el tráfico de drogas en méxico
[Manuel Salazar Salvo] Los mariachi entran al baile. En 1977, 10 mil soldados participaron en la Operación Cóndor, destinada a destruir plantaciones de marihuana en Sinaloa, Durango y Chihuahua, un área que producía más del 70% de las drogas de todo México.
En 1979, el subprocurador general de la República, Samuel Alba Leyva, aseguró que el cultivo y el tráfico de drogas en la región habían sido erradicados.
Al iniciarse la década de 1970, los viejos contrabandistas mexicanos empezaron a modernizarse para ingresar al nuevo gran negocio: el mercado de drogas estadounidense. Ya no sólo se trataba de proveer a los gringos de tequila, marihuana y hongos alucinógenos. Ahora, los pedidos incluían partidas de heroína y cocaína. Había que trazar nuevas rutas, cambiar los medios de transporte, fijar puntos de entrega y establecer alianzas con las organizaciones hermanas que estaban surgiendo en Colombia.
Los traficantes aztecas se valieron inicialmente de grupos delictivos de Guatemala y Honduras, en Centroamérica; y de Trinidad y Tobago, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, en el Caribe. Bajaban a esos países a buscar la cocaína y luego la subían a Estados Unidos.
La prohibición paulatina de drogas y alcohol en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos produjo una expansión del contrabando desde México, tráfico en el cual se involucraron las elites locales y regionales. Altos funcionarios del Gobierno central también vieron el incremento exponencial de las ganancias y flaquearon ante el caudal de dólares que inundaba las zonas fronterizas y se extendía al resto del país.
El Hábito de la Corrupción
La Segunda Guerra Mundial y la guerra civil en China, con sus efectos sobre el tráfico de heroína hacia EEUU, permitieron un nuevo avance a los grupos dedicados al tráfico de marihuana y opio. En los '50 surgieron zonas de producción de drogas y se establecieron contactos con las redes internacionales de narcotráfico.
También por esos años se consolidaron los vínculos entre el poder político, cada vez más centralizado, y las organizaciones criminales. A modo de ejemplo, investigadores mexicanos citan los recursos depositados en bancos extranjeros por el Presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y otros funcionarios de su administración, por un monto superior a los 500 millones de dólares.
Se recuerda que un gobernador de Chihuahua fue forzado a dimitir por una protesta popular que lo acusó de controlar la prostitución en Ciudad Juárez, y su colega de Baja California tuvo que dejar su puesto ante las quejas de unas ocho mil prostitutas que exigían dejar de pagar una cuota a una supuesta organización caritativa que dirigía su esposa.
Quince años después, los hippies que buscaban el paraíso artificial y los ex combatientes de Vietnam que requerían heroína, así como la interrupción de las rutas que proveían de drogas a la Mafia italo-norteamericana desde el Oriente, contribuyeron a la expansión de las organizaciones criminales mexicanas.
La Casa Blanca, inquieta, apoyó en marzo de 1970 una campaña contra el narcotráfico, y ocho meses después se informó de la destrucción de siembras de amapola en Chihuahua y Sinaloa. Pero ese mismo año, individuos armados procedentes de Sinaloa empezaron a adquirir tierras y a contratar campesinos para plantar amapolas y marihuana.
Pocos años después, en 1977, 10 mil soldados participaron en la Operación Cóndor, destinada a destruir plantaciones de marihuana en Sinaloa, Durango y Chihuahua, un área de 70 mil kilómetros que producía más del 70% de los enervantes de todo el país. En 1979, el subprocurador general de la República, Samuel Alba Leyva, aseguró que el cultivo y el tráfico de drogas en la región habían sido erradicados.
A mediados de los '70, México ya era la principal fuente de marihuana para el mercado estadounidense, proveía el 70% de la heroína y era una de las dos rutas principales para la cocaína que viajaba desde América del Sur.
Con el crecimiento disparado de la demanda y los beneficios, gran parte de las autoridades locales comenzaron a participar sin rubor en el negocio, incluso en los procesos de producción y distribución, según acreditan decenas de investigaciones realizadas por especialistas de los más diversos orígenes.
La policía política de entonces, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), jugó un papel crucial en la centralización de la producción y el tráfico de drogas. El investigador Elaine Shannon, en su libro ‘Desperados. Los caciques latinos de la droga, los agentes de la ley y la guerra que Estados Unidos no puede ganar', publicado en 1988, señala: "A mediados de los años 70, cuando las bandas de Sinaloa guerreaban entre sí y con la Policía Judicial Federal y la DEA (Drug Enforcement Agency), los comandantes de la DFS Esteban Guzmán y Daniel Acuña fueron a ver a los señores de la droga de Sinaloa, Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, los Caro y los Quintero, y les aconsejaron que dejaran a un lado la violencia y edificaran una base de operaciones en Estados Unidos. Según Gabriel, un informante de la DEA que dijo haber trabajado en la DFS de 1973 a 1981, los funcionarios de esta dirección persuadieron a los traficantes de Sinaloa para que se reubicaran en Guadalajara. Dijo que los agentes de la DFS edificaron una especie de complejo narcoindustrial. Conforme a su relato, los agentes de la DFS presentaron a los traficantes con personas de influencia en Guadalajara, les buscaron casa y les asignaron guardaespaldas. Los traficantes proporcionaban músculo y sangre, y los dirigentes de la DFS aportaban cerebro, coordinación, aislamiento de otras agencias del Gobierno y poder de fuego en forma de miles de armas automáticas introducidas de contrabando".
Todos en Guadalajara
En 1976, en Ojinaga, empezó a sobresalir un hombre al que le gustaban los sombreros finos, las metralletas R-15 y las camionetas Bronco, y que, además, ayudaba a los pobres y a los estudiantes. Era Pablo Acosta, ‘El Zorro de Ojinaga', el primer gran capo que controló la exportación de cocaína, heroína y marihuana en el nororiente de Chihuahua. Agentes federales lo acribillaron en su rancho y su organización pasó a manos de tres hermanos que habían llegado a trabajar con él seis años antes, desde Sinaloa: eran Amado, Cipriano y Vicente Carrillo, sobrinos de Ernesto Fonseca Carrillo, alias ‘Don Neto'.
Al comenzar la década de los '80, Miguel Ángel Félix Gallardo formó el cartel de Guadalajara, integrado por Juan Ramón Matta Ballesteros, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido Uzeta, Javier Barba Hernández, Juan José Quintero Payán, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero, Héctor ‘El Güero' Palma y los hermanos Arellano Félix, entre otros. Todos eran de Sinaloa.
Félix Gallardo había llegado a un acuerdo con los carteles colombianos para trasladar cocaína, heroína y marihuana a California. Conocía bien el negocio: había sido policía y luego guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. En 1982, el cartel de Guadalajara introducía 1,5 toneladas de cocaína al mes en Estados Unidos.
Guadalajara era una ciudad tranquila, donde se bebía tequila y se escuchaba mariachi. Los pueblos vecinos sufrían el desempleo y la pobreza, pero de pronto todo cambió y hubo un repentino auge económico en las comunidades rurales. Los mariachi fueron desplazados por las bandas de narcorridos y música más alegre. En Cúcula, cuenta una periodista mexicana, a veces se encontraba sólo un mariachi: el del monumento que se encuentra a la entrada del pueblo.
Los carteles colombianos que intentaron transportar cocaína a México en forma independiente obtuvieron fracaso tras fracaso, y tuvieron que aliarse con la delincuencia organizada local, coludida desde hace décadas con múltiples instituciones. El poder económico de los cafeteros fue inútil en las tierras de Pancho Villa, donde siempre el poder otorga dinero, pero no siempre el dinero otorga poder.
La Repartición de un País
Enrique ‘Kiki' Camarena, un osado agente estadounidense de la DEA, logró ganarse la confianza de Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Manuel Salcido y Félix Gallardo, los mero mero de Guadalajara. Se trataban de compadres y Camarena les prometió protección e impunidad desde el estado de Guerrero hasta Tijuana.
En noviembre de 1984, 450 soldados apoyados por helicópteros ingresaron al rancho Búfalo, en Chihuahua, donde trabajaban unos 10 mil campesinos. Las tropas incautaron unas mil hectáreas de cannabis, es decir, cerca de 10 mil toneladas de marihuana –el consumo de un año en el mercado de EEUU–, avaluada en más de ocho mil millones de dólares.
Cuatro meses tardaron los perjudicados en descubrir que Camarena los había traicionado. En marzo de 1985 lo secuestraron en la vía pública, lo torturaron y lo asesinaron.
El error fue grave y las consecuencias peores. Washington presionó al Gobierno mexicano y la DEA atrapó a Félix, Caro y Fonseca, dejando al cartel sin sus principales cabezas. Entonces, Juan José Esparragosa-Moreno, ‘El Azul', uno de los más respetados jefes mafiosos, convocó a una junta de principales y antiguos para proponer una solución salomónica: la repartición del territorio mexicano.
Así surgieron cuatro grandes nuevos carteles: Tijuana, a cargo de los Arellano Félix y ‘Chuy' Labra; Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo' Guzmán y ‘El Güero' Palma; el del Golfo, controlado por Juan García Ábrego, y el de Ciudad de Juárez, liderado por Amado Carrillo.
Eran y se sentían como una verdadera gran familia, pero la competencia aumentaba y el tiempo apremiaba. Los lazos se rompieron en semanas y se desató la guerra entre los nuevos carteles.
‘El Chapo' y ‘El Güero' se aliaron con Amado Carrillo en contra de los Arellano Félix. A la esposa de ‘El Güero' le cortaron la cabeza y a sus hijos los lanzaron amarrados desde un puente. En la batalla no se dieron tregua ni cuartel, y hasta un cardenal de la Iglesia Católica murió acribillado en el pleito.
Mientras, desde Ciudad Juárez, Gilberto Ontiveros Lucero, ‘El Greñas', y Jesús Meléndez, ‘Don Chuy', se transformaron en ‘los reyes de la cocaína'. El alcaloide que introducían a Estados Unidos viajaba por aire desde Colombia a los puertos de Veracruz o Tampico; de ahí, por avión o en camiones, a Chihuahua y luego a bodegas de Juárez y El Paso, desde donde finalmente salía hacia Los Ángeles oculta entre piñatas y artesanías. En 1988, el cartel de Juárez tenía en su nómina a 30 jefes y comandantes de la Policía Judicial Federal, encargados de custodiar los cargamentos. Amado Carrillo Fuentes, el jefe indiscutido, decidió transportar la cocaína a gran escala a bordo de aviones Boeing 727, que aterrizaban en Chihuaha después de un largo viaje desde Colombia. Muy pronto se empezó a hablar del ‘Señor de los Cielos'.
Un trabajo similar realizaba el cartel del Golfo, considerado el más antiguo de México. Comenzó en la década de los '50 con el tráfico de whisky en la zona de Tamaulipas. Juan Nepomuceno Guerra fue el líder hasta el fin de sus días y las autoridades nunca pudieron probarle delito alguno. En los años '80 llegó un sobrino del jefe, Juan García Ábrego, quien giró el negocio hacia las drogas e instaló a su lado a tres hombres de confianza: Óscar Malherbe, Jaime González y Raúl Valladares, quienes se hicieron cargo de llevar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, en una férrea asociación con el cartel de Cali, de los colombianos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. El vínculo entre ambos grupos era Luis Hermida Madrid, llamado 'El Ingeniero' por su habilidad para trazar rutas de transporte.
¿Narcodemocracia?
La especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia. Las inmensas diferencias en niveles de renta y de poder, junto a factores como el escaso desarrollo de la sociedad civil, ayudaron a crear las condiciones para ello.
Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, sostiene en su estudio ‘Sistema político y delincuencia organizada en México', que las asociaciones criminales mexicanas no pueden situarse dentro de los modelos habituales de delincuencia organizada y sus conexiones con el poder político, sino en el concepto de crimen organizado de Estado, al que define como "actos que la ley considera delictivos (pero que son) cometidos por funcionarios del Estado en la persecución de sus objetivos como representantes del Estado".
En 1991, un bien establecido traficante de drogas, Oliverio Chávez Araujo, también conocido como ‘El Zar de la Cocaína', ex militar que pasó del comercio de marihuana al de cocaína con gran éxito, llegando a disputar a García Ábrego el control del codiciado estado de Tamaulipas, declaró: "He vencido a todos los carteles, pero con el de la charola no he podido".
Uno de los aliados de García Ábrego, Óscar López Olivares, alias ‘El Profe', se refirió también al negocio: "El narcotráfico, y esto debe entenderse, es un asunto manejado por el Gobierno, porque desde la protección que se da a los cultivos de marihuana todo está debidamente controlado, primero por el Ejército, después por la Policía Judicial Federal y hasta por los fumigadores de la Procuraduría". Cuando finalmente García Ábrego pierde sus resortes políticos y es detenido, su anciano tío, Juan Nepomucemo Guerra, que durante décadas controló el contrabando en Matamoros, declaró: "Es mi sobrino, ¿qué le puedo decir?... contra el Gobierno no se puede".
Territorios en Disputa
Durante los tiempos del todopoderoso Partido Revolucionario Institucional, los caciques regionales y estatales no sólo mantenían el control político, sino que en muchos casos –y de ello abundan las evidencias– solapaban a las bandas criminales a cambio de una cierta estabilidad en los niveles de violencia. Así, al tiempo que crecía el poder de las bandas del narcotráfico –y las disputas por territorios de paso y mercados– se hacía necesario extender las redes de complicidad, del orden municipal al estatal y luego al federal.
Pero los problemas se complicaron cuando llegaron la pluralidad y la alternancia; cuando el gobernador de un estado es de un partido y el alcalde de la capital está en manos de otro partido, y más aún cuando existe una lucha tripartidista. Y la crisis alcanza niveles geométricos cuando otras bandas criminales disputan territorios, rutas y mercados, empujados por la sobreoferta de drogas que debe encontrar nuevos puntos de distribución y consumo. Se alteraron los equilibrios políticos, económicos y sociales que hicieron posible, por lo menos hasta el año 2000, una convivencia más o menos manejable. Luego vendría la violencia sin freno y los mexicanos empezarían a transitar por el sendero del espanto.
En 1979, el subprocurador general de la República, Samuel Alba Leyva, aseguró que el cultivo y el tráfico de drogas en la región habían sido erradicados.Al iniciarse la década de 1970, los viejos contrabandistas mexicanos empezaron a modernizarse para ingresar al nuevo gran negocio: el mercado de drogas estadounidense. Ya no sólo se trataba de proveer a los gringos de tequila, marihuana y hongos alucinógenos. Ahora, los pedidos incluían partidas de heroína y cocaína. Había que trazar nuevas rutas, cambiar los medios de transporte, fijar puntos de entrega y establecer alianzas con las organizaciones hermanas que estaban surgiendo en Colombia.
Los traficantes aztecas se valieron inicialmente de grupos delictivos de Guatemala y Honduras, en Centroamérica; y de Trinidad y Tobago, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, en el Caribe. Bajaban a esos países a buscar la cocaína y luego la subían a Estados Unidos.
La prohibición paulatina de drogas y alcohol en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos produjo una expansión del contrabando desde México, tráfico en el cual se involucraron las elites locales y regionales. Altos funcionarios del Gobierno central también vieron el incremento exponencial de las ganancias y flaquearon ante el caudal de dólares que inundaba las zonas fronterizas y se extendía al resto del país.
El Hábito de la Corrupción
La Segunda Guerra Mundial y la guerra civil en China, con sus efectos sobre el tráfico de heroína hacia EEUU, permitieron un nuevo avance a los grupos dedicados al tráfico de marihuana y opio. En los '50 surgieron zonas de producción de drogas y se establecieron contactos con las redes internacionales de narcotráfico.
También por esos años se consolidaron los vínculos entre el poder político, cada vez más centralizado, y las organizaciones criminales. A modo de ejemplo, investigadores mexicanos citan los recursos depositados en bancos extranjeros por el Presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y otros funcionarios de su administración, por un monto superior a los 500 millones de dólares.
Se recuerda que un gobernador de Chihuahua fue forzado a dimitir por una protesta popular que lo acusó de controlar la prostitución en Ciudad Juárez, y su colega de Baja California tuvo que dejar su puesto ante las quejas de unas ocho mil prostitutas que exigían dejar de pagar una cuota a una supuesta organización caritativa que dirigía su esposa.
Quince años después, los hippies que buscaban el paraíso artificial y los ex combatientes de Vietnam que requerían heroína, así como la interrupción de las rutas que proveían de drogas a la Mafia italo-norteamericana desde el Oriente, contribuyeron a la expansión de las organizaciones criminales mexicanas.
La Casa Blanca, inquieta, apoyó en marzo de 1970 una campaña contra el narcotráfico, y ocho meses después se informó de la destrucción de siembras de amapola en Chihuahua y Sinaloa. Pero ese mismo año, individuos armados procedentes de Sinaloa empezaron a adquirir tierras y a contratar campesinos para plantar amapolas y marihuana.
Pocos años después, en 1977, 10 mil soldados participaron en la Operación Cóndor, destinada a destruir plantaciones de marihuana en Sinaloa, Durango y Chihuahua, un área de 70 mil kilómetros que producía más del 70% de los enervantes de todo el país. En 1979, el subprocurador general de la República, Samuel Alba Leyva, aseguró que el cultivo y el tráfico de drogas en la región habían sido erradicados.
A mediados de los '70, México ya era la principal fuente de marihuana para el mercado estadounidense, proveía el 70% de la heroína y era una de las dos rutas principales para la cocaína que viajaba desde América del Sur.
Con el crecimiento disparado de la demanda y los beneficios, gran parte de las autoridades locales comenzaron a participar sin rubor en el negocio, incluso en los procesos de producción y distribución, según acreditan decenas de investigaciones realizadas por especialistas de los más diversos orígenes.
La policía política de entonces, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), jugó un papel crucial en la centralización de la producción y el tráfico de drogas. El investigador Elaine Shannon, en su libro ‘Desperados. Los caciques latinos de la droga, los agentes de la ley y la guerra que Estados Unidos no puede ganar', publicado en 1988, señala: "A mediados de los años 70, cuando las bandas de Sinaloa guerreaban entre sí y con la Policía Judicial Federal y la DEA (Drug Enforcement Agency), los comandantes de la DFS Esteban Guzmán y Daniel Acuña fueron a ver a los señores de la droga de Sinaloa, Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, los Caro y los Quintero, y les aconsejaron que dejaran a un lado la violencia y edificaran una base de operaciones en Estados Unidos. Según Gabriel, un informante de la DEA que dijo haber trabajado en la DFS de 1973 a 1981, los funcionarios de esta dirección persuadieron a los traficantes de Sinaloa para que se reubicaran en Guadalajara. Dijo que los agentes de la DFS edificaron una especie de complejo narcoindustrial. Conforme a su relato, los agentes de la DFS presentaron a los traficantes con personas de influencia en Guadalajara, les buscaron casa y les asignaron guardaespaldas. Los traficantes proporcionaban músculo y sangre, y los dirigentes de la DFS aportaban cerebro, coordinación, aislamiento de otras agencias del Gobierno y poder de fuego en forma de miles de armas automáticas introducidas de contrabando".
Todos en Guadalajara
En 1976, en Ojinaga, empezó a sobresalir un hombre al que le gustaban los sombreros finos, las metralletas R-15 y las camionetas Bronco, y que, además, ayudaba a los pobres y a los estudiantes. Era Pablo Acosta, ‘El Zorro de Ojinaga', el primer gran capo que controló la exportación de cocaína, heroína y marihuana en el nororiente de Chihuahua. Agentes federales lo acribillaron en su rancho y su organización pasó a manos de tres hermanos que habían llegado a trabajar con él seis años antes, desde Sinaloa: eran Amado, Cipriano y Vicente Carrillo, sobrinos de Ernesto Fonseca Carrillo, alias ‘Don Neto'.
Al comenzar la década de los '80, Miguel Ángel Félix Gallardo formó el cartel de Guadalajara, integrado por Juan Ramón Matta Ballesteros, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido Uzeta, Javier Barba Hernández, Juan José Quintero Payán, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero, Héctor ‘El Güero' Palma y los hermanos Arellano Félix, entre otros. Todos eran de Sinaloa.
Félix Gallardo había llegado a un acuerdo con los carteles colombianos para trasladar cocaína, heroína y marihuana a California. Conocía bien el negocio: había sido policía y luego guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. En 1982, el cartel de Guadalajara introducía 1,5 toneladas de cocaína al mes en Estados Unidos.
Guadalajara era una ciudad tranquila, donde se bebía tequila y se escuchaba mariachi. Los pueblos vecinos sufrían el desempleo y la pobreza, pero de pronto todo cambió y hubo un repentino auge económico en las comunidades rurales. Los mariachi fueron desplazados por las bandas de narcorridos y música más alegre. En Cúcula, cuenta una periodista mexicana, a veces se encontraba sólo un mariachi: el del monumento que se encuentra a la entrada del pueblo.
Los carteles colombianos que intentaron transportar cocaína a México en forma independiente obtuvieron fracaso tras fracaso, y tuvieron que aliarse con la delincuencia organizada local, coludida desde hace décadas con múltiples instituciones. El poder económico de los cafeteros fue inútil en las tierras de Pancho Villa, donde siempre el poder otorga dinero, pero no siempre el dinero otorga poder.
La Repartición de un País
Enrique ‘Kiki' Camarena, un osado agente estadounidense de la DEA, logró ganarse la confianza de Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Manuel Salcido y Félix Gallardo, los mero mero de Guadalajara. Se trataban de compadres y Camarena les prometió protección e impunidad desde el estado de Guerrero hasta Tijuana.
En noviembre de 1984, 450 soldados apoyados por helicópteros ingresaron al rancho Búfalo, en Chihuahua, donde trabajaban unos 10 mil campesinos. Las tropas incautaron unas mil hectáreas de cannabis, es decir, cerca de 10 mil toneladas de marihuana –el consumo de un año en el mercado de EEUU–, avaluada en más de ocho mil millones de dólares.
Cuatro meses tardaron los perjudicados en descubrir que Camarena los había traicionado. En marzo de 1985 lo secuestraron en la vía pública, lo torturaron y lo asesinaron.
El error fue grave y las consecuencias peores. Washington presionó al Gobierno mexicano y la DEA atrapó a Félix, Caro y Fonseca, dejando al cartel sin sus principales cabezas. Entonces, Juan José Esparragosa-Moreno, ‘El Azul', uno de los más respetados jefes mafiosos, convocó a una junta de principales y antiguos para proponer una solución salomónica: la repartición del territorio mexicano.
Así surgieron cuatro grandes nuevos carteles: Tijuana, a cargo de los Arellano Félix y ‘Chuy' Labra; Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo' Guzmán y ‘El Güero' Palma; el del Golfo, controlado por Juan García Ábrego, y el de Ciudad de Juárez, liderado por Amado Carrillo.
Eran y se sentían como una verdadera gran familia, pero la competencia aumentaba y el tiempo apremiaba. Los lazos se rompieron en semanas y se desató la guerra entre los nuevos carteles.
‘El Chapo' y ‘El Güero' se aliaron con Amado Carrillo en contra de los Arellano Félix. A la esposa de ‘El Güero' le cortaron la cabeza y a sus hijos los lanzaron amarrados desde un puente. En la batalla no se dieron tregua ni cuartel, y hasta un cardenal de la Iglesia Católica murió acribillado en el pleito.
Mientras, desde Ciudad Juárez, Gilberto Ontiveros Lucero, ‘El Greñas', y Jesús Meléndez, ‘Don Chuy', se transformaron en ‘los reyes de la cocaína'. El alcaloide que introducían a Estados Unidos viajaba por aire desde Colombia a los puertos de Veracruz o Tampico; de ahí, por avión o en camiones, a Chihuahua y luego a bodegas de Juárez y El Paso, desde donde finalmente salía hacia Los Ángeles oculta entre piñatas y artesanías. En 1988, el cartel de Juárez tenía en su nómina a 30 jefes y comandantes de la Policía Judicial Federal, encargados de custodiar los cargamentos. Amado Carrillo Fuentes, el jefe indiscutido, decidió transportar la cocaína a gran escala a bordo de aviones Boeing 727, que aterrizaban en Chihuaha después de un largo viaje desde Colombia. Muy pronto se empezó a hablar del ‘Señor de los Cielos'.
Un trabajo similar realizaba el cartel del Golfo, considerado el más antiguo de México. Comenzó en la década de los '50 con el tráfico de whisky en la zona de Tamaulipas. Juan Nepomuceno Guerra fue el líder hasta el fin de sus días y las autoridades nunca pudieron probarle delito alguno. En los años '80 llegó un sobrino del jefe, Juan García Ábrego, quien giró el negocio hacia las drogas e instaló a su lado a tres hombres de confianza: Óscar Malherbe, Jaime González y Raúl Valladares, quienes se hicieron cargo de llevar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, en una férrea asociación con el cartel de Cali, de los colombianos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. El vínculo entre ambos grupos era Luis Hermida Madrid, llamado 'El Ingeniero' por su habilidad para trazar rutas de transporte.
¿Narcodemocracia?
La especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia. Las inmensas diferencias en niveles de renta y de poder, junto a factores como el escaso desarrollo de la sociedad civil, ayudaron a crear las condiciones para ello.
Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, sostiene en su estudio ‘Sistema político y delincuencia organizada en México', que las asociaciones criminales mexicanas no pueden situarse dentro de los modelos habituales de delincuencia organizada y sus conexiones con el poder político, sino en el concepto de crimen organizado de Estado, al que define como "actos que la ley considera delictivos (pero que son) cometidos por funcionarios del Estado en la persecución de sus objetivos como representantes del Estado".
En 1991, un bien establecido traficante de drogas, Oliverio Chávez Araujo, también conocido como ‘El Zar de la Cocaína', ex militar que pasó del comercio de marihuana al de cocaína con gran éxito, llegando a disputar a García Ábrego el control del codiciado estado de Tamaulipas, declaró: "He vencido a todos los carteles, pero con el de la charola no he podido".
Uno de los aliados de García Ábrego, Óscar López Olivares, alias ‘El Profe', se refirió también al negocio: "El narcotráfico, y esto debe entenderse, es un asunto manejado por el Gobierno, porque desde la protección que se da a los cultivos de marihuana todo está debidamente controlado, primero por el Ejército, después por la Policía Judicial Federal y hasta por los fumigadores de la Procuraduría". Cuando finalmente García Ábrego pierde sus resortes políticos y es detenido, su anciano tío, Juan Nepomucemo Guerra, que durante décadas controló el contrabando en Matamoros, declaró: "Es mi sobrino, ¿qué le puedo decir?... contra el Gobierno no se puede".
Territorios en Disputa
Durante los tiempos del todopoderoso Partido Revolucionario Institucional, los caciques regionales y estatales no sólo mantenían el control político, sino que en muchos casos –y de ello abundan las evidencias– solapaban a las bandas criminales a cambio de una cierta estabilidad en los niveles de violencia. Así, al tiempo que crecía el poder de las bandas del narcotráfico –y las disputas por territorios de paso y mercados– se hacía necesario extender las redes de complicidad, del orden municipal al estatal y luego al federal.
Pero los problemas se complicaron cuando llegaron la pluralidad y la alternancia; cuando el gobernador de un estado es de un partido y el alcalde de la capital está en manos de otro partido, y más aún cuando existe una lucha tripartidista. Y la crisis alcanza niveles geométricos cuando otras bandas criminales disputan territorios, rutas y mercados, empujados por la sobreoferta de drogas que debe encontrar nuevos puntos de distribución y consumo. Se alteraron los equilibrios políticos, económicos y sociales que hicieron posible, por lo menos hasta el año 2000, una convivencia más o menos manejable. Luego vendría la violencia sin freno y los mexicanos empezarían a transitar por el sendero del espanto.
3 de junio de 2007
©la nación 
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