murió maría julia hernández
[Sam Enríquez y Alex Renderos] A los 68. La activista salvadoreña por los derechos humanos reveló las brutalidades cometidas durante la guerra civil en su país.
María Julia Hernández, una conocida activista por los derechos humanos que defendió a las víctimas durante la prolongada guerra civil en El Salvador y cuidó a sus familias en los años posteriores, murió el viernes de un ataque al corazón. Tenía 68 años.
Como directora de la Tutela Legal, un grupo de derechos humanos patrocinado por la iglesia católica, Hernández había viajado al país centroamericano a recoger evidencias y entrevistar a los sobreviviente de masacres durante el sangriento conflicto que terminó en 1992 con un acuerdo de paz gracias a la intervención de Naciones Unidas.
"Nuestro reto y promesa más profundos, nuestra razón de ser, son las víctimas, que fueron en general los pobres de El Salvador", dijo sobre su trabajo en un discurso en 2004.
Revelar abusos de los llamados escuadrones de la muerte era un trabajo peligroso. Miles de personas fueron amenazadas o asesinadas por soldados, agentes de policía y grupos paramilitares de extrema derecha que combatían contra las guerrillas de izquierda. Críticos de las fuerzas de seguridad del gobierno eran rápidamente clasificados como simpatizantes de los rebeldes.
Antes de iniciar una investigación, Hernández recitaba sus oraciones, recordó su colega David Morales: "Bueno, Dios, o lo veo hoy y me dará más tiempo para seguir luchando".
Hernández y sus colegas recorrieron El Salvador tomando fotos de los muertos y llevando una cuenta de las víctimas que excedía de lejos las cifras del gobierno. Funcionarios de la embajada norteamericana de San Salvador a mediados de los ochenta, criticaron sus esfuerzos por llamar la atención internacional sobre el conflicto, sugiriendo veladamente que ella podía ser simpatizante de las guerrillas.
"Quizá es mejor que no tenga familia", dijo Hernández, que era soltera y no tenía hijos, al Times en 1984. Durante la guerra, la gente se acercaba a su oficina y hojeaba los álbumes fotográficos para reconocer a familiares y amigos desaparecidos.
Hernández empezó su trabajo, hace 25 años, en Tutela Legal, una oficina creada por el arzobispo Óscar Romero. Romero, que formaba parte de un grupo de sacerdotes atacados por oficiales salvadoreños debido a su declarado apoyo de los pobres y por sus críticas de los abusos militares, fue asesinado a balazos en 1980 mientras daba misa.
Ese año también observó el aumento de la ayuda militar norteamericana al gobierno salvadoreño, precipitado por los temores del gobierno de Reagan de una revolución comunista en la región.
Hernández y otros han sostenido durante largo tiempo que esas armas fueron usadas por los escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, que asolaban el país asesinando a civiles sospechosos de ayudar a los guerrilleros.
Durante la guerra civil murieron decenas de miles de personas, muchas de ellas enterradas en tumbas anónimas, sin que nadie explicara nada o emitiera algún aviso a la familia. Cientos de miles de otras partieron al exilio, incluyendo California.
Hernández, abogado, había dicho que ella creía que su misión era ayudar a las familias a conocer el destino de los familiares desaparecidos y llevar a justicia a sus asesinos. Estaba convencida de que la mayoría de los asesinatos durante la guerra civil fueron cometidos por las fuerzas de gobierno, una afirmación que fue rechazada por los funcionarios, que consideraban que su oficina era parcial y de izquierdas.
Después de la firma de los acuerdos de paz en Ciudad de México en 1992, trató de iniciar acciones legales por las matanzas de civiles a manos de soldados de diciembre de 1981, en El Mozote y otras tres aldeas en el nordeste de San Salvador. Oficiales salvadoreños y norteamericanos dijeron que las muertes se produjeron durante una batalla de tres días con las fuerzas de la guerrilla, pese a informes contrarios de las aldeas.
Más tarde un grupo de antropólogos forenses confirmaron que cientos de civiles desarmados, incluyendo mujeres y niños, habían sido asesinados; muchos de ellos habían sido torturados antes de su muerte. Funcionarios de la defensa salvadoreña dijeron que es imposible identificar a los soldados responsables.
La muerte de Hernández el viernes coincidió con el funeral de Romero, hace exactamente 27 años, dijo Silvia Guillén, de la Fundación para el Estudio para la Aplicación del Derecho, una organización de derechos humanos.
"Su muerte es una enorme pérdida para los que trabajamos en derechos humanos", dijo. "Y nos deja con la responsabilidad".
María Julia Hernández, una conocida activista por los derechos humanos que defendió a las víctimas durante la prolongada guerra civil en El Salvador y cuidó a sus familias en los años posteriores, murió el viernes de un ataque al corazón. Tenía 68 años.Como directora de la Tutela Legal, un grupo de derechos humanos patrocinado por la iglesia católica, Hernández había viajado al país centroamericano a recoger evidencias y entrevistar a los sobreviviente de masacres durante el sangriento conflicto que terminó en 1992 con un acuerdo de paz gracias a la intervención de Naciones Unidas.
"Nuestro reto y promesa más profundos, nuestra razón de ser, son las víctimas, que fueron en general los pobres de El Salvador", dijo sobre su trabajo en un discurso en 2004.
Revelar abusos de los llamados escuadrones de la muerte era un trabajo peligroso. Miles de personas fueron amenazadas o asesinadas por soldados, agentes de policía y grupos paramilitares de extrema derecha que combatían contra las guerrillas de izquierda. Críticos de las fuerzas de seguridad del gobierno eran rápidamente clasificados como simpatizantes de los rebeldes.
Antes de iniciar una investigación, Hernández recitaba sus oraciones, recordó su colega David Morales: "Bueno, Dios, o lo veo hoy y me dará más tiempo para seguir luchando".
Hernández y sus colegas recorrieron El Salvador tomando fotos de los muertos y llevando una cuenta de las víctimas que excedía de lejos las cifras del gobierno. Funcionarios de la embajada norteamericana de San Salvador a mediados de los ochenta, criticaron sus esfuerzos por llamar la atención internacional sobre el conflicto, sugiriendo veladamente que ella podía ser simpatizante de las guerrillas.
"Quizá es mejor que no tenga familia", dijo Hernández, que era soltera y no tenía hijos, al Times en 1984. Durante la guerra, la gente se acercaba a su oficina y hojeaba los álbumes fotográficos para reconocer a familiares y amigos desaparecidos.
Hernández empezó su trabajo, hace 25 años, en Tutela Legal, una oficina creada por el arzobispo Óscar Romero. Romero, que formaba parte de un grupo de sacerdotes atacados por oficiales salvadoreños debido a su declarado apoyo de los pobres y por sus críticas de los abusos militares, fue asesinado a balazos en 1980 mientras daba misa.
Ese año también observó el aumento de la ayuda militar norteamericana al gobierno salvadoreño, precipitado por los temores del gobierno de Reagan de una revolución comunista en la región.
Hernández y otros han sostenido durante largo tiempo que esas armas fueron usadas por los escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, que asolaban el país asesinando a civiles sospechosos de ayudar a los guerrilleros.
Durante la guerra civil murieron decenas de miles de personas, muchas de ellas enterradas en tumbas anónimas, sin que nadie explicara nada o emitiera algún aviso a la familia. Cientos de miles de otras partieron al exilio, incluyendo California.
Hernández, abogado, había dicho que ella creía que su misión era ayudar a las familias a conocer el destino de los familiares desaparecidos y llevar a justicia a sus asesinos. Estaba convencida de que la mayoría de los asesinatos durante la guerra civil fueron cometidos por las fuerzas de gobierno, una afirmación que fue rechazada por los funcionarios, que consideraban que su oficina era parcial y de izquierdas.
Después de la firma de los acuerdos de paz en Ciudad de México en 1992, trató de iniciar acciones legales por las matanzas de civiles a manos de soldados de diciembre de 1981, en El Mozote y otras tres aldeas en el nordeste de San Salvador. Oficiales salvadoreños y norteamericanos dijeron que las muertes se produjeron durante una batalla de tres días con las fuerzas de la guerrilla, pese a informes contrarios de las aldeas.
Más tarde un grupo de antropólogos forenses confirmaron que cientos de civiles desarmados, incluyendo mujeres y niños, habían sido asesinados; muchos de ellos habían sido torturados antes de su muerte. Funcionarios de la defensa salvadoreña dijeron que es imposible identificar a los soldados responsables.
La muerte de Hernández el viernes coincidió con el funeral de Romero, hace exactamente 27 años, dijo Silvia Guillén, de la Fundación para el Estudio para la Aplicación del Derecho, una organización de derechos humanos.
"Su muerte es una enorme pérdida para los que trabajamos en derechos humanos", dijo. "Y nos deja con la responsabilidad".
sam.enriquez@latimes.com
Enríquez informó desde Ciudad de México, y Renderos desde San Salvador.
4 de abril de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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