traficantes amenazan a pueblos
[Héctor Tobar y Carlos Martínez] Mal preparados y a menudo corruptos, funcionarios y agentes de la policía fronteriza son el eslabón más débil de la guerra contra las drogas prohibidas.
Naco, México. El mensaje llegó por la radio de emergencia de la policía: Un ejército de narcotraficantes con ametralladoras montadas en sus camiones se dirigían hacia este pueblo de cinco mil habitantes en la frontera entre Arizona y México.
Como un sheriff en una película de vaqueros, el jefe de policía y maestro a tiempo parcial, Juan Bracamontes, apretó sus dientes y reunió a sus quince agentes, que lo único que tenían para hacer frente al enemigo eran sus viejos revólveres calibre 38.
"Los que quieran marcharse, pueden hacerlo", dijo el jefe. "Los que quieran quedarse y pelear, pónganse detrás de mí y les daremos una buena paliza".
Un agente se marchó enseguida. Los otros se dispersaron por el pueblo, no sin antes despojarse de sus uniformes y cambiar las patrulleras por coches camuflados.
En otros pueblos mexicanos, las autoridades locales no han demostrado tanto coraje frente a las amenazas de los adinerados narcotraficantes. Mal armados, mal preparados y a menudo corruptos, funcionarios y agentes de policía de pueblos chicos son el talón de Aquiles de la campaña del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico en su país.
Calderón ha convertido la guerra contra los carteles de la droga de México en el elemento central de su presidencia, destinando a la campaña grandes segmentos del ejército y gran parte de la policía federal.
Los carteles han estado guerreando entre sí por el control de las rutas de transporte hacia Estados Unidos. La violencia resultante se reclamó el año pasado más de dos mil vidas y este año los asesinatos pueden superar esa cifra.
En las zonas rurales y fronterizas donde operan los contrabandistas, la policía frecuentemente se encuentra en la primera línea de las guerras de las drogas. Detener a un operativo de un cartel puede significar la muerte. Incluso los que acceden a proteger a una banda de traficantes corren el riesgo de ser atacados por pistoleros rivales. Los agentes municipales constituyen el sesenta por ciento de las fuerzas policiales en México, mientras que el resto lo conforman las policías federal y del estado. Funcionarios y analistas mexicanos dicen que la policía municipal y funcionarios municipales reciben una gran parte de los alrededor de tres mil millones de dólares que pagan los narcotraficantes en sobornos cada año.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de México calculan que los traficantes pagan a la policía un promedio de sobornos mensuales de unos quinientos a seiscientos dólares, el equivalente de un salario de un agente primerizo en pueblos como Naco y el vecino Cananea.
"El adiestramiento de esos agentes es muy precario, como su paga", dijo Raúl Benítez, profesor de la Universidad Americana en Washington y especialista en temas de seguridad mexicana. En muchos pueblos, dijo Benítez, el único requisito para ser agente de policía es ser amigo del alcalde. La fuerza policial es un cargo político por excelencia.
A medida que los carteles de la droga en México forman pequeños ejércitos en los que muchas de las ‘tropas' reciben al menos alguna forma de adiestramiento paramilitar, estos agentes mal preparados hacen frente a un enemigo cada vez más sofisticado.
Dos días antes de los rumores sobre una ‘caravana de la muerte' que se dirigía a Naco, unos cincuenta hombres armados atacaron Cananea. Cinco agentes municipales fueron secuestrados y asesinados en el incidente el 16 de mayo. A las pocas horas, la mitad de los 48 agentes de la policía de Cananea entregaron sus armas y renunciaron.
"No tenemos protección", dijeron agentes de Cananea a los periodistas reunidos en torno a la comisaría de policía del pueblo. En medio de acusaciones de vínculos con los traficantes del cuerpo de policía, ocho agentes fueron despedidos, así como el jefe de policía mismo.
"Por un lado, el crimen organizado está asesinando a policías y, por otro, el gobierno los está investigando y despidiéndolos", dijo José Arturo Yañez, investigador del Instituto Técnico de Formación Policial de Ciudad de México. "Nadie los protege".
Funcionarios de seguridad han renunciado o sido despedidos en masa en al menos dieciocho estados en casi todas las regiones de México.
Decenas han abandonado sus trabajos. Algunos han huido para evitar órdenes de detención. Otros, como Orlando Valencia, de Cananea, desaparecieron de sus oficinas.
Valencia era tanto alcalde como coordinador de emergencias de la ciudad. Desapareció a fines de mayo, y los oficiales anunciaron que lo estaban buscando por sospechas de haber ayudado a escapar a los traficantes después del ataque contra Cananea.
Incluso los que son suficientemente valientes como para servir en los pueblos más peligrosos del país, usualmente la discreción se lleva la mejor parte del valor. Un oficial de policía de alto rango en un pueblo del estado de Zacatecas contó los consejos que da a sus agentes en cuanto a su seguridad:
"Les digo que si ven algo sospechoso, que se retiren", dijo el oficial, que pidió no ser identificado. "No importa lo que sea... Esta gente está bien armada y nosotros tenemos apenas lo básico".
Después de un encuentro con asesinos a sueldo de un cartel, muchos agentes en su pueblo recibieron llamadas telefónicas con amenazas. Un buen montón de ellos renunciaron.
"No sé por qué renunciaron", dijo el oficial. "¿Y sabes que más? No me interesa".
Los alrededor de cincuenta asesinos a sueldo que atacaron Cananea habían asistido a un campo de adiestramiento durante dos meses para preparar el asalto, dijeron las autoridades del estado de Sonora, que entrevistaron a los sicarios que sobrevivieron. El adiestramiento estuvo a cargo de ex miembros del departamento de policía de la ciudad de Hermosillo. Y oficiales federales dijeron que al menos cuatro de los pistoleros era veteranos del ejército.
Los sicarios estaban a sueldo de una organización de narcotráfico asociada con un traficante local, Francisco Hernández García, también conocido como el ‘Dos Mil'.
El ‘Dos Mil' tenía acuerdos con los jefes de policía locales para proteger sus transportes, de acuerdo a boletines de prensa. Esos acuerdos son llamados compromisos aquí, una palabra que implica cumplimientos y obligaciones.
Pero los pactos fueron rotos, provocando una serie de violentos incidentes que escalaron hasta el ataque contra Cananea.
Con treinta mil habitantes, Cananea es famoso por la huelga de mineros de 1906 que ayudó a desencadenar la Revolución Mexicana. Asentado entre las pardas colinas del desierto de Sonora, es un lugar donde la rutina diaria del trabajo policial implica rara vez algo más serio que una riña doméstica o una pelea de borrachos en una fiesta.
Todo eso cambió en la mañana del 16 de mayo. La policía de Cananea se enteró de que un par de agentes habían sido atacados y golpeados en un puesto de control en las afueras del pueblo. Enviaron cinco agentes para asistirlos.
Los cinco salieron con sus escopetas y rifles calibre 223 proporcionados recientemente por las autoridades del estado, aunque los chalecos antibala prometidos por el estado no habían llegado todavía, dijeron funcionarios. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con cuatro docenas de asesinos a sueldo del cartel: Los agentes se rindieron sin disparar un tiro; fueron luego torturados y ejecutados.
El alcalde pidió ayuda. Agentes de la policía federal y del estado persiguieron a los pistoleros hasta un remoto asentamiento en la montaña. En la balacera resultante, murieron quince miembros del cartel.
"Desde la época de la Revolución que no había un batalla así", dijo Martín Ballesteros, ahora el jefe de policía interino de Cananea.
Gabriel Hurtado, jefe de policía en ese momento, fue despedido cinco días después; las fuentes dicen que había abandonado su puesto. Aunque no ha sido acusado formalmente, hay rumores. Los funcionarios dijeron que desde que dejó el cargo no había sido visto en el pueblo.
Fue remplazado por Ballesteros Ríos.
El jefe interino dice que no le preocupa lo que pueda ocurrirle, pese a las advertencias de amigos y familiares.
"Tengo la conciencia limpia, porque no tengo compromisos con nadie", dijo.
A 48 kilómetros, en Naco, el alcalde José Lorenzo Villegas despidió a seis jefes de policía durante sus dos períodos en el cargo. En enero despidió al jefe Roberto Tacho; semanas más tarde, oficiales norteamericanos detuvieron al ex policía cuando supuestamente intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos unos 27 kilos de marihuana.
Tacho y su hermano Ramón formaban parte de un pequeño círculo que hasta hace poco controlaba la policía en tres pueblos aledaños: Naco, Cananea y Agua Prieta. Ramón Tacho, el jefe de policía de Agua Prieta, fue asesinado en febrero frente a su oficina, presuntamente por sicarios de un cartel.
En Naco, un pueblo azotado por el viento de edificios achaparrados pegados a la frontera norteamericana, hay una creciente sensación de que la comunidad está siendo arrastrada hacia un conflicto de más envergadura.
El día que se informó que un ejército de narcotraficantes avanzaba hacia el pueblo, los habitantes pensaron que se había desatado la guerra.
El comercio y las escuelas cerraron. El edificio del ayuntamiento fue evacuado, y algunos funcionarios huyeron a Estados Unidos.
Agentes de la Patrulla Fronteriza norteamericana ocuparon posiciones en el tejado de la comisaría al otro lado de la frontera de Naco, Arizona, que tiene vista hacia el pequeño centro del Naco mexicano.
El alcalde Villegas se encontraba en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, recogiendo las nuevas pistolas de 9 milímetros y rifles AR-15 que habían sido entregados a su cuerpo policial.
"Ese día pasamos por momentos muy feos", dijo el alcalde, 34. "La gente me llamaba por teléfono diciéndome que debía declarar el estado de sitio".
Pero el informe de la ‘caravana de la muerte' que se acercaba a Naco resultó ser una falsa alarma.
Al final del día, después de que pasara la crisis, Villegas llegó a Naco con cajas de pistolas y rifles.
"Miren estas cosas bonitas", dijo el jefe de policía, Bracamontes, cogiendo una de las nuevas pistolas de su funda. "Y esta", dijo, levantando un bruñido rifle negro AR-15 que estaba apoyado contra la pared de su oficina.
Como la mayoría de las armas nuevas, esta todavía no había sido disparada.
Naco, México. El mensaje llegó por la radio de emergencia de la policía: Un ejército de narcotraficantes con ametralladoras montadas en sus camiones se dirigían hacia este pueblo de cinco mil habitantes en la frontera entre Arizona y México.Como un sheriff en una película de vaqueros, el jefe de policía y maestro a tiempo parcial, Juan Bracamontes, apretó sus dientes y reunió a sus quince agentes, que lo único que tenían para hacer frente al enemigo eran sus viejos revólveres calibre 38.
"Los que quieran marcharse, pueden hacerlo", dijo el jefe. "Los que quieran quedarse y pelear, pónganse detrás de mí y les daremos una buena paliza".
Un agente se marchó enseguida. Los otros se dispersaron por el pueblo, no sin antes despojarse de sus uniformes y cambiar las patrulleras por coches camuflados.
En otros pueblos mexicanos, las autoridades locales no han demostrado tanto coraje frente a las amenazas de los adinerados narcotraficantes. Mal armados, mal preparados y a menudo corruptos, funcionarios y agentes de policía de pueblos chicos son el talón de Aquiles de la campaña del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico en su país.
Calderón ha convertido la guerra contra los carteles de la droga de México en el elemento central de su presidencia, destinando a la campaña grandes segmentos del ejército y gran parte de la policía federal.
Los carteles han estado guerreando entre sí por el control de las rutas de transporte hacia Estados Unidos. La violencia resultante se reclamó el año pasado más de dos mil vidas y este año los asesinatos pueden superar esa cifra.
En las zonas rurales y fronterizas donde operan los contrabandistas, la policía frecuentemente se encuentra en la primera línea de las guerras de las drogas. Detener a un operativo de un cartel puede significar la muerte. Incluso los que acceden a proteger a una banda de traficantes corren el riesgo de ser atacados por pistoleros rivales. Los agentes municipales constituyen el sesenta por ciento de las fuerzas policiales en México, mientras que el resto lo conforman las policías federal y del estado. Funcionarios y analistas mexicanos dicen que la policía municipal y funcionarios municipales reciben una gran parte de los alrededor de tres mil millones de dólares que pagan los narcotraficantes en sobornos cada año.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de México calculan que los traficantes pagan a la policía un promedio de sobornos mensuales de unos quinientos a seiscientos dólares, el equivalente de un salario de un agente primerizo en pueblos como Naco y el vecino Cananea.
"El adiestramiento de esos agentes es muy precario, como su paga", dijo Raúl Benítez, profesor de la Universidad Americana en Washington y especialista en temas de seguridad mexicana. En muchos pueblos, dijo Benítez, el único requisito para ser agente de policía es ser amigo del alcalde. La fuerza policial es un cargo político por excelencia.
A medida que los carteles de la droga en México forman pequeños ejércitos en los que muchas de las ‘tropas' reciben al menos alguna forma de adiestramiento paramilitar, estos agentes mal preparados hacen frente a un enemigo cada vez más sofisticado.
Dos días antes de los rumores sobre una ‘caravana de la muerte' que se dirigía a Naco, unos cincuenta hombres armados atacaron Cananea. Cinco agentes municipales fueron secuestrados y asesinados en el incidente el 16 de mayo. A las pocas horas, la mitad de los 48 agentes de la policía de Cananea entregaron sus armas y renunciaron.
"No tenemos protección", dijeron agentes de Cananea a los periodistas reunidos en torno a la comisaría de policía del pueblo. En medio de acusaciones de vínculos con los traficantes del cuerpo de policía, ocho agentes fueron despedidos, así como el jefe de policía mismo.
"Por un lado, el crimen organizado está asesinando a policías y, por otro, el gobierno los está investigando y despidiéndolos", dijo José Arturo Yañez, investigador del Instituto Técnico de Formación Policial de Ciudad de México. "Nadie los protege".
Funcionarios de seguridad han renunciado o sido despedidos en masa en al menos dieciocho estados en casi todas las regiones de México.
Decenas han abandonado sus trabajos. Algunos han huido para evitar órdenes de detención. Otros, como Orlando Valencia, de Cananea, desaparecieron de sus oficinas.
Valencia era tanto alcalde como coordinador de emergencias de la ciudad. Desapareció a fines de mayo, y los oficiales anunciaron que lo estaban buscando por sospechas de haber ayudado a escapar a los traficantes después del ataque contra Cananea.
Incluso los que son suficientemente valientes como para servir en los pueblos más peligrosos del país, usualmente la discreción se lleva la mejor parte del valor. Un oficial de policía de alto rango en un pueblo del estado de Zacatecas contó los consejos que da a sus agentes en cuanto a su seguridad:
"Les digo que si ven algo sospechoso, que se retiren", dijo el oficial, que pidió no ser identificado. "No importa lo que sea... Esta gente está bien armada y nosotros tenemos apenas lo básico".
Después de un encuentro con asesinos a sueldo de un cartel, muchos agentes en su pueblo recibieron llamadas telefónicas con amenazas. Un buen montón de ellos renunciaron.
"No sé por qué renunciaron", dijo el oficial. "¿Y sabes que más? No me interesa".
Los alrededor de cincuenta asesinos a sueldo que atacaron Cananea habían asistido a un campo de adiestramiento durante dos meses para preparar el asalto, dijeron las autoridades del estado de Sonora, que entrevistaron a los sicarios que sobrevivieron. El adiestramiento estuvo a cargo de ex miembros del departamento de policía de la ciudad de Hermosillo. Y oficiales federales dijeron que al menos cuatro de los pistoleros era veteranos del ejército.
Los sicarios estaban a sueldo de una organización de narcotráfico asociada con un traficante local, Francisco Hernández García, también conocido como el ‘Dos Mil'.
El ‘Dos Mil' tenía acuerdos con los jefes de policía locales para proteger sus transportes, de acuerdo a boletines de prensa. Esos acuerdos son llamados compromisos aquí, una palabra que implica cumplimientos y obligaciones.
Pero los pactos fueron rotos, provocando una serie de violentos incidentes que escalaron hasta el ataque contra Cananea.
Con treinta mil habitantes, Cananea es famoso por la huelga de mineros de 1906 que ayudó a desencadenar la Revolución Mexicana. Asentado entre las pardas colinas del desierto de Sonora, es un lugar donde la rutina diaria del trabajo policial implica rara vez algo más serio que una riña doméstica o una pelea de borrachos en una fiesta.
Todo eso cambió en la mañana del 16 de mayo. La policía de Cananea se enteró de que un par de agentes habían sido atacados y golpeados en un puesto de control en las afueras del pueblo. Enviaron cinco agentes para asistirlos.
Los cinco salieron con sus escopetas y rifles calibre 223 proporcionados recientemente por las autoridades del estado, aunque los chalecos antibala prometidos por el estado no habían llegado todavía, dijeron funcionarios. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con cuatro docenas de asesinos a sueldo del cartel: Los agentes se rindieron sin disparar un tiro; fueron luego torturados y ejecutados.
El alcalde pidió ayuda. Agentes de la policía federal y del estado persiguieron a los pistoleros hasta un remoto asentamiento en la montaña. En la balacera resultante, murieron quince miembros del cartel.
"Desde la época de la Revolución que no había un batalla así", dijo Martín Ballesteros, ahora el jefe de policía interino de Cananea.
Gabriel Hurtado, jefe de policía en ese momento, fue despedido cinco días después; las fuentes dicen que había abandonado su puesto. Aunque no ha sido acusado formalmente, hay rumores. Los funcionarios dijeron que desde que dejó el cargo no había sido visto en el pueblo.
Fue remplazado por Ballesteros Ríos.
El jefe interino dice que no le preocupa lo que pueda ocurrirle, pese a las advertencias de amigos y familiares.
"Tengo la conciencia limpia, porque no tengo compromisos con nadie", dijo.
A 48 kilómetros, en Naco, el alcalde José Lorenzo Villegas despidió a seis jefes de policía durante sus dos períodos en el cargo. En enero despidió al jefe Roberto Tacho; semanas más tarde, oficiales norteamericanos detuvieron al ex policía cuando supuestamente intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos unos 27 kilos de marihuana.
Tacho y su hermano Ramón formaban parte de un pequeño círculo que hasta hace poco controlaba la policía en tres pueblos aledaños: Naco, Cananea y Agua Prieta. Ramón Tacho, el jefe de policía de Agua Prieta, fue asesinado en febrero frente a su oficina, presuntamente por sicarios de un cartel.
En Naco, un pueblo azotado por el viento de edificios achaparrados pegados a la frontera norteamericana, hay una creciente sensación de que la comunidad está siendo arrastrada hacia un conflicto de más envergadura.
El día que se informó que un ejército de narcotraficantes avanzaba hacia el pueblo, los habitantes pensaron que se había desatado la guerra.
El comercio y las escuelas cerraron. El edificio del ayuntamiento fue evacuado, y algunos funcionarios huyeron a Estados Unidos.
Agentes de la Patrulla Fronteriza norteamericana ocuparon posiciones en el tejado de la comisaría al otro lado de la frontera de Naco, Arizona, que tiene vista hacia el pequeño centro del Naco mexicano.
El alcalde Villegas se encontraba en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, recogiendo las nuevas pistolas de 9 milímetros y rifles AR-15 que habían sido entregados a su cuerpo policial.
"Ese día pasamos por momentos muy feos", dijo el alcalde, 34. "La gente me llamaba por teléfono diciéndome que debía declarar el estado de sitio".
Pero el informe de la ‘caravana de la muerte' que se acercaba a Naco resultó ser una falsa alarma.
Al final del día, después de que pasara la crisis, Villegas llegó a Naco con cajas de pistolas y rifles.
"Miren estas cosas bonitas", dijo el jefe de policía, Bracamontes, cogiendo una de las nuevas pistolas de su funda. "Y esta", dijo, levantando un bruñido rifle negro AR-15 que estaba apoyado contra la pared de su oficina.
Como la mayoría de las armas nuevas, esta todavía no había sido disparada.
hector.tobar@latimes.com
Tobar informó desde Naco; Martínez desde Zacatecas.
13 de julio de 2007
9 de julio de 2007
©los angeles times 
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