el genocidio en tribunales
El genocidio se desliza rápidamente, mata promiscuamente y sigue encontrando nuevos perpetradores, pese a los repetidos juramentos del mundo de ‘nunca más'.
Frente a semejante horror, los cuidadosamente considerados veredictos de los tribunales, como la resolución de la Corte Mundial la semana pasada sobre la masacre de Srebrenica en Bosnia, y los expedientes pacientemente reunidos, como los que han presentado los fiscales del Tribunal Penal Internacional contra dos de los cerebros acusados de organizar la carnicería, todavía en curso, de Darfur, esos veredictos y resoluciones son terriblemente inadecuados.
Sin embargo, si no se opta por intervenciones militares internacionales que no parecen llegar nunca a tiempo, la creciente implementación del derecho internacional es una de las herramientas más importantes de que disponemos para exigir responsabilidades y disuadir a futuros genocidas.
El genocidio se convirtió en un crimen internacional hace casi sesenta años. Pero hasta el momento ningún país había sido procesado por su comisión hasta que Bosnia acusó a Serbia de tener una responsabilidad directa en el asesinato de casi ocho mil hombres y niños musulmanes de Srebrenica. La Corte Mundial, que resuelve disputas entre estados, concluyó que sí se había cometido genocidio, y que aunque el gobierno serbio de ese período no había ordenado directamente la masacre, "podía y debió" haber actuado para impedirla, como exige la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio.
Esa matizada distinción, basada en evidencias reunidas por el tribunal especial que juzgó a Slobodan Milosevic, el ex presidente serbio, y otros individuos acusados de crímenes de guerra en los Balcanes, ahorraron a Serbia los onerosos costes de las reparaciones económicas. Pero también determinó la complicidad oficial del ex gobierno serbio.
Esto es algo que el actual gobierno serbio debe reconocer. Belgrado también debería acatar la orden formal del tribunal y entregar a Ratko Mladic, el general serbo-bosnio que dirigió el genocidio de Srebrenica.
Los casos de Darfur están siendo tratados por el Tribunal Penal Internacional, que persigue a individuos por violaciones graves del derecho internacional. Los dos primeros acusados llevados al tribunal son Ahmad Harun, ex ministro de Sudán a cargo de la seguridad de Darfur, y Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, un comandante de la milicia janjaweed. Harun está acusado de incitar, financiar y armar a combatientes de la milicia para llevar a cabo ataques genocidas. Rahman está acusado de dirigir uno de esos ataques que ocasionó cientos de muertes, violaciones sistemáticas y ejecuciones sumarias.
Los veredictos de los tribunales no podrán compensar nunca a los sobrevivientes de estos horrores. Pero fortaleciendo el alcance y autoridad del derecho internacional, estos casos deberían hacer reflexionar a aquellos tentados a desencadenar futuros genocidios, y a aquellos que observan su comisión con los brazos cruzados.
Frente a semejante horror, los cuidadosamente considerados veredictos de los tribunales, como la resolución de la Corte Mundial la semana pasada sobre la masacre de Srebrenica en Bosnia, y los expedientes pacientemente reunidos, como los que han presentado los fiscales del Tribunal Penal Internacional contra dos de los cerebros acusados de organizar la carnicería, todavía en curso, de Darfur, esos veredictos y resoluciones son terriblemente inadecuados.Sin embargo, si no se opta por intervenciones militares internacionales que no parecen llegar nunca a tiempo, la creciente implementación del derecho internacional es una de las herramientas más importantes de que disponemos para exigir responsabilidades y disuadir a futuros genocidas.
El genocidio se convirtió en un crimen internacional hace casi sesenta años. Pero hasta el momento ningún país había sido procesado por su comisión hasta que Bosnia acusó a Serbia de tener una responsabilidad directa en el asesinato de casi ocho mil hombres y niños musulmanes de Srebrenica. La Corte Mundial, que resuelve disputas entre estados, concluyó que sí se había cometido genocidio, y que aunque el gobierno serbio de ese período no había ordenado directamente la masacre, "podía y debió" haber actuado para impedirla, como exige la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio.
Esa matizada distinción, basada en evidencias reunidas por el tribunal especial que juzgó a Slobodan Milosevic, el ex presidente serbio, y otros individuos acusados de crímenes de guerra en los Balcanes, ahorraron a Serbia los onerosos costes de las reparaciones económicas. Pero también determinó la complicidad oficial del ex gobierno serbio.
Esto es algo que el actual gobierno serbio debe reconocer. Belgrado también debería acatar la orden formal del tribunal y entregar a Ratko Mladic, el general serbo-bosnio que dirigió el genocidio de Srebrenica.
Los casos de Darfur están siendo tratados por el Tribunal Penal Internacional, que persigue a individuos por violaciones graves del derecho internacional. Los dos primeros acusados llevados al tribunal son Ahmad Harun, ex ministro de Sudán a cargo de la seguridad de Darfur, y Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, un comandante de la milicia janjaweed. Harun está acusado de incitar, financiar y armar a combatientes de la milicia para llevar a cabo ataques genocidas. Rahman está acusado de dirigir uno de esos ataques que ocasionó cientos de muertes, violaciones sistemáticas y ejecuciones sumarias.
Los veredictos de los tribunales no podrán compensar nunca a los sobrevivientes de estos horrores. Pero fortaleciendo el alcance y autoridad del derecho internacional, estos casos deberían hacer reflexionar a aquellos tentados a desencadenar futuros genocidios, y a aquellos que observan su comisión con los brazos cruzados.
6 de marzo de 2007
©new york times
©traducción mQh
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