cegando a los contribuyentes
La suspensión de las labores del inspector general en Iraq es una sospechosa mala idea.
Hablemos de fechas límites arbitrarias. Iraq es todavía una tragedia abierta, y hay crecientes evidencias de que sin un control independiente y ágil, los contratos de reconstrucción despilfarrarán los dólares de los contribuyentes norteamericanos sin entregar los resultados que se ha prometido a los iraquíes. Sin embargo, el congreso bajo control de los republicanos, ha votado por el cierre, el 1 de octubre próximo, de una agencia de control efectiva que ha mostrado que podía producir resultados.
La fecha límite para terminar el trabajo del Inspector General Especial para la Reconstrucción en Iraq fue incluida en el informe de la conferencia sobre un abultado proyecto de ley de autorización militar -insertado a último minuto en el cuarto trasero por el personal de Duncan Hunter, el presidente republicano del Comité de las Fuerzas Armadas del congreso. Debería ser revocada prontamente por el nuevo congreso que será elegido la próxima semana.
Eso debería ser posible, incluso si los republianos siguen a cargo, ya que ni la Cámara ni el Senado incluyeron esa fecha cierre en su proyecto original. Pero si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara, Hunter ya no podrá cometer esa maldad.
La oficina del inspector general especial, dirigida por Stuart Bowen, un abogado republicano que ha trabajado para George W. Bush tanto en Texas como en Washington, es ampliamente respetada por republicanos y demócratas por la calidad de sus investigaciones e informes.
Como resultado de sus labores, los fracasos en la contratación y control en el Pentágono fueron puestos bajo la atención del congreso y del público, fueron denunciados los rendimientos insatisfactorios de contratistas como Halliburton y Parsons y funcionarios corruptos de la ocupación norteamericana fueron enviados a la cárcel.
Ese es exactamente el modo en que se supone que una democracia exige que la gente que trabaja para ella rinda cuentas. El inspector general especial goza de una amplia autoridad e independencia institucional que las ramas investigativas de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores no poseen. Sin embargo, son esos investigadores internos los que se ocuparán del trabajo este otoño próximo.
Hunter, que está cavilando sobre su candidatura presidencial en 2008, insiste en que ni el gobierno de Bush ni los contratistas de Defensa que han criticado los informes del inspector general han jugado algún papel en su decisión de terminar con el trabajo del inspector general. Pero si se trata solamente de una mala idea de un legislador ambicioso, debería ser fácil revertirla.
Hablemos de fechas límites arbitrarias. Iraq es todavía una tragedia abierta, y hay crecientes evidencias de que sin un control independiente y ágil, los contratos de reconstrucción despilfarrarán los dólares de los contribuyentes norteamericanos sin entregar los resultados que se ha prometido a los iraquíes. Sin embargo, el congreso bajo control de los republicanos, ha votado por el cierre, el 1 de octubre próximo, de una agencia de control efectiva que ha mostrado que podía producir resultados.La fecha límite para terminar el trabajo del Inspector General Especial para la Reconstrucción en Iraq fue incluida en el informe de la conferencia sobre un abultado proyecto de ley de autorización militar -insertado a último minuto en el cuarto trasero por el personal de Duncan Hunter, el presidente republicano del Comité de las Fuerzas Armadas del congreso. Debería ser revocada prontamente por el nuevo congreso que será elegido la próxima semana.
Eso debería ser posible, incluso si los republianos siguen a cargo, ya que ni la Cámara ni el Senado incluyeron esa fecha cierre en su proyecto original. Pero si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara, Hunter ya no podrá cometer esa maldad.
La oficina del inspector general especial, dirigida por Stuart Bowen, un abogado republicano que ha trabajado para George W. Bush tanto en Texas como en Washington, es ampliamente respetada por republicanos y demócratas por la calidad de sus investigaciones e informes.
Como resultado de sus labores, los fracasos en la contratación y control en el Pentágono fueron puestos bajo la atención del congreso y del público, fueron denunciados los rendimientos insatisfactorios de contratistas como Halliburton y Parsons y funcionarios corruptos de la ocupación norteamericana fueron enviados a la cárcel.
Ese es exactamente el modo en que se supone que una democracia exige que la gente que trabaja para ella rinda cuentas. El inspector general especial goza de una amplia autoridad e independencia institucional que las ramas investigativas de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores no poseen. Sin embargo, son esos investigadores internos los que se ocuparán del trabajo este otoño próximo.
Hunter, que está cavilando sobre su candidatura presidencial en 2008, insiste en que ni el gobierno de Bush ni los contratistas de Defensa que han criticado los informes del inspector general han jugado algún papel en su decisión de terminar con el trabajo del inspector general. Pero si se trata solamente de una mala idea de un legislador ambicioso, debería ser fácil revertirla.
4 de noviembre de 2006
©new york times
©traducción mQh
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