cinco reportajes sobre chile
[Jorge Escalante] Agentes a la caza de "curas conflictivos". Cuando la DINA infiltró a la Iglesia. Archivos hallados por LND revelan que la DINA espió sistemáticamente a la Iglesia Católica, especialmente el trabajo de ayuda a los perseguidos del Comité Pro Paz, y elaboró listas de "curas marxistas". El agente Alberto Palacios González inventó una historia de perseguido político y trabó contacto con el obispo Fernando Ariztía. Era el comienzo de la infiltración por la DINA del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, más conocido como el Comité Pro Paz. Corría el año 1974 y la represión tras el golpe militar de 1973 campeaba a sus anchas.El obispo, que representaba en esa instancia ecuménica a la Iglesia Católica nombrado por el cardenal Raúl Silva Henríquez, confió en Palacios y le fue entregando dinero, a veces en escudos de ese tiempo, otras veces en dólares. Palacios se ofreció para sacar a Argentina personas que huían de la dictadura. A medida que éste y otros agentes infiltrados ganaban también la confianza del sacerdote Fernando Salas, que dirigía el comité, y del combativo cura Rafael Maroto, la DINA iba obteniendo mayor cantidad de información acerca de las operaciones del comité.
Pero también reunía antecedentes y hacía listas de los "curas conflictivos" para el régimen, entre los que, por cierto, se encontraban Ariztía, Salas y Maroto, la troica del trabajo del comité para asilar perseguidos en las distintas embajadas de Santiago, o para sacarlos del país hacia Argentina.
La infiltración de la Iglesia Católica, desconocida hasta ahora como una operación sistemática montada por el régimen militar, está graficada en archivos de la DINA hallados por La Nación.
Salvar Perseguidos
Pinochet comenzaba a sentir los aguijones del Comité Pro Paz creado el 9 de octubre de 1973 por el cardenal Silva Henríquez, que además integraban las iglesias Metodista, Luterana, Metodista Pentecostal y la comunidad israelita. Finalmente, el dictador le dio el zarpazo al comité en noviembre de 1975, lo que obligó al cardenal Silva a crear el 1 de enero de 1976 la Vicaría de la Solidaridad.
Entre Ariztía y Maroto acordaron con Palacios que debían sacar de Chile a Argentina, en camiones, a una treintena de personas. Palacios puso el precio: "350 escudos por cabeza". Antes de ello, el informe del agente a la DINA sostiene que Ariztía "entregó hace unos días 50 mil escudos" para sacar a otras personas, entre ellas "a un extremista herido que estaba clandestino".
A medida que avanzaban las semanas, la DINA iba reuniendo datos de los "curas conflictivos", como los calificó en el informe "Nº 7"que fechó entre "el 1 de noviembre de 1973 y el 17 de mayo de 1974".
Vale decir, el documento es un elemento más que confirma que la DINA existió desde mucho antes de su creación por el Decreto Ley 521, de 14 de junio de 1974.
La DINA le informó a Pinochet que "se ha detectado la creación de un servicio de inteligencia del clero, en íntima colaboración con el marxismo, que ha logrado infiltrar a numerosos sacerdotes, los que en Santiago llegarían a un grupo de 37 curas marxistas".
Uno de ellos, el sacerdote español Joan Alsina, ya habría sido asesinado el 20 de septiembre de 1973. El otro, Antonio Llidó, también español, desapareció en octubre de 1974.
En la lista, Llidó tiene el número 12, bajo la información "ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo. Activista extremista".
En un apretado resumen de junio de 1974 se informa que la "situación de sacerdotes es: interrogados, 4; detenidos y liberados, 12; detenidos, 14; salieron del país, 10; expulsados, 18; muertos, 1".
Peluquerías y Patines
Otro informe de la DINA, titulado "Asunto Operación Ariztía", de julio de 1974, en el que se entregan más detalles del Comité Pro Paz para proteger fugitivos, contiene una relación de parroquias y colegios que debían ser vigilados, donde Ariztía, Salas y Maroto "guardan extremistas". Figuran el "Convento de los Capuchinos, Padres Franceses, Casa de la Sagrada Familia, Gratitud Nacional, Centro Belarmino, Colegio Filipense y el Colegio Saint George".
Este último reporte está firmado por un "Jefe Agrupación Santiago" y en él se explica que, además, la penetración al trabajo del Comité Pro Paz se hacía a través de "peluqueras y patines [prostitutas]" que actúan como "enlaces de grupos extremistas".
"La Carmen es enlace de un grupo de extremistas. Se acuesta con el coronel José Pérez Luco, del cual manifiesta obtener algunas informaciones, inclusive antes del 11 de septiembre de 1973. Vive en una pensión en calle Dieciocho 195".
Otra fuente de la DINA es "la señora Pepa (alias ‘La Vieja'), dueña de la residencial de calle Dieciocho 195, que es enlace de un grupo de guerrilleros y extremistas de doble militancia del PS y el MIR que se reúnen ahí y toman acuerdos".
Para la DINA, el sacerdote Fernando Salas "vive en Santa Mónica 2938, fono 94161, y se dedica a la protección de extremistas buscados por la Justicia militar. Es el enlace de Fernando Ariztía y prepara la falsificación de documentos. Se hace el inocente. Es un cura joven, rubio y cabezón".
De Fernando Ariztía (ya fallecido, al igual que Maroto) se dice, además de su dirección y señas de sus movimientos por Santiago, que "en su calidad de obispo auxiliar es, sin duda, la cabeza visible de todas las actividades anti Junta Militar".
El Cura Pepo y Aldo Francia
Ganada la confianza, el agente Alberto Palacios comenzó a salir de Santiago para rastrear en provincias para la DINA el trabajo del Comité Pro Paz y los sacerdotes que protegían fugitivos. Así llegó a Valparaíso y Viña del Mar.
"Ahí, el encargado por intermedio de Ariztía para llevar a la clandestinidad a todo tipo de personas es el padre Pepo Gutiérrez, que vive en la Población Vergara, calle 1 Oriente 215 de Viña. Tiene contactos con órganos revolucionarios y proporciona dinero a la gente que queda sin trabajo. El dinero lo recibe del médico que trabaja para las Fuerzas Armadas Aldo Francia, de Valparaíso. Éste lo recibe de un tercero que tiene contacto con París. El padre Ignacio Pujadas se encuentra en Europa gestionando fondos y es amigo personal de Aldo Francia", es parte del informe de Palacios.
En su reporte, el agente entrega además datos de los sacerdotes "Jorge Cacharos, que antes era de derecha; Salvador Ruiz Paniagua, Miguel Donavin, Carlos Pizzinnani y la monja Valeria, que trabaja con el cura Ariztía".
De todos ellos aporta sus domicilios y características de sus casas y alrededores.
De los movimientos de Ariztía, Salas y Maroto para sacar gente de Chile o asilarlos en las embajadas, cuyos trayectos, vehículos usados y horas de salida desde iglesias o casas la DINA tenía el detalle minuto a minuto, detectaron además que el comité "opera con una agencia de turismo de calle Morandé del mapu Garretón", y otra "agencia de turismo Villalonga", donde se tramitó la salida de "Juan Ramón Núñez", a quien le negaron el pasaporte porque tenía una orden de arresto.
La DINA siguió la historia de Núñez desde un comienzo, cuando Ariztía y Salas lo asilaron en la Embajada de Polonia el 16 de octubre de 1973. En una declaración de Núñez que forma parte de los documentos hallados, éste relata su "calvario" a la espera de salir de Chile, sobre todo cuando a los pocos días llegaron otros 38 asilados, "entre comunistas, socialistas y del MIR, donde yo era el único mapucista", y se trabaron repetidas veces a golpes discutiendo quiénes eran los culpables del fracaso del Gobierno de Salvador Allende. Al final, Núñez se arrancó y volvió al comité a pedir ayuda.
Lista de Sacerdotes "Marxistas" Informada Por la DINA
Gonzalo Arroyo: "Jesuita de los Cristianos por el Socialismo".
Juan Pablo Richard: "Profesor del seminario, de los Cristianos por el Socialismo, vinculado al MIR, escribió en ‘Punto Final' y vive en población marginal".
Esteban Gumucio: "De los Sagrados Corazones, hermano de Rafael Agustín, de la Izquierda Cristiana, de tendencias marxistas".
Mario Miranda Núñez: "Párroco de la Natividad del Señor, que llamó Hotel Pinochet El Estadio Nacional en una prédica. Fue detenido y allanado y puesto en libertad".
Ignacio Serrano: "Sacerdote que actúa como obrero, detenido en Tejas Verdes".
Rafael Maroto: "Ex vicario episcopal de zona centro, ideas extremistas".
Fernando Ariztía: "Obispo auxiliar de Santiago y vicario zona poniente, alienta a los marxistas y reprendió públicamente al cura Hasbún".
Enrique Alvear: "Obispo de San Felipe, criticado por acoger marxistas".
Mauro Gil: "Cura español de la Población Villa Sur. Participó en tomas de terrenos incitando a oponerse al Gobierno".
Jesús Rojo: "Español de la Población Dávila, habría participado en tomas".
Antonio Ronchi: "Italiano de ideas marxistas, ejerció en Aysén".
Antonio Llidó Mengual: "Ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo. Activista extremista".
Alejandro Goic: "Vicario de Magallanes, colabora con marxistas, relacionado con grupos de chilenos refugiados en Río Gallegos. Constituye un frente de resistencia".
Mónica García Huidobro: "Monja del Colegio Filipense que continuaría realizando labor pro marxista. En su residencia de Ejército 72 asila a extremistas extranjeros".
Juan Ysern: "Vicario de Calama que amparó a curas holandeses vinculados al MIR".
Fernando Salas: "Se dedica a dar protección a extremistas buscados por la Justicia militar".
Martín Gárate: "Relacionado con el Comité Central del MIR, prófugo".
12 de junio de 2006
©la nación 
cárceles y penas comunes
Depósitos de personas. Así define a las prisiones el experto argentino Elías Neumann. Y la descripción vale para las cárceles chilenas. Son 95 salpicadas por todo el país. En ellas están recluidas casi 37 mil personas. Y se dice "personas" porque los que están presos con una condena de tres años y un día no se pueden llamar ciudadanos, porque legalmente han perdido esa condición. Pero eso no quiere decir que pierdan su condición de seres humanos. Aunque muchas veces no se les trata como a tales.Chile ostenta unos cuantos récords en materia penitenciaria. El más impactante es el número de presos comunes en proporción a la cantidad de habitantes del país. Más de 200 por cada 100 mil. En esto sólo nos superan Panamá y Estados Unidos, que tiene el récord absoluto mundial, con una población reclusa de más de dos millones de personas, lo que significa que una de cada 136 está tras las rejas, y un alarmante crecimiento, como ha denunciado Allen J. Beck, jefe de estadísticas penitenciarias en EEUU. Ese debe ser el siniestro precio del "estilo de vida americano",
Aquí también estamos experimentando un alza considerable. El conteo que hizo Gendarmería el último día del año 2005 dio un total de 36.974 personas encarceladas. Diez años atrás eran 22 mil. Un crecimiento anual de 5,45%, en comparación con el 1,2% de crecimiento de la población. La I Región se lleva el premio, con 760 personas por cada cien mil. Pero la II, VI, XI y, por supuesto, la Metropolitana, están por encima de la media nacional.
Presos de Larga Duración
¿Quiénes son estos presos? En su mayoría, hombres jóvenes (las mujeres representan alrededor de un 7%). La mitad tiene menos de 30 años y un tercio tiene entre 30 y 40. O sea, que el 80% está en el momento de mayor capacidad productiva y con obligaciones familiares. Pero lo más terrible es que las penas que cumplen son larguísimas. El 75% del total de presos cumplen condenas de entre cinco y veinte años, condenados en su mayoría por delitos contra la propiedad –hurto, asalto– (en el caso de las mujeres, el mayor porcentaje es por delitos relacionados con el tráfico de drogas). Sólo un dato para comparar: en Alemania, los que cumplen penas de más de cinco años son el 14% contra el 75% de aquí. Y en el otro extremo: los que tienen condenas de menos de un año son en Alemania un 44% y en Chile un 2,2%. O sea, que entrar a una cárcel chilena significa pasar la mejor parte de la vida encerrado. A pesar de estas altas cifras, el 80% de la población considera que las penas en Chile son bajas o muy bajas (Ministerio de Justicia, 2003).
Aumentan los presos y las condenas. Y lo que disminuye, hasta niveles casi exiguos, son los distintos beneficios que reconoce cualquier sistema penal, como son los permisos de domingo, los de fin de semana y la libertad condicional. Pongamos números a esta tendencia. En 1995, el promedio de permisos dominicales era alrededor mil. En 2005 fueron sólo 298. Entre 2002 y el año pasado, las salidas por el fin de semana disminuyeron un 66%. En el caso de las autorizaciones de libertad condicional, pasaron de casi cuatro mil en 1995 a 871 el año pasado. ¿Por qué esta mano tan dura? Según el abogado alemán Jörg Alfred Stippel, autor del libro "Las cárceles y la búsqueda de una política criminal para Chile" (Lom), esta mezquindad en los permisos se debe al poder de los medios de comunicación, que magnifican y hacen de la delincuencia un espectáculo y que terminan influenciando las políticas de gobierno, especialmente en época electoral. La "mano dura" es muy rentable a la hora de captar votos.
Hacinados
De esta manera, enorme número de presos, largas condenas y escasos permisos quiere decir en pocas palabras que muchos entran y pocos salen. Y si cada día entra más, el resultado es hacinamiento. Amnistía Internacional, en su informe mundial 2006, destaca "el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas" en Chile. Y como ejemplo habla de los 30 heridos en una pelea por un sitio para dormir en la ex Penitenciaría el pasado mes marzo y de los 120 presos que se veían obligados a pasar la noche a la intemperie. De todas las cárceles, la que presenta una mayor sobrepoblación es el Centro de Detención Penitenciaria (ex Penitenciaría), que en su edificio, construido en 1843, ha llegado este mes a albergar 5.600 presos, el doble de su capacidad.
El hacinamiento afecta negativamente a cualquier tipo de ser vivo. Y le añade a los presos chilenos un sufrimiento que no forma parte de su condena y exacerba todas las tensiones derivadas del severo sistema que mantiene altas condenas y escasos permisos. La lucha por un espacio vital mínimo estalla en violencia, a veces en motines y otras más cotidianas de agresiones contra los gendarmes, entre ellos mismos y las salvajes autolesiones. Como Stippel señala, "en los primeros seis meses de prisión, el principal síntoma es la depresión. Y es cuando se producen los intentos de suicidio". Estudios internacionales calculan que entre los cuatro y los seis años de reclusión es cuando cunde el "síndrome de separación", que se manifiesta en perturbaciones emotivas, de comprensión y de juicio y formas de regresión hacia el infantilismo.
Sentencia de Soledad
Así un año tras otro, y el día que cumplen su sentencia y salen al exterior lo que se encuentran es la nada. La familia se ha evaporado y nadie los espera. Ha pasado demasiado tiempo. Cuando las condenas son cortas, a pesar de la ruina económica que conlleva que el hombre, generalmente el proveedor de su casa, esté encarcelado, las mujeres ‘aperran' como pueden y se las arreglan para visitarlos y mantener el vínculo. Y consiguen, de mala manera, poner en práctica los contactos íntimos en los ‘camaros', como llaman a juntar un par de bancos de la sala de visita, a modo de cama, y una frazada que hace las veces de biombo que protege a los amantes de las miradas del resto. Sexo urgente, precario, desesperado, para mitigar la soledad.
En el estudio que dirigió Stippel se realizó una encuesta a 600 reclusos de la Región Metropolitana y entrevistas en profundidad a internos y funcionarios de Gendarmería, con la garantía de anonimato. Algunos de los resultados fueron los siguientes: un promedio del 40% de presos considera que sus derechos son poco, muy poco o nada respetados. Pero estas cifras se disparan dependiendo de la clasificación de "peligrosidad" y de los años que llevan en prisión. Mientras más ‘peligroso' y más tiempo recluidos, peor es la percepción del respeto de sus derechos y más conocimiento tienen de cuáles son éstos, cosa que suele estar asociada a "que los funcionarios no pueden pegarle a uno". ¿Quiénes deben garantizar estos derechos? Según el estudio del equipo de Stipper, los reclusos piensan que debe ser Gendarmería, seguido del gobierno y ellos mismos. A la cola están sus abogados y, por último, los jueces.
Cárceles Concesionadas
Crear cerca de 20 mil nuevas plazas de reclusión, solucionar los problemas de hacinamiento, infraestructura (según la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, en el sector antiguo de la ex Penitenciaría de Santiago en el 2004 había una ducha y una taza turca para cada 64 internos) y abordar la tarea siempre postergada de la rehabilitación (sólo 20 centros de trabajo y educación en los 95 establecimientos), se decidió en el 2000 la "modernización carcelaria". Y se destinaron cerca de 300 millones de dólares para levantar 10 nuevos penales concesionados a privados, de los que se han entregado tres. El costo calculado por preso es de unos 10 dólares (‘Privatización carcelaria en Chile', Carolina Palacios y Javiera Díaz, de la Universidad Diego Portales).
Las nuevas condiciones de estas cárceles deben aumentar, por ejemplo, de un metro cuadrado a 1,8 por recluso en la sala de estar y el comedor, aumentar en 15 centímetros el espacio por persona en la sala de clases, poner escusado, ducha y lavatorio en las celdas comunes e individuales y que los concesionarios se hagan cargo de la lavandería y la comida. La calidad de estas raciones de comida es lo que ha movilizado esta semana a los gendarmes de la nueva y concesionada cárcel de alta seguridad de Alto Hospicio a mantener una huelga indefinida. Los gendarmes han denunciado también que dentro de la cárcel están trabajando ex agentes de seguridad del gobierno militar, lo que consideran un factor intimidatorio.
La institución de Gendarmería también requiere una profunda remodelación. Stipper destaca que su formación, basada en la doctrina militar, es de un año, aunque, ante el número creciente de presos, esta formación se está limitando a seis meses y que la mayor parte de la formación depende de la propia experiencia dentro de los penales. No parece suficiente ni para ellos ni para los presos que tiene que vivir bajo su tutela.
Los presos comunes chilenos están en la zona oscura de la vida, a la que sólo entra algo de luz cuando la violencia hace que los telediarios se interesen por su suerte. Y como señala el experto Stipper, "la sociedad en general desconoce casi todo sobre esta realidad", y una mayor información y sensibilización ayudaría a mejorar la seguridad ciudadana. Pero también ayudaría a la propia cultura de la sociedad al entender que todos, incluidos los delincuentes, tienen derechos. Por algo la Constitución chilena los asegura para "todas las personas" y no sólo a los ciudadanos, que son esos que caminan libres, aunque no siempre erguidos, por los senderos, caminos y calles del país.
12 de junio de 2006
©la nación
crímenes y pecados en la colonia
El 16 de diciembre de 1782 el campesino Cristóbal Serrano murió en Pumanque, zona rural a 70 kilómetros de San Fernando. Como era la costumbre, los vecinos, repartidos en caseríos a lo largo del campo, llegaron a acompañar a la viuda, Manuela Orellana, y se enteraron de que el finado había muerto tras caerse del caballo. El velatorio duró varios días y la viuda agasajó a los presentes con un novillo y empanadas. Todo aparentemente normal, aunque algunos campesinos no dejaron de observar que el cadáver no tenía huellas de golpe alguno.El luto de Manuela duró poco. A los meses se casó con Manuel Galaz, un peón que había trabajado con su ex marido. En principio, a los vecinos no les llamó la atención: muchos sabían que la pareja tenía una ‘amistad ilícita' desde antes de la muerte de Serrano. Entonces, nadie dijo nada.
Pero un año después las cosas cambiaron: Francisco Serrano, hermano del muerto, acusó a la pareja de haber asesinado a Cristóbal. El capitán Juan Fuentes comenzó a investigar y ordenó arrestar de inmediato al matrimonio.
El caso fue visto por la justicia de San Fernando y llegó hasta la Real Audiencia de Santiago, el máximo tribunal de la época. Durante tres años el proceso que involucraba a dos campesinos pobres acaparó la atención de las autoridades capitalinas y se convirtió en uno de los capítulos más controvertidos de las páginas judiciales de la Colonia.
‘Manuela Orellana, la criminal: género, cultura y sociedad del siglo XVIII', del historiador J. Tomás Cornejo, rescata el episodio. Premiado por el Consejo Nacional del Libro como mejor ensayo inédito de 2005, será publicado próximamente por Ediciones Tajamar.
Matar Al Marido
Entre los crímenes que sancionaba la sociedad criolla colonial, el parricidio era el más grave. Como afirma Cornejo, matar al marido contravenía "todo ordenamiento social de carácter patriarcal, del que la Real Audiencia aparecía como celadora".
En el caso de una plebeya, la cosa se agravaba. "Que la plebe se desordenara era un peligro. Había que mantener el orden, a partir del matrimonio patriarcal", añade. Por eso, el caso de Manuela no podía tomarse a la ligera. De ser culpable, le esperaba la horca.
Los testimonios recogidos por el capitán Fuentes no favorecieron a los sospechosos. Dionisio Pérez, cuñado de Manuel Galaz, declaró que éste le había ofrecido una yegua y una vaca si le ayudaba a matar a Serrano. Al principio, dice, aceptó, pero no pudieron cometer el crimen y luego se arrepintió.
Galaz, el inculpado, atestiguó que el día de su muerte trabajó en casa de un vecino y que sólo salió a la hora de siesta para visitar al mulato Lorenzo Díaz. Este último corroboró la versión, pero aportó un dato nuevo: cuando Galaz se fue, no tomó rumbo a la casa de su vecino, sino que cabalgó en dirección al hogar de Serrano.
El testimonio de otro campesino, Dionisio Galaz, amigo del muerto, complicó a la viuda. Según éste, Manuela Orellana le dio unos polvos a su mujer, Petrona, para que se los pusiera en el vino a su marido cuando éste pasara por allá. Supuestamente, la pócima lograría que Serrano le tomara "odio al licor". Pero, agrega el amigo del finado, no hicieron caso a Manuela y eliminaron los polvos.
La declaración de Mateo Ojeda, tío de Manuela, coronó las presunciones. Yerbatero, Ojeda aseguró que el actual marido de su sobrina fue a verlo, dos meses antes de la muerte de Serrano, para ofrecerle una yegua y un par de calzoncillos a cambio de algún "remedio para quitarle la vida a un sujeto".
Suficiente para detener a Manuela Orellana y Manuel Galaz. Los acusados fueron arrestados en casa del capitán Fuentes y puestos en un cepo. Y pasaron Navidad en la cárcel de San Fernando. Pero aun faltaba probar su culpabilidad.
La Acusación
Los acusados alegaron inocencia. Reconocieron su ‘amistad ilícita', pero negaron el asesinato. Manuel Galaz admitió que había contactado a Dionisio Pérez, pero que se arrepintió.
Aunque no había pruebas, fueron acusados como autores. Y Dionisio Pérez, como cómplice.
Se les asignó un abogado defensor, el que solo reconoció el adulterio y sostuvo que el intento de asesinato fue motivado por la ceguera de la pasión. Y desacreditó los testimonios, calificando a los declarantes de ebrios, ociosos y paganos.
Tras un año de litigio, y luego de que el juez les negara la libertad, el caso llegó a la Real Audiencia.
El Fallo
Engrillados, los acusados llegaron a la capital. El fiscal de la Real Audiencia ordenó nuevos testimonios. El más controvertido de todos, el de la hija mayor de Manuela Orellana, de doce años.
La niña, que estaba al cuidado de sus abuelos paternos, relató que ese día, antes del almuerzo, Manuel Galaz fue a su casa. Que por la tarde su madre ordenó a los cuatro hijos hacer tareas en el campo, pero que ella no se alejó. Y que se extrañó cuando Manuela Orellana salió diciendo que su padre se había caído del caballo, porque no sintió el tropel. Además, dijo que su madre le ordenó no decir nada.
El fiscal se creyó el complot, pero aún no tenía pruebas. Buscó entonces nuevos testimonios.
Uno de ellos fue el de Catarina Padilla, esposa del yerbatero Ojeda, quien confirmó la versión de su marido. Y agregó: la viuda no parecía triste por la muerte de Serrano. La otra declaración es de Petrona Canales, quien recibió los polvos de Manuela, quien se hizo eco de la voz popular: en el pueblo se decía que la mujer y su amante mataron al difunto.
Los pumanquinos, que al principio no dijeron nada, ahora emitían su propio fallo. El fiscal quería llevarlos a la horca, pero sólo tenía conjeturas. Había que hacerlos hablar.
"¿Veis aquí el potro del tormento?", le dijo el oidor a Manuela. "¡Decid la verdad! Si no asiente el Escribano de Cámara que le requiero una, dos, tres y más veces quediga la verdad. Y de no protesto, que si alguna pierna o brazo se le quebrantare, o algún ojo se le saltare, o lesión de algún miembro le viniere, o muriere en el tormento; sea su culpa y cargo, y no al mío".
Pero la tortura no cambió su testimonio.
A tres años de su inicio, el juicio concluía sin asesino: Manuel fue relegado a Valdivia, a servir a su Majestad. Y Manuela, condenada a seis años de prisión.
12 de junio de 2006
©la tercera
sigue caso caravana de la muerte
El tribunal de alzada resolvió que las desapariciones de los opositores al régimen militar deben quedar configuradas como secuestros permanentes y no como homicidios calificados.Así la sala revocó el dictamen del ministro Montiglio, quien a fines de marzo pasado, cambió la tipificación de los crímenes cometidos contra 16 víctimas en octubre de 1973.
El tribunal estuvo compuesto por los ministros Jorge Zepeda, la abogada integrante Andrea Muñoz y el magistrado Alfredo Pfeiffer, quien votó en contra.
Con este fallo quedó establecido que se continuarán las indagaciones por las desapariciones de las tres personas en la III Región y de trece en la II Región. Además, se ordenó el procesamiento de los militares que participaron en la comitiva que recorrió distintas ciudades del país luego del 11 de septiembre de 1973.
En la nómina de ex uniformados involucrados en los episodios de Copiapó y Calama se encuentran Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Armando Fernández Larios, Juan Chiminelli, César Arredondo, Carlos Rojas Hidalgo, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco.
El dictamen confirmó la tesis de que no corresponde aplicar la amnistía porque aún se desconoce el paradero de los detenidos desaparecidos y, por tanto, este es un delito de efectos permanentes.
7 de junio de 2006
©la nación
anarquismo porteño
En la segunda mitad del siglo XIX, el marxismo y el anarquismo conformaron corrientes de pensamiento y movimientos sociales que se disputaban las banderas de lucha en contra del capitalismo. Sin embargo, con la revolución bolchevique, el comunismo se transformó en una ideología dominante, dejando a la doctrina anarquista en un nivel de utopía irrealizable que perdió fuerza en el mundo.Pero los tiempos -y la historia- cambian, dan vuelcos, y un siglo después, tras la caída del régimen soviético, pocos son los que hoy sacan a relucir adhesiones marxistas, mientras que el anarquismo ha vuelto a cobrar vigencia con otras visiones y contenidos, reapareciendo la A con el círculo en los estandartes de innumerables agrupaciones antisistémicas.
Y alentado por este resurgimiento de las banderas negras, el investigador viñamarino Andrés Brignardello asumió la tarea de escudriñar en el pasado de este movimiento a través del libro ‘Valparaíso anarquista', un proyecto Fondart que se ubica precisamente en la ciudad donde esta vertiente alcanzó su mayor nivel de organización y fuerza. El texto ha despertado el interés de quienes desean conocer su historia, agotando la primera partida que salió a vitrinas en las librerías Ibens, Crisis, Cumming 1 y Ciclón del Libro.
Brignardello cuenta que el nacimiento de este libro tuvo lugar "después de observar varias organizaciones y participar en diferentes encuentros en Valparaíso, donde me topé con que hay grupos culturales y sociales que son apegados a una izquierda no tradicional, gente libertaria, que no participa en las entidades clásicas. Ahí empezó a surgir la idea de conectar esos movimientos obreros que existieron a principios del siglo XX con los fenómenos actuales".
¿Y qué tan importantes eran los movimientos anarquistas de Valparaíso a principios del siglo pasado?
"Siempre fueron marginales dentro de lo que era la cultura política porteña, pero como en esos años no existían los partidos Comunista y Socialista, todo el movimiento social y obrero tenía un impronta anarquista. Y aunque muchos de ellos no se reconocían, había un liderazgo por lo que significó la migración extranjera (algo que aparece en los textos de Manuel Rojas), con muchos alemanes, italianos y españoles que llegaban con estas ideas en boga y se desempeñan como zapateros, obreros y artesanos, generando una mitología que después sucumbiría ante la hegemonía del PC".
Siendo una expresión marginal, ¿cuáles fueron las fuentes que utilizaste para reconstruir esta historia?
"Lo primero que hice fue buscar la historiografía oficial que tuviera relación con Valparaíso, desde ahí fui encontrando datos que me llevaron a fuentes más directas, con periódicos que ya no existen, como 'El Chileno', 'La Gazeta del Puerto' o la revista 'Suceso', porque si bien la ciudad experimentaba una época pujante en términos económicos, eso convivía con una miseria de la cual las mismas publicaciones daban cuenta, con huelgas y acciones que tuvieron impacto nacional. Acá la gente podrá encontrar una descripción del movimiento social y obrero en Valparaíso entre los años 1880 y 1930, porque después se hace invisible y recién vuelve a aparecer en el 2000".
¿De qué forma se articulaban los anarquistas?
"En Valparaíso estaba la IWW, que es la gran central ácrata del mundo, y tenía nueve mil afiliados en 1913. En los años 20, con la llegada de Alessandri al gobierno, las manifestaciones se vuelven más violentas y el estado genera una represión en su contra, persiguiendo y arrestando a sus máximos dirigentes. Incluso las fuerzas policiales toman por asalto la sede de la IWW ubicada en calle Carampangue (donde ahora hay un bar), lo que fue muy difundido por como el Ministerio del Interior intervenía las organizaciones. Allí aparecen líderes como Magno Espinoza, que estuvo al frente de la huelga de 1903 y es uno de los pilares del anarquismo chileno; José Araneda Bravo, dirigente social y portuario que llegó a ser candidato a regidor; o Luis Olea, que murió en Santa María de Iquique; toda esa gente vivió en Valparaíso y desarrolló este movimiento, fundando mutuales y sociedades obreras. En general, era un atmósfera muy romántica la que se vivió"
¿Y cómo se marcan las diferencias entre lo que es el anarquismo como corriente de pensamiento y movimiento social, con las denominaciones que se hacen ahora a cualquier grupo antisistémico?
"Ahí cito la idea de Chomsky: 'El anarquismo es como el papel, aguanta todo'. Hoy tienes grupos que van desde la defensa de los animales, hasta la causa mapuche, pasando por movimientos culturales, los que bien se podrían clasificar de anarquistas porque tienen elementos ideológicos de la autogestión, la crítica y la contracultura, con reivindicaciones similares".
¿Pero crees que estos movimientos siguen a autores del anarquismo?
"No creo que estén leyendo a Proudhon o Kropotkin, porque esas ideas no funcionan en una sociedad más compleja como la actual, pero pienso que hay otros autores, como Chomsky, que plantea que la buenas relaciones entre personas y países son posibles, y esos ideales siguen manteniendo vigencia hoy".
4 de junio de 2006
©mercurio de valparaíso
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