futuro de cárceles de lujo
Iturriaga Neumann: Gobierno evalúa futuro de penal para ex represores.
Autoridades de Gendarmería fiscalizaron la cárcel especial Cordillera, de Peñalolén, para verificar el cumplimiento efectivo del régimen penitenciario ante críticas por condiciones de ‘veraneo' con que cuentan militares.
Las condiciones ‘VIP' con que cuentan los ex uniformados recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet tienen en jaque el futuro del recinto donde cumple condena el capturado general (R) Raúl Iturriaga Neumann, junto a otros ocho militares.
Ayer por la mañana, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, se reunió con Alejandro Jiménez, director nacional de Gendarmería, a quien solicitó aplicar en la cárcel especial de Peñalolén las medidas de trato que se exigen para todos los presidiarios en el país.
En la oportunidad, el secretario de Estado reconoció que se analiza la suerte del recinto. "Yo no descarto nada, si no que tomaré una decisión en el momento que corresponde (...) En cuanto a la existencia de esta unidad penal o no, fue una decisión que un minuto se justificó (y) hay que ver si se sigue justificando", apuntó la autoridad.
Esto, acotó, al considerar que "hay varios procesos en curso. Vienen más condenados por lo tanto también hay que hacer un análisis más global de cupos para que se reciba a las personas que tienen que cumplir condena".
Maldonado, sin embargo, precisó que "por ahora lo que me preocupa, y he señalado, es el respeto al reglamento penitenciario y al régimen interno", para lo que solicitó a los encargados de Gendarmería que emitieran un informe en ese sentido.
Diputados
Previamente, los diputados PS Denise Pascal Allende, Carlos Montes y Francisco Encina, la PPD Adriana Muñoz, y el independiente Tucapel Jiménez, se reunieron con la autoridad para pedir que se efectúe una fiscalización al recinto.
Al término de la cita, Pascal comentó que solicitaron a Maldonado "revisar una serie de irregularidades que hemos observado en la fuga y el trato que se tuvo con Raúl Iturriaga Neumann".
"A raíz de esta situación hemos solicitado el cierre del Penal Cordillera. Además pedimos al señor ministro, saber cuales son los privilegios que tiene esta cárcel y que se revise el régimen que están teniendo estas personas dentro del penal. Hay muchos presos que están detenidos en este país en condiciones de hacinamiento", puntualizó la diputada.
Consideró que a diferencia del recinto de Punta Peuco, que también recibe a ex uniformados, el "Penal Cordillera es realmente un recinto de veraneo. Cada uno tiene su cabaña y sus privilegios. Eso es inaceptable".
El diputado Jiménez, en tanto, señaló es "tremendamente injusto para el principio de igualdad ante la ley, sobre todo para una persona que ha cometido actos tan horribles como esta persona, que tenga beneficios carcelarios. Esto puede significar que ha futuro personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad puedan tener un trato especial", enfatizó el parlamentario.
Caucoto
En tanto, el abogado querellante en la causa por la desaparición de San Martín, Nelson Caucoto, aseguró que el caso de la fuga del ex represor afectó a otros efectivos castrenses implicados en crímenes de la dictadura en cuanto a los beneficios que les otorgaban los tribunales.
"Los militares condenados por causas de derechos humanos están siendo cuestionados en cuanto a los beneficios procesales y judiciales de que disponen (...) En primer lugar, con Iturriaga Neumann se acabaron para siempre estos compromisos que se adquirían con los jueces, en cuanto a notificarse voluntariamente (...). Todo ese pacto de caballeros que había entre jueces y sentenciados se acabó", afirmó el jurista.
Autoridades de Gendarmería fiscalizaron la cárcel especial Cordillera, de Peñalolén, para verificar el cumplimiento efectivo del régimen penitenciario ante críticas por condiciones de ‘veraneo' con que cuentan militares.Las condiciones ‘VIP' con que cuentan los ex uniformados recluidos en el Penal Cordillera por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet tienen en jaque el futuro del recinto donde cumple condena el capturado general (R) Raúl Iturriaga Neumann, junto a otros ocho militares.
Ayer por la mañana, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, se reunió con Alejandro Jiménez, director nacional de Gendarmería, a quien solicitó aplicar en la cárcel especial de Peñalolén las medidas de trato que se exigen para todos los presidiarios en el país.
En la oportunidad, el secretario de Estado reconoció que se analiza la suerte del recinto. "Yo no descarto nada, si no que tomaré una decisión en el momento que corresponde (...) En cuanto a la existencia de esta unidad penal o no, fue una decisión que un minuto se justificó (y) hay que ver si se sigue justificando", apuntó la autoridad.
Esto, acotó, al considerar que "hay varios procesos en curso. Vienen más condenados por lo tanto también hay que hacer un análisis más global de cupos para que se reciba a las personas que tienen que cumplir condena".
Maldonado, sin embargo, precisó que "por ahora lo que me preocupa, y he señalado, es el respeto al reglamento penitenciario y al régimen interno", para lo que solicitó a los encargados de Gendarmería que emitieran un informe en ese sentido.
Diputados
Previamente, los diputados PS Denise Pascal Allende, Carlos Montes y Francisco Encina, la PPD Adriana Muñoz, y el independiente Tucapel Jiménez, se reunieron con la autoridad para pedir que se efectúe una fiscalización al recinto.
Al término de la cita, Pascal comentó que solicitaron a Maldonado "revisar una serie de irregularidades que hemos observado en la fuga y el trato que se tuvo con Raúl Iturriaga Neumann".
"A raíz de esta situación hemos solicitado el cierre del Penal Cordillera. Además pedimos al señor ministro, saber cuales son los privilegios que tiene esta cárcel y que se revise el régimen que están teniendo estas personas dentro del penal. Hay muchos presos que están detenidos en este país en condiciones de hacinamiento", puntualizó la diputada.
Consideró que a diferencia del recinto de Punta Peuco, que también recibe a ex uniformados, el "Penal Cordillera es realmente un recinto de veraneo. Cada uno tiene su cabaña y sus privilegios. Eso es inaceptable".
El diputado Jiménez, en tanto, señaló es "tremendamente injusto para el principio de igualdad ante la ley, sobre todo para una persona que ha cometido actos tan horribles como esta persona, que tenga beneficios carcelarios. Esto puede significar que ha futuro personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad puedan tener un trato especial", enfatizó el parlamentario.
Caucoto
En tanto, el abogado querellante en la causa por la desaparición de San Martín, Nelson Caucoto, aseguró que el caso de la fuga del ex represor afectó a otros efectivos castrenses implicados en crímenes de la dictadura en cuanto a los beneficios que les otorgaban los tribunales.
"Los militares condenados por causas de derechos humanos están siendo cuestionados en cuanto a los beneficios procesales y judiciales de que disponen (...) En primer lugar, con Iturriaga Neumann se acabaron para siempre estos compromisos que se adquirían con los jueces, en cuanto a notificarse voluntariamente (...). Todo ese pacto de caballeros que había entre jueces y sentenciados se acabó", afirmó el jurista.
4 de agosto de 2007
©la nación 
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