quemaron los archivos
[Jorge Escalante] DINE admite que archivos de represión pudieron quemarse. Lo informó ayer a juez Solís su director, el general Ricardo Ortega.
Santiago, Chile. Esta es la primera vez que el Ejército admite la probable quema de documentos. Hasta ahora la institución prefirió no pronunciarse respecto del destino final de esa información.
Como era previsible, la visita del ministro Alejandro Solís ayer a las dependencias de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en busca de documentación de los anteriores órganos de represión de la dictadura, no produjo resultado. Así lo informó un comunicado oficial. No obstante, al magistrado se le informó que la documentación de la DINA y la CNI pudo ser quemada por el Ejército en los últimos años.
De acuerdo al contenido de la reunión conocida por La Nación, esa posibilidad le fue informada al magistrado por el director de la DINE, general Ricardo Ortega, quien le dijo que sólo podía responder desde 2004 en adelante, cuando asumió esa dirección, y que él no ha ordenado una incineración de ese material, agregó.
La prensa quedó esperando el ingreso del ministro a las 10 de la mañana en la entrada principal en Avenida Bulnes 129, pero sus anfitriones lo hicieron entrar y salir por una pequeña puerta posterior, en calle Nataniel Cox.
Ante la respuesta negativa del general Ortega afirmando que en la DINE no existe documentación de las ex DINA o CNI, el juez le mostró entonces las declaraciones del ex agente y abogado (civil) que pasó desde la CNI al departamento jurídico de la DINE, René Alegría Rojas.
Los textos publicados por La Nación y entregados al ministro por el diputado Tucapel Jiménez pertenecen al expediente del proceso de su padre. El ex agente relata que le consta que, al menos los archivos de la CNI, pasaron a las dependencias de la DINE porque él mismo trasladó parte de ese material a esas oficinas. Desde la CNI Alegría pasó a la DINE, luego a la Auditoría del Ejército y, de ahí, al Comando de Apoyo Administratrivo, CAE, donde se desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2006.
Ante ello, el general Ortega dijo al juez que Alegría "está equivocado". En su declaración de comienzos de esta década Alegría mencionó al entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, general Patricio Chacón, manifestando no entender por qué éste ofició al juez Sergio Muñoz en la causa Tucapel que "el Ejército no cuenta" con los documentos de la CNI que el magistrado requería.
Alegría insistió en su relato que los archivos de la CNI sí pasaron a la Dirección de Inteligencia, porque él tuvo que ver con ello.
El director de la DINE manifestó también al juez que, acerca del destino final de los archivos de la DINA y CNI, se debe preguntar a los anteriores directores de la DINE, especialmente al general Gustavo Abarzúa quien fue el último director de la CNI y luego pasó a ser director de la DINE en 1990.
Durante la década de los noventa la Dirección de Inteligencia del Ejército y su Auditoría General montaron operaciones tendientes a sustraer a agentes de la justicia sacándolos clandestinamente al extranjero.
Además la DINE y esa Auditoría trabaron las investigaciones de los jueces negando documentación, o proporcionando información falsa o dilatante, como quedó establecido en varios procesos, entre ellos el de Tucapel Jiménez.
Santiago, Chile. Esta es la primera vez que el Ejército admite la probable quema de documentos. Hasta ahora la institución prefirió no pronunciarse respecto del destino final de esa información.Como era previsible, la visita del ministro Alejandro Solís ayer a las dependencias de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en busca de documentación de los anteriores órganos de represión de la dictadura, no produjo resultado. Así lo informó un comunicado oficial. No obstante, al magistrado se le informó que la documentación de la DINA y la CNI pudo ser quemada por el Ejército en los últimos años.
De acuerdo al contenido de la reunión conocida por La Nación, esa posibilidad le fue informada al magistrado por el director de la DINE, general Ricardo Ortega, quien le dijo que sólo podía responder desde 2004 en adelante, cuando asumió esa dirección, y que él no ha ordenado una incineración de ese material, agregó.
La prensa quedó esperando el ingreso del ministro a las 10 de la mañana en la entrada principal en Avenida Bulnes 129, pero sus anfitriones lo hicieron entrar y salir por una pequeña puerta posterior, en calle Nataniel Cox.
Ante la respuesta negativa del general Ortega afirmando que en la DINE no existe documentación de las ex DINA o CNI, el juez le mostró entonces las declaraciones del ex agente y abogado (civil) que pasó desde la CNI al departamento jurídico de la DINE, René Alegría Rojas.
Los textos publicados por La Nación y entregados al ministro por el diputado Tucapel Jiménez pertenecen al expediente del proceso de su padre. El ex agente relata que le consta que, al menos los archivos de la CNI, pasaron a las dependencias de la DINE porque él mismo trasladó parte de ese material a esas oficinas. Desde la CNI Alegría pasó a la DINE, luego a la Auditoría del Ejército y, de ahí, al Comando de Apoyo Administratrivo, CAE, donde se desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2006.
Ante ello, el general Ortega dijo al juez que Alegría "está equivocado". En su declaración de comienzos de esta década Alegría mencionó al entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, general Patricio Chacón, manifestando no entender por qué éste ofició al juez Sergio Muñoz en la causa Tucapel que "el Ejército no cuenta" con los documentos de la CNI que el magistrado requería.
Alegría insistió en su relato que los archivos de la CNI sí pasaron a la Dirección de Inteligencia, porque él tuvo que ver con ello.
El director de la DINE manifestó también al juez que, acerca del destino final de los archivos de la DINA y CNI, se debe preguntar a los anteriores directores de la DINE, especialmente al general Gustavo Abarzúa quien fue el último director de la CNI y luego pasó a ser director de la DINE en 1990.
Durante la década de los noventa la Dirección de Inteligencia del Ejército y su Auditoría General montaron operaciones tendientes a sustraer a agentes de la justicia sacándolos clandestinamente al extranjero.
Además la DINE y esa Auditoría trabaron las investigaciones de los jueces negando documentación, o proporcionando información falsa o dilatante, como quedó establecido en varios procesos, entre ellos el de Tucapel Jiménez.
13 de julio de 2007
©la nación 
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