nueva ley de educación al congreso
Proyecto que deroga la LOCE impide el lucro de sostenedores
Iniciativa firmada esta mañana por la Presidenta Bachelet establece que sólo corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro podrán actuar como sostenedores de colegios. Además crea una Superintendencia y fija la posibilidad de selección de alumnos sólo en Enseñanza Media.
Concentrado en asegurar la calidad de la enseñanza, más allá del derecho a que todos puedan acceder a ella, llegará para su debate en el Congreso el proyecto de nueva Ley General de Educación firmado esta mañana por la presidente Michelle Bachelet en La Moneda.
La iniciativa que viene a reemplazar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) vigente desde la dictadura militar, contempla mecanismos para fiscalizar el trabajo de los establecimientos como la creación de una Superintendencia, establece derechos y deberes para todos los actores, crea el Consejo Nacional de Educación y define aporte de recursos.
En el ámbito de la calidad, y apuntando directamente a los privados que participan del sistema, se establece que sólo podrán ostentar este cargo aquellas corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro.
En el discurso de firma del proyecto, Bachelet dijo respecto de esta materia que "a partir de esta ley los recursos públicos entregados a las entidades educativas deberán ser destinados muy precisamente al cumplimiento de la función educativa porque para eso son los recursos públicos para ser invertidos en educación y nada más que eduación y fiscalizaremos que así se haga".
En este cambio de requisito para los sostenedores, muchos de ellos cuestionados por el uso de los fondos fiscales, se fija un plazo de cuatro años para que las entidades que actualmente tienen reconocimiento oficial puedan adecuarse a estas nuevas exigencias.
La ministra de Educación, Yasna Provoste, acotó que la idea implica "que en el artículo 54 sea incorporado que se reconocen como sostenedores a aquellas personas jurídicas que representen corporaciones o fundaciones sin fines de lucro de manera que todos los recursos que el estado invierte, recursos de todos que se invierten en materia educacional, sean destinados con el único objeto a mejorar la educación".
En este punto se "establece una norma transitoria en que entrega cuatro años desde que se a promulgado la ley para que ellos ajusten su estructura a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro", agregó la secretaria de Estado.
Los nuevos sostenedores deberán demostrar que en sus colegios se está entregando una educación de calidad y rendir cuenta detallada respecto del destino de los fondos públicos que reciben.
Como instancia destinada a fiscalizar el uso de los fondos y el cumplimiento de metas se crea una Superintendencia de Educación, y para analizar el desarrollo del sistema se crea un nuevo Consejo Nacional de Educación, el reemplazo del actual Consejo Superior de Educación creado en la dictadura y que compondrán académicos, profesionales, estudiantes, además de otros organismos representativos y de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Otra de las medidas más llamativas es la que fija que hasta octavo básico los colegios no podrán establecer criterios de discriminación para seleccionar a sus alumnos, una corrección hecha por La Moneda a la propuesta de la Comisión Asesora que apuntaba sólo a extender dicha capacidad hasta sexto básico.
Iniciativa firmada esta mañana por la Presidenta Bachelet establece que sólo corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro podrán actuar como sostenedores de colegios. Además crea una Superintendencia y fija la posibilidad de selección de alumnos sólo en Enseñanza Media.Concentrado en asegurar la calidad de la enseñanza, más allá del derecho a que todos puedan acceder a ella, llegará para su debate en el Congreso el proyecto de nueva Ley General de Educación firmado esta mañana por la presidente Michelle Bachelet en La Moneda.
La iniciativa que viene a reemplazar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) vigente desde la dictadura militar, contempla mecanismos para fiscalizar el trabajo de los establecimientos como la creación de una Superintendencia, establece derechos y deberes para todos los actores, crea el Consejo Nacional de Educación y define aporte de recursos.
En el ámbito de la calidad, y apuntando directamente a los privados que participan del sistema, se establece que sólo podrán ostentar este cargo aquellas corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro.
En el discurso de firma del proyecto, Bachelet dijo respecto de esta materia que "a partir de esta ley los recursos públicos entregados a las entidades educativas deberán ser destinados muy precisamente al cumplimiento de la función educativa porque para eso son los recursos públicos para ser invertidos en educación y nada más que eduación y fiscalizaremos que así se haga".
En este cambio de requisito para los sostenedores, muchos de ellos cuestionados por el uso de los fondos fiscales, se fija un plazo de cuatro años para que las entidades que actualmente tienen reconocimiento oficial puedan adecuarse a estas nuevas exigencias.
La ministra de Educación, Yasna Provoste, acotó que la idea implica "que en el artículo 54 sea incorporado que se reconocen como sostenedores a aquellas personas jurídicas que representen corporaciones o fundaciones sin fines de lucro de manera que todos los recursos que el estado invierte, recursos de todos que se invierten en materia educacional, sean destinados con el único objeto a mejorar la educación".
En este punto se "establece una norma transitoria en que entrega cuatro años desde que se a promulgado la ley para que ellos ajusten su estructura a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro", agregó la secretaria de Estado.
Los nuevos sostenedores deberán demostrar que en sus colegios se está entregando una educación de calidad y rendir cuenta detallada respecto del destino de los fondos públicos que reciben.
Como instancia destinada a fiscalizar el uso de los fondos y el cumplimiento de metas se crea una Superintendencia de Educación, y para analizar el desarrollo del sistema se crea un nuevo Consejo Nacional de Educación, el reemplazo del actual Consejo Superior de Educación creado en la dictadura y que compondrán académicos, profesionales, estudiantes, además de otros organismos representativos y de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Otra de las medidas más llamativas es la que fija que hasta octavo básico los colegios no podrán establecer criterios de discriminación para seleccionar a sus alumnos, una corrección hecha por La Moneda a la propuesta de la Comisión Asesora que apuntaba sólo a extender dicha capacidad hasta sexto básico.
9 de abril de 2007
©la nación 
0 comentarios