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eua cierra cárceles secretas de la cia


[Dafna Linzer y Glenn Kessler] Decisión de trasladar a los prisioneros resuelve debate de dos años entre asesores de Bush.
El fin de semana pasado, esposados y encapuchados, catorce hombres detenidos en secreto por la CIA fueron reunidos uno por uno en ubicaciones en todo el mundo y llevados a un punto central para un vuelo más. Para algunos prisioneros, era su tercer o cuarto viaje hacia otro destino desconocido desde que el presidente Bush aprobara un plan encubierto para hacerlos desaparecer en recintos de la CIA ocultos en toda Europa del Este y Asia.
La noche del domingo los hombres -tres paquistaníes, dos yemeníes, dos saudíes, dos malayos, un palestino, un libio, un somalí, un indonesio y un tanzaniano- fueron sedados y colocados juntos en un vuelo hacia Bahía Guantánamo, Cuba. Llegaron el Día del Trabajo en la mañana, un día inusualmente tranquilo en el recinto administrado por el Pentágono.
La llegada de los prisioneros, presenciada por unos pocos aparte de los agentes de la CIA que los acompañaban, marcó el fin de una campaña de cinco años del gobierno de Bush por ocultar al mundo hasta cien sospechosos de ser militantes de al-Qaeda y esconder del escrutinio público las tácticas de interrogatorio e instalaciones de la agencia. Fue también el resultado de casi dos años de debate dentro de la Casa Blanca de Bush, iniciada por una súplica personal del primer ministro británico Tony Blair para la liberación de ciudadanos británicos bajo custodia norteamericana.
El debate dividió a los asesores clave del presidente y mantuvo abiertos los ‘sitios negros' de la CIA hasta que el presidente Bush mismo, siguiendo el consejo de la secretaria de estado Condoleezza Rice, ordenó que los centros secretos fueran desocupados, de momento, y posiblemente para siempre.
En una serie de entrevistas, a menudo a condición de conservar el anonimato, participantes claves en todo el gobierno accedieron a discutir sucesos que condujeron al desmantelamiento de uno de los programas más polémicos del presidente. Basándose en recuerdos y fragmentos de apuntes personales, los funcionarios dijeron que los factores importantes que empujaron al presidente a hacer el anuncio del miércoles, fueron las exigencias de los aliados de clausurar esos sitios, la creciente urgencia para la CIA de encontrar soluciones de largo plazo para las detenciones y un llamado de Rice a Bush a considerar el legado del gobierno.

Favor A un Amigo
Durante gran parte de 2004, funcionarios británicos presionaron a sus contrapartes del departamento de estado y el Pentágono de que consideraran la liberación de los restantes cuatro británicos retenidos en Bahía Guantánamo. El gobierno de Blair estaba bajo presión en casa para recuperar a esos hombres y denunciar las instalaciones cubanas sobre bases humanitarias.
Abogados que representan al despacho del vicepresidente, al ministerio de Relaciones Exteriores, al ministerio de Justicia, a la CIA y al Pentágono disputaron sobre la petición. A principios de año habían acordado liberar a cinco detenidos, pero no se pusieron de acuerdo sobre los otros cuatro.
El problema cristalizó las crecientes diferencias de opinión entre los más importantes asesores de Bush, con Rice y el vicepresidente Cheney cada vez más alejados en cuanto a las políticas de detención del gobierno.
A medida que el debate continuaba, no se envió nunca ningún consenso a Bush para que tomara una decisión. Finalmente, en noviembre Blair planteó el tema al presidente durante un viaje a Washington. Los funcionarios que informaron sobre la conversación dijeron que el presidente accedió de inmediato. "Blair dijo que realmente necesitaba a esos tipos, y el presidente se sintió contento de poder ayudarlo", dijo un alto funcionario que estuvo involucrado en las deliberaciones.
Dos meses después, en enero de 2005, los cuatro detenidos fueron enviados a casa en Gran Bretaña y liberados inmediatamente. Pero como había predicho el abogado de Cheney, David Addington, la decisión abrió las compuertas de Bahía Guantánamo. Durante los meses siguientes, todos los prisioneros europeos fueron enviados a casa y se liberó a un total de cien detenidos.
Los personeros, incluyendo a Cheney y al fiscal general Alberto R. Gonzales, que habían apostado pesadamente por el programa de detenciones, estaban perdiendo terreno.
Entretanto, el asesor jurídico del departamento de estado, John Bellinger III y el asesor Philip D. Zelikow, pidieron una revisión mayor de las prácticas de detención. Zelikow había sido director ejecutivo de la comisión del 11 de septiembre 2001, que había recomendado revisar la política de detenciones para adaptarla a las normas internacionales.

Hamdan Va Al Tribunal
Un punto decisivo en el debate, dicen importante funcionarios de gobierno, se produjo diez meses después, cuando el Washington Post reveló la existencia de las cárceles secretas de la CIA en noviembre de 2005. En esos momentos, la Casa Blanca se negó a confirmar o negar el programa pero dijo que el informe había dañado la seguridad nacional. Líderes europeos pidieron explicaciones públicamente y trataron en privado de poner fin tanto al programa de la CIA como a los encarcelamientos sin procesos en Bahía Guantánamo.
El tema de los detenidos dominó el viaje de invierno de Rice a Europa y se convirtió en una materia de primera importancia entre Bush y sus contrapartes europeos. Tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel en enero de este año, Bush se quejó sobre los "errores de percepción" del público en cuanto a Bahía Guantánamo. Pero para junio, Bush dijo en una rueda de prensa, francamente: "Me gustaría cerrar Guantánamo". Dijo que el centro de detención se había convertido en una excusa para "algunos de nuestros amigos" para que decir que Estados Unidos no estaba viviendo según sus propios valores.
Al mismo tiempo, el general Michael V. Hayden había asumido como director de la CIA y sugirió en un discurso ante el personal de la agencia que iba a revisar la viabilidad del programa secreto de la CIA.
Esa revisión colapsó más tarde en junio cuando la Corte Suprema resolvió, en el caso de Hamdan v. Rumsfeld, que los detenidos debían ser colocados bajo las protecciones de las Convenciones de Ginebra, declarando de hecho que el programa de la CIA era ilegal.
Incluso aunque los comentarios de los jueces en los alegatos orales habían sugerido que podrían resolver contra las políticas de detención del gobierno, el abogado de la Casa Blanca no había preparado ningún plan para la contingencia de una derrota y estaba aturdido por la decisión.
"La decisión de la corte tuvo muchas más consecuencias que las que esperábamos" dijo ayer un alto funcionario de la Casa Blanca.
La mayoría de los abogados del ministerio de Justicia creyeron que la resolución forzaría al gobierno a cerrar esos ‘sitios negros' de la CIA. Otros abogados estaban en desacuerdo.
En una serie de reuniones de emergencia con importantes abogados de gobierno después de la resolución de Hamdan, el asesor jurídico de la CIA, John Rizzo, dijo a sus colegas que el programa se estaba haciendo, de todos modos, cada vez más difícil de mantener. Desde su revelación en informes de prensa, varios países habían pedido que la CIA cerrara las cárceles en sus territorios y otros se habían negado a albergar nuevas. Otros abogados observaron que simplemente se había dañado la capacidad de las agencias de inteligencia de Estados Unidos de trabajar con aliados importantes en casi cualquier cosa.
Los abogados terminaron accediendo en que la CIA no podía detener indefinidamente a los sospechosos. "Tenía que haber una última partida", dijo un funcionario cercano a las deliberaciones.
Como compromiso, accedieron a que en principio la resolución en el caso de Hamdan no significaba que los sitios no podían existir; simplemente significaba que la CIA no podía tratar a sospechosos fuera de los límites de las Convenciones de Ginebra.
Hamdan "nos dobló la mano", dijo el abogado de la Casa Blanca Dan Bartlett, el único funcionario de gobierno que accedió a hablar oficialmente. "Sabíamos que habría algún tipo de reconocimiento de que estaban en nuestro poder". También, dijo, el valor, en términos de inteligencia, de los interrogatorios, había disminuido hasta el punto de que el gobierno pensó "que podíamos llevarlos a tribunales".

Habla el Presidente
Después de casi dos docenas de reuniones con importantes personeros sobre el tema de los detenidos, a fines de agosto Bush convino con sus principales asesores en tomar una decisión final. Varios se habían alejado de la apasionada defensa de las cárceles secretas que habían expresado un año antes.
Rice había tenido una serie de conversaciones con Bush sobre el tema de los detenidos, pero en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional hizo su último llamado a un cambio de política. Frente a sus colegas, de acuerdo a varios de los asistentes, dijo que era importante que Estados Unidos terminara con el tema, tanto sobre bases de las relaciones internacionales como morales. Observó que los sitios secretos estaba teniendo un efecto corrosivo sobre la capacidad del país de suscitar colaboración en una gama de temas relacionados con la inteligencia. Rice instó al presidente a resolver el tema antes que dejarlo en manos de su sucesor.
El presidente accedió.
"Este es un cambio de paradigma para el gobierno", dijo un funcionario involucrado.
El meollo del argumento de Rice apareció en el penúltimo párrafo del discurso del presidente.
"Estados Unidos es un país de derecho", dijo Bush, agregando que había escuchado las preocupaciones de otros presidentes del mundo sobre las políticas de detención del gobierno. "Yo continuaré trabajando con la comunidad internacional para construir bases comunes para defender a nuestros países y proteger nuestras libertades".
Otros asesores, incluyendo a Cheney, que esencialmente perdieron porque se trataba de un programa que trataron de mantener, fueron recompensados en el discurso, con la concesión del presidente, aunque sólo en teoría, de que el programa de sitios negros podía volver a ser usado.
"Es verdad que el programa podría continuar, pero no ocurrirá nunca de la misma manera que antes", dijo un influyente funcionario.

Charles Lane, Michael Abramowitz y Dan Eggen y Julie Tate contribuyeron a este reportaje.

8 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh
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