trampas mortales en desierto chileno
[Alexis Molina Tapia] Las colocaron militares en planes de defensa territorial y para impedir la fuga de prisioneros políticos.
Las minas antipersonales son armas atroces. Dañan sin discriminar. Sus víctimas son niños, adultos, militares y civiles, también animales. Son un peligro latente, que ni siquiera el paso de los años es capaz de mitigar. Y aunque muchos lo desconozcan, la Segunda Región tiene un serio problema al respecto.
Gustavo Soto puede dar fe de ello. En octubre de 1998, en la zona del paso fronterizo de Socompa, cuando realizaba faenas mineras, recogió una mina antipersonal. No sabía lo que era hasta que explotó. Sufrió la amputación traumática de ambas manos, pérdida total de un ojo y una sordera parcial por estallido del tímpano. Tenía apenas 25 años.
Actualmente hay 22.660 minas antipersonales sembradas en varios puntos del interior, principalmente en la frontera con Bolivia y Argentina. Factores geopolíticos justificaron la instalación de campos minados a fines de los años 70, aunque hay otras zonas cuyo motivo obedece a temas políticos, como la ex oficina salitrera Chacabuco.
Peligro
A estas alturas, según las autoridades involucradas en el tema, los campos minados y áreas de riesgo están debidamente señalizadas y cercadas, tal como lo establece la Convención de Ottawa. Letreros rojos y verdes con sendas leyendas, además de alambres de púas, advierten la fatalidad.
Sin embargo, estas zonas siguen representando un peligro para la población civil, especialmente para los lugareños que a diario transitan con sus animales, ajenos a las disposiciones internacionales. También para los turistas. Las minas parecen tarros, por eso engañan.
Según estadísticas de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, en los últimos 30 años 144 personas han sufrido accidentes con minas y municiones sin estallar, entre extranjeros (22) y chilenos (122). Del total de nacionales afectados, 76 son militares y 46 civiles.
En la Segunda Región hay registrados 13 siniestros, uno de los cuales terminó con cuatro muertos (dos carabineros y dos funcionarios de Vialidad) a mediados de la década de los 80, en la zona del salar Quisquiro. Los restos del jeep, amasijos de fierros, siguen en el lugar, como una macabra demostración del poder de las minas antitanque.
Desminado
¿Cuándo se terminará con este peligro? Cuando Chile cumpla en un ciento por ciento con la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencias de Minas Antipersonal y su Destrucción, más conocida como la Convención de Ottawa, que el Gobierno adhirió en 1997 y ratificó en septiembre de 2001.
Básicamente, este tratado internacional plantea que en un plazo de 10 años cada país debe destruir todas las minas en stock y levantar todos los campos minados. Es decir, hacia 2011 en Chile no debieran haber zonas minadas.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, coronel de Ejército Günther Siebert, explicó que el trabajo chileno ha sido efectivo. En 1999 el país tenía 429.727 minas antipersonales, de las cuales fueron destruidas 300.039 que estaban en stock.
Quedan 114.064 artefactos sembrados entre las Primera, Segunda y Tercera regiones, además de 4.574 unidades retenidas para instrucción de personal de Ejército y la Armada, que son las instituciones que desminan. En la Segunda Región quedan 22.660 minas repartidas en 52 campos minados.
Siebert dijo que el avance es positivo, pero no descartó que conforme se acerque el plazo fijado por la Convención, Chile solicite una prórroga ya que el levantamiento de los explosivos depende mucho de factores externos, como lluvias, nevadas y vientos, que retrasan las labores.
Valle de la Luna
Por estos días las únicas labores de desminado en la región se realizan en el Parque Nacional Llullaillaco. Allí, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, 30 militares arriesgan sus vidas para retirar las minas antipersonales repartidas en ocho campos. Hasta junio pasado, los especialistas habían levantado y destruido 1.440 artefactos de un total de 1.987. También eliminaron 289 minas antitanques de 400 que deben retirar.
Los efectivos de la Unidad de Ingenieros del Regimiento Reforzado Nº1 Topáter de Calama están en un campamento con todas las comodidades posibles. Televisión satelital, música, buenas camas y cocineros son algunas de sus garantías, a un costo de 120 mil dólares.
Es que tienen que estar descansados y despejados para una labor que si bien es voluntaria, es extremadamente peligrosa y desgastante. Un paso en falso y la tragedia se deja caer.
El desminado del volcán Llullaillaco se priorizó porque es un parque nacional. En su planificación, la Comisión Nacional optó por levantar los explosivos que afectan áreas de interés turístico, ya que el impacto de las minas es mayor en estos lugares.
Por eso, cuando esta labor termine, informó Siebert, el desminado continuará en el Valle de la Luna, específicamente en el lugar conocido como Dos Colinas. Esto será el próximo año.
Chacabuco
El daño que causan las minas a una zona de interés mundial como ésta justifica plenamente los esfuerzos.
El coronel Siebert anunció además que en 2008 comenzaría el desminado en la ex oficina salitrera Chacabuco, donde habría al menos 98 minas antipersonales. El drama es que no se sabe con exactitud dónde están. Por eso el Monumento Histórico es un ‘área de peligro' y no un campo minado.
En la salitrera las minas se instalaron cuando el recinto fue convertido en un centro de detención. Los artefactos fueron dispuestos hacia 1978 para que los presos no escaparan.
El director del Centro de Información de Zonas Minadas, Elir Rojas, aseguró que la legendaria oficina es una zona "colapsada" y "contaminada", ya que hay presencia de minas, pero no hay certezas de cuántas son y en qué lugar están. Por lo mismo, estimó, el levantamiento será complejo y difícil.
Siebert concuerda con Rojas. "Estas zonas no son campos minados, son zonas donde hubo campos minados, se levantaron ellos, pero se sospecha que existen algunos artefactos todavía enterrados", precisó el oficial.
Chacabuco fue cercada recién el año pasado, pese a que se sabía sobre la presencia de minas, lo que revela que durante años miles de turistas estuvieron expuestos al riesgo. Roberto Zaldívar, cuidador del recinto desde 1992, afirmó que nunca nadie le advirtió. "Yo me paseaba por todo el lugar, por afuera y por dentro. Menos mal que nunca me pasó nada".
Preocupación
Elir Rojas -quien llegó a la región para organizar el primer seminario del tema dirigido a la población civil- aseveró que la situación de Chacabuco es una muestra de lo pobre del trabajo en materia de prevención y educación que se realiza en la región, aspectos que también están considerados en la Convención de Ottawa.
El experto criticó la ausencia de redes de trabajo en las que autoridades regionales, provinciales, comunales y de servicios públicos definan políticas locales sobre cómo abordar el tema, más allá de las disposiciones de la Comisión Nacional de Desminado. También, dijo, se deben incluir a operadores turísticos y empresas mineras.
La intendenta Marcela Hernando aseguró que el tema de las minas antipersonales será incluido como una de las prioridades dentro del quehacer de la Oficina de Protección Civil y Emergencia.
"Tenemos como desafío llegar a tener identificado por microzonas geográficas en toda la región, todos y cada uno de los riesgos existentes y éste es uno de ellos, así como existen los riesgos climáticos o condiciones de seguridad de otro tipo".
Rojas propuso además una educación focalizada en el tema, ya que el riesgo de los habitantes de Antofagasta es distinto al de la población de Ollagüe. "La prevención y la educación son clave en este tema, ya que así lograremos que la gente sepa el riesgo que representa un campo minado y qué es lo que debe hacer si encuentra uno de estos artefactos".
El director del Centro de Información de Zonas Minadas también emplazó al Estado a hacerse cargo de las víctimas de las minas antipersonales, ya que no basta con la atención primaria. Debe haber una rehabilitación física, sicológica, para la familia, porque "un accidente con mina tiene un efecto devastador en todo el entorno de la persona".
El caso de Gustavo Soto es una prueba de ello. Tras su accidente, este joven quedó en la más completa indefensión, por lo que demandó al Estado por 500 millones de pesos. Tras meses de litigio, recibió una indemnización de sólo 117 millones.
Parte de su acción legal estaba fundamentada en que la mina que recogió estaba fuera de un campo minado. Los artefactos "parecían una tapa de bidón o de radiador" y "estaban fuera de los que se puede decir es el campo minado", declaró al portal www.zonaminada.cl.
Por eso, por lo catastrófico que es el tema, es que Chile, con ayuda de la Unión Europea (UE) y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), está decidido a terminar con el tema al costo que sea. Perdió una fuerza disuasiva en la frontera, pero está ganando la seguridad de sus habitantes.
"La mina antipersonal es un arma desgraciada, no mata, daña, hiere. Es una de las armas más crueles, porque está hecha para mutilar", aseguró el coronel Siebert.
Las minas antipersonales son armas atroces. Dañan sin discriminar. Sus víctimas son niños, adultos, militares y civiles, también animales. Son un peligro latente, que ni siquiera el paso de los años es capaz de mitigar. Y aunque muchos lo desconozcan, la Segunda Región tiene un serio problema al respecto.Gustavo Soto puede dar fe de ello. En octubre de 1998, en la zona del paso fronterizo de Socompa, cuando realizaba faenas mineras, recogió una mina antipersonal. No sabía lo que era hasta que explotó. Sufrió la amputación traumática de ambas manos, pérdida total de un ojo y una sordera parcial por estallido del tímpano. Tenía apenas 25 años.
Actualmente hay 22.660 minas antipersonales sembradas en varios puntos del interior, principalmente en la frontera con Bolivia y Argentina. Factores geopolíticos justificaron la instalación de campos minados a fines de los años 70, aunque hay otras zonas cuyo motivo obedece a temas políticos, como la ex oficina salitrera Chacabuco.
Peligro
A estas alturas, según las autoridades involucradas en el tema, los campos minados y áreas de riesgo están debidamente señalizadas y cercadas, tal como lo establece la Convención de Ottawa. Letreros rojos y verdes con sendas leyendas, además de alambres de púas, advierten la fatalidad.
Sin embargo, estas zonas siguen representando un peligro para la población civil, especialmente para los lugareños que a diario transitan con sus animales, ajenos a las disposiciones internacionales. También para los turistas. Las minas parecen tarros, por eso engañan.
Según estadísticas de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, en los últimos 30 años 144 personas han sufrido accidentes con minas y municiones sin estallar, entre extranjeros (22) y chilenos (122). Del total de nacionales afectados, 76 son militares y 46 civiles.
En la Segunda Región hay registrados 13 siniestros, uno de los cuales terminó con cuatro muertos (dos carabineros y dos funcionarios de Vialidad) a mediados de la década de los 80, en la zona del salar Quisquiro. Los restos del jeep, amasijos de fierros, siguen en el lugar, como una macabra demostración del poder de las minas antitanque.
Desminado
¿Cuándo se terminará con este peligro? Cuando Chile cumpla en un ciento por ciento con la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencias de Minas Antipersonal y su Destrucción, más conocida como la Convención de Ottawa, que el Gobierno adhirió en 1997 y ratificó en septiembre de 2001.
Básicamente, este tratado internacional plantea que en un plazo de 10 años cada país debe destruir todas las minas en stock y levantar todos los campos minados. Es decir, hacia 2011 en Chile no debieran haber zonas minadas.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, coronel de Ejército Günther Siebert, explicó que el trabajo chileno ha sido efectivo. En 1999 el país tenía 429.727 minas antipersonales, de las cuales fueron destruidas 300.039 que estaban en stock.
Quedan 114.064 artefactos sembrados entre las Primera, Segunda y Tercera regiones, además de 4.574 unidades retenidas para instrucción de personal de Ejército y la Armada, que son las instituciones que desminan. En la Segunda Región quedan 22.660 minas repartidas en 52 campos minados.
Siebert dijo que el avance es positivo, pero no descartó que conforme se acerque el plazo fijado por la Convención, Chile solicite una prórroga ya que el levantamiento de los explosivos depende mucho de factores externos, como lluvias, nevadas y vientos, que retrasan las labores.
Valle de la Luna
Por estos días las únicas labores de desminado en la región se realizan en el Parque Nacional Llullaillaco. Allí, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, 30 militares arriesgan sus vidas para retirar las minas antipersonales repartidas en ocho campos. Hasta junio pasado, los especialistas habían levantado y destruido 1.440 artefactos de un total de 1.987. También eliminaron 289 minas antitanques de 400 que deben retirar.
Los efectivos de la Unidad de Ingenieros del Regimiento Reforzado Nº1 Topáter de Calama están en un campamento con todas las comodidades posibles. Televisión satelital, música, buenas camas y cocineros son algunas de sus garantías, a un costo de 120 mil dólares.
Es que tienen que estar descansados y despejados para una labor que si bien es voluntaria, es extremadamente peligrosa y desgastante. Un paso en falso y la tragedia se deja caer.
El desminado del volcán Llullaillaco se priorizó porque es un parque nacional. En su planificación, la Comisión Nacional optó por levantar los explosivos que afectan áreas de interés turístico, ya que el impacto de las minas es mayor en estos lugares.
Por eso, cuando esta labor termine, informó Siebert, el desminado continuará en el Valle de la Luna, específicamente en el lugar conocido como Dos Colinas. Esto será el próximo año.
Chacabuco
El daño que causan las minas a una zona de interés mundial como ésta justifica plenamente los esfuerzos.
El coronel Siebert anunció además que en 2008 comenzaría el desminado en la ex oficina salitrera Chacabuco, donde habría al menos 98 minas antipersonales. El drama es que no se sabe con exactitud dónde están. Por eso el Monumento Histórico es un ‘área de peligro' y no un campo minado.
En la salitrera las minas se instalaron cuando el recinto fue convertido en un centro de detención. Los artefactos fueron dispuestos hacia 1978 para que los presos no escaparan.
El director del Centro de Información de Zonas Minadas, Elir Rojas, aseguró que la legendaria oficina es una zona "colapsada" y "contaminada", ya que hay presencia de minas, pero no hay certezas de cuántas son y en qué lugar están. Por lo mismo, estimó, el levantamiento será complejo y difícil.
Siebert concuerda con Rojas. "Estas zonas no son campos minados, son zonas donde hubo campos minados, se levantaron ellos, pero se sospecha que existen algunos artefactos todavía enterrados", precisó el oficial.
Chacabuco fue cercada recién el año pasado, pese a que se sabía sobre la presencia de minas, lo que revela que durante años miles de turistas estuvieron expuestos al riesgo. Roberto Zaldívar, cuidador del recinto desde 1992, afirmó que nunca nadie le advirtió. "Yo me paseaba por todo el lugar, por afuera y por dentro. Menos mal que nunca me pasó nada".
Preocupación
Elir Rojas -quien llegó a la región para organizar el primer seminario del tema dirigido a la población civil- aseveró que la situación de Chacabuco es una muestra de lo pobre del trabajo en materia de prevención y educación que se realiza en la región, aspectos que también están considerados en la Convención de Ottawa.
El experto criticó la ausencia de redes de trabajo en las que autoridades regionales, provinciales, comunales y de servicios públicos definan políticas locales sobre cómo abordar el tema, más allá de las disposiciones de la Comisión Nacional de Desminado. También, dijo, se deben incluir a operadores turísticos y empresas mineras.
La intendenta Marcela Hernando aseguró que el tema de las minas antipersonales será incluido como una de las prioridades dentro del quehacer de la Oficina de Protección Civil y Emergencia.
"Tenemos como desafío llegar a tener identificado por microzonas geográficas en toda la región, todos y cada uno de los riesgos existentes y éste es uno de ellos, así como existen los riesgos climáticos o condiciones de seguridad de otro tipo".
Rojas propuso además una educación focalizada en el tema, ya que el riesgo de los habitantes de Antofagasta es distinto al de la población de Ollagüe. "La prevención y la educación son clave en este tema, ya que así lograremos que la gente sepa el riesgo que representa un campo minado y qué es lo que debe hacer si encuentra uno de estos artefactos".
El director del Centro de Información de Zonas Minadas también emplazó al Estado a hacerse cargo de las víctimas de las minas antipersonales, ya que no basta con la atención primaria. Debe haber una rehabilitación física, sicológica, para la familia, porque "un accidente con mina tiene un efecto devastador en todo el entorno de la persona".
El caso de Gustavo Soto es una prueba de ello. Tras su accidente, este joven quedó en la más completa indefensión, por lo que demandó al Estado por 500 millones de pesos. Tras meses de litigio, recibió una indemnización de sólo 117 millones.
Parte de su acción legal estaba fundamentada en que la mina que recogió estaba fuera de un campo minado. Los artefactos "parecían una tapa de bidón o de radiador" y "estaban fuera de los que se puede decir es el campo minado", declaró al portal www.zonaminada.cl.
Por eso, por lo catastrófico que es el tema, es que Chile, con ayuda de la Unión Europea (UE) y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), está decidido a terminar con el tema al costo que sea. Perdió una fuerza disuasiva en la frontera, pero está ganando la seguridad de sus habitantes.
"La mina antipersonal es un arma desgraciada, no mata, daña, hiere. Es una de las armas más crueles, porque está hecha para mutilar", aseguró el coronel Siebert.
28 de agosto de 2006
©mercurio de antofagasta 
1 comentario
Ángela Alonso -
Además estuvo en la cárcel durante no sé cuánto tiempo por transportar un par de sacos de hoja de coca, para consumo personal de algunas comunidades de indios que viven en la frontera de Chile con Bolivia. De mi boca se enteró -después de años de haber cumplido la condena- de que la ley no prohíbe lo que hizo. Los carabineros le habían engañado.
Bien mal tratado este amigo.