los derechos de los discapacitados
[Leyla Ramírez] Chile suscribe hoy primer tratado de DDHH del siglo XXI. Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ministra de Planificación, Clarissa Hardy, firmará hoy en el salón plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas este importante acuerdo, cuyos principales lineamientos -que deben ser ratificados por el Congreso chileno- ya están contenidos en la nueva Ley de Discapacidad que se tramita en el Parlamento.
Desde hoy, y tras la firma de representantes de 20 países –entre ellos, la ministra de Planificación de Chile, Clarissa Hardy-, entra en vigencia el primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI: la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El texto aprobado es fruto del consenso alcanzado por 192 países miembros de la ONU y tiene como propósito promover, proteger y garantizar "el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos humanos" de unos 650 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo (10% de la población) y más de dos millones de chilenos, según el Primer Estudio Nacional de Discapacidad, realizado el 2004.
Desde Washington, la ministra de Planificación, Clarissa Hardy, explicó a La Nación que este protocolo es fruto de una discusión global que se inició en 2002 y que en Chile contó con la activa colaboración de la sociedad civil.
Hardy destacó no sólo que nuestro país haya sido uno de los principales impulsores de esta convención, sino que se haya adelantado a la ratificación del tratado internacional en el Congreso -con lo que adquiere rango de ley- a través de la creación de una nueva ley de discapacidad. "Cuando un país suscribe esta convención, se debe ratificar en el Parlamento, tras lo cual el país está obligado a adecuar sus legislaciones para cumplir con los lineamientos de la convención. Nosotros nos anticipamos a esta fase, cuando el gobierno envió al Parlamento, en octubre de 2006, un proyecto para sustituir la actual ley de discapacidad, que incluye gran parte de los lineamientos de esta convención", dijo.
Dicho proyecto -que actualmente está en comisión- debiera a entrar a la sala en mayo, según Hardy, y ser ley antes de finalizar el 2007.
La nueva ley de discapacidad incluirá cambios en materia laboral (cuotas de empleo en trabajo público y subsidios sin tope de edad para contratación de personas con discapacidad), educación (subvenciones especiales), accesos y movilidad (no se aprobarán proyectos que no incorporen accesos para la circulación de personas con discapacidad) y discriminación, ya que por primera vez se multará a quienes pasen a llevar los derechos de estas personas.
"Hace 10 días, además, le enviamos una petición al directorio de TVN para que se adelante a la ley, como televisión pública, e incluyan el sistema 'close caption' (subtítulos) para que las personas sordas puedan disfrutar e informarse en este medio masivo de comunicación", adelantó la ministra.
De hecho, en la convención se incluyen derechos fundamentales, como la accesibilidad al entorno construido y a la información, la libertad de desplazamiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, todo ello basado en los principios de igualdad y no discriminación.
"Ficha de Protección Social No Quitará Beneficios a Nadie"
La secretaria ejecutiva de Protección Social del Mideplan, Verónica Silva, informó ayer que si bien la meta de su cartera es tener, al 30 de abril, cerca de un millón y medio de familias encuestadas con la nueva Ficha de Protección Social, los sondeos se continuarán aplicando en forma regular desde mayo a otros grupos familiares, incluyendo a todas aquéllos que viven en ciudades y que tienen más de 600 puntos. "Hasta abril se encuestarán a todas las familias rurales con CAS, más todas las urbanas con puntajes iguales o menores a 600 puntos. Nuestra meta es terminar primero el proceso masivo, pero en mayo éste sigue encuestando a otras familias. Lo que la gente tiene que tener claro es que nadie va a perder beneficios", aclaró.
Desde hoy, y tras la firma de representantes de 20 países –entre ellos, la ministra de Planificación de Chile, Clarissa Hardy-, entra en vigencia el primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI: la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El texto aprobado es fruto del consenso alcanzado por 192 países miembros de la ONU y tiene como propósito promover, proteger y garantizar "el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos humanos" de unos 650 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo (10% de la población) y más de dos millones de chilenos, según el Primer Estudio Nacional de Discapacidad, realizado el 2004.
Desde Washington, la ministra de Planificación, Clarissa Hardy, explicó a La Nación que este protocolo es fruto de una discusión global que se inició en 2002 y que en Chile contó con la activa colaboración de la sociedad civil.
Hardy destacó no sólo que nuestro país haya sido uno de los principales impulsores de esta convención, sino que se haya adelantado a la ratificación del tratado internacional en el Congreso -con lo que adquiere rango de ley- a través de la creación de una nueva ley de discapacidad. "Cuando un país suscribe esta convención, se debe ratificar en el Parlamento, tras lo cual el país está obligado a adecuar sus legislaciones para cumplir con los lineamientos de la convención. Nosotros nos anticipamos a esta fase, cuando el gobierno envió al Parlamento, en octubre de 2006, un proyecto para sustituir la actual ley de discapacidad, que incluye gran parte de los lineamientos de esta convención", dijo.
Dicho proyecto -que actualmente está en comisión- debiera a entrar a la sala en mayo, según Hardy, y ser ley antes de finalizar el 2007.
La nueva ley de discapacidad incluirá cambios en materia laboral (cuotas de empleo en trabajo público y subsidios sin tope de edad para contratación de personas con discapacidad), educación (subvenciones especiales), accesos y movilidad (no se aprobarán proyectos que no incorporen accesos para la circulación de personas con discapacidad) y discriminación, ya que por primera vez se multará a quienes pasen a llevar los derechos de estas personas.
"Hace 10 días, además, le enviamos una petición al directorio de TVN para que se adelante a la ley, como televisión pública, e incluyan el sistema 'close caption' (subtítulos) para que las personas sordas puedan disfrutar e informarse en este medio masivo de comunicación", adelantó la ministra.
De hecho, en la convención se incluyen derechos fundamentales, como la accesibilidad al entorno construido y a la información, la libertad de desplazamiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, todo ello basado en los principios de igualdad y no discriminación.
"Ficha de Protección Social No Quitará Beneficios a Nadie"
La secretaria ejecutiva de Protección Social del Mideplan, Verónica Silva, informó ayer que si bien la meta de su cartera es tener, al 30 de abril, cerca de un millón y medio de familias encuestadas con la nueva Ficha de Protección Social, los sondeos se continuarán aplicando en forma regular desde mayo a otros grupos familiares, incluyendo a todas aquéllos que viven en ciudades y que tienen más de 600 puntos. "Hasta abril se encuestarán a todas las familias rurales con CAS, más todas las urbanas con puntajes iguales o menores a 600 puntos. Nuestra meta es terminar primero el proceso masivo, pero en mayo éste sigue encuestando a otras familias. Lo que la gente tiene que tener claro es que nadie va a perder beneficios", aclaró.
30 de marzo de 2007
©la nación
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javier -