ladrones de cuello blanco en peligro
[Carrie Johnson y Brooke A. Masters]¿Se ha hecho justicia?
En la categoría de sentencia de prisión más larga, el fundador de WorldCom Inc., Bernard J. Ebbers, superó recientemente al cerebro de un asalto armado, a los cabecillas de una banda de narcotraficantes del Bronx y al jefe interino de la familia mafiosa Gambino.
Fue un torneo que Ebbers seguramente hubiera querido perder.
Mañana, el hombre que en el pasado se pavoneaba multimillonario por los pasillos de su compañía de telecomunicaciones luciendo botas de vaquero, debe entregarse a las autoridades para empezar a cumplir la sentencia de 25 años. Las políticas carcelarias federales prácticamente aseguran que Ebbers, que sufre de una insuficiencia cardíaca, pase el resto de sus días en la cárcel por su participación en un fraude de once mil millones de dólares.
Ebbers, 65, debe presentarse a la cárcel el mismo día que el ex jefe de finanzas de la Enron Corp., Andrew S. Fastow, sea sentenciado por un juez federal en Houston. Fastow, por meterse al bolsillo más de 45 millones de dólares en una trama para ocultar los crecientes problemas económicos de la compañía de energía, puede ser condenado a un máximo de diez años de prisión como parte de su acuerdo de clemencia.
La magnitud de la sentencia de Ebbers, cuando se la compara con otras, toca una de las partes más polémicas del sistema de justicia criminal estadounidense: ¿Cuánto se debe pagar a la sociedad por un delito grave de cuello blanco? Cuando las víctimas son difusas, el delito complejo y los daños económicos, ¿qué tipo de castigo sería justo?
Hoy, un alto ejecutivo que se juega su destino en un juicio arriesga el equivalente de una sentencia a perpetua por un delito de fraude por un monto de hasta 2.5 millones de dólares en pérdidas, dice el profesor de derecho Frank Bowman, de la Universidad de Missouri. Son delitos como el homicidio en primer grado, el narcotráfico en grandes cantidades y el espionaje los que son castigados con penas semejantes.
"Eso significa que tienes que hacer equivaler el amaño de los libros de contabilidad de una empresa con homicidio en primer grado o traición", dice Bowman. "Mi opinión es que cualquier sentencia por encima de los veinte años para cualquiera que haya cometido un delito económico es difícil de justificar".
La repulsa política a los delitos económicos que cuestan miles de millones de dólares a los pequeños inversores apenas si ha menguado desde que los fiscales empezaran a investigar una serie de escándalos en multinacionales a fines de 2001. La muerte en julio del condenado fundador de Enron, Kenneth L. Lay, produjo un sentimiento de indignación entre los accionistas que se sienten ‘engañados' porque Lay escapó de la prisión. Los fiscales federales se han aprovechado del actual estado de la opinión pública para implorar este mes al congreso que apreube un proyecto de ley que les hará más fácil la tarea de recobrar 43.5 millones de dólares del patrimonio de Lay, un proceso que se ha visto seriamente complicado por su muerte.
La campaña para aplicar castigo incluso más allá de la tumba es un signo del rencor de los empleados públicos y accionistas, dicen los abogados de la defensa.
Reid H. Weingarten, abogado de Ebbers con despacho en Washington, dijo en un e-mail que en este caso el juez tomó en cuenta las relaciones públicas, no la justicia, a la hora de dictar sentencia. "El propósito de la sentencia fue complacer y aplacar a la vituperante turba que pedía la cabeza de Ebber, que no es un objetivo digno del poder judicial", dijo.
Fastow, 44, evaluó la perspectiva de pasar décadas tras las rejas después de que el gobierno presentara una acusación de 98 cargos por servir como el arquitecto del fraude de Enron. Los fiscales también acusaron a Fastow de enlistar a su esposa y utilizar las cuentas bancarias de sus dos hijos para desviar dinero de la compañía sin ser detectado. Hace dos años, Lea W. Fastow, acusada para presionar a su marido para que coopere con los investigadores, se declaró culpable de los cargos fiscales por no declarar ingresos de sus asociaciones comerciales. Pasó casi un año en una prisión de alta seguridad.
Como parte del paquete de acuerdo de la pareja, Andrew Fastow se declaró culpable, accedió a declarar contra Lay y el presidente ejecutivo Jeffrey K. Skilling, y negoció una rebaja substancial de su condena de prisión. Skilling, 52, fue condenado en mayo por 19 cargos criminales y corres el riesgo de pasar décadas en la cárcel cuando sea sentenciado el próximo mes.
Daniel Richman, profesor de derecho de la Universidad Fordham, dijo que las sentencias más cortas a cambio de la cooperación, reflejan la realidad de las investigaciones de cuello blanco: Los fiscales dependen de implicados para poder condenar a ejecutivos de más alto nivel. En el juicio de Enron este año, por ejemplo, los abogados de Skilling y Lay llamaron mentiroso y ladrón a Fastow y lo acusaron de ser la persona responsable del derrumbe de Enron, que eludió el castigo que merecía firmando un acuerdo con los fiscales.
"Las sentencia son la divisa con la que el gobierno compra información", dijo Richman, antiguo fiscal federal.
No aceptar un acuerdo puede resultar caro, como aprendió hace dos años el ex ejecutivo de nivel medio de Dynegy Inc., Jamie Olis, ahora de 40. Olis, que de niño sufrió abusos a manos del novio de su madre y pasó un tiempo en hogares adoptivos antes de estudiar una carrera en la universidad, se convirtió en un símbolo nacional de las políticas de sentencia intransigentes. Perdió el caso y fue sentenciado a más de 24 años de cárcel -a pesar de la presentación que hizo la defensa de sus antecedentes- por participar en un fraude de 300 millones de dólares. El antiguo patrón de Olis en la compañía de energía firmó un acuerdo, declaró contra Olis y fue sentenciado a quince meses.
El año pasado una corte de apelaciones federal revocó la sentencia de Olis, y un juez federal en Houston la redujo, este viernes, a seis años. Eso significa que es probable que Olis pase dos años más en prisión.
"No todos los casos son como Enron, y no todo delincuente de cuello blanco es el más listo en el tribunal", dijo en Washington el abogado defensor Barry Boss, refiriéndose al título de un libro y un documental sobre el escándalo de Enron. "Somos un país muy vengativo".
Pero los delincuentes de cuello blanco son inusualmente sensibles a la disuasión, de acuerdo a fiscales y reguladores de valores. La vista de colegas con las manos esposadas, o perdiendo sus casas y fortunas, es un poderoso mensaje.
Lo que es más, dicen los juristas, los ex ejecutivos no merecen ser tratados con más indulgencia que los narcotraficantes o ladrones de casas simplemente porque sólo violaron las reglas o mintieron -que son delitos mucho más difíciles de descubrir y cuyas víctimas son más difusas.
"Si queremos que la gente entienda que el hecho de que se encuentren en posiciones de poder, que ganen un montón de dinero y que pueden contratar a abogados fabulosos, no significa que sólo van a recibir un tirón de orejas", dijo el ex presidente de la Comisión de Cambios y Valores, Harvey L. Pitt. "Si me preguntas si acaso Bernie Ebbers destruyó vidas, yo te diría que su conducta sí lo hizo".
Históricamente, los delincuentes de cuello blanco no reciben sentencias prolongadas. Las sentencias con libertad condicional eran más comunes, incluso para delitos que implicaban grandes pérdidas, y acusados famosos recibían sentencias que para normas actuales son indulgentes. El rey de los bonos basura, Michael Milken, fue inicialmente sentenciado a diez años por fraude, pero un juez le redujo la sentencia a 33 meses, y salió en libertad condicional después de cumplir dos años.
Eso empezó a cambiar a mediados de los años noventa, después de que los políticos expresaran su preocupación de que las sentencias punitivas para delitos no violentos de narcotráfico incluían sentencias de por vida, mientras que los delitos de los delincuentes de cuello blanco a menudo eludían la justicia. En 1994, el financista Tom J. Billman, que estafó ahorros y préstamos por un valor de 25 millones de dólares y escapó del país, fue condenado a cuarenta años de cárcel. Cumplió diez años y fue dejado en libertad en 2005.
Las sentencias se hicieron más largas cuando en el sistema federal se abolió la libertad condicional y las directrices de sentencia fueron modificadas repetidas veces para aumentar las condenas de prisión para los delitos de cuello blanco.
Si los escándalos de WorldCom y Enron se produjeran hoy, las sentencia para Ebbers y Fastow serían todavía más duras. Enfadados legisladores aprobaron condenas todavía más severas para fraude después de que esas compañías pidieran protección tras declararse en quiebra. Pero los duros y nuevos castigos se aplican solamente a gente que cometió delitos después de 2002.
"A nivel personal, empiezas a sentir compasión por gente" como Ebbers, que probablemente morirá en la cárcel, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Texas, Henry T.C, Hu, "pero en general creo que el sistema actuó bien".
En la categoría de sentencia de prisión más larga, el fundador de WorldCom Inc., Bernard J. Ebbers, superó recientemente al cerebro de un asalto armado, a los cabecillas de una banda de narcotraficantes del Bronx y al jefe interino de la familia mafiosa Gambino.Fue un torneo que Ebbers seguramente hubiera querido perder.
Mañana, el hombre que en el pasado se pavoneaba multimillonario por los pasillos de su compañía de telecomunicaciones luciendo botas de vaquero, debe entregarse a las autoridades para empezar a cumplir la sentencia de 25 años. Las políticas carcelarias federales prácticamente aseguran que Ebbers, que sufre de una insuficiencia cardíaca, pase el resto de sus días en la cárcel por su participación en un fraude de once mil millones de dólares.
Ebbers, 65, debe presentarse a la cárcel el mismo día que el ex jefe de finanzas de la Enron Corp., Andrew S. Fastow, sea sentenciado por un juez federal en Houston. Fastow, por meterse al bolsillo más de 45 millones de dólares en una trama para ocultar los crecientes problemas económicos de la compañía de energía, puede ser condenado a un máximo de diez años de prisión como parte de su acuerdo de clemencia.
La magnitud de la sentencia de Ebbers, cuando se la compara con otras, toca una de las partes más polémicas del sistema de justicia criminal estadounidense: ¿Cuánto se debe pagar a la sociedad por un delito grave de cuello blanco? Cuando las víctimas son difusas, el delito complejo y los daños económicos, ¿qué tipo de castigo sería justo?
Hoy, un alto ejecutivo que se juega su destino en un juicio arriesga el equivalente de una sentencia a perpetua por un delito de fraude por un monto de hasta 2.5 millones de dólares en pérdidas, dice el profesor de derecho Frank Bowman, de la Universidad de Missouri. Son delitos como el homicidio en primer grado, el narcotráfico en grandes cantidades y el espionaje los que son castigados con penas semejantes.
"Eso significa que tienes que hacer equivaler el amaño de los libros de contabilidad de una empresa con homicidio en primer grado o traición", dice Bowman. "Mi opinión es que cualquier sentencia por encima de los veinte años para cualquiera que haya cometido un delito económico es difícil de justificar".
La repulsa política a los delitos económicos que cuestan miles de millones de dólares a los pequeños inversores apenas si ha menguado desde que los fiscales empezaran a investigar una serie de escándalos en multinacionales a fines de 2001. La muerte en julio del condenado fundador de Enron, Kenneth L. Lay, produjo un sentimiento de indignación entre los accionistas que se sienten ‘engañados' porque Lay escapó de la prisión. Los fiscales federales se han aprovechado del actual estado de la opinión pública para implorar este mes al congreso que apreube un proyecto de ley que les hará más fácil la tarea de recobrar 43.5 millones de dólares del patrimonio de Lay, un proceso que se ha visto seriamente complicado por su muerte.
La campaña para aplicar castigo incluso más allá de la tumba es un signo del rencor de los empleados públicos y accionistas, dicen los abogados de la defensa.
Reid H. Weingarten, abogado de Ebbers con despacho en Washington, dijo en un e-mail que en este caso el juez tomó en cuenta las relaciones públicas, no la justicia, a la hora de dictar sentencia. "El propósito de la sentencia fue complacer y aplacar a la vituperante turba que pedía la cabeza de Ebber, que no es un objetivo digno del poder judicial", dijo.
Fastow, 44, evaluó la perspectiva de pasar décadas tras las rejas después de que el gobierno presentara una acusación de 98 cargos por servir como el arquitecto del fraude de Enron. Los fiscales también acusaron a Fastow de enlistar a su esposa y utilizar las cuentas bancarias de sus dos hijos para desviar dinero de la compañía sin ser detectado. Hace dos años, Lea W. Fastow, acusada para presionar a su marido para que coopere con los investigadores, se declaró culpable de los cargos fiscales por no declarar ingresos de sus asociaciones comerciales. Pasó casi un año en una prisión de alta seguridad.
Como parte del paquete de acuerdo de la pareja, Andrew Fastow se declaró culpable, accedió a declarar contra Lay y el presidente ejecutivo Jeffrey K. Skilling, y negoció una rebaja substancial de su condena de prisión. Skilling, 52, fue condenado en mayo por 19 cargos criminales y corres el riesgo de pasar décadas en la cárcel cuando sea sentenciado el próximo mes.
Daniel Richman, profesor de derecho de la Universidad Fordham, dijo que las sentencias más cortas a cambio de la cooperación, reflejan la realidad de las investigaciones de cuello blanco: Los fiscales dependen de implicados para poder condenar a ejecutivos de más alto nivel. En el juicio de Enron este año, por ejemplo, los abogados de Skilling y Lay llamaron mentiroso y ladrón a Fastow y lo acusaron de ser la persona responsable del derrumbe de Enron, que eludió el castigo que merecía firmando un acuerdo con los fiscales.
"Las sentencia son la divisa con la que el gobierno compra información", dijo Richman, antiguo fiscal federal.
No aceptar un acuerdo puede resultar caro, como aprendió hace dos años el ex ejecutivo de nivel medio de Dynegy Inc., Jamie Olis, ahora de 40. Olis, que de niño sufrió abusos a manos del novio de su madre y pasó un tiempo en hogares adoptivos antes de estudiar una carrera en la universidad, se convirtió en un símbolo nacional de las políticas de sentencia intransigentes. Perdió el caso y fue sentenciado a más de 24 años de cárcel -a pesar de la presentación que hizo la defensa de sus antecedentes- por participar en un fraude de 300 millones de dólares. El antiguo patrón de Olis en la compañía de energía firmó un acuerdo, declaró contra Olis y fue sentenciado a quince meses.
El año pasado una corte de apelaciones federal revocó la sentencia de Olis, y un juez federal en Houston la redujo, este viernes, a seis años. Eso significa que es probable que Olis pase dos años más en prisión.
"No todos los casos son como Enron, y no todo delincuente de cuello blanco es el más listo en el tribunal", dijo en Washington el abogado defensor Barry Boss, refiriéndose al título de un libro y un documental sobre el escándalo de Enron. "Somos un país muy vengativo".
Pero los delincuentes de cuello blanco son inusualmente sensibles a la disuasión, de acuerdo a fiscales y reguladores de valores. La vista de colegas con las manos esposadas, o perdiendo sus casas y fortunas, es un poderoso mensaje.
Lo que es más, dicen los juristas, los ex ejecutivos no merecen ser tratados con más indulgencia que los narcotraficantes o ladrones de casas simplemente porque sólo violaron las reglas o mintieron -que son delitos mucho más difíciles de descubrir y cuyas víctimas son más difusas.
"Si queremos que la gente entienda que el hecho de que se encuentren en posiciones de poder, que ganen un montón de dinero y que pueden contratar a abogados fabulosos, no significa que sólo van a recibir un tirón de orejas", dijo el ex presidente de la Comisión de Cambios y Valores, Harvey L. Pitt. "Si me preguntas si acaso Bernie Ebbers destruyó vidas, yo te diría que su conducta sí lo hizo".
Históricamente, los delincuentes de cuello blanco no reciben sentencias prolongadas. Las sentencias con libertad condicional eran más comunes, incluso para delitos que implicaban grandes pérdidas, y acusados famosos recibían sentencias que para normas actuales son indulgentes. El rey de los bonos basura, Michael Milken, fue inicialmente sentenciado a diez años por fraude, pero un juez le redujo la sentencia a 33 meses, y salió en libertad condicional después de cumplir dos años.
Eso empezó a cambiar a mediados de los años noventa, después de que los políticos expresaran su preocupación de que las sentencias punitivas para delitos no violentos de narcotráfico incluían sentencias de por vida, mientras que los delitos de los delincuentes de cuello blanco a menudo eludían la justicia. En 1994, el financista Tom J. Billman, que estafó ahorros y préstamos por un valor de 25 millones de dólares y escapó del país, fue condenado a cuarenta años de cárcel. Cumplió diez años y fue dejado en libertad en 2005.
Las sentencias se hicieron más largas cuando en el sistema federal se abolió la libertad condicional y las directrices de sentencia fueron modificadas repetidas veces para aumentar las condenas de prisión para los delitos de cuello blanco.
Si los escándalos de WorldCom y Enron se produjeran hoy, las sentencia para Ebbers y Fastow serían todavía más duras. Enfadados legisladores aprobaron condenas todavía más severas para fraude después de que esas compañías pidieran protección tras declararse en quiebra. Pero los duros y nuevos castigos se aplican solamente a gente que cometió delitos después de 2002.
"A nivel personal, empiezas a sentir compasión por gente" como Ebbers, que probablemente morirá en la cárcel, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Texas, Henry T.C, Hu, "pero en general creo que el sistema actuó bien".
25 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh
0 comentarios