iraquíes rechazan inmunidad de extranjeros
[Edward Cody] Bagdad, Iraq. El gobierno interino rechaza las propuestas estadounidenses de otorgar inmunidad ante la ley a los extranjeros.
En una primera prueba de su inminente soberanía, el nuevo gobierno de Iraq viene resistiendo la propuesta de Estados Unidos de otorgar inmunidad ante la ley iraquí a miles de contratistas extranjeros, la misma de la que gozan hoy las tropas estadounidenses, según fuentes iraquíes.
La propuesta de Estados Unidos, aunque no es ampliamente conocida, ha puesto el dedo en la llaga de algunos iraquíes nacionalistas ya impacientes con la ocupación liderada por Estados Unidos que lleva catorce meses. De ser aceptada por el primer ministro Ayad Allawi, pondría a los altamente visibles contratistas extranjeros en una categoría legal especial, no sujetos a la justicia militar y más allá del alcance del sistema judicial iraquí.
La petición de Estados Unidos, confirmada el domingo por el despacho de Allawi, es uno de los varios tópicos delicados que giran en torno a la autoridad del gobierno que deberá tratar el embajador entrante John D. Negroponte cuando asuma formalmente el gobierno interino de Allawi el 30 de junio.
Aunque el gobierno de Bush ha prometido repetidas veces que los iraquíes recibirán una auténtica soberanía, los militares estadounidenses han dejado claro que los oficiales estadounidenses seguirán a cargo de la seguridad, la mayor preocupación del país. La gente aquí da por sentado que la influencia norteamericana seguirá siendo decisiva durante un largo tiempo en casi todos los terrenos.
Que las tropas y oficiales estadounidenses estén a cargo de todo -desde choferes de todoterrenos que exigen prioridad en el tráfico, a administradores civiles que intervienen en la elección de los líderes iraquíes- ha sido citado a menudo por muchos iraquíes que se oponen a la ocupación por motivos nacionalistas. Los contratistas privados, particularmente el personal de seguridad armado, ha generado un resentimiento general entre los iraquíes, muchos de los cuales se cansaron hace tiempo de que los extranjeros tengan que decirles si pueden o no pasar.
El problema del estatus de los contratistas también ha surgido debido a los dos contratistas en la nómina de pagos de Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib que fueron acusados en un informe del Pentágono de participar en los maltratos ilegales a prisioneros iraquíes. Los dos (Steven Stephanowicz de CACI International, una firma de defensa con sede en Arlington, y John B. Israel, de la Titan Corp. de San Diego) no han sido acusados de ningún delito en Iraq o Estados Unidos, aunque algunos de sus colegas en el ejército serán procesados por tribunales militares.
Como un ejército de ocupación, las 138 mil tropas y personal estadounidenses estacionadas en Iraq han estado fuera de la ley iraquí desde que las fuerzas invasoras estadounidenses ocuparan el país en abril del año pasado. En el futuro las tropas seguirán estando exentas sobre la base de la resolución del 8 de junio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el acompañante intercambio de cartas entre Allawi y el gobierno de Estados Unidos en la que Iraq solicita la continuación de su presencia, según un alto funcionario militar norteamericano.
Como resultado no hay una necesidad inmediata de un acuerdo sobre el estatus de las tropas -el tipo de acuerdo que normalmente regula la presencia militar estadounidense en países extranjeros, dijo el funcionario. Los soldados estadounidenses continuarán estando sujetos solamente a la justicia militar norteamericana.
"Continuaremos operando más o menos como antes", agregó el funcionario.
Pero el estatus de los contratistas privados se ha transformado en un tema especial porque los contratistas no son mencionados en la resolución del Consejo de Seguridad ni en la carta de Allawi solicitando que permanezcan en Iraq por tiempo indefinido las tropas norteamericanas. Además, tampoco caen bajo la jurisdicción militar norteamericana porque no son parte de las fuerzas armadas, aunque estén algunos contratados por el Pentágono.
Bajo esa luz, la Autoridad Provisional de la Coalición comandada por Estados Unidos ha pedido a Allawi conceder a los contratistas inmunidad ante la ley iraquí similar a la que tienen los soldados, dijo George Sada, portavoz de Allawi. "Nos pidieron eso", dijo Sada. "Y creemos que es demasiado. Lo estamos analizando".
La Autoridad Provisional de la Coalición se ha negado a hacer comentarios.
La cantidad de contratistas extranjeros en Iraq ha fluctuado enormemente en los últimos meses. Muchos civiles que trabajaban en empresas de reconstrucción han abandonado el país en los últimos meses debido al aumento de la violencia y a los secuestros de extranjeros. Pero muchos se han quedado, en especial los guardias de seguridad, que son, con sus vehículos de cuatro ruedas blindados, rifles automáticos y chalecos antibala altamente visibles en Bagdad y otras ciudades.
Como ninguna autoridad central se ocupa de los contratistas extranjeros, su presencia no ha sido registrada con exactitud, según asesores de seguridad. Se calcula que el total de extranjeros que trabaja aquí -desde norteamericanos hasta sudafricanos y chilenos- fluctúa entre 20 mil y 30 mil. "Pero nadie lo sabe realmente", dijo un ejecutivo de una firma de seguridad.
Se cree que la propuesta de Estados Unidos sólo cubre a ciudadanos estadounidenses. Un alto funcionario militar dijo que después del 30 de junio será asunto de las embajadas de cada país elaborar provisiones para sus propios nacionales. "Todos los ciudadanos extranjeros tendrán un estatus aparte", dijo.
Un funcionario civil en la autoridad de la ocupación estadounidense dijo que algunos contratistas de seguridad han comenzado a hacer preguntas sobre su estatus después del 30 de junio, en especial desde que empezara la campaña de ataques de los insurgentes que ha hecho más peligrosa la vida de los extranjeros aquí en los últimos dos meses. Pero es poco probable que el gobierno interino iraquí arreste a algún miembro del personal de la seguridad privada o interfiera con su trabajo, dijo el funcionario.
"¿Van los agentes de seguridad iraquí a detener a nuestros cocineros y lavaplatos?", dijo. "No creo".
Sada, el portavoz de Allawi, dijo que la propuesta de Estados Unidos, junto a otros temas, fue hecha en encuentros regulares que tuvo Allawi con L. Paul Bremer, el jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición; David Gompert, un veterano ayudante de Bremer en asuntos de seguridad nacional (que pronto dejará Iraq); y el teniente general Ricardo Sánchez, el jefe militar en Iraq.
Allawi, un chií laico que encabezaba un grupo de exiliados financiado por la CIA que se oponía al antiguo presidente Sadam Husein, ha dicho repetidas veces desde que asumió el 1 de junio que quiere cooperar con Estados Unidos y cree que las tropas estadounidenses deben permanecer en el país para ayudar a restablecer el orden. En línea con Estados Unidos, ha llamado terroristas a los iraquíes que luchan contra las tropas de ocupación, y ha desdeñado sus alegatos de que son nacionalistas.
Al mismo tiempo, él y los otros treinta y seis miembros del gobierno interino tienen que pensar en sus electorados iraquíes tanto como en Estados Unidos. Cualquier decisión que amenace con sacar ronchas a la sensibilidad iraquí -o echarle carbón a la sangrienta rebelión contra las tropas de ocupación estadounidenses- conlleva un precio político que ellos se mostrarían reluctantes a pagar.
Moqtada Al-Sadr, el joven clérigo musulmán chií que ha resistido la ocupación estadounidense con su milicia del Ejército Mahdi, dijo el viernes, por ejemplo, que él depondría las armas y apoyaría al gobierno de Allawi si este fijaba un esquema para poner fin a la ocupación.
14 junio 2004
©washington post ©traducción mQh
En una primera prueba de su inminente soberanía, el nuevo gobierno de Iraq viene resistiendo la propuesta de Estados Unidos de otorgar inmunidad ante la ley iraquí a miles de contratistas extranjeros, la misma de la que gozan hoy las tropas estadounidenses, según fuentes iraquíes.
La propuesta de Estados Unidos, aunque no es ampliamente conocida, ha puesto el dedo en la llaga de algunos iraquíes nacionalistas ya impacientes con la ocupación liderada por Estados Unidos que lleva catorce meses. De ser aceptada por el primer ministro Ayad Allawi, pondría a los altamente visibles contratistas extranjeros en una categoría legal especial, no sujetos a la justicia militar y más allá del alcance del sistema judicial iraquí.
La petición de Estados Unidos, confirmada el domingo por el despacho de Allawi, es uno de los varios tópicos delicados que giran en torno a la autoridad del gobierno que deberá tratar el embajador entrante John D. Negroponte cuando asuma formalmente el gobierno interino de Allawi el 30 de junio.
Aunque el gobierno de Bush ha prometido repetidas veces que los iraquíes recibirán una auténtica soberanía, los militares estadounidenses han dejado claro que los oficiales estadounidenses seguirán a cargo de la seguridad, la mayor preocupación del país. La gente aquí da por sentado que la influencia norteamericana seguirá siendo decisiva durante un largo tiempo en casi todos los terrenos.
Que las tropas y oficiales estadounidenses estén a cargo de todo -desde choferes de todoterrenos que exigen prioridad en el tráfico, a administradores civiles que intervienen en la elección de los líderes iraquíes- ha sido citado a menudo por muchos iraquíes que se oponen a la ocupación por motivos nacionalistas. Los contratistas privados, particularmente el personal de seguridad armado, ha generado un resentimiento general entre los iraquíes, muchos de los cuales se cansaron hace tiempo de que los extranjeros tengan que decirles si pueden o no pasar.
El problema del estatus de los contratistas también ha surgido debido a los dos contratistas en la nómina de pagos de Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib que fueron acusados en un informe del Pentágono de participar en los maltratos ilegales a prisioneros iraquíes. Los dos (Steven Stephanowicz de CACI International, una firma de defensa con sede en Arlington, y John B. Israel, de la Titan Corp. de San Diego) no han sido acusados de ningún delito en Iraq o Estados Unidos, aunque algunos de sus colegas en el ejército serán procesados por tribunales militares.
Como un ejército de ocupación, las 138 mil tropas y personal estadounidenses estacionadas en Iraq han estado fuera de la ley iraquí desde que las fuerzas invasoras estadounidenses ocuparan el país en abril del año pasado. En el futuro las tropas seguirán estando exentas sobre la base de la resolución del 8 de junio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el acompañante intercambio de cartas entre Allawi y el gobierno de Estados Unidos en la que Iraq solicita la continuación de su presencia, según un alto funcionario militar norteamericano.
Como resultado no hay una necesidad inmediata de un acuerdo sobre el estatus de las tropas -el tipo de acuerdo que normalmente regula la presencia militar estadounidense en países extranjeros, dijo el funcionario. Los soldados estadounidenses continuarán estando sujetos solamente a la justicia militar norteamericana.
"Continuaremos operando más o menos como antes", agregó el funcionario.
Pero el estatus de los contratistas privados se ha transformado en un tema especial porque los contratistas no son mencionados en la resolución del Consejo de Seguridad ni en la carta de Allawi solicitando que permanezcan en Iraq por tiempo indefinido las tropas norteamericanas. Además, tampoco caen bajo la jurisdicción militar norteamericana porque no son parte de las fuerzas armadas, aunque estén algunos contratados por el Pentágono.
Bajo esa luz, la Autoridad Provisional de la Coalición comandada por Estados Unidos ha pedido a Allawi conceder a los contratistas inmunidad ante la ley iraquí similar a la que tienen los soldados, dijo George Sada, portavoz de Allawi. "Nos pidieron eso", dijo Sada. "Y creemos que es demasiado. Lo estamos analizando".
La Autoridad Provisional de la Coalición se ha negado a hacer comentarios.
La cantidad de contratistas extranjeros en Iraq ha fluctuado enormemente en los últimos meses. Muchos civiles que trabajaban en empresas de reconstrucción han abandonado el país en los últimos meses debido al aumento de la violencia y a los secuestros de extranjeros. Pero muchos se han quedado, en especial los guardias de seguridad, que son, con sus vehículos de cuatro ruedas blindados, rifles automáticos y chalecos antibala altamente visibles en Bagdad y otras ciudades.
Como ninguna autoridad central se ocupa de los contratistas extranjeros, su presencia no ha sido registrada con exactitud, según asesores de seguridad. Se calcula que el total de extranjeros que trabaja aquí -desde norteamericanos hasta sudafricanos y chilenos- fluctúa entre 20 mil y 30 mil. "Pero nadie lo sabe realmente", dijo un ejecutivo de una firma de seguridad.
Se cree que la propuesta de Estados Unidos sólo cubre a ciudadanos estadounidenses. Un alto funcionario militar dijo que después del 30 de junio será asunto de las embajadas de cada país elaborar provisiones para sus propios nacionales. "Todos los ciudadanos extranjeros tendrán un estatus aparte", dijo.
Un funcionario civil en la autoridad de la ocupación estadounidense dijo que algunos contratistas de seguridad han comenzado a hacer preguntas sobre su estatus después del 30 de junio, en especial desde que empezara la campaña de ataques de los insurgentes que ha hecho más peligrosa la vida de los extranjeros aquí en los últimos dos meses. Pero es poco probable que el gobierno interino iraquí arreste a algún miembro del personal de la seguridad privada o interfiera con su trabajo, dijo el funcionario.
"¿Van los agentes de seguridad iraquí a detener a nuestros cocineros y lavaplatos?", dijo. "No creo".
Sada, el portavoz de Allawi, dijo que la propuesta de Estados Unidos, junto a otros temas, fue hecha en encuentros regulares que tuvo Allawi con L. Paul Bremer, el jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición; David Gompert, un veterano ayudante de Bremer en asuntos de seguridad nacional (que pronto dejará Iraq); y el teniente general Ricardo Sánchez, el jefe militar en Iraq.
Allawi, un chií laico que encabezaba un grupo de exiliados financiado por la CIA que se oponía al antiguo presidente Sadam Husein, ha dicho repetidas veces desde que asumió el 1 de junio que quiere cooperar con Estados Unidos y cree que las tropas estadounidenses deben permanecer en el país para ayudar a restablecer el orden. En línea con Estados Unidos, ha llamado terroristas a los iraquíes que luchan contra las tropas de ocupación, y ha desdeñado sus alegatos de que son nacionalistas.
Al mismo tiempo, él y los otros treinta y seis miembros del gobierno interino tienen que pensar en sus electorados iraquíes tanto como en Estados Unidos. Cualquier decisión que amenace con sacar ronchas a la sensibilidad iraquí -o echarle carbón a la sangrienta rebelión contra las tropas de ocupación estadounidenses- conlleva un precio político que ellos se mostrarían reluctantes a pagar.
Moqtada Al-Sadr, el joven clérigo musulmán chií que ha resistido la ocupación estadounidense con su milicia del Ejército Mahdi, dijo el viernes, por ejemplo, que él depondría las armas y apoyaría al gobierno de Allawi si este fijaba un esquema para poner fin a la ocupación.
14 junio 2004
©washington post ©traducción mQh
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