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el ombudsman que chile no tiene


[Alba López Vega] El último proyecto de reforma constitucional fue enviado en noviembre de 2003.
El tema está aún en pañales. Y aunque el Gobierno y el Parlamento tienen claridad en contar con la figura de un defensor del pueblo, todavía no se ha discutido en el Congreso. Los especialistas creen que habría sido valioso contar con uno en ‘épocas de Transantiago'.
Un defensor ciudadano u ombudsman es quien, en pocas palabras, defiende los derechos y libertades individuales y colectivas de la ciudadanía. Es un órgano que tiene la finalidad de tutelar los derechos de las personas, vigilando y controlando en la mayoría de los casos, la actividad de la administración del Estado.
En Latinoamérica países como Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay cuentan con la figura que se encarga básicamente de las quejas de los civiles y que han ayudado a solucionar problemas como las pensiones de retiro y los planes básicos de salud, por mencionar sólo algunas materias.
Jaime Córdoba, ex defensor del pueblo de Colombia, señala que la figura del defensor debe ser "un servidor público de alta jerarquía en el Estado, con la capacidad suficiente para recibir las quejas y angustias de los ciudadanos en la cotidianidad, por ejemplo, ante problemas de tanta importancia como el transporte público".
Opinión similar es la de Juan Domingo Milos, presidente del Capítulo Chile de Ombudsman, quien señala que temas como el Transantiago, podrían ser solucionados de una manera más eficiente de haber un defensor del pueblo como interlocutor.
"La necesidad que tiene Chile de un ombudsman es latente, es tan simple de ratificar como ir a un paradero de micros y preguntarles a esas personas si necesitan a alguien que los defienda frente al Estado y estoy seguro de que todos responderían que sí es necesario", dice Milos.

Nada Concreto
En Chile el tema ha tenido largas discusiones. Ya 1985 el Capítulo chileno de Ombusdman preparó las bases para la creación de la figura del defensor del pueblo, pensando en los gobiernos democráticos que vendrían después. En 1989 la idea fue recogida en el primer programa de gobierno. A inicio de 1991 se presentó por parte del mismo capítulo el primer proyecto al ex presidente Aylwin, el cual no prosperó. En 1997 un segundo plan cambió totalmente el sentido del defensor del pueblo que fue denominado defensor del usuario y tampoco llegó a buen puerto.
El tercer proyecto fue presentado en 2000 que cambió tres veces el nombre partiendo con defensor del pueblo, del usuario y posteriormente del ciudadano y que tiene mayor relación con la modernización del Estado. El proyecto fue modificado en 2003 hasta su discusión en la Cámara de Diputados, que no se ha realizado.
"En Colombia cuando recién comenzó a funcionar la figura del defensor del pueblo se iniciaron varias inquietudes como las que siento tiene el pueblo chileno, primero incredulidad de una parte y temores de otras, porque se pensaba que esta figura iba a invadir el funcionamiento de otras instituciones ya existentes, ese temor fue disipado muy rápido con la praxis de la defensoría del pueblo", dice Córdoba.
Por su parte el diputado Tucapel Jiménez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dice que respecto al tema del defensor ciudadano no se ha revisado aún en la Comisión de Derechos Humanos. "Llegó a nuestra comisión a mitad del 2006 y no se ha podido poner en tabla, porque la comisión trabajó en la comisión investigadora del Patio 29 y ahora está en otra comisión, pero espero que esté en tabla pronto".

¿Qué Dice el Proyecto?
El proyecto de reforma constitucional que crea el defensor ciudadano fue enviado a la Cámara de Diputados en noviembre de 2003, por el ex Presidente Lagos. En él se establece que dicha figura debe garantizar institucionalmente los derechos de las personas frente a la administración. Con respecto a las atribuciones del defensor el documento señala que el ombudsman no es un agente fiscalizador: "Su poder no es de revocación o de anulación, sino de persuasión e influencia respecto de la autoridad administrativa o de iniciativa hacia las autoridades administrativas".

9 de abril de 2007
©la nación
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