abogados del gobierno de que los numerosos escritos de Molyakov sobre la corrupción entre las autoridades locales reflejaban una visión del mundo tan "lúgubre" que podría tratarse de un caso de "trastorno mental".
En diciembre de 2003, en San Petersburgo, Ivan Ivannikov, que durante 38 años fue profesor en la Universidad Estatal de Economía y Finanzas, fue arrojado al suelo, esposado y arrastrado al hospital psiquiátrico de la ciudad después de una prolongada disputa sobre las reparaciones de su apartamento con un bien conectado contratista. Un influyente psiquiatra del estado firmó una recomendación para su internamiento sin siquiera haber visto personalmente a Ivannikov, decidiendo que sus múltiples denuncias legales contra el contratista constituían una "obsesión" con la "venganza". Fue liberado sólo sesenta días después.
En Moscú, Natalya Kuznetsova fue despedida de su trabajo en la auditoría federal poco después de denunciar la desaparición de 140 millones de dólares del presupuesto federal en 2001 y 2002. La subsecuente disputa con sus jefes condujo a su despido, y cuando presentó una demanda para que le pagaran su desahucio, un psicólogo del estado declaró que sufría de un desorden mental.
"Finalmente, cuando me despidieron el 25 de enero de 2005, me amenazaron con llamar a una ambulancia psiquiátrica para llevarme", dijo Kuznetsova, que resistió, con éxito, contra su internamiento. "Sufrí todo esto debido a la corrupción. Esta gente corrupta está usando a los psiquiatras para destruir a otros".
En algunos casos, personas sobre la que familiares y amigos dicen que no tenían signos evidentes de enfermedad mental, han sido internadas a veces por más de un año, a veces sedados y amarrados a sus camas cuando se resistían, e impedidos de asistir a las vistas a menudo inútiles de los tribunales en las que prolongaban su hospitalización.
En muchos de estos casos, los pacientes fueron persuadidos de firmar formularios de consentimiento. La tasa de hospitalizaciones involuntarias es tan sospechosamente baja en al menos 51 manicomios que la comisión de Helsinki concluyó que la práctica de obtener un consentimiento coercitivo, mediante la "persuasión" y "falsificación de firmas", se había extendido por toda Rusia.
Funcionarios regionales y estatales de la salud mental dicen que las hospitalizaciones impropias son raras, y que la mayoría de los psiquiatras dicen que acatan las órdenes de los tribunales en la realización de sus revisiones.
"Por supuesto, he oído hablar sobre esos casos. La gente deshonesta y mala existe en todo el mundo. Pero también hay personas que están mentalmente enfermos, y que, a ojos de los no especialistas, no lo parecen", dijo Vladimir Rothstein, profesor en un centro de investigación afiliado a la Academia Rusa de Ciencias Médicas y director del grupo de acción Iniciativa Pública en Psiquiatría.
En 2004, médicos asociados al instituto mismo que perfeccionó las herramientas con las que, en la época soviética, desde los años sesenta hasta los ochenta, los disidentes eran hospitalizados, trataron de revertir algunas reformas de la histórica ley rusa de 1992 sobre la salud mental. Los proponentes de la reforma de la salud mental fueron derrotados apenas por los esfuerzos de los doctores del Instituto Serbsky de Psiquiatría Social y Forense.
Las enmiendas propuestas incluían permitir a los doctores mantener a los pacientes en régimen de hospitalización involuntaria durante más tiempo sin contar con una orden judicial y restringir la capacidad de los grupos de defensa de los derechos de los pacientes y de psiquiatras no gubernamentales de defender a sus clientes en tribunales o de proporcionar testimonios profesionales independientes.
Los directores del Instituto Serbsky se negaron a ser entrevistados. El director de Hospital Psiquiátrico Republicano Chuvashia, en Cheboksary, estatal, sin embargo, dijo que los pacientes que acusaban a los funcionarios de abusos psiquiátricos a menudo pintaban una imagen muy diferente de la que tenían otros implicados en los casos.
"He sido el director aquí durante ocho años y nunca he oído que funcionarios policiales hayan ejercido presión sobre los médicos para una diagnosis determinada", dijo Alexander Kozlov. "Puede asegurarle con plena convicción de que en este hospital nunca ha recibido tratamiento ni un solo disidente y que nunca se dio ningún diagnóstico, a ningún disidente, de esquizofrenia o de tratamiento obligatorio".
Activistas de derechos humanos dicen que el aparato psiquiátrico del gobierno ha actualizado las garantías jurídicas de los pacientes, pero ha cambiado relativamente poco en cuanto a sus ideas desde la época soviética.
"Es importante observar que el Instituto Serbsky, como la mayoría de las instituciones penales de nuestro país, no fue cerrado después del derrumbe de la Unión Soviética. Se modificó solamente la placa en la puerta. Incluso expresaron que lamentaban que había habido "casos aislados" en que los psiquiatras tomaron "decisiones equivocadas". Pero en realidad ha cambiado muy poco", dijo Alexander Podrabinek, que escribió un libro sobre abusos de la psiquiatría en la era soviética.
"La persecución que tiene que ver con el intelecto o la mente o la salud psicológica de uno, es percibida quizás como peor que el castigo físico, o incluso la tortura, porque es más aterrador perder tu sanidad mental que tu libertad", dijo.
Cheboksary, una ciudad de 420 mil personas a unos 640 kilómetros al este de Moscú, es conocida como el centro del cultivo del lúpulo de Rusia, con una larga tradición cervecera. Es la capital de la república de Chuvashia, gobernada desde 1994 por el ex ministro de Justicia ruso, Nikolai Fyodorov, que controla todas las palancas de poder en la república, desde la prensa hasta la policía y los tribunales.
Miembros de la organización de Imendayev, Por los Derechos Humanos, y otros activistas de oposición han acusado desde hace tiempo a los aliados de Fyodorov de acumular dinero y poder por medio de la manipulación de las elecciones y de los tribunales. El caso que terminó con Imendayev en el hospital psiquiátrico empezó el año pasado, cuando era candidato y abogado de una maestra que afirmaba haber sido despedida injustamente.
El caso había llegado a la corte, y él pensaba que estaba casi ganado. Entonces un agente de policía familiarizado con el caso "se acercó a nosotros... y yo grabé la conversación", dice Imendayev. "Lo que dijo fue brutal. Le dijo literalmente: ‘Idiota, ¿a quién le quieres hacer la guerra? ¿Al sistema? Controlamos todo. Los hemos comprado a todos'. Lo que quería decir era que le habían pagado al juez".
Imendayev escribió una queja al fiscal general de Rusia, mencionando la grabación. Al final de la siguiente vista en el tribunal, fue internado en Hospital Psiquiátrico Republicano Chuvashia.
Al menos otros tres miembros de la organización local Por los Derechos Humanos han sido internados en los últimos años, acusados de varias formas de esquizofrenia, paranoia y otros trastornos mentales que requieren diagnósticos o tratamientos urgentes.
La administración de Fyodorov desecha la idea de que alguien sea internado para un tratamiento psiquiátrico sobre la base de asuntos políticos. "Nuestro poder judicial es independiente", dijo Boris Kuzmin, portavoz del presidente. "Además, nuestro presidente estudió leyes. Creo que él no toleraría ningún tipo de violación o de presión sobre los tribunales".
Sin embargo, los propios abogados de Fyodorov actuaron contra Molyakov, el legislador de la oposición arrestado por sospechas de haber injuriado al presidente durante la campaña electoral. En noviembre de 2004, trataron de internarlo para una evaluación psiquiátrica.
Cuando el juez federal Oleg Zhukov recusó una orden de un tribunal para que fuera derivado a un hospital psiquiátrico, los abogados del presidente la recurrieron, diciendo que los logros de Molyakov como escritor y profesor de filosofía no significaban que no estaba loco.
"El tribunal debe saber que incluso si se es un genio, eso no excluye no se sufra un trastorno mental... (van Gogh, F.M. Dostoyevsky, N.V. Gogol, etc.)", dijeron los abogados. "Como ha sido demostrado por científicos, el riesgo de que las personas superdotadas sufran de algún desorden mental... es siete a ocho veces más alto".
Pero de todos los casos, la historia de Sergei Zotov, un contorsionista condenado y empresario reconvertido en tábano político, no tiene paralelo en cuanto a melodrama e hilaridad, y se parece más a ‘Alguien voló sobre el nido del cuco', al estilo ruso, que en el desgraciado episodio que es en la política regional.
Zotov, 47, se metió en problemas con la ley a principio de los años noventa, cuando coqueteaba con los negocios especulativos que acompañaran tan ampliamente el derrumbe del comunismo. En 1991 le acusaron de asociación con el crimen organizado que se originaron en un presunto intento de vender un coche a precios de mercado negro (y que también incluían el generoso uso que hizo Zotov de sus capacidades como boxeador).
Fue condenado y sentenciado a seis años y medio de cárcel, donde pasó la mayor parte del tiempo leyendo y presentando apelaciones. Cuando fue dejado en libertad, Zotov utilizó sus conocimientos adquiridos en la cárcel contra el sistema, presentando denuncia tras denuncia exigiendo el procesamiento criminal de varias supuestas instancias de corrupción y fraude electoral dentro de la clase política de Cheboksary.
Zotov presentaba demandas por las menores infracciones de los procedimientos judiciales -jueces que no usaban la toga en días calurosos, o la bandera colgada en la dirección incorrecta. Pero también presentaba demandas denunciando presuntas fechorías cometidas por las autoridades locales, incluyendo la asignación de propiedades estatales a ministros y jueces y evidencias de que los votantes eran pagados y escoltados hasta las urnas por los candidatos oficialistas.
"Yo soy como un hueso atorado en sus gargantas", dijo alegremente Zotov, un hombre regordete y con entradas que lleva gafas de sol de color rosado para cubrir un ojo malo, en una entrevista reciente.
La guerra ya había empezado en noviembre de 2002 cuando entró a la sala de audiencias del Tribunal Supremo presidida por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Pyotr Yurkin. Zotov, que era candidato al parlamento regional, había acusado al juez de utilizar impropiamente un apartamento de propiedad estatal y otros actos ilícitos.
Tan pronto como Zotov se levantó para presentar sus interminables mociones de procedimiento, Yurkin ordenó que fuera removido de la sala. Lo que pasó después es como un ‘Rashomon' ruso: Depende de quien lo cuenta.
Lo que está claro es que un alguacil terminó por los suelos y, en los intentos de sacarlo de la sala, también se rompió una enorme mesa. Zotov insiste en que el alguacil se cayó y que la mesa se quebró cuando él trató de aferrarse a ella cuando lo estaban jalando fuera.
Algunos de los jueces presentes dijeron que Zotov arrojó al alguacil por sobre su espalda, estilo karate, y luego le dio una patada a la mesa, o cayó sobre ella de culo.
Yurkin envió a Zotov al Hospital Psiquiátrico Republicano Chuvashia. Permaneció allá y en otras instalaciones durante siete meses y fue repetidas veces forzado a ingerir drogas de psiquiatría, a pesar de súplicas de su familia y colegas de que estaba sano y debía ser enviado a casa. Las vistas continuaron mientras seguía hospitalizado, pero ni Zotov ni sus abogados comparecieron. Los doctores dijeron que mostraba signos de hiperactividad, inflada arrogancia e "ideas absurdas sobre reformas".
"Es un lugar horrible", dijo su mujer, Natalya Semyonova. "Yo me acercaba a la ventana y Sergei trataba de comunicarnos, a través de la ventana, las informaciones que había reunido sobre personas que estaban ahí internadas ilegalmente, sobre gente a la que le habían quitado sus apartamentos. Había un hombre que llevaba ahí 25 años".
Tras su puesta en libertad en abril 2004, Zotov trató de presentarse nuevamente a las elecciones parlamentarias. Cuando apareció en televisión, criticando a las autoridades locales, el tribunal ordenó su tratamiento psiquiátrico como paciente externo, una perspectiva que temía tanto que entró en la clandestinidad.
En febrero del año pasado, dos docenas de agentes de policía y bomberos llegaron al apartamento de Zotov para trasladarlo al hospital mental. La orden que estaban ejecutando se refería a él como "una persona que ha cometido un acto socialmente peligroso", de acuerdo al despacho del fiscal. Cuando Semyonova se negó a abrir la puerta, dos agentes subieron por una escalera hasta el balcón de la familia, en un noveno piso -en vano, pues Zotov no estaba en casa.
Dmitry Ivanov, portavoz de la policía, dijo que los agentes ya no buscan activamente a Zotov, pero "si se deja ver, tendremos que actuar". Negó que hubiese una campaña contra el activista de derechos humanos y sugirió que Zotov puede él mismo haber tratado de hospitalizarse para buscar refugio de sus peligrosos amigos en el mundo criminal.
Los fiscales, en una respuesta escrita, dijeron que el caso de Zotov "fue llevado en conformidad con los procedimientos judiciales". Dijeron que los psiquiatras en el Instituto Serbsky habían examinado a Zotov y sus estallidos en el tribunal y concluido que "cuando cometió su delito, era incapaz de reconocer su verdadera naturaleza y peligro social; no era capaz de controlar sus acciones; y debe ser tratado forzosamente en una institución para pacientes externos".
Los doctores del hospital Chuvashia se negaron a comentar el caso de Zotov. Pero dejaron ver que creían que la versión de Zotov era distorsionada.
"Creo que si los rivales de su personaje principal lo visitaran a usted y le contaran las maneras en que les ha ofendido, o perjudicado, usted sentiría simpatía por ellos también", dijo Lyudmila Karnilova, subdirectora de la sección de psiquiatría.
"En cuanto a la idea de que un hospital psiquiátrico persiga a alguien y lo arrastre hasta aquí, ese ciertamente no es el caso. Nuestra principal responsabilidad es tratar a pacientes que necesitan ayuda", agregó Kozlov, el doctor jefe.
Zotov, que rara vez visita su propio apartamento, dice que teme por su cordura si es obligado a volver al hospital.
"La gente que lucha por la justicia en nuestra república, es aislada en hospitales psiquiátricos", dijo Semyonova, su mujer.
"Todo este caso, desde el principio, se basó más que nada en antipatía personal hacia mi marido".
30 de mayo de 2006
©los angeles times
©traducción mQh
2 comentarios
supra footwear -
gregorio -