objetivo: dilatar procesos
[Luis Narváez] En punto muerto. Defensa de Pinochet impugna a Cerda para evitar condena.
Con Pinochet acorralado judicialmente, la defensa del ex dictador ha logrado paralizar las acciones del ministro Carlos Cerda, quien está a punto de entrar en la fase decisiva para condenarlo por delitos tributarios y malversación. Abogados y el retirado juez Guzmán analizan este momento y cuestionan la estrategia de la defensa.
Fue con sus tradicionales anteojos gruesos, de marco negro, sobre su rostro delgado con el que el juez Carlos Cerda enfrentó la Corte Suprema de 1986 y 1990, por la aplicación de la Ley de Amnistía. Hoy, con lentes más estilizados y varios años en el cuerpo, el magistrado que está más cerca de condenar al general (R) Augusto Pinochet tuvo una nueva saga de desencuentros con sus superiores. Esta vez por una batería de recursos judiciales presentados en su contra por la defensa del ex dictador, con los cuales pretenden acorralarlo.
Se trata de acciones que buscan sacar al juez que investiga el origen de la fortuna que Pinochet, su familia y sus más estrechos colaboradores ocultaron en bancos extranjeros durante los últimos 25 años.
Es una lucha contra el tiempo, dicen los observadores de esta disputa, donde también Pinochet está cada vez más cercado por procesos judiciales paralelos, como el reciente desafuero por su responsabilidad en las torturas cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi.
Abogados penalistas y ex magistrados consideran que la estrategia de su defensa busca dilatar el fin del proceso y, con ello, alejar la condena del ex comandante en jefe del Ejército.
El caso Riggs está en su última etapa de investigación. Por eso, las gestiones de Pablo Rodríguez Grez, que defiende gratis al octogenario ex militar, se intensificaron y logró su objetivo, pese a que Cerda impugnó una orden que lo obligaba a paralizar todo el proceso.
El ex fundador de Patria y Libertad ha presentado una decena de acciones judiciales (quejas, recusaciones, apelaciones, reposiciones, recursos de hecho, nulidades de procedimiento, sobreseimiento) cuestionando las resoluciones del juez.
Una buena parte de ellas están siendo vistas en la Quinta Sala. Pero no contento con esto, Rodríguez solicitó que mientras no se resuelvan por completo debía impedirse al juez seguir dictando resoluciones, a través de lo que se conoce como una orden de no innovar (ONI).
El 25 de agosto, la sala, integrada por Haroldo Brito, Alfredo Pfeiffer y Ángel Cruchaga, aceptó esta petición y le envió una orden al juez Cerda para que se abstuviera de resolver.
Pero esa misma mañana, antes de que el juez fuera notificado, Cerda cerró el sumario de los procesos por delitos tributarios y falsificación de pasaportes.
Coincidencia o no, a comienzos de esa semana el juez había solicitado a sus asistentes verificar el nivel de avance de las diligencias. Las fuentes judiciales consultadas confirman que tras recibir la información, el magistrado puso fin a la investigación y que en ello no influyó la ONI dictada pocas horas después.
La Visita
Con el sumario cerrado, la estrategia de Pablo Rodríguez tuvo un revés, pero lo que sucedió el lunes siguiente pudo significar un vuelco de magnitud.
Cerda presentó por escrito a la sala que le dictó la ONI, que dicha decisión se adoptó de forma irregular, contraria a derecho, por lo que suspendería sus efectos (no los acataría). Pero antes de hacerlo formalmente salió de su oficina y atravesó el largo pasillo del Palacio de Tribunales, para enfrentar personalmente a los tres ministros.
Altas fuentes de la Corte de Apelaciones de Santiago indicaron que el juez ingresó a la Quinta Sala y explicó, "en un ambiente de camaradería, su disconformidad con la ONI que se le había dictado el viernes".
Conversó con Alfredo Pfeiffer y le enrostró su actitud de haberse mantenido en dicha sala, pese a que anteriormente había sido juez subrogante del mismo caso y que, incluso, ya había integrado la sala para conocer materias de fondo del proceso.
Dicho esto, Cerda anunció su decisión de no ejecutar la ONI, insistiendo en la posibilidad de que se haya actuado contrariando una norma que lo pudiera hacer caer en la falta que establece el artículo 226 del Código Penal.
Dicho cuerpo legal faculta a un juez para no cumplir la orden de un superior: "En estos casos, el tribunal, suspendiendo el cumplimiento de la orden, presentará inmediatamente a la autoridad superior las razones de la suspensión, y si ésta insistiere, le dará cumplimiento, libertándose así de responsabilidad, que recaerá sobre el que la mandó cumplir".
El juez utilizó el mismo argumento legal con que en 1986 y 1990 se negó a cumplir órdenes de la Corte Suprema para aplicar la Ley de Amnistía en el caso Comando Conjunto. Su postura le valió ser suspendido, en ambas oportunidades, durante dos meses.
La corte no se amilanó e insistió para que Cerda cumpliera la ONI. Así, se registró una segunda visita del juez a la misma sala, esta vez para anunciar que aceptaría el fallo y se marginaría del caso temporalmente.
El caso Riggs ya lleva dos semanas en manos del ministro Juan González y, tal como lo quería la defensa de Pinochet, el proceso se paralizó.
El gallito entre el juez Cerda y la defensa de Pinochet se sigue desarrollando y, a juicio de abogados penalistas, la única pretensión de Pablo Rodríguez es dilatar el fin del proceso y alejar la posibilidad de una condena.
El abogado y profesor de derecho penal Miguel Soto Piñeiro dijo que las estrategias de una defensa "son legítimas en la medida de que están contempladas en las leyes. Uno debe asumir que están siendo utilizadas de buena fe, en la convicción de que se dan las causales que se invocan. De otra forma sería un fraude procesal y la misma Corte podría sancionar disciplinariamente a los abogados".
Desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) se consideró un tanto "prematuro" el cierre de sumario dictado por Cerda. Tanto así que este viernes solicitaron la reapertura de la investigación. Sobre el duelo que enfrenta a Cerda con las defensas de los procesados, prefieren no opinar.
Alfonso Insunza, quien presentó junto a Carmen Hertz la querella que dio origen en Chile a la investigación, está convencido de que la estrategia de Pablo Rodríguez tiene como objetivo detener el proceso y que esto comenzó cuando todavía el ministro Sergio Muñoz tenía en sus manos el caso.
Insunza recordó que "cuando Carlos Cerda asumió este juicio convocó a una reunión a los abogados de todas las partes y solicitó colaboración en el sentido de generar rapidez. Pero la defensa de Pinochet, con todos estos incidentes sin fundamentos, lo único que hace es dilatar un fallo condenatorio, impedir el término de la causa, y para eso ahora se dirigen contra el juez, para descalificarlo".
Asimismo, destacó que la corte detuvo la investigación a sólo días que la corte Suprema desaforara nuevamente al ex dictador por el delito de malversación. Con la ONI, el magistrado no puede interrogarlo ni eventualmente someterlo a proceso hasta que se determine si continúa o no al frente del caso.
Ante esto, Insunza anunció que estudian presentar a la Suprema una denuncia por el abuso de recursos procesales.
Los Superiores
Aunque el retirado ministro Juan Guzmán Tapia critica la falta de solidaridad (ver recuadro) que existe desde las instancias superiores hacia los jueces, el caso es monitoreado sigilosamente por algunos miembros del máximo tribunal.
Los magistrados consultados prefieren hacerlo con la reserva de su identidad, porque entienden que el juez Cerda sigue generando anticuerpos para algunos de los que gobiernan los destinos del Poder Judicial.
Uno de ellos sostuvo que "Carlos (Cerda) es una persona muy valiente que deja de lado todas las aspiraciones legítimas que pueda tener para ascender, cuando se trata de defender lo que piensa como juez".
Descartaron de plano que el tema haya sido tocado en el marco de reuniones del pleno o que se vaya a solicitar algún tipo de información particular. "El tema quedó zanjado por las mismas instancias que establece la ley, y no hay más que decir", manifestó otro ministro que lleva bastante tiempo en el cargo.
Respecto al futuro del juez y una segunda oportunidad para ser incluido como postulante a la Suprema, uno de los integrantes del máximo tribunal sostuvo que "los que han votado por Cerda no tienen por qué no seguir haciéndolo".
Cerda fue vetado por los senadores de la oposición, quienes cuestionaron sus méritos para integrar la Suprema. El magistrado lleva 23 años como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Aparte de cursos de perfeccionamiento en Chile, tiene dos doctorados en Derecho y un curso en Harvard, EEUU.
A partir de 1998, recién la Corte Suprema le dio la razón cuando aprobó la doctrina de no aplicar la amnistía en casos de violaciones de los derechos humanos, y desde entonces está calificado en lista 1, sobresaliente.
Ex Juez Juan Guzmán Sobre Cerda:
"Ejemplo de valentía y objetividad". Desde su oficina de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el ex ministro Juan Guzmán Tapia defiende al juez del caso Riggs.
¿Se daña una investigación con tantas recusaciones y nulidades para inhabilitar a un juez?
Carlos Cerda es víctima de lo que llamo ser plebeyo en el ejercicio del derecho. Los abogados deben actuar con honor, lealtad y con respeto a la magistratura. Aquí y en todos estos juicios de carácter ‘político' (derechos humanos), los abogados no han actuado conforme al código de ética profesional y buscan impugnar al juez en virtud de maniobras arteras.
El argumento recurrente es la falta de imparcialidad.
No es cierto. Conforme al antiguo procedimiento penal, el juez tiene la obligación de buscar tanto lo que favorece al inculpado como todo lo que sirva para determinar su eventual participación en los hechos.
Hay una norma del Código de Procedimiento Penal, el artículo 209, que dice: se investigará con igual celo todo aquello que beneficie o perjudique a un inculpado.
Si un juez investiga lo que lo perjudica y analiza las pruebas, tiene la obligación de usarlas para procesarlo, acusarlo y condenarlo si tiene la convicción.
Carlos Cerda es un ejemplo de valentía y objetividad, de honradez, de tenacidad, y todas estas características lo dignifican.
¿Observa cierta indefensión de los jueces, por parte de sus superiores, cuando se les ataca frontalmente?
Los superiores, particularmente algunos que siguen en la Suprema, han sido poco solidarios con la labor de los jueces. Se enojan como viejas chismosas, andan buscando hoyos y descalifican magistrados. No debería llamarse Poder Judicial, porque se ejerce solamente en contra de los inferiores. Ahí tienen poder, aplican sanciones y pueden echarnos, también sugerir nombres en ternas y quinas para que sean decididas por el Ejecutivo y el Senado.
¿Se comentó esta situación con Baltasar Garzón?
Ellos saben perfectamente lo que sucede, porque lo hemos hablado muchas veces. Saben muy bien que el juez Cerda ha sido y sigue siendo el juez más heroico de Chile.
Con Pinochet acorralado judicialmente, la defensa del ex dictador ha logrado paralizar las acciones del ministro Carlos Cerda, quien está a punto de entrar en la fase decisiva para condenarlo por delitos tributarios y malversación. Abogados y el retirado juez Guzmán analizan este momento y cuestionan la estrategia de la defensa.Fue con sus tradicionales anteojos gruesos, de marco negro, sobre su rostro delgado con el que el juez Carlos Cerda enfrentó la Corte Suprema de 1986 y 1990, por la aplicación de la Ley de Amnistía. Hoy, con lentes más estilizados y varios años en el cuerpo, el magistrado que está más cerca de condenar al general (R) Augusto Pinochet tuvo una nueva saga de desencuentros con sus superiores. Esta vez por una batería de recursos judiciales presentados en su contra por la defensa del ex dictador, con los cuales pretenden acorralarlo.
Se trata de acciones que buscan sacar al juez que investiga el origen de la fortuna que Pinochet, su familia y sus más estrechos colaboradores ocultaron en bancos extranjeros durante los últimos 25 años.
Es una lucha contra el tiempo, dicen los observadores de esta disputa, donde también Pinochet está cada vez más cercado por procesos judiciales paralelos, como el reciente desafuero por su responsabilidad en las torturas cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi.
Abogados penalistas y ex magistrados consideran que la estrategia de su defensa busca dilatar el fin del proceso y, con ello, alejar la condena del ex comandante en jefe del Ejército.
El caso Riggs está en su última etapa de investigación. Por eso, las gestiones de Pablo Rodríguez Grez, que defiende gratis al octogenario ex militar, se intensificaron y logró su objetivo, pese a que Cerda impugnó una orden que lo obligaba a paralizar todo el proceso.
El ex fundador de Patria y Libertad ha presentado una decena de acciones judiciales (quejas, recusaciones, apelaciones, reposiciones, recursos de hecho, nulidades de procedimiento, sobreseimiento) cuestionando las resoluciones del juez.
Una buena parte de ellas están siendo vistas en la Quinta Sala. Pero no contento con esto, Rodríguez solicitó que mientras no se resuelvan por completo debía impedirse al juez seguir dictando resoluciones, a través de lo que se conoce como una orden de no innovar (ONI).
El 25 de agosto, la sala, integrada por Haroldo Brito, Alfredo Pfeiffer y Ángel Cruchaga, aceptó esta petición y le envió una orden al juez Cerda para que se abstuviera de resolver.
Pero esa misma mañana, antes de que el juez fuera notificado, Cerda cerró el sumario de los procesos por delitos tributarios y falsificación de pasaportes.
Coincidencia o no, a comienzos de esa semana el juez había solicitado a sus asistentes verificar el nivel de avance de las diligencias. Las fuentes judiciales consultadas confirman que tras recibir la información, el magistrado puso fin a la investigación y que en ello no influyó la ONI dictada pocas horas después.
La Visita
Con el sumario cerrado, la estrategia de Pablo Rodríguez tuvo un revés, pero lo que sucedió el lunes siguiente pudo significar un vuelco de magnitud.
Cerda presentó por escrito a la sala que le dictó la ONI, que dicha decisión se adoptó de forma irregular, contraria a derecho, por lo que suspendería sus efectos (no los acataría). Pero antes de hacerlo formalmente salió de su oficina y atravesó el largo pasillo del Palacio de Tribunales, para enfrentar personalmente a los tres ministros.
Altas fuentes de la Corte de Apelaciones de Santiago indicaron que el juez ingresó a la Quinta Sala y explicó, "en un ambiente de camaradería, su disconformidad con la ONI que se le había dictado el viernes".
Conversó con Alfredo Pfeiffer y le enrostró su actitud de haberse mantenido en dicha sala, pese a que anteriormente había sido juez subrogante del mismo caso y que, incluso, ya había integrado la sala para conocer materias de fondo del proceso.
Dicho esto, Cerda anunció su decisión de no ejecutar la ONI, insistiendo en la posibilidad de que se haya actuado contrariando una norma que lo pudiera hacer caer en la falta que establece el artículo 226 del Código Penal.
Dicho cuerpo legal faculta a un juez para no cumplir la orden de un superior: "En estos casos, el tribunal, suspendiendo el cumplimiento de la orden, presentará inmediatamente a la autoridad superior las razones de la suspensión, y si ésta insistiere, le dará cumplimiento, libertándose así de responsabilidad, que recaerá sobre el que la mandó cumplir".
El juez utilizó el mismo argumento legal con que en 1986 y 1990 se negó a cumplir órdenes de la Corte Suprema para aplicar la Ley de Amnistía en el caso Comando Conjunto. Su postura le valió ser suspendido, en ambas oportunidades, durante dos meses.
La corte no se amilanó e insistió para que Cerda cumpliera la ONI. Así, se registró una segunda visita del juez a la misma sala, esta vez para anunciar que aceptaría el fallo y se marginaría del caso temporalmente.
El caso Riggs ya lleva dos semanas en manos del ministro Juan González y, tal como lo quería la defensa de Pinochet, el proceso se paralizó.
El gallito entre el juez Cerda y la defensa de Pinochet se sigue desarrollando y, a juicio de abogados penalistas, la única pretensión de Pablo Rodríguez es dilatar el fin del proceso y alejar la posibilidad de una condena.
El abogado y profesor de derecho penal Miguel Soto Piñeiro dijo que las estrategias de una defensa "son legítimas en la medida de que están contempladas en las leyes. Uno debe asumir que están siendo utilizadas de buena fe, en la convicción de que se dan las causales que se invocan. De otra forma sería un fraude procesal y la misma Corte podría sancionar disciplinariamente a los abogados".
Desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) se consideró un tanto "prematuro" el cierre de sumario dictado por Cerda. Tanto así que este viernes solicitaron la reapertura de la investigación. Sobre el duelo que enfrenta a Cerda con las defensas de los procesados, prefieren no opinar.
Alfonso Insunza, quien presentó junto a Carmen Hertz la querella que dio origen en Chile a la investigación, está convencido de que la estrategia de Pablo Rodríguez tiene como objetivo detener el proceso y que esto comenzó cuando todavía el ministro Sergio Muñoz tenía en sus manos el caso.
Insunza recordó que "cuando Carlos Cerda asumió este juicio convocó a una reunión a los abogados de todas las partes y solicitó colaboración en el sentido de generar rapidez. Pero la defensa de Pinochet, con todos estos incidentes sin fundamentos, lo único que hace es dilatar un fallo condenatorio, impedir el término de la causa, y para eso ahora se dirigen contra el juez, para descalificarlo".
Asimismo, destacó que la corte detuvo la investigación a sólo días que la corte Suprema desaforara nuevamente al ex dictador por el delito de malversación. Con la ONI, el magistrado no puede interrogarlo ni eventualmente someterlo a proceso hasta que se determine si continúa o no al frente del caso.
Ante esto, Insunza anunció que estudian presentar a la Suprema una denuncia por el abuso de recursos procesales.
Los Superiores
Aunque el retirado ministro Juan Guzmán Tapia critica la falta de solidaridad (ver recuadro) que existe desde las instancias superiores hacia los jueces, el caso es monitoreado sigilosamente por algunos miembros del máximo tribunal.
Los magistrados consultados prefieren hacerlo con la reserva de su identidad, porque entienden que el juez Cerda sigue generando anticuerpos para algunos de los que gobiernan los destinos del Poder Judicial.
Uno de ellos sostuvo que "Carlos (Cerda) es una persona muy valiente que deja de lado todas las aspiraciones legítimas que pueda tener para ascender, cuando se trata de defender lo que piensa como juez".
Descartaron de plano que el tema haya sido tocado en el marco de reuniones del pleno o que se vaya a solicitar algún tipo de información particular. "El tema quedó zanjado por las mismas instancias que establece la ley, y no hay más que decir", manifestó otro ministro que lleva bastante tiempo en el cargo.
Respecto al futuro del juez y una segunda oportunidad para ser incluido como postulante a la Suprema, uno de los integrantes del máximo tribunal sostuvo que "los que han votado por Cerda no tienen por qué no seguir haciéndolo".
Cerda fue vetado por los senadores de la oposición, quienes cuestionaron sus méritos para integrar la Suprema. El magistrado lleva 23 años como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Aparte de cursos de perfeccionamiento en Chile, tiene dos doctorados en Derecho y un curso en Harvard, EEUU.
A partir de 1998, recién la Corte Suprema le dio la razón cuando aprobó la doctrina de no aplicar la amnistía en casos de violaciones de los derechos humanos, y desde entonces está calificado en lista 1, sobresaliente.
Ex Juez Juan Guzmán Sobre Cerda:
"Ejemplo de valentía y objetividad". Desde su oficina de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el ex ministro Juan Guzmán Tapia defiende al juez del caso Riggs.
¿Se daña una investigación con tantas recusaciones y nulidades para inhabilitar a un juez?
Carlos Cerda es víctima de lo que llamo ser plebeyo en el ejercicio del derecho. Los abogados deben actuar con honor, lealtad y con respeto a la magistratura. Aquí y en todos estos juicios de carácter ‘político' (derechos humanos), los abogados no han actuado conforme al código de ética profesional y buscan impugnar al juez en virtud de maniobras arteras.
El argumento recurrente es la falta de imparcialidad.
No es cierto. Conforme al antiguo procedimiento penal, el juez tiene la obligación de buscar tanto lo que favorece al inculpado como todo lo que sirva para determinar su eventual participación en los hechos.
Hay una norma del Código de Procedimiento Penal, el artículo 209, que dice: se investigará con igual celo todo aquello que beneficie o perjudique a un inculpado.
Si un juez investiga lo que lo perjudica y analiza las pruebas, tiene la obligación de usarlas para procesarlo, acusarlo y condenarlo si tiene la convicción.
Carlos Cerda es un ejemplo de valentía y objetividad, de honradez, de tenacidad, y todas estas características lo dignifican.
¿Observa cierta indefensión de los jueces, por parte de sus superiores, cuando se les ataca frontalmente?
Los superiores, particularmente algunos que siguen en la Suprema, han sido poco solidarios con la labor de los jueces. Se enojan como viejas chismosas, andan buscando hoyos y descalifican magistrados. No debería llamarse Poder Judicial, porque se ejerce solamente en contra de los inferiores. Ahí tienen poder, aplican sanciones y pueden echarnos, también sugerir nombres en ternas y quinas para que sean decididas por el Ejecutivo y el Senado.
¿Se comentó esta situación con Baltasar Garzón?
Ellos saben perfectamente lo que sucede, porque lo hemos hablado muchas veces. Saben muy bien que el juez Cerda ha sido y sigue siendo el juez más heroico de Chile.
10 de septiembre de 2006
©la nación 
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