juicios contra terroristas
El planeta comienza a poner en duda las bases morales de la lucha contra el terrorismo.
En noviembre nos enteraremos de cómo la campaña del miedo de la Casa Blanca ha sido recibida por los votantes. Ya sabemos cómo está siendo recibida en el congreso. Apurados por el temor a ser percibidos como débiles frente al terrorismo, los legisladores se apresuran a aprobar el proyecto de ley del presidente -proyecto que tendrá un impacto mínimo sobre las operaciones antiterroristas, pero causará un profundo daño a la justicia y al modo de vida americanos.
Ayer, el presidente mismo visitó el Capitolio para cabildear por su proyecto de ley, que daría la autorización del congreso al mismo tipo de comisiones militares ad hoc que Bush fundó bajo su propia autoridad después del 11 de septiembre de 2001 y que la Corte Suprema ya ha declarado inconstitucionales. Permitiría el uso de evidencias obtenidas con apremios y otras horrendas violaciones de la justicia estadounidense.
Desde el principio, juristas dentro de las fuerzas armadas se han opuesto resueltamente al plan del presidente, y han formado uno de los baluartes más influyentes contra los intentos del gobierno de rescribir las reglas para legalizar retroactivamente sus actuaciones más recientes. Esta semana, la Casa Blanca se rebajó hasta el punto que intentó obligar a los fiscales jefes de las cuatro fuerzas armadas a escribir un carta a la Casa Blanca que pareciera endorsar la posición del presidente sobre dos temas clave. Funcionarios parlamentarios dijeron que esos oficiales contaron posteriormente a los legisladores que se negaron a firmar la carta, lo que contradice todo lo que los fiscales, decenas de sus colegas, ex jefes militares de las fuerzas armadas y una serie de jueces federales han dicho en público.
La idea de que el principal ejecutivo del país esté ejerciendo tanta presión y que sea capaz de socavar las normas básicas de justicia es escandalosa. Y todo argumento de que estos métodos extremos sólo se utilizarían contra los terroristas internacionales más peligrosos ha sido destruido por el tratamiento dado a cientos de prisioneros en Bahía Guantánamo, muchos de los cuales fueron pescados en Afganistán hace años sin que haya habido intentos serios de verificar ningún vínculo con el terrorismo, y ahora corren el peligro de desaparecer para siempre tras las rejas sin que hayan pasado ni un solo día en tribunales.
Para otorgar a sus maniobras un sentido de urgencia claramente falso, el presidente Bush anunció la semana pasada que había sacado a catorce terroristas peligrosos de cárceles secretas de la CIA, donde los venía reteniendo desde hace unos años, y los había enviado a Guantánamo para someterlos a juicio. Pero ninguno de los prisioneros va a ir a ninguna parte, y el actual apresurado esquema sólo se relaciona con las elecciones.
Convenciones de Ginebra
Una sección del proyecto de ley del gobierno colocará a los soldados estadounidenses en grave peligro, ya que la re-redacción de las Convenciones de Ginebra condona la práctica de mantener a prisioneros en calabozos secretos y permite el uso continuado de métodos de interrogatorio en las cárceles de la CIA, que violan las Convenciones de Ginebra.
Bush ha dejado en claro que piensa continuar con la operación de campos de la CIA. Y quiere que el congreso colabore con él exceptuando a Estados Unidos de una disposición en las Convenciones de Ginebra que prohíbe "ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratamientos humillantes y degradantes". Bush dice que esta formulación es demasiado vaga, pero eso es un engaño. Lo que realmente quiere es la autorización del congreso para hacer cosas a los prisioneros en cárceles de la CIA que son claras violaciones de reglas internacionales.
También quiere que el congreso vuelva a redactar la Ley de Crímenes de Guerra, que convierte en un delito la violación de las Convenciones de Ginebra. En esto el objetivo del gobierno es evitar que los interrogadores de la CIA, los contratistas privados y los hombres que les dan órdenes sean llamados a dar cuenta por el modo inmoral en que el gobierno gestiona los centros de detención de terroristas.
La oposición a estas disposiciones de parte de juristas, abogados militares y un montón de antiguos jefes militares de las fuerzas armadas ha sido abrumadora. En los últimos días, dos ex presidentes del estado mayor conjunto, Colin L. Powell y John W. Vessey, escribieron al senador John McCain instándole a pelear en la Casa Blanca. "El planeta ha empezado a poner en duda las bases morales de nuestra lucha contra el terrorismo", escribió el general Powell.
En noviembre nos enteraremos de cómo la campaña del miedo de la Casa Blanca ha sido recibida por los votantes. Ya sabemos cómo está siendo recibida en el congreso. Apurados por el temor a ser percibidos como débiles frente al terrorismo, los legisladores se apresuran a aprobar el proyecto de ley del presidente -proyecto que tendrá un impacto mínimo sobre las operaciones antiterroristas, pero causará un profundo daño a la justicia y al modo de vida americanos.Ayer, el presidente mismo visitó el Capitolio para cabildear por su proyecto de ley, que daría la autorización del congreso al mismo tipo de comisiones militares ad hoc que Bush fundó bajo su propia autoridad después del 11 de septiembre de 2001 y que la Corte Suprema ya ha declarado inconstitucionales. Permitiría el uso de evidencias obtenidas con apremios y otras horrendas violaciones de la justicia estadounidense.
Desde el principio, juristas dentro de las fuerzas armadas se han opuesto resueltamente al plan del presidente, y han formado uno de los baluartes más influyentes contra los intentos del gobierno de rescribir las reglas para legalizar retroactivamente sus actuaciones más recientes. Esta semana, la Casa Blanca se rebajó hasta el punto que intentó obligar a los fiscales jefes de las cuatro fuerzas armadas a escribir un carta a la Casa Blanca que pareciera endorsar la posición del presidente sobre dos temas clave. Funcionarios parlamentarios dijeron que esos oficiales contaron posteriormente a los legisladores que se negaron a firmar la carta, lo que contradice todo lo que los fiscales, decenas de sus colegas, ex jefes militares de las fuerzas armadas y una serie de jueces federales han dicho en público.
La idea de que el principal ejecutivo del país esté ejerciendo tanta presión y que sea capaz de socavar las normas básicas de justicia es escandalosa. Y todo argumento de que estos métodos extremos sólo se utilizarían contra los terroristas internacionales más peligrosos ha sido destruido por el tratamiento dado a cientos de prisioneros en Bahía Guantánamo, muchos de los cuales fueron pescados en Afganistán hace años sin que haya habido intentos serios de verificar ningún vínculo con el terrorismo, y ahora corren el peligro de desaparecer para siempre tras las rejas sin que hayan pasado ni un solo día en tribunales.
Para otorgar a sus maniobras un sentido de urgencia claramente falso, el presidente Bush anunció la semana pasada que había sacado a catorce terroristas peligrosos de cárceles secretas de la CIA, donde los venía reteniendo desde hace unos años, y los había enviado a Guantánamo para someterlos a juicio. Pero ninguno de los prisioneros va a ir a ninguna parte, y el actual apresurado esquema sólo se relaciona con las elecciones.
Convenciones de Ginebra
Una sección del proyecto de ley del gobierno colocará a los soldados estadounidenses en grave peligro, ya que la re-redacción de las Convenciones de Ginebra condona la práctica de mantener a prisioneros en calabozos secretos y permite el uso continuado de métodos de interrogatorio en las cárceles de la CIA, que violan las Convenciones de Ginebra.
Bush ha dejado en claro que piensa continuar con la operación de campos de la CIA. Y quiere que el congreso colabore con él exceptuando a Estados Unidos de una disposición en las Convenciones de Ginebra que prohíbe "ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratamientos humillantes y degradantes". Bush dice que esta formulación es demasiado vaga, pero eso es un engaño. Lo que realmente quiere es la autorización del congreso para hacer cosas a los prisioneros en cárceles de la CIA que son claras violaciones de reglas internacionales.
También quiere que el congreso vuelva a redactar la Ley de Crímenes de Guerra, que convierte en un delito la violación de las Convenciones de Ginebra. En esto el objetivo del gobierno es evitar que los interrogadores de la CIA, los contratistas privados y los hombres que les dan órdenes sean llamados a dar cuenta por el modo inmoral en que el gobierno gestiona los centros de detención de terroristas.
La oposición a estas disposiciones de parte de juristas, abogados militares y un montón de antiguos jefes militares de las fuerzas armadas ha sido abrumadora. En los últimos días, dos ex presidentes del estado mayor conjunto, Colin L. Powell y John W. Vessey, escribieron al senador John McCain instándole a pelear en la Casa Blanca. "El planeta ha empezado a poner en duda las bases morales de nuestra lucha contra el terrorismo", escribió el general Powell.
15 de septiembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios