corte suprema contra gobierno
[John O'Neil y Scott Shane] Corte Suprema bloquea juicios en Guantánamo.
Hoy la Corte Suprema propinó un fuerte reproche al gobierno de Bush, resolviendo que este excedió su autoridad al instituir tribunales para juzgar a los acusados de terrorismo que no cumplen con las garantías jurídicas que, tradicionalmente, el Congreso exige de los tribunales militares.
Como resultado, la corte declaró en una votación de 5 a 3, que los tribunales violan tanto la ley militar estadounidense como las obligaciones militares bajo las Convenciones de Ginebra.
La corte determinó hace dos años que el Congreso no había dado al poder ejecutivo un "cheque en blanco" en la guerra contra el terrorismo. Pero la resolución de hoy, redactada por el juez John Paul Stevens, es la primera en tratar el tema de las normas que deben aplicarse a acusados retenidos en lo que se ha convertido en una larga lucha.
Es, a la fecha, el rechazo más importante de los intentos del presidente Bush de ampliar el poder presidencial en el curso de esa lucha y se produce en momentos en que las otras partes del programa antiterrorista del gobierno, como la interceptación sin orden judicial, están bajo el creciente escrutinio del Congreso.
En una opinión concurrente, el juez Anthony M. Kennedy dijo que el gobierno no había logrado demostrar la "necesidad práctica" que justificara tribunales que manejan normas inferiores de justicia que las autorizadas por el Congreso.
El pleito interpuesto por el demandante en el caso, Salim Ahmed Hamdan, un antiguo chofer de Osama bin Laden que fue capturado en Afganistán en 2001, no impugna su detención en el campo de prisioneros de Bahía Guantánamo, Cuba, y no afecta el derecho del gobierno a retener a gente ahí.
Pero aunque la resolución de la corte representa un decisivo rechazo del modo en que el gobierno trata los casos de acusados de terrorismo, los juristas dicen que también podría allanar el camino en el lodazal jurídico creado por resoluciones contradictorias de la corte y medidas inconsistentes. Los jueces parecen indicar que el gobierno tiene la opción de juzgar a los detenidos en cortes marciales tradicionales o en un sistema alternativo que sea aprobado por el Congreso.
"Nada impide que el presidente vuelva al Congreso a buscar la autoridad que cree que es necesaria", escribió el juez Stephen Breyer en su propia opinión concurrente.
El presidente Bush, en comentarios preliminares después de lo que calificó de "sesión informativa en coche" sobre la resolución, insinuó el resultado, diciendo que "la decisión de Hamdan era el camino a seguir" y que él colaboraría con el Congreso para "tener un tribunal ante el que la gente rinda cuentas", al mismo tiempo que cumpliendo con la resolución de la corte. En la resolución de hoy, los jueces rechazan el alegato del gobierno de que la Ley de Tratamiento de los Detenidos aprobada por el Congreso el año pasado los haya privado de jurisdicción sobre el caso. La mayoría de la corte también determinó que Hamdan no puede ser juzgado por el cargo de conspiración presentado contra él, porque las leyes militares exigen que las acusaciones se basen en actos específicos, y no en cargos generales de conspiración.
Al juez Stevens se unieron en partes de la resolución por mayoría los jueces David H. Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer. Los jueces Breyer y Kennedy escribieron ambos opiniones concurrentes.
Los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas, y Samuel J. Alito Jr. disintieron. El juez presidente John G. Roberts Jr. no participó en el caso, ya que había resuelto a favor del gobierno como juez de una corte de apelaciones el año pasado.
El juez Thomas dio el inusual paso de leer su disentimiento desde el banquillo, lo que ha hecho por primera vez en sus quince años en la corte. Dijo que la resolución "obstaculizará gravemente la capacidad del presidente de hacer frente y derrotar a un nuevo y mortífero enemigo".
El juez Stevens declaró de plano que "la comisión militar en cuestión carece de autoridad para proceder debido a que su estructura y procedimiento" viola tanto el Código de Justicia Militar, que rige el sistema jurídico militar estadounidense, como la Convención de Ginebra.
La opinión de la mayoría rechaza el alegato del gobierno de que los tribunales se justificaban tanto en las atribuciones inherentes del presidente Bush como comandante en jefe y en la resolución aprobada por el Congreso autorizando el uso de la fuerza después del 11 de septiembre de 2001. No hay nada en la historia legislativa de la resolución que "siquiera insinúe" que se haya considerado la ampliación de la atribuciones del presidente, escribió.
El juez Stevens se detiene largamente sobre los modos en que los tribunales militares carecen de las garantías que son otorgadas a los acusados que son juzgados por cortes marciales, incluyendo el uso de evidencias obtenidas bajo apremios.
"No hay nada ante nosotros que demuestre que en este caso sería impracticable aplicar las reglas de una corte marcial", escribió.
"La única razón presentada en apoyo de esa determinación es el peligro representado por el terrorismo internacional", dijo. "Sin subestimar ni por un segundo ese peligro, no es evidente para nosotros por qué exigiría, en el caso del juicio de Hamdan, una desviación de las reglas que rigen las cortes marciales".
El juez Scalia respondió mordazmente al razonamiento de la mayoría en ese punto. Citó la orden del presidente Bush creando los tribunales, los que declaró necesarios "para la realización efectiva de operaciones militares y para prevenir atentados terroristas".
"No está claro de dónde deriva la corte la autoridad -o la osadía- de rechazar esa decisión", escribió el juez Scalia.
En su disentimiento, el juez Thomas citó una resolución reciente en un caso de medio-ambiente para alegar que la mayoría era inconsistente y que minimizaba las atribuciones del presidente.
Por su parte, el juez Stevens dedicó una larga serie de notas al pie de página diseccionando lo que en un momento llamó "el extraordinario punto de vista" sobre el caso, del juez Thomas.
El comandante Charles Swift, el abogado de la marina asignado por los militares para representar a Hamdan, calificó la resolución de hoy como "un retorno a nuestros valores fundamentales".
"Ese retorno marca un hito histórico", dijo el comandante Swift en una rueda de prensa fuera de la corte. "Muestra que no debemos tener miedo de lo que somos, y eso, amigos, es una victoria".
Dijo que el siguiente paso lógico sería que Hamdan fuera juzgado sea por una corte marcial militar tradicional o por una corte federal.
Neal Kaytal, profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad de Georgetown que también representa a Hamdan, calificó la resolución de "rechazo" de un sistema de "tribunales falsos".
Dijo que la corte había dejado para el Congreso tratar la cuestión de si los acusados de terrorismo pueden ser tratados de manera diferente que otra gente acusada de otros delitos.
"Pero la corte ha dicho que son nuestros valores fundamentales los que están en juego", dijo, alegando que la resolución debería ser vista como "advertencia para los que actúan con precipitación".
Richard Stamp, abogado de la Fundación Jurídica de Washington, que presentó escritos apoyando la posición del gobierno en el caso, calificó la resolución de una "desilusión" y un ejemplo de jueces "que claramente se inventan una opinión a la ligera".
Stamp dijo que la corte había ignorado sus propios precedentes justificando el uso de tribunales en lugar de cortes marciales, y estaba imponiendo su propia opinión sobre el rol del presidente como comandante en jefe. "Es inapropiado que la corte se meta en la arena de la guerra, donde no tiene conocimientos", dijo.
Stamp también dijo que la corte "se ha pronunciado contra el Congreso y contra el presidente" al rechazar la ley aprobada el año pasado que despojaba a la Corte Suprema de jurisdicción sobre apelaciones de los reclusos de Guantánamo.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York, que represente a más de 200 reclusos de Guantánamo, dijo que la resolución lo había "dejado encantado", porque vindicaban completamente las opiniones de los críticos del gobierno.
"Lo que dice al gobierno es que no puede decidir arbitrariamente qué hacer con la gente", dijo Ratner en una rueda de prensa telefónica para periodistas. "Mantuvo el imperio de la ley en este país y determinó que el poder ejecutivo ha sobrepasado la constitución y el derecho internacional".
Michael Greenberger, que enseña antiterrorismo en la Facultad de Leyes de la Universidad de Maryland, dijo que la corte podía haber encontrado fácilmente razones para evitar una resolución tan determinante.
"Obviamente tenían opiniones formadas no solamente sobre los problemas jurídicos sino sobre lo que significa la posición de Estados Unidos como el partidario más importante del estado de derecho en el mundo", dijo Greenberg.
Dijo que la resolución mostraba que "no es suficiente repetir el mantra de que estamos en una guerra contra el terrorismo y que por eso todos los poderes residen en el poder ejecutivo".
A pesar del desaire a las políticas del gobierno, dijo Greenberg, la resolución allana el camino para una resolución sobre el turbio status de los detenidos en Guantánamo, Afganistán y en cárceles secretas manejadas por la CIA.
"Realmente la corte rescató al gobierno del cenegal en que se encontraba", dijo.
Hoy la Corte Suprema propinó un fuerte reproche al gobierno de Bush, resolviendo que este excedió su autoridad al instituir tribunales para juzgar a los acusados de terrorismo que no cumplen con las garantías jurídicas que, tradicionalmente, el Congreso exige de los tribunales militares.Como resultado, la corte declaró en una votación de 5 a 3, que los tribunales violan tanto la ley militar estadounidense como las obligaciones militares bajo las Convenciones de Ginebra.
La corte determinó hace dos años que el Congreso no había dado al poder ejecutivo un "cheque en blanco" en la guerra contra el terrorismo. Pero la resolución de hoy, redactada por el juez John Paul Stevens, es la primera en tratar el tema de las normas que deben aplicarse a acusados retenidos en lo que se ha convertido en una larga lucha.
Es, a la fecha, el rechazo más importante de los intentos del presidente Bush de ampliar el poder presidencial en el curso de esa lucha y se produce en momentos en que las otras partes del programa antiterrorista del gobierno, como la interceptación sin orden judicial, están bajo el creciente escrutinio del Congreso.
En una opinión concurrente, el juez Anthony M. Kennedy dijo que el gobierno no había logrado demostrar la "necesidad práctica" que justificara tribunales que manejan normas inferiores de justicia que las autorizadas por el Congreso.
El pleito interpuesto por el demandante en el caso, Salim Ahmed Hamdan, un antiguo chofer de Osama bin Laden que fue capturado en Afganistán en 2001, no impugna su detención en el campo de prisioneros de Bahía Guantánamo, Cuba, y no afecta el derecho del gobierno a retener a gente ahí.
Pero aunque la resolución de la corte representa un decisivo rechazo del modo en que el gobierno trata los casos de acusados de terrorismo, los juristas dicen que también podría allanar el camino en el lodazal jurídico creado por resoluciones contradictorias de la corte y medidas inconsistentes. Los jueces parecen indicar que el gobierno tiene la opción de juzgar a los detenidos en cortes marciales tradicionales o en un sistema alternativo que sea aprobado por el Congreso.
"Nada impide que el presidente vuelva al Congreso a buscar la autoridad que cree que es necesaria", escribió el juez Stephen Breyer en su propia opinión concurrente.
El presidente Bush, en comentarios preliminares después de lo que calificó de "sesión informativa en coche" sobre la resolución, insinuó el resultado, diciendo que "la decisión de Hamdan era el camino a seguir" y que él colaboraría con el Congreso para "tener un tribunal ante el que la gente rinda cuentas", al mismo tiempo que cumpliendo con la resolución de la corte. En la resolución de hoy, los jueces rechazan el alegato del gobierno de que la Ley de Tratamiento de los Detenidos aprobada por el Congreso el año pasado los haya privado de jurisdicción sobre el caso. La mayoría de la corte también determinó que Hamdan no puede ser juzgado por el cargo de conspiración presentado contra él, porque las leyes militares exigen que las acusaciones se basen en actos específicos, y no en cargos generales de conspiración.
Al juez Stevens se unieron en partes de la resolución por mayoría los jueces David H. Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer. Los jueces Breyer y Kennedy escribieron ambos opiniones concurrentes.
Los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas, y Samuel J. Alito Jr. disintieron. El juez presidente John G. Roberts Jr. no participó en el caso, ya que había resuelto a favor del gobierno como juez de una corte de apelaciones el año pasado.
El juez Thomas dio el inusual paso de leer su disentimiento desde el banquillo, lo que ha hecho por primera vez en sus quince años en la corte. Dijo que la resolución "obstaculizará gravemente la capacidad del presidente de hacer frente y derrotar a un nuevo y mortífero enemigo".
El juez Stevens declaró de plano que "la comisión militar en cuestión carece de autoridad para proceder debido a que su estructura y procedimiento" viola tanto el Código de Justicia Militar, que rige el sistema jurídico militar estadounidense, como la Convención de Ginebra.
La opinión de la mayoría rechaza el alegato del gobierno de que los tribunales se justificaban tanto en las atribuciones inherentes del presidente Bush como comandante en jefe y en la resolución aprobada por el Congreso autorizando el uso de la fuerza después del 11 de septiembre de 2001. No hay nada en la historia legislativa de la resolución que "siquiera insinúe" que se haya considerado la ampliación de la atribuciones del presidente, escribió.
El juez Stevens se detiene largamente sobre los modos en que los tribunales militares carecen de las garantías que son otorgadas a los acusados que son juzgados por cortes marciales, incluyendo el uso de evidencias obtenidas bajo apremios.
"No hay nada ante nosotros que demuestre que en este caso sería impracticable aplicar las reglas de una corte marcial", escribió.
"La única razón presentada en apoyo de esa determinación es el peligro representado por el terrorismo internacional", dijo. "Sin subestimar ni por un segundo ese peligro, no es evidente para nosotros por qué exigiría, en el caso del juicio de Hamdan, una desviación de las reglas que rigen las cortes marciales".
El juez Scalia respondió mordazmente al razonamiento de la mayoría en ese punto. Citó la orden del presidente Bush creando los tribunales, los que declaró necesarios "para la realización efectiva de operaciones militares y para prevenir atentados terroristas".
"No está claro de dónde deriva la corte la autoridad -o la osadía- de rechazar esa decisión", escribió el juez Scalia.
En su disentimiento, el juez Thomas citó una resolución reciente en un caso de medio-ambiente para alegar que la mayoría era inconsistente y que minimizaba las atribuciones del presidente.
Por su parte, el juez Stevens dedicó una larga serie de notas al pie de página diseccionando lo que en un momento llamó "el extraordinario punto de vista" sobre el caso, del juez Thomas.
El comandante Charles Swift, el abogado de la marina asignado por los militares para representar a Hamdan, calificó la resolución de hoy como "un retorno a nuestros valores fundamentales".
"Ese retorno marca un hito histórico", dijo el comandante Swift en una rueda de prensa fuera de la corte. "Muestra que no debemos tener miedo de lo que somos, y eso, amigos, es una victoria".
Dijo que el siguiente paso lógico sería que Hamdan fuera juzgado sea por una corte marcial militar tradicional o por una corte federal.
Neal Kaytal, profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad de Georgetown que también representa a Hamdan, calificó la resolución de "rechazo" de un sistema de "tribunales falsos".
Dijo que la corte había dejado para el Congreso tratar la cuestión de si los acusados de terrorismo pueden ser tratados de manera diferente que otra gente acusada de otros delitos.
"Pero la corte ha dicho que son nuestros valores fundamentales los que están en juego", dijo, alegando que la resolución debería ser vista como "advertencia para los que actúan con precipitación".
Richard Stamp, abogado de la Fundación Jurídica de Washington, que presentó escritos apoyando la posición del gobierno en el caso, calificó la resolución de una "desilusión" y un ejemplo de jueces "que claramente se inventan una opinión a la ligera".
Stamp dijo que la corte había ignorado sus propios precedentes justificando el uso de tribunales en lugar de cortes marciales, y estaba imponiendo su propia opinión sobre el rol del presidente como comandante en jefe. "Es inapropiado que la corte se meta en la arena de la guerra, donde no tiene conocimientos", dijo.
Stamp también dijo que la corte "se ha pronunciado contra el Congreso y contra el presidente" al rechazar la ley aprobada el año pasado que despojaba a la Corte Suprema de jurisdicción sobre apelaciones de los reclusos de Guantánamo.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York, que represente a más de 200 reclusos de Guantánamo, dijo que la resolución lo había "dejado encantado", porque vindicaban completamente las opiniones de los críticos del gobierno.
"Lo que dice al gobierno es que no puede decidir arbitrariamente qué hacer con la gente", dijo Ratner en una rueda de prensa telefónica para periodistas. "Mantuvo el imperio de la ley en este país y determinó que el poder ejecutivo ha sobrepasado la constitución y el derecho internacional".
Michael Greenberger, que enseña antiterrorismo en la Facultad de Leyes de la Universidad de Maryland, dijo que la corte podía haber encontrado fácilmente razones para evitar una resolución tan determinante.
"Obviamente tenían opiniones formadas no solamente sobre los problemas jurídicos sino sobre lo que significa la posición de Estados Unidos como el partidario más importante del estado de derecho en el mundo", dijo Greenberg.
Dijo que la resolución mostraba que "no es suficiente repetir el mantra de que estamos en una guerra contra el terrorismo y que por eso todos los poderes residen en el poder ejecutivo".
A pesar del desaire a las políticas del gobierno, dijo Greenberg, la resolución allana el camino para una resolución sobre el turbio status de los detenidos en Guantánamo, Afganistán y en cárceles secretas manejadas por la CIA.
"Realmente la corte rescató al gobierno del cenegal en que se encontraba", dijo.
John O'Neil informó desde Nueva York y Scott Shane desde Washington. John Holusha contribuyó desde Nueva York.
29 de junio de 2006
©new york times
©traducción mQh
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